CE - Sentencia 25000233600020210056401 de 2025

Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

Demandante: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Repetición Radicación: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

Demandante: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Demandados: Óscar Rodrigo Velasco Arcos y John Ricardo Céspedes

Gaviria

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró de oficio la caducidad del medio de control.

La Sala es competente para proferir esta providencia , de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “ CPACA”, por tratarse de un recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo . A su vez, el tribunal conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda, con base en el numeral 11 del artículo 152 del CPACA1.

SÍNTESIS2

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante, la “Policía

con base en el numeral 11 del artículo 152 del CPACA1.

SÍNTESIS2

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante, la “Policía Nacional”) demandó a Óscar Rodrigo Velasco Arcos y John Ricardo Céspedes Gaviria en ejercicio del medio de control de repetición. La Sala confirma la decisión que declaró la caducidad porque la demanda se presentó después de transcurridos dos años contados desde el vencimiento del término máximo para pagar la condena que es fundamento del medio de control.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 27 de octubre de 2021, la Policía Nacional presentó demanda en contra de los

1 Antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021, la norma establecía: “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia (…) 11. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”. En la demanda se estimó la cuantía en “ochocientos dieciséis millones seiscientos dieciséis mil doscientos sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos ($816.616.265.50)” (folios 16 y 17 – índice 2 del Samai – archivo 23_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125218.pdf), los cuales equivalían a ochocientos noventa y ocho punto ochenta y tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (898.83 SMLMV).

23_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125218.pdf), los cuales equivalían a ochocientos noventa y ocho punto ochenta y tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (898.83 SMLMV). 2 Tema: acción de repetición – caducidad.Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

Demandante: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

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señores Óscar Rodrigo Velasco Arcos y John Ricardo Céspedes Gaviria (en adelante, “los demandados ”) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá el 20 de octubre de 2015 y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de julio de 2016 3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

2.1. Que se declare que los señores OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS quien se identifica con la cédula de ciudadanía No 80.150.633 y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA quien se identifica con la cedula de ciudadanía No 1.073.681.162, son solidariamente responsables por su actuar calificado a título de DOLO y/o GRAVEMENTE CULPOSO, de los hechos que dieron lugar a las sentencias condenatorias proferidas en contra de la Po licía Nacional, expedidas dentro del proceso de reparación directa expediente N°11001333603420140020100, las cuales en su orden son: Sentencia de primera instanci a de octubre de 2015,

sentencias condenatorias proferidas en contra de la Po licía Nacional, expedidas dentro del proceso de reparación directa expediente N°11001333603420140020100, las cuales en su orden son: Sentencia de primera instanci a de octubre de 2015, proferida por el juzgado 34 administrativo del circuito de Bogotá: en segunda instancia, de fecha 27 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene solidariamente a los señores OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA, a pagar en favor de la Nación - Ministerio de Defensa – POLICIA NACIONAL, la suma en dinero de OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS Dieciséis MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($816.616.265.50), valor que corresponde a lo pagado por la Policía Nacional en cumplimiento de las sentencias condenatorias ya referidas. 2.3. Que el monto de la condena impuesta a los demandados OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA , se actualice con el índice de Precios al Consumidor desde el pago efectivo hecho por la entidad demandante hasta que se profiera sentencia que ponga fin al proceso, lo anterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 187 de la ley 1437 de 2011. 2.4. Que se condene a los demandados OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA, a pagar en favor de la Nación – Ministerio

2.4. Que se condene a los demandados OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA, a pagar en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – POLICIA NACIONAL, los intereses moratorios y en todo caso, aquellos intereses que legalmente se generen desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso hasta la fecha efectiva de pago. 2.5. Que se condene a los demandados OSCAR RODRIGO VELASCO ARCOS y JHON RICARDO CÉSPEDES GAVIRIA, a pagar en favor de la Nación - - Ministerio de Defensa - Policía NACIONAL, las costas y agencias en derecho del proceso. 2.6. Que en la sentencia que ponga fin al proceso, se establezca el plazo para el cumplimiento de la obligación por parte de los demandados (negrillas dentro del texto)4.

2. Las pretensiones de la demanda se sustenta ron, en síntesis, en l as siguientes

afirmaciones:

2.1. Los demandados eran servidores públicos en actividad y trabajaban en la Policía Nacional.

2.2. El fallecimiento del señor Jorge Torres Segura el 19 de julio de 2009 fue producto de la actuación dolosa de los demandados, quienes lo secuestraron y lo mataron.

3 Índice 2 del Samai – archivo 23_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125218.pdf 4 Índice 2 del Samai – archivo 23_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125218.pdfExpediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

Demandante: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

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2.3. En ejercicio de la acción de reparación directa, los familiares de la víctima demandaron a la Policía Nacional para obtener la indemnización de los perjuicios. El 27 de julio de 2016 , la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia, en la que se condenó a dicha entidad al pago de perjuicios morales y materiales . Esta decisión quedó ejecutoriada el 12 de agosto de 2016.

2.4. La Policía Nacional, por medio de la Resolución 00969 de 20 de diciembre de 2019, ordenó pagar a los familiares de la víctima la suma de mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones cuarenta mil novecientos treinta pesos ($1.455.040.930). Este pago se realizó el 27 de diciembre del 2019.

2.4. Los demandados actuaron dolosamente, incumpliendo los deberes de la fuerza pública, por lo que deben reembolsar al Estado el monto de la indemnización de perjuicios reconocida a favor de los familiares del señor Jorge Torres Segura.

B. Posición de la parte demandada

3. Los demandados no contestaron la demanda.

C. La sentencia apelada

4. El 30 de noviembre de 2022 , la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia anticipada en la que declaró la

caducidad de la siguiente manera:

PRIMERO: PROFERIR SENTENCIA ANTICIPADA, en el sentido de DECLARAR DE OFICIO probada la excepción de CADUCIDAD de la acción conforme a la expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

caducidad de la siguiente manera:

PRIMERO: PROFERIR SENTENCIA ANTICIPADA, en el sentido de DECLARAR DE OFICIO probada la excepción de CADUCIDAD de la acción conforme a la expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente5 (negrillas dentro del original).

5. El Tribunal adoptó la anterior decisión, con base en la siguiente línea argumentativa:

5.1. La sentencia que dio origen al medio de control de repetición fue proferida en el marco de un proceso regido por el CPACA. Su artículo 192 señala que las sentencias que impongan el pago de sumas de dinero “serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia”.

5.2. En este caso, está probado que la sentencia de reparación directa quedó ejecutoriada el 12 de agosto de 2016. Así, el plazo de diez (10) meses que la entidad tenía para pagar venció el “13 de junio de 2017 ”6. Por ende, la demanda debía presentarse a más tardar el 13 de junio de 2019, razón por la cual la demanda radicada el 27 de octubre de 2021 se presentó extemporáneamente.

5 Índice 2 del Samai – archivo 38_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125516.pdf

6 Índice 2 del Samai – archivo 38_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125516.pdfExpediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

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5.3. Es cierto que la Policía pagó la condena “el 27 de diciembre de 2019 [pero ello ocurrió] después de la fecha de vencimiento de los 10 meses otorgados para el pago, por lo que la caducidad se contará a partir del día siguiente del vencimiento de los 10 meses que disponía la entidad condenada para pagar”7.

D. El recurso de apelación

6. La Policía Nacional solicitó que se revocara la sentencia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones. Alegó que el cómputo de la caducidad debe realizarse desde el día del pago , teniendo en cuenta que uno de los requisitos para que prosperen las pretensiones de repetición es, justamente, la demostración del pago de la condena.

Así, no contar el término desde el pago efectivo “ constituiría una disyuntiva que se resolverá desproporcionalmente en contra de la administración”8: si presenta la demanda sin realizar el pago, sería inadmitida; pero si presenta la demanda después del pago, se declararía la caducidad del medio de control. Entre estas dos disyuntivas debe preferirse la interpretación que permite presentar la demanda luego de que se realiza el pago , pues esta lectura permite que “prevale[zca] el interés general [si se tiene en cuenta que] el pago de las obligaciones judiciales está sometido a la entrega de recursos públicos por parte del Gobierno Nacional”9

realiza el pago , pues esta lectura permite que “prevale[zca] el interés general [si se tiene en cuenta que] el pago de las obligaciones judiciales está sometido a la entrega de recursos públicos por parte del Gobierno Nacional”9

E. Actuación surtida en segunda instancia

7. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 9 de junio de 202310. De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA , las partes tenían hasta la ejecutoria de este último auto para pronunciarse , pero no lo hicieron dentro de ese plazo11. Adicionalmente, en la oportunidad correspondiente , el Ministerio Público conceptuó que debe confirmarse la sentencia de primera instancia12.

II. CONSIDERACIONES

F. Sentido de la decisión

8. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia por medio de la cual se declaró probada la caducidad de la acción, porque el texto original de la letra l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA regula la oportunidad en la que se debe presentar una demanda en ejercicio del medio de control de repetición, así:

Artículo 164. oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

7 Índice 2 del Samai – archivo 38_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125516.pdf 8 Índice 2 del Samai – archivo 25_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125246.pdf 9 Índice 2 del Samai – archivo 25_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420125246.pdf 10 Índice 4 del Samai. 11 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias . <Artículo modificado por el artículo 67 de la

10 Índice 4 del Samai. 11 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias . <Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la ape lación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”. 12 El mismo artículo 247 del CPACA señala en su numeral 6: “(…) El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

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2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código 13 (destacado fuera del texto).

9. La anterior norma preceptúa que el término de dos (2) años que tenía la Policía Nacional para demandar se debía computar desde el día siguiente del pago o “a más tardar” desde el vencimiento del plazo que la entidad tenía para pagar la condena.

9. La anterior norma preceptúa que el término de dos (2) años que tenía la Policía Nacional para demandar se debía computar desde el día siguiente del pago o “a más tardar” desde el vencimiento del plazo que la entidad tenía para pagar la condena.

Esta regulación recogió un desarrollo jurisprudencial que ocurrió en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. Esta norma únicamente supeditaba el cómputo del término a la fecha en que se realizara el pago de la condena. No obstante, su constitucionalidad fue demandada y la Corte Constitucional resolvió lo siguiente:

(…) si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la no rma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de

la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo14 (negrillas dentro del texto).

10. Lo anterior conlleva a que, en el caso concreto, haya operado la caducidad de la

acción:

10.1. La sentencia de reparación directa que dio origen al presente medio de control se profirió en un proceso regido por el CPACA15. Por esto, con base en el artículo 192, el término para cumplirla era de máximo diez (10) meses16.

13 Esta norma fue modificada por la Ley 2195 de 2022. No obstante, esta norma no es aplica porque los términos de caducidad empezaron a contar después de su entrada en vigencia el 19 de enero de 2022. En efecto, el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, establece que “(…) términos que hubieren comenzado a correr (…) se regirán por las leyes vigentes cuando (…) empezaron a correr los términos”. 14 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2011, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 15 La demanda de reparación directa fue interpuesta el 17 de marzo de 2014 (índice 2 – archivo 2_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124857.pdf). Cabe indicar que, de acuerdo con la sentencia de primera instancia, la fecha de radicación de la demanda fue producto del agotamiento del requisito de

2_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124857.pdf). Cabe indicar que, de acuerdo con la sentencia de primera instancia, la fecha de radicación de la demanda fue producto del agotamiento del requisito de procedibilidiad: el 23 de agosto de 2010 las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el trámite adelantado ante la Procuraduría 132 Judicial II; el 18 de marzo de 2011 el Tribunal Administrativo improbó la conciliación, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los familiares de la víctima directa; el 12 de agosto de 2013 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirma la decisión; y el 25 de febrero de 2014 se entregó a los demandantes los documentos de la solicitud de conciliación que fueron desglosados del expediente judicial (fls. 36 a 39 - índice 2 – archivo 2_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124857.pdf). 16 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (…)Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

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10.2. Está probado que dicha sentencia quedó ejecutoriada el 12 de agosto de 201617. Por ende, el término para realizar el pago feneció el 12 de junio de 2017 y el término máximo para acudir a la jurisdicción era el 1 3 de junio de 2019, pero la demanda fue presentada extemporáneamente el 27 de octubre de 202118.

máximo para acudir a la jurisdicción era el 1 3 de junio de 2019, pero la demanda fue presentada extemporáneamente el 27 de octubre de 202118.

11. Por último, vale la pena indicar que el demandante afirma que no debería aplicarse la norma para garantizar la prevalencia del interés público ante las dificultades que tienen las entidades públicas para realizar el pago de condenas. Esta argumentación no es admisible porque implicaría desconocer normas de orden público. En efecto, en un caso análogo, recientemente esta Subsección indicó lo siguiente:

Contrario a lo sostenido por el apelante, el término no puede contabilizarse desde que se efectuó el último pago, porque el momento en que empieza a correr el plazo se encuentra previsto por la ley, específicamente, el citado numeral 2, literal l del artículo 164 del CPACA. Allí se dispuso que este término lo determinaría lo primero que ocurriera entre las dos hipótesis planteadas (pago o vencimiento del término legal) y, como se trata de normas procesales, estas son de obligatorio y estricto cumplimiento, lo que quiere decir que no puede ser modificado por las partes ni por el juez en atención a circunstancias particulares19 (destacado propio).

12. En conclusión, se pudo constatar que, en vigencia del texto original del artículo 164 del CPACA, el término de dos (2) años para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de repetición se contaba a más tardar desde el vencimiento de la fecha en que la entidad tuviera que hacer el pago de la condena. Esto implicó que en el presente caso operara la caducidad.

G. Costas

medio de control de repetición se contaba a más tardar desde el vencimiento de la fecha en que la entidad tuviera que hacer el pago de la condena. Esto implicó que en el presente caso operara la caducidad.

G. Costas

13. Como el recurso de apelación no prosper a, la parte apelante debe ser condenada en costas y agencias en derecho de segunda instancia de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA 20. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

14. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”. 17 La demandante aportó una certificación realizada por el juzgado Treinta y Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá que señala que “el (los) proveído (s) de 20 DE OCTUBRE DE 2015 (fallo de primera instancia), y de 27 DE JULIO DE 2016 (fallo de segunda instancia) quedó (ron) ejecutoriado (s) en 12 DE AGOSTO DE 2016. La presente es la primera copia expedida dentro del proceso y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 114 del Código General del Proceso” (índice 2 – archivo 2_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124857.pdf).

presente es la primera copia expedida dentro del proceso y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 114 del Código General del Proceso” (índice 2 – archivo 2_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124857.pdf). 18 Índice 2 Samai – archivo 3_250002336000202100564011EXPEDIENTEDIGI20230420124917.pdf. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2025, radicación: 68001-2333-000-2025-00186-01 (73275), C.P. Alberto Montaña Plata. 20 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.Expediente: 25000-23-36-000-2021-00564-00 (69772)

Demandante: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

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Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDA: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en costas y agencias en derecho de segunda instancia, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

costas y agencias en derecho de segunda instancia, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

Con firma electrónica Con firma electrónica

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado Magistrado