CE - Sentencia 25000233600020210029301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

DAÑO ANTIJURÍDICO-definición-; VINCULACIÓN A ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – de forma general, no dan lugar a un daño sobre el debido proceso-; DILACIÓN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – para considerarse un daño debe verificarse si no se agotaron en un plazo razonable—; PLAZO RAZONABLE-debe consultar las calidades precisas de la actuación administrativa-. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ACTIVIDAD REGISTRAL –implica para la autoridad de registro calificar si los instrumentos que les son confiados, en el ejercicio de sus funciones, reúnen «las exigencias formales de ley» para su inscripción, no si se adecuan a la finalidad de su autor-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se accedió parcialmente, a las pretensiones de la demanda.

demandada, contra la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se accedió parcialmente, a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fray Alexander Murcia Gutiérrez, propietario de un inmueble de mayor extensión identificado con el folio de matrícula No. 156-16807, en el municipio de Facatativá, planeó construir varios proyectos inmobiliarios, sobre este lote de terreno. Persiguiendo dicho fin, por Escritura Pública No. 2442 del 17 de octubre de 2013, inscrita en el referido folio de matrícula inmobiliaria, el 17 de octubre de 2013, se elaboró el reglamento de propiedad horizontal del edificio «Micerinos». Tiempo después, el señor Murcia Gutiérrez inició gestiones para la construcción de un nuevo edificio, «Micerinos II», en el mismo lote de terreno. Al momento de registrar la Escritura Pública No. 1276 del 24 de mayo de 2016, contentiva del reglamento de propiedad horizontal de este nuevo edificio, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá -ahora ORIPemitió una nota devolutiva de su solicitud, aduciendo que dicho bien, ya estaba afectado a otro reglamento de propiedad horizontal, en virtud de la E.P. 2442 de 2013. En vista de lo anterior, el actor,Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

2

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

2 promovió actuación administrativa, tendiente a obtener la corrección del registro de la E.P. 2442 de 2013, de la cual, se aduce se originó el daño reclamado en la demanda. Según lo expone la parte actora, dicho proceso administrativo se dilató injustificadamente, a lo que se sumó, el bloqueo de los folios de matrícula: matriz: 156-16807 (y los folios segregados en 2013), que también se prolongó como resultado de la dilación alegada.

ANTECEDENTES La demanda

El 14 de julio de 2021 1, por intermedio de apoderado judicial, el señor Fray Alexander Murcia Gutiérrez interpuso el medio de control de reparación directa, con el objeto de que se declare la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, por los daños derivados de la(s) falla(s) del servicio originada(s) en el bloqueo de los folios de matrícula No.156-16807 – y segregadosy la tardanza en el trámite de la actuación administrativa (156-AA-2016-93 y SAJ-385-2017)-, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA.- Se declare que la Superintendencia de Notariado y RegistroOficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá, es responsable administrativa y extracontractualmente de la totalidad de los daños y perjuicios causados a Fray Alexander Murcia Gutiérrez, por daño antijurídico derivado tanto del

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá, es responsable administrativa y extracontractualmente de la totalidad de los daños y perjuicios causados a Fray Alexander Murcia Gutiérrez, por daño antijurídico derivado tanto del bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria números 156-16807 -matriz-, 156128409, 156-128410, 156-128411, 156-128412, 156-128413, 156-128414, 156128415, 156-128416, 156-128417, 156-128418, 156-128419 y 156-128420segregadosy la tardanza en el trámite de la actuación administrativa - expediente número 156-AA-2016-93ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá; como por la mora -dentro del expediente administrativo número SAJ-3852017en el trámite y adopción de decisión de fondo en sede de apelación por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, por el interregno comprendido entre agosto de 2016 hasta el 20 de mayo de 2019 -data de notificación electrónica del acto administrativo-, inclusive.(…)»

Como pretensiones condenatorias, solicitó que se le imponga a la demandada, el pago del valor de los perjuicios pecuniarios y no pecuniarios padecidos por el demandante. En este sentido, solicitó el reconocimiento, como perjuicios materiales, del: i) daño emergente consolidado2; ii) del daño futuro pero cierto3; el

1 SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: Demanda: «004ED_01Demanda» «Subsanación «023ED_202021103Subsanadem». Fecha de radicación indicada en constancia de radicación:

1 SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: Demanda: «004ED_01Demanda» «Subsanación «023ED_202021103Subsanadem». Fecha de radicación indicada en constancia de radicación: «3_REPARTOYRADICACIÓN_003CONSTANCIA DE». SAMAI TA 2 . Derivado de los siguientes conceptos: «(…) i) la suma desembolsada por el demandante, para costear su defensa técnica, en sede de vía gubernativa; ii) la cantidad desembolsada, en favor de la sociedad comercial Leasing Davivienda S.A. a título de intereses del canon de leasing, entre el 2 de agosto hasta el 20 de mayo de 2019; iii) el valor desembolsado a esa misma sociedad por concepto de “otros costos” -seguros-, por el mismo espacio de tiempo; iv) el valor desembolsado para cubrir el servicio de vigilancia de la torre Micerinos II entre el 2 de agosto de 2017 hasta el 20 de mayo de 2019; v) y el servicio de aseo de zonas comunes de la Torre «Micerinos II»; vi) el valor consignado, por concepto de impuesto predial de los años 2017 a 2019 de la «Torre Micerinos II» (…)» 3 El que se desprende de los intereses derivados del pago del canon de leasing que el demandante deberá pagar entre 2021, hasta junio de 2026.Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

3 iii) lucro cesante consolidado4; y el reconocimiento de los perjuicios inmateriales, ocasionados por la demandada.

Proceso: Reparación Directa

3 iii) lucro cesante consolidado4; y el reconocimiento de los perjuicios inmateriales, ocasionados por la demandada.

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, expuso que el señor Fray Alexander Murcia Gutiérrez, a través de Escritura Pública No. 1246 de 1995, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá, adquirió de los señores Almanza Latorre y Edgar Emilio Nova Ariza 5 el derecho real de dominio sobre el bien inmueble ubicado en la Calle número 5-202 y Carrera 7 número 7-37/96, en la jurisdicción de municipio de Facatativá, el cual fue registrado, bajo el número de folio de matrícula inmobiliaria No. 156-16807.

Se relató en la demanda, que el demandante se dispuso a construir el proyecto inmobiliario, denominado, «Micerinos I», constituido por 4 locales y 8 apartamentos, sobre el referido predio. Para lo anterior, recuenta que hizo los trámites y diligencias administrativas6 destinados a darle viabilidad, a ese proyecto, los cuales se adelantaron ante la Secretaría de Desarrollo Urbanístico de Facatativá.

Efectuadas dichas diligencias, el demandante, en su condición de propietario, se dispuso a suscribir la Escritura Pública 2442 en la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá, contentiva de la aclaración respecto del derecho real del dominio del inmueble – en cabeza del señor Murcia Gutiérrez-, la actualización de la dirección o nomenclatura del mismo y la constitución del reglamento de propiedad horizontal

Facatativá, contentiva de la aclaración respecto del derecho real del dominio del inmueble – en cabeza del señor Murcia Gutiérrez-, la actualización de la dirección o nomenclatura del mismo y la constitución del reglamento de propiedad horizontal del edificio «Micerinos I». Seguidamente, dicha escritura se registró en la ORIP de Facatativá, el 17 de octubre de 2013, quedando el reglamento de propiedad horizontal del «Edificio Micerinos I» inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 15616807, y, de otra parte, se dio apertura a 12 folios de matrícula inmobiliaria segregados.

Relató la demanda, que, posteriormente, el demandante se dispuso a adelantar las gestiones administrativas y financieras, destinadas a otorgar viabilidad a un nuevo

4 i) la diferencia del saldo dejado de percibirindexada-, en el precio de las 6 unidades habitacionales y sus parqueaderos inherentes a los contratos de promesa de compraventa suscritos al 20 de mayo de 2019; ii) el valor de los réditos dejados de embolsar, por concepto del saldo dichas unidades habitacionales, calculada sobre el interés bancario corriente entre 2 de agosto de 2017 y el 20 de mayo de 2013; iii) en subsidio de lo anterior, el anterior monto, calculado sobre el interés legal civil. Por último, se solicitaron 100 SMLMV por concepto de perjuicio morales. 5 En la demanda se indicó que el referido negocio, consistió en la estipulación para otro en favor de tercero, realizada por el señor Joaquín Murcia Bocachica. 6 Entre las actuaciones adelantas por la actora se mencionan: i)Por resoluciones número 389 de 1997 y 002 de

realizada por el señor Joaquín Murcia Bocachica. 6 Entre las actuaciones adelantas por la actora se mencionan: i)Por resoluciones número 389 de 1997 y 002 de febrero de 1999, la Secretaría de Desarrollo Urbanístico del municipio de Facatativá, otorgó licencia de construcción al proyecto ; ii) por Resolución 775 del 31 de octubre de 2008, esa misma secretaría, aprobó el diseño aportado por el demandante y le concedió licencia urbanística, para su terminación; iii) luego esa secretaría, por Resolución 393 del 9 de septiembre de 2013, aprobó nuevamente diseños autorizó los planos de propiedad horizontal del proyecto; iv) esa Secretaría expidió boletín de nomenclatura en el sector urbano, del inmueble , el 16 de septiembre de 2013, tanto de la dirección anterior como la actual ; por último, se indicó que en el formato de paz y salvo del impuesto predial, del 19 de septiembre de 2013, se certificaron las direcciones Calle 6 número 6-76 y Carrera 7 número 5-40,Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

4 proyecto inmobiliario, sobre el predio identificado con el folio de matrícula 15616807, que denominaría «Micerinos II». Esta edificación se planeó para contener, en dos bloques, 15 locales comerciales y 20 apartamentos -de distintas áreas-, y su presupuesto estaba contemplado en aproximadamente $2.080.000.000 millones de pesos.

en dos bloques, 15 locales comerciales y 20 apartamentos -de distintas áreas-, y su presupuesto estaba contemplado en aproximadamente $2.080.000.000 millones de pesos.

Previsto lo anterior, el demandante, con el objeto de obtener un apalancamiento financiero, celebró mediante Escritura Pública número 124 del 30 de enero de 2014, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá, contrato de compraventa de once (11) unidades prediales de la torre denominada «Micerinos I» por un precio de $700.000.000, con la sociedad Leasing Bolívar S.A. Con esta entidad, también celebró contrato de leasing inmobiliario número 001-03-032267 por un término inicial de 60 meses y un valor $720.540.124. Adelantada la construcción del proyecto, en virtud del contrato de leasing celebrado, obtuvo nuevos apalancamientos financieros por las sumas de $100.000.000 c/u, el 19 de diciembre de 2014, el 25 de mayo de 2015 y el 14 de julio de 2015; y luego, un apalancamiento por $ 215.000.000 millones de pesos, de la sociedad Leasing Davivienda S.A. – sustituta contractual de Leasing Bolívar S.A.-

De igual forma, celebró contratos de promesa de compraventa, en su calidad de propietario constructor entre marzo de 2015 y febrero de 2017. Según, lo precisa el libelo introductorio, el demandante se proyectaba a pagar, de manera anticipada, la totalidad de los cánones de leasing, con la venta de 5 unidades habitacionales en obras gris del proyecto «Micerinos II», lo que le permitiría ejercer la opción de compra sobre las once unidades habitacionales del proyecto «Micerinos I».

totalidad de los cánones de leasing, con la venta de 5 unidades habitacionales en obras gris del proyecto «Micerinos II», lo que le permitiría ejercer la opción de compra sobre las once unidades habitacionales del proyecto «Micerinos I».

En relación con las gestiones administrativas destinadas a darle viabilidad al proyecto «Micerinos II», se expuso, en la demanda, que existía aprobación del diseño y los planos de la propiedad horizontal, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial, por Resolución No. 056 del 17 de mayo de 2016. De igual forma, el demandante otorgó Escritura Pública No. 1276 el 24 de mayo de 2016, ante la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá, contentiva del reglamento de propiedad horizontal del edificio «Micerinos II».

Ahora, en lo que concierne, al registro de la referida escritura, se advirtió que la ORIP Seccional Facatativá, el 10 de junio de 2016, expidió nota devolutiva de la solicitud de inscripción, al considerar, que resultaba improcedente establecer un nuevo reglamento de propiedad horizontal sobre un mismo predio, máxime cuando la Escritura Pública no. 2442 de 2013, no especificó que este proyecto, se realizaríaRadicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

5 por etapas. Por escrito del 22 de julio de 2016, el demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la anterior decisión. No obstante, por

5 por etapas. Por escrito del 22 de julio de 2016, el demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la anterior decisión. No obstante, por memorial del 19 de agosto de 2016, el actor como propietario del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 156-16807, radicó el 25 de julio de 2016 solicitud de corrección de la anotación número 15, y, en consecuencia, desistió de los recursos interpuestos. En esta solicitud, el demandante expuso que la Escritura Pública 2442 de 2013, protocolizó el reglamento de propiedad horizontal, únicamente para el Edificio «Micerinos I», cuya área de implantación es de 274.89 metros cuadrados, es decir el 16.3% del predio de lote de mayor extensión, con lo cual no afectó la totalidad del predio.

En virtud de la solicitud de corrección, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional Facatativá, mediante auto del 30 de agosto de 2016, dio apertura a la actuación administrativa, radicado bajo el número 156-AA-2016-93, tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 156-16807 y los folios de matrícula segregados de este.

Se señaló, que, ante la dilación en resolver su solicitud, el demandante, por memorial del 27 de enero de 2017, radicó un impulso procesal. Luego, la ORIP de Facatativá, a través de la Resolución No. 52 del 14 de febrero de 2017, resolvió mantener bloqueados los referidos folios de matrícula y ordenó la remisión del

Facatativá, a través de la Resolución No. 52 del 14 de febrero de 2017, resolvió mantener bloqueados los referidos folios de matrícula y ordenó la remisión del expediente a la SNR, con el objeto de estudiar la posibilidad de ejercer la acción de lesividad, en contra de los actos/registros obrantes en las anotaciones números 14 y 15 del folio de matrícula 156-16807, es decir, los relacionados con la inscripción de la Escritura Pública 2442 de 2013.

Contra la anterior decisión, el demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el 13 de marzo de 2017. El recurso de reposición fue desatado por la ORIP de Facatativá, a través de la Resolución número 108 de 2017, que confirmó integralmente la decisión recurrida, concedió el recurso de apelación y remitió el asunto a la Superintendencia de Notariado y Registro -decisión notificada el 10 de mayo de 2017-.

Allegado el asunto ante la SNR, el demandante radicó un impulso procesal el 20 de diciembre de 2017. Luego, por Oficio SNR 2017EE049326 del 28 de diciembre de 2017, la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la SNR, solicitó documentación a la ORIP de Facatativá y a la Notaría Segunda del Círculo, de ese mismo municipio, información que se allegó el 11 de enero de 2018. El 26 de junio

de 2018, el demandante radicó un nuevo impulso procesal. En respuesta a esteRadicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

6 memorial, la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral por Oficio SNR2018EE033621 del 17 de julio de 2018, le indicó al demandante que el recurso, junto con su complementación, estaban siendo objeto de estudio.

En vista de la dilación en resolverse la anterior actuación administrativa, en abril de 2019, el demandante, hizo ejercicio de la acción de tutela, la cual condujo a que el 2 de mayo de 2019 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, profiriera sentencia por la cual, se amparó el derecho fundamental de petición del señor Murcia Gutiérrez. En consecuencia, el juez de tutela ordenó, a la SNR, resolver el recurso de apelación concedido en abril de 2017.

Así, en cumplimiento de la anterior sentencia, la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la SNR expidió la Resolución 6130 de 15 de mayo de 2019.

Esta decisión resolvió la situación jurídica de(l) (los) bien (es) del demandante, al revocar parcialmente la Resolución 52 de 14 de febrero de 2017 (artículo 2) y ordenar: i) incluir en el folio de matrícula inmobiliaria 156-16807 las anotaciones omitidas con la actualización de linderos y de nomenclatura; ii) el desbloqueo del

ordenar: i) incluir en el folio de matrícula inmobiliaria 156-16807 las anotaciones omitidas con la actualización de linderos y de nomenclatura; ii) el desbloqueo del referido folio y los segregados de este; y, iii) ordenó al demandante obtener escritura pública aclaratoria respecto al área y linderos descritos en la Escritura Pública 2442 de 2013, como escritura de subdivisión y/o desenglobe, sobre los mismos.

Contestación de la demanda

La Superintendencia de Notariado y Registro 7, por intermedio de apoderada judicial, radicó escrito por el cual se opuso a las pretensiones de la demanda. En relación con los hechos, solo aceptó, aquellos que se refirieron a la renuencia de la entidad en adelantar la inscripción de la Escritura Pública 1276, en el folio de matrícula 156-16807 y la actuación administrativa que se originó, con ocasión de la nota devolutiva de la solicitud de registro.

Por otro lado, frente a los cargos de mora injustificada y el bloqueo de los folios de matrícula, alegó que la ORIP de Facatativá y la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral actuaron en cumplimiento de un deber legal, es decir, que sujetaron su conducta a la normatividad que rige al servicio registral. Refirió que la causa del posible daño proviene de la omisión del demandante, consistente en no verificar que, en la Escritura Pública No. 2442 del 21 de septiembre de 2013, se indicaran con claridad los linderos del proyecto perseguido por el demandante. De allí que, en

que, en la Escritura Pública No. 2442 del 21 de septiembre de 2013, se indicaran con claridad los linderos del proyecto perseguido por el demandante. De allí que, en

7 SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivo «23_Recibememoriales _CONTESTADEMANDAAPO»Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

7 la Resolución No. 52 del 14 de febrero de 2017 de la ORIP de Facatativá, se concluyera que la Escritura Pública No. 1276 del 24 de mayo de 2016, no era susceptible de registro, al no existir claridad sobre su ubicación. Explicó que la Resolución No. 6130 del 15 de mayo de 2019 -que desató la alzada-, revocó la decisión impugnada de forma parcial, pues desbloqueó los folios, pero se insistió en la falta de claridad en los linderos y área de los inmuebles y por ello, le solicitó al demandante subsanarlas, mediante escritura de corrección y/o aclaración.

Precisó que el procedimiento administrativo se sujetó a los lineamientos indicados en la Circular No. 123 de 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que prevé el bloqueo de folios como medida preventiva, que garantiza – entre otroslos principios de fidelidad e identidad de la información registral, y cuya aplicación, se predica de todos los casos en los que se radica una solicitud de

Registro, que prevé el bloqueo de folios como medida preventiva, que garantiza – entre otroslos principios de fidelidad e identidad de la información registral, y cuya aplicación, se predica de todos los casos en los que se radica una solicitud de corrección. Por ende, descartó que las circunstancias fácticas del caso tengan el mérito suficiente para revestir un daño especial. Agrego, que no existe una norma, a partir la cual pueda tenerse la extensión de una actuación administrativa, como susceptible de configurar un daño antijurídico, al deberse apreciar las circunstancias particulares de cada caso.

Adujo que los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, los cuales establecieron el procedimiento para corregir errores en el registro, no dispusieron reglas especiales, para el trámite de los recursos de reposición y apelación. En este sentido, expuso que, tratándose de las pruebas y el trámite, resultaban aplicables las disposiciones del Título III del CPACA, en las cuales se previó la posibilidad de practicar pruebas de oficio, sin necesidad de notificar esta decisión– art. 40 CPACA-. Igualmente, refirió que solo se deben notificar personalmente las decisiones que pongan término a la actuación administrativa – art. 67 CPACA-, y no se estableció un plazo máximo dentro del cual deba agotarse el término probatorio o resolverse los recursos administrativos -79 y 86 CPACA-.

Estimó que los perjuicios perseguidos no tienen el carácter de ciertos, pues la venta de los inmuebles no estaba protocolizada en escrituras públicas -únicamente constaban en promesas de compraventa-—.

Estimó que los perjuicios perseguidos no tienen el carácter de ciertos, pues la venta de los inmuebles no estaba protocolizada en escrituras públicas -únicamente constaban en promesas de compraventa-—.

Como excepciones de mérito, propuso el obrar en estricto cumplimiento de un deber legal; el hecho exclusivo de la víctima; y, la inexistencia de un daño antijurídico.

Sentencia de primera instanciaRadicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

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Proceso: Reparación Directa

8 Por sentencia del 16 de mayo de 2024 8, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Notariado y Registro, del daño derivado de la indefinición de la situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 156-16807, por un periodo de 2 años y nueve meses; y en consecuencia, la condenó al pago de 25 SMLMV, por concepto de perjuicios morales. Como problema jurídico propuso establecer sí, la Superintendencia de Notariado y Registro es responsable de la mora administrativa, en la definición de la situación jurídica del inmueble de propiedad del señor Murcia Gutiérrez, así como, del periodo en el que se mantuvo el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria Nro. 156-16807 y sus folios segregados.

jurídica del inmueble de propiedad del señor Murcia Gutiérrez, así como, del periodo en el que se mantuvo el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria Nro. 156-16807 y sus folios segregados.

Enseguida, se analizó la acreditación de los presupuestos procesales para proferir sentencia de fondo, acápite, donde concluyó que el medio de control interpuesto resultaba el procedente para perseguir la declaratoria de responsabilidad derivada de la mora o retardo injustificado, que se le imputa a la SNR. De igual forma, concluyó que la demanda se interpuso oportunamente, al computar, el término de caducidad, desde la notificación de la Resolución Nro. 6130 del 15 de mayo de 2019, al considerar que, el dañado alegado tenía el carácter de continuado y con dicha decisión administrativa cesó su configuración.

A continuación, al descender al caso concreto, se refirió a los medios de prueba relevantes, y luego, analizó, uno a uno, los elementos de la responsabilidad patrimonial. Frente al análisis del daño antijurídico, aclaró que no sería objeto de análisis la posible afectación como consecuencia de la decisión administrativa que concluyó el procedimiento de registro. Pero, estimó que se acreditó la lesión a los derechos de propiedad y al debido proceso del actor 9, en virtud del bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria y la falta de definición, de la situación jurídica de sus bienes, al interior de la actuación administrativa adelantada por la SNR, por más de 2 años y nueve meses.

En relación con el carácter antijurídico del daño, el a quo, precisó que, en principio,

bienes, al interior de la actuación administrativa adelantada por la SNR, por más de 2 años y nueve meses.

En relación con el carácter antijurídico del daño, el a quo, precisó que, en principio, el señor Murcia Gutiérrez estaba llamado a soportar el bloqueo de los folios de matrícula, como medida preventiva, cuando se radica una petición de corrección o el registrador decide iniciar dicha actuación de oficio 10. Agregó que, en principio,

8 SAMAI T.A. Índice 00068 9 Los estimó acreditados con la valoración del folio de matrícula Nro. 156-16807 – registro en el municipio de Facatativá- y los folios de matrícula 10 Punto donde la Sala se refirió a la Circular nro. 139 del 9 de julio de 2010.Radicación: 25000-2336-000-2021-00293-01 (71.833)

Demandante: Fray Alexander Murcia Gutiérrez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: Reparación Directa

9 dicho deber de soportar el daño, también resultaba justificado, en la omisión del demandante, consistente en, no efectuar el desenglobe de su propiedad, para el desarrollo de los proyectos urbanísticos Micerinos I y II 11: Sin embargo, advirtió la Sala, que la restricción sobre el inmueble del actor excedió la carga que este debía soportar, pues en las circunstancias expuestas, no se le otorgó al señor Murcia Gutiérrez una solución de fondo a su situación por un periodo mayor a 2 años y 9 meses.

En este sentido, la Sala se decantó por examinar si dicha dilación resultaba

Gutiérrez una solución de fondo a su situación por un periodo mayor a 2 años y 9 meses.

En este sentido, la Sala se decantó por examinar si dicha dilación resultaba atribuible a la demandada, a título de falla del servicio. En este análisis, el a quo explicó que el señor Murcia Gutiérrez solicitó la corrección del folio de matrícula 156-16807, el 25 de julio de 2016, pero, la situación jurídica de su inmueble, se definió de forma definitiva hasta que se profirió la Resolución Nro. 6130 del 15 de mayo de 2019. Si bien, el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012 -referente al procedimiento para corregir errores-, no previó un plazo definido, le resultaba aplicable el artículo 14 del CPACA, que estableció un término de 15 días para resolver la solicitud.

Así, el a quo consideró que la dilación de la actuación administrativa resultaba atribuible a la entidad demandada, sin que en el plenario aparezcan acreditados motivos justificantes como lo sería una alta carga laboral –se invocó por la demandada-, la complejidad del asunto o dicha demora sea atribuible a la conducta del señor Murcia Gutiérrez. En este último aspecto, precisó que la actuación del demandante fue diligente, al tenerse que, en cuatro oportunidades, solicitó el impulso procesal del trámite y la decisión que resolvió la apelación, fue a raíz de una tutela que este interpuso.

En relación con los perjuicios, únicamente encontró configurados los morales. Sobre la petición de lucro cesante, estimó que las sumas que dejaron de ingresar al

una tutela que este interpuso.

En relación con los perjuicios, únicamente encontró configurados los morales. Sobre la petición de lucro cesante, estimó que las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del demandante – por concepto de contratos de promesa de compraventa incumplidos-, resultan ajenas a la mora administrativa y el registro, en otras pa