CE - Sentencia 25000233600020210014201 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa – error jurisdiccional – ausencia de reparos concretos del recurso de apelación – ausencia de error jurisdiccional

Síntesis del caso: la demandante era propietaria de unos vehículos de transporte público, cuando se implementó el SITP en Bogotá fue llamada a hacer parte de una empresa a través de contratos de compraventa con un pago consistente en una renta mensual fija, la empresa entró en proceso de reorganización y la demandante fue calificada como un crédito de cuarta categoría; en la demanda se argumentó que esa decisión incurrió en un error jurisdiccional porque su crédito debió calificarse como un gasto de administración.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 28 de noviembre de 2024 , por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

demandante contra la Sentencia de 28 de noviembre de 2024 , por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de febrero de 2019, Claudia Yadira Gutiérrez Lombana y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, en la que solicitó1 (se trascribe):

“1. Que se DECLARE al Estado: NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por error judicial por indebida interpretación judicial y vulneración al principio de confianza legítima, creando con ello una imposibilidad jurídica constitutiva y creadora del rompimiento del principio de igualdad de todos frente a las cargas públicas que ameritan la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados, por no est ar obligados a soportar las consecuencias dañinas respecto de tal omisión por parte de la Nación – Superintendencia de Sociedades. […]”

2. La demanda fue inadmitida y en el escrito de subsanación se solicitó

como pretensiones las siguientes (se trascribe):

consecuencias dañinas respecto de tal omisión por parte de la Nación – Superintendencia de Sociedades. […]”

2. La demanda fue inadmitida y en el escrito de subsanación se solicitó

como pretensiones las siguientes (se trascribe):

1 Samai Tribunal, índice 1Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 7

“PRIMERA: Que se declare que la NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

(SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA Y REORGANIZACIÓN), es responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron ocasionado mi mandante por ERROR JUDICIAL tanto normativo o de derecho como fáctico en el que incurrió el agente estatal – Juez delegado para proceso de insolvencia y reorganización Doctor NICOLÁS PÁJARO MORENO – dentro del trámite de la audiencia de objeciones del día 23 de mayo de 2018, de la empresa TRANZIT S.A.S. EN REORGANIZACIÓN HOY EN LIQUIDACIÓN, al deslegitimar el contrato de RENTA en VENTA y vulneración al principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

SEGUNDA: Que como consecuencia de ello, se condene a la NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA Y REORGANIZACIÓN), al pago de MIL DOSCIENTOS

SEGUNDA: Que como consecuencia de ello, se condene a la NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA Y REORGANIZACIÓN), al pago de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.205526.571), perjuicios materiales a título de daño emergente, causados a mi representada, el cual sufrió un deterioro patrimonial por el no pago de las rentas, más el valor de los vehículos de placas VDF942, VEX161, VFD771, cr eando con ello una imposibilidad jurídica constitutiva y creadora del rompimiento del principio de igualdad de todos frente a las cargas públicas que ameritan la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados, por no estar obligados a soportar las consecuencias dañinas de tal omisión por parte de la Nación – Superintendencia de Sociedades. […]”2

3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones, adujo:

4. 1) La demandante estaba vinculada a una empresa de transporte colectivo urbano que fue llamada a integrar el sistema de transporte integrado de Bogotá, a través de Tranzit S.A.S., de conformidad con los Decretos 319 de 2006 y 309 de 2009 de la Alcaldía de Bogotá, por los cuales se implementó el S istema Integrado de Transporte Público – SITP-. Para lo anterior, se realizó una licitación pública en la que se crearon 13 zonas de concesión para la explotación preferencial del servicio público de transporte de pasajeros y se estableció que los oferentes debían vincular el

anterior, se realizó una licitación pública en la que se crearon 13 zonas de concesión para la explotación preferencial del servicio público de transporte de pasajeros y se estableció que los oferentes debían vincular el mayor número de propietarios de vehículos de transporte público a través de contratos que garantizaran “que la renta mensual ofertada se pagará una vez el propietario haga entrega material del vehículo, hasta el final de la concesión”, es decir, una “renta mensual fija”.

5. 2) Tranzit S.A.S. solicitó a la Superintendencia de Sociedades iniciar el proceso de reestructuración, el cual fue admitido en Auto de 13 de marzo de 2017, en el cual se nombró a una promotora quien, en decisión de 20 de septiembre d e 2017 , consideró que los contratos de compraventa de vehículo en la modalidad de renta no hacían parte del giro ordinario de los negocios de la empresa, sino que constituían acreencias de la empresa en reorganización. El 23 de mayo de 2018 en la audiencia de resolución de objeciones se estableció que “ los contratos de compraventa de vehículo automotor en la modalidad de renta eran simples contratos de venta […] y no hacía parte del giro ordinario de los negocios de la operadora y por lo tanto entraban a hacer parte del grupo cuatro (4) ” de acreedores en la prelación de créditos.

6. En la demandase alegó que la decisión de calificar los contratos como de compraventa y de ubicarlos en el 4º grado de acreedores generó

2 Samai Tribunal, índice 8Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana

2 Samai Tribunal, índice 8Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 7

graves perjuicios a la demandante, pues debían considerarse como rentas que hacían parte del giro ordinario de los negocios , es decir, como gastos de administración , así, afirmó que se incurrió en error por la indebida interpretación del juez del concurso sobre este punto.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Nación – Rama Judicial 3 se opuso a todas las pretensiones de la demanda , para lo cual afirmó que no incurrió error, pues la interpretación que se hizo del contrato fue “motivada y sustentada en la más autorizada doctrina y jurisprudencia aplicable ” y , obedeció a las reglas de la sana crítica, de los principios del concurso y del interés general de los acreedores; destacó que error jurisdiccional no puede configurarse desde una diferencia de posturas jurídicas o interpretaciones . Finalmente, propuso las excepciones que denominó “falta de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial ”, “c ulpa ex clusiva de la víctima”, y la “innominada”.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. En Sentencia de 28 de noviembre de 2024 4, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las

1.3. Sentencia de primera instancia

8. En Sentencia de 28 de noviembre de 2024 4, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda porque consideró que no se configuró el error jurisdiccional. Para el efec to, destacó que el error jurisdiccional no se configura por una simple diferencia de posturas jurídicas, que éste debe ser argumentado de manera suficiente, carga que no se cumplió en el caso concreto, pues en la demanda no se formularon cargos específicos , sino que se limitó a exponer una interpretación diferente de los hechos y de los contratos sin determinar ni argumentar porque la decisión era abiertamente contraría a la Ley, es decir, porque contenía un error jurisdiccional.

9. En todo caso, el Tribunal analizó los contratos que fueron calificados por la demandadas como de compraventa con pago a cuotas y consideró que cumplían con las características de esa figura ya que implicó la entrega material de los vehículos, el registro de la transferencia de la propiedad en el Registro Único Nacional de Tránsito y el acuerdo de voluntades y, que, aunque algunos in cluían expresiones como “renta fija mensual”, la interpretación según la cual esa expresión se refería al pago de las cuotas del precio pactado y no a un canon de arrendamiento fue jurídicamente válida y no implicó una decisión abiertamente contraria a la Ley.

Finalmente, destacó que se probó que la demandante suscribió un contrato de compraventa y no de arrendamiento del vehículo y que la renta fija mensual se refirió al pago del precio pactado por la transferencia del

Finalmente, destacó que se probó que la demandante suscribió un contrato de compraventa y no de arrendamiento del vehículo y que la renta fija mensual se refirió al pago del precio pactado por la transferencia del dominio del bien , ejecutable en cuotas mensuales. Por último, el Tribunal condenó en costas a la parte demandante con fundamento en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, las cuales tasó en 3% del valor de las pretensiones, esto es, $36.165.797.

3 Samai Tribunal, índice 16 4 Samai Tribunal, índice 34Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 7

1.4. Recurso de apelación

10. La parte demandante presentó recurso de apelación 5 en el que reiteró los argumentos de la demanda y del escrito de subsanación, afirmó que el Tribunal no analizó de manera correcta las pruebas, lo que implicó un “defecto fáctico negativo”. R eiteró que la decisi ón de la Superintendencia de Sociedades generó una afectación a la demandante y, que esa decisión vulneró el derecho a la igualdad . Finalmente, atacó la condena en costas con fundamento en que en otros procesos en donde era demandada la Superintendencia de Sociedades no se había condenado en costas procesales.

2. CONSIDERACIONES

condena en costas con fundamento en que en otros procesos en donde era demandada la Superintendencia de Sociedades no se había condenado en costas procesales.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.

Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

11. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que se cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por el alegado error jurisdiccional.

12. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.

La parte demandante solicitó que se la indemnizara por el error judicial contenido en la decisión de 23 de mayo de 2018 mediante la cual se resolvieron las objeciones y se aprobó la calificación y graduación de créditos, el 17 de octubre de 2018 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial que fue declarada fallida mediante acta de 11 de diciembre de 2018 y la demanda se presentó el 8 de febrero de 2019.

13. La Sala confirmará la sentencia apelada porque en el recurso único de apelación no se atacaron los argumentos de la sentencia de primera instancia, pues el recurso se limitó a reiterar que los contratos debieron interpretarse de manera distinta y, en relación con el argumento en contra de la condena en costas, no resulta procedente.

2.2. Análisis sustantivo

instancia, pues el recurso se limitó a reiterar que los contratos debieron interpretarse de manera distinta y, en relación con el argumento en contra de la condena en costas, no resulta procedente.

2.2. Análisis sustantivo

14. Toda vez que en este caso el recurso de apelación fue presentado por la parte demandante, la Sala, con el fin de delimitar los aspectos que son objeto de este pronunciamiento, analizará si en el recurso se formularon cargos específicos en contra de la decisión de prime ra instancia, pues de conformidad con el artículo 328 del CGP la competencia del juez de

5 Samai Tribunal, índice 38Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 7

segunda instancia se limita a los aspectos efectivamente controvertidos por el apelante.

15. Esta Subsección ha manifestado en oportunidades anteriores 6 que no toda afirmación contenida en el escrito de apelación implica, por sí sola, un verdadero argumento en contra de la decisión del juez de primera instancia, puesto que para que el desacuerdo sea jurídicamente relevante, el apelante debe satisfacer la carga argumentativa que le corresponde lo cual exige identificar con precisión los fundamentos del fallo que considera equivocados y oponerles razones concretas que los desvirtúen. Y, ha señalado que no se cumple cuando el recurso se limita a manifestar

cual exige identificar con precisión los fundamentos del fallo que considera equivocados y oponerles razones concretas que los desvirtúen. Y, ha señalado que no se cumple cuando el recurso se limita a manifestar inconformidad, a solicitar la revocatoria del fallo impugnado o a reiterar, en forma genérica, los argumentos expuestos en la demanda.

16. La Sentencia de primera instancia analizó los argumentos de la demanda para configurar el error judicial y concluyó que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente, pues en la demanda no se formularon cargos específicos de contradicción de la decisión con la Ley ; sus argumentos se basaron en interpretaciones distintas , es decir, que la demanda se limitó a exponer una i nterpretación diferente de los hechos y de los contratos sin determinar y argumentar por qué la decisión era contraría a la Ley, y destacó que la diferencia de interpretaciones sobre un mismo asunto jurídico no implica por sí sola un error jurisdiccional.

17. En todo caso, la Sentencia apelada analizó si la decisión de la Superintendencia de Sociedades fue jurídicamente válida o incurrió en un error. Para esto estudió los contratos que fueron calificados como de compraventa con pago a cuotas consistente en una renta fija mensual y concluyó que, en efecto, esos acuerdos fueron el título para la transferencia de la propiedad de los vehículos y que la renta fija mensual hacía referencia a la forma de pago ; además, que al transferir la propiedad no podía entenderse como un arriendo y su pago como un gasto de administración, como era la interpretación de la demandante , lo que conllevó que la

a la forma de pago ; además, que al transferir la propiedad no podía entenderse como un arriendo y su pago como un gasto de administración, como era la interpretación de la demandante , lo que conllevó que la calificación del crédito fue una interpretación jurídicamente acertada. Finalmente, el Tribunal condenó en costas con fundamento en el artículo 188 del CPACA y el 365 del CGP.

18. En el recurso de apelación el apoderado de la parte demandante se limitó a reiterar de manera genérica los argumentos de la demanda, insistió en que los contratos no eran de compraventa, sino que su pago debía entenderse como un gasto de administración y calificarse como tal, afirmó que la decisión incurrió en un “defecto fáctico negativo” por no analizar de manera correcta las pruebas y, reiteró la afectación que sufrió la demandante y atacó la condena en costas.

19. Aunque el recurso de apelación solicitó la revocatoria de la decisión

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, expediente 46005; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 6 de septiembre de 2024, expediente 70836; entre otras.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 7

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 7

de primera instancia, no elevó acusaciones concretas en contra de los argumentos de la decisión, pues se limitó a insistir en los argumentos de la demanda relativos a la interpretación que debía darse a los contratos, pero no sustentó ni desvirtuó la interpretación hecha por el Tribunal para no encontrar configurado el error. Si bien afirmó que no se analizó de manera correcta algunas pruebas – decretos que implementaron el SITP – lo cierto es que el argumento para esa afirmación es que el Tribunal “solo se remitió a mencionarlos sin profundizar en ellos” e insistió en que los contratos debieron interpretarse de otra manera, sin explicar porque la interpretación hecha por la demandada en el proceso originario sí incurrió en una contradicción a la Ley.

20. Tampoco desvirtuó los argumentos del Tribunal en relación con la regla, establecida por esta corporación, según la cual la diferencia de posturas o criterios jurídicos no configura por sí sola un error jurisdiccional, ni atacó el argumento de la falta de suficiencia argumentativa de la demanda y, tampoco sustentó que la interpretación hecha de los contratos fue contraría a la Ley. Finalmente, la Sala destaca que, aunque en el recurso se alegó que no se valoró el expediente de la Superintendencia de Sociedades, lo hizo en relación con la adjudicación de unos bienes a Transmilenio S.A., aspecto que no fue pretendido en la demanda y que

se alegó que no se valoró el expediente de la Superintendencia de Sociedades, lo hizo en relación con la adjudicación de unos bienes a Transmilenio S.A., aspecto que no fue pretendido en la demanda y que constituye un cambio de la pretensión, que no puede admitirse en esta instancia.

21. Finalmente, en el recurso único de apelación se atacó la condena en costas con el argumento que en otros procesos en donde era demandada la Superintendencia de Sociedades no se había condenado en costas, para lo cual se limitó a hacer referencia a unos datos de unos procesos y a trascribir un texto sin citar su origen, en donde se lee que solo habría lugar a imponer una condena en costas cuan do se haya comprobado su causación. Ese argumento no resulta procedente, pues le asistió razón al Tribunal al condenar en costas de primera instancia a la parte vencida en el proceso, de conformidad con el artículo 365, numeral 1.

22. Por las razones aquí expuestas, la Sala procederá a confirmar la Sentencia proferida en primera instancia que negó de las pretensiones.

2.3. Sobre la condena en costas

23. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante, en la medida en que fue la parte vencida en el proceso7. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso y por las agencias en

7 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del

de expensas y gastos sufragados en el proceso y por las agencias en

7 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del Acuerdo ACUERDO No. PSAA16 -10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00142-01(72907)

Actor: Claudia Yadira Gutiérrez Lombana Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 7

derecho. La fijación del valor de las agencias en derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal de origen. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de noviembre de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia.

de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen de manera concentrada en el caso de que se hubieren causado.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Con aclaración de voto Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado