CE - Sentencia 25000233600020210057901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: LUIS ALFREDO TORRES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Tema: Irregularidades en los actos de registro de un folio de matrícula inmobiliaria. Indebida escogencia del medio de control.

Adecuación del medio de control . Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá, Luis Alfredo Torres adquirió por dación en pago de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U . el predio denominado “ La Estancia ” identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176 -7524, de la cual, en fecha indeterminada se solicitó su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. No

matrícula inmobiliaria No. 176 -7524, de la cual, en fecha indeterminada se solicitó su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. No obstante, el 17 de abril de 2012 dicha oficina ex pidió “nota devolutiva” para que previa inscripción se realizaran unos pagos que estaban pendientes.

El 10 de marzo de 2016 , la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá por orden de la Fiscalía adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio de Bogotá registró en la anotación No. 47 del folio de matrícula inmobiliaria No. 1767524, una “prohibición judicial” consistente en la “ suspensión del poder dispositivoRadicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

2 derivado del contrato de dación en pago contenido en escritura 430 del 14-03-2012 de la Notaría 16 Bogotá”. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2016, la referida oficina registró en la anotación No. 52 del mencionado folio el “inicio de proceso de liquidación judicial” de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., ordena do por la Superintendencia de Sociedades. Luego, el 26 de junio de 2018, mediante escritura pública No. 1646 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial, representada por el liquidador Carlos Alberto Sánchez Rincón transfirió, mediante compraventa , el derecho de dominio del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 a las sociedades Decobe

Flowers E.U. en liquidación judicial, representada por el liquidador Carlos Alberto Sánchez Rincón transfirió, mediante compraventa , el derecho de dominio del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 a las sociedades Decobe S.A.S., Decopa S.A.S. y AZ Inmobiliaria S. en C.S., negocio jurídico que el 18 de octubre siguiente fue registrado en el folio de matrícula No. 176-7524.

La parte demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro es patrimonialmente responsable por el daño causad o en su patrimonio, al ser despojado de la propiedad del inmueble identificado con folio de matrícula No. 1767524, con ocasión de los trámites administrativos de registro adelantados por dicha entidad, los cuales califica de ilegales.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 10 de febrero de 20211-2, Luis Alfredo Torres en ejercicio del medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por la expedición y ejecución irregular e ilegal de decisiones administrativas de registro que dieron lugar al despojo de la propiedad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-7524, adquirido en virtud de una dación en pago.

Como pretensiones de su demanda , Luis Alfredo Torres solicita condenar a la entidad demandada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $1.000.000.000;

1 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_00220210057900CO.PDF”, expediente digital, Samai.

entidad demandada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $1.000.000.000;

1 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_00220210057900CO.PDF”, expediente digital, Samai. 2 Subsanación demanda. Archivo “4_RECIBEMEMORIALES_SUBSANADEMANDAAPOD.PDF”, expediente digital, Samai.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

3 por daño emergente, la suma de $ 184.997.950.000; y, por lucro cesante, la suma de $25.438.514.000.

En apoyo de las pretensiones, se afirma que, mediante escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá, Luis Alfredo Torres adquirió (por dación en pago de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U .) el predio denominado “La Estancia” identificado con folio de matrícul a inmobiliaria No. 1767524 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá , con un área de 376.253.17 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en la vereda Río Grande del municipio de Cajicá (Cundinamarca).

Refiere que en fecha indeterminada Luis Alfredo Torres radicó la escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012 , en la Oficina de Registro de Instrumentos de Zipaquirá para su correspondiente registro, no obstante, el 17 de abril de 2012 dicha oficina presentó “nota devolutiva” para que previa inscripción se realizaran unos pagos pendientes que presentaba el inmueble.

Manifiesta que en fecha indeterminada Luis Alfredo Torres canceló la plusvalía

oficina presentó “nota devolutiva” para que previa inscripción se realizaran unos pagos pendientes que presentaba el inmueble.

Manifiesta que en fecha indeterminada Luis Alfredo Torres canceló la plusvalía ordenada por el municipio de Cajicá y presentó nuevamente la solicitud de registro de la escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012.

Destaca que mediante oficio No. 2015600004711 del 28 de abril de 2015, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro bloquear el folio de matrícula inmobiliaria No. 176 -7524 en atención a que “ El señor Luis Alfredo Torres continuó realizando negocios jurídicos, entre ellos la presunta Dación en Pago del bien “La Estancia”, con el señor Marco Antonio Gil Garzón, a pesar de estar éste ya incluido en la lista Clinton. Así mismo, no debe perderse de vista que el no permitir el registro de la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2013, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, simplemente tomaría en inane e ineficaz la entrega de bienes del señor Marco Antonio Gil Garzón ali as “El Papero”. Igualmente, permitir la anotación, seguramente inmediata, de la supuesta Dación en Pago contenida en la Escritura Pública 430 del 14 de marzo de 2012 de la Notaria 16 de Bogotá D.C., conllevaría a permitir que el bien pueda ser transferido a otros adquirientes de buena fe, antes de que el ente investigador logreRadicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

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transferido a otros adquirientes de buena fe, antes de que el ente investigador logreRadicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

4 dilucidar la verdad y el estado jurídico del bien. En este orden de ideas y mientras se adelantan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la Nación, me permito solicitarle a usted señor Superintendente de Notariado y Registro, el bloqueo inmediato de la Matricula Inmobiliaria N° 176 -7524 de Zipaquirá.”

Indica que , mediante oficio del 7 de mayo de 2015, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá informó a la directora del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, que esa oficina de registro procedió a bloquear el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524.

Señala que “sin que existiera constancia del levantamiento del bloqueo” del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró de forma “ilegal” en la anotación 52 el proceso de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades a la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., sin tener en cuenta que Luis Alfredo Torres había solicitado previamente el registro de la escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012, es decir, en su sentir, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá debió proceder con el registro de la escritura pública de dación en pago No. 430 y negarse a registrar el proceso de liquidación de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá debió proceder con el registro de la escritura pública de dación en pago No. 430 y negarse a registrar el proceso de liquidación de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.

Subraya que en fecha indeterminada la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 64 del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la “escritura pública 1646 del 26/06/2018 de la Notaria 5° de Bogotá” mediante la cual la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U . en liquidación judicial realizó una venta de derechos sobre ese inmueble a las sociedades AZ Inmobiliaria S. en C.S., Decobe S.A.S. y Decopa S.A.S.

Relata que con la anterior actuación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá lesionó los intereses de Luis Alfredo Torres y lo desp ojó “ilegalmente de la propiedad” del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 1767254, pues en la anotación No. 47 de dicho folio estaba registrada la “Suspensión del poder dispositivo derivado del contrato de dación en pago, contenido en la escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá radicado ordenado por laRadicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

5 Fiscalía 38 adscrita a la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Derecho de Dominio”.

Menciona que el 3 de febrero de 2017, Luis Alfredo Torres elevó ante la Superintendencia de Sociedades “ una solicitud de exclusión y entrega de bienes”

de Dominio”.

Menciona que el 3 de febrero de 2017, Luis Alfredo Torres elevó ante la Superintendencia de Sociedades “ una solicitud de exclusión y entrega de bienes” para que el lote denominado “La Estancia” no fuera objeto del inventario patrimonial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial , en tanto dicho bien había salido del dominio de esa sociedad.

La parte demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro es patrimonialmente responsable por el daño causado en su patrimonio, al haber sido despojado de la propiedad del inmueble identificado con folio de matrícula No. 1767524, con ocasión de los trámites administrativos de registro adelantados por dicha entidad, los cuales califica de ilegales.

Textualmente, solicitó: “Declarar que la Nación - Superintendencia de Notariado y Registro, es responsable por los hechos, omisiones, irregularidades, vías de hecho, falla administrativa, y actuaciones materiales vinculadas a la expedición y ejecución irregular e ilegal de decisiones administrativas que dieron origen al registro de la escritura pública de compraventa No. 1646 del 26 de junio de 2018, de la Notaria 5° de Bogotá que se registra en la anotación 064 del folio de matrícula inmobiliaria, teniendo pendiente la anotación 47 en el que se ordenó bloqueo del mismo por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el cual estaba suspendida la inscripción de la escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá.”

2. Contestación

El 9 de mayo de 2022 3 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la

la escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá.”

2. Contestación

El 9 de mayo de 2022 3 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público.

3 Archivo “6_AUTOADMITEDEMANDA.docx”, expediente digital, Samai.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

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2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro 4 solicitó negar las pretensiones de la demanda en atención a que sus actuaciones se surtieron conforme la ley y las ordenes expedidas por la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, sostuvo que el medio de control i ncoado por la parte actora se ejerció de forma extemporánea, pues Luis Alfredo Torres conoció del supuesto daño el 10 de octubre de 2018 pero interpuso la demanda el 10 de febrero de 2021.

Con fundamento en lo anterior, la autoridad administrativa propuso las excepciones de caducidad, inepta demanda por indebida escogencia de la “acción”, inexistencia de una falla en el servicio, hecho de un tercero, rompimiento del nexo causal por inexistencia del daño y culpa exclusiva de la víctima.

3. De las excepciones, alegatos de conclusión en primera instancia y orden de sentencia anticipada

3.1. Mediante auto de l 31 de octubre de 2022 5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció acerca de las excepciones propuestas por la parte

sentencia anticipada

3.1. Mediante auto de l 31 de octubre de 2022 5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció acerca de las excepciones propuestas por la parte demandada e indicó que las de “ caducidad e inepta demanda por indebida escogencia de la acción” tenían el carácter de previas.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el último inciso del parágrafo 2° del artículo 175 y el numeral 3° del artícul o 182A del CPACA, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión , al ministerio público para emitir concepto y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su intervención, con el fin de proferir sentencia anticipada respecto a la excepción de caducidad.

3.2. La parte demandante 6 alegó de conclusión y solicitó no declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, al considerar que el daño alegado en la demanda ocurrió el 18 de octubre de 2018 , cuando se registró en la anotación 64 del folio de m atrícula inmobiliaria No. 176 -7524 la

4 Índice 15. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 5 Índice 18. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 6 Índice 23. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

7 escritura pública No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaria 5° de Bogotá, mediante la cual la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial

7 escritura pública No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaria 5° de Bogotá, mediante la cual la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial realizó una venta de derechos sobre ese inmueble a las sociedades AZ Inmobiliaria

S. en C.S., Decobe S.A.S. y Decopa S.A.S.

3.3. La Superintendencia de Notariado y Registro 7 alegó de conclusión y solicitó declarar probada la excepción de caducidad del medio de control, pues el daño ocurrió el 17 de abril de 2012 cuando se negó el registro de la escritura pública No. 430 de 2012, o, a lo sumo, el 22 de septiembre de 2016 cuando el referido inmueble se incluyó en la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.

3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 8 intervino y presentó alegatos de conclusión en los que solicitó declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia del medio de control o en su defecto la caducidad. Como fundamento de tal soli citud, sostuvo que las pretensiones de la demanda están encaminadas a controvertir la legalidad de la anotación No. 64 del 18 de octubre de 2018 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524. Por otro lado, refirió que de prosperar el medio de control debía declararse la caducidad , pues la parte actora conoció de la ocurrencia del daño el 22 de septiembre de 2016 cuando se realizó la anotación No. 52 en el folio de matrícula antes referido ,

pues la parte actora conoció de la ocurrencia del daño el 22 de septiembre de 2016 cuando se realizó la anotación No. 52 en el folio de matrícula antes referido , consistente en la inclusión del predio objeto de dación en pago como parte de la liquidación de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no obstante, presentó la demanda el 10 de febrero de 2021, superando el término de 2 años para ejercer el derecho de acción.

3.5. El ministerio público guardó silencio

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de febrero de 2023 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, al considerar que el término para ejercer el derecho de acción

7 Índice 22. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 8 Índice 25. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 9 Índice 29. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

8 transcurrió entre el 23 de septiembre de 2016 (día siguiente al que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anot ación 52 del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.) al 23 de septiembre de 2018, sin embargo, la demanda se interpuso el 10 de febrero de 2021, esto es, cuando ya habían trascurrido los 2 años para demandar.

Flowers E.U.) al 23 de septiembre de 2018, sin embargo, la demanda se interpuso el 10 de febrero de 2021, esto es, cuando ya habían trascurrido los 2 años para demandar.

Textualmente sostuvo: “Así que, aunque el demandante plantea que la materialización del daño se concretó con la anotación No. 64, esto es, la que reportó la compraventa entre la sociedad CI OTILIA FL OWERS EU en Liquidación y las empresas AZ INMOBILIARIA S. EN. C.S., DECOBE S.A.S. y DECOPA S.A.S., para la Sala la situación jurídica del bien en cuanto a la disposición o titularidad del derecho de dominio se perdió no por la inscripción (Anotación 64) si no por la inclusión como parte de la liquidación judicial iniciada por la Superintendencia, situación que ya era conocida por el demandante. Para estos efectos, téngase en cuenta que la solicitud o derecho de petición que el mismo demandante, a través de su apoderada judicial, formuló ante la Superintendencia de Sociedades, en febrero 3 de 2017, advierte precisamente las implicaciones de incluir este predio y generar la anotación en el folio de matrícula que, como se pudo observar, años después abrió paso a la inscripción de la venta a los terceros, denominados sociedades AZ INMOBILIARIA S. EN. C.S., DECOBE S.A.S. y DECOPA S.A.S. (…) Dicho esto, la Sala concluye que se configura la excepción previa de caducidad, porque los términos para demandar transcurrier on entre el 23 de septiembre de 2016 y el 23 de septiembre de 2018, sin que pueda considerarse flexibilización alguna (…) ya

Sala concluye que se configura la excepción previa de caducidad, porque los términos para demandar transcurrier on entre el 23 de septiembre de 2016 y el 23 de septiembre de 2018, sin que pueda considerarse flexibilización alguna (…) ya que no se encuentra en el expediente elementos de pruebas que conlleven a una inferencia razonable que el demandante no tuvo la oportunidad de conocer ese reporte en una fecha distinta a la de su inscripción en el folio de matrícula; por el contrario, con los documentos que reposan en el plenario, es posible deducir que sí conoció de dicho registro poco tiempo después de su publicación, por cuanto radicó solicitud de retiro de la inscripción ante la entidad que la generó, como se destacó en líneas anteriores, a través del derecho de petición referido.”Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

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5. Recurso de apelación

El 28 de mayo de 202410 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de mayo de 202311 y admitido el 16 de junio siguiente12.

5.1. El extremo activo 13 solicitó revocar la sentencia recurrida . En sustento, puntualizó que el hecho de haberse inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no daba lugar a suponer que la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación, consistente en el bloqueo de l referido folio se había levantado. Seguidamente, sostuvo que fue un error de la Superintendencia de Sociedades incluir en el

a suponer que la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación, consistente en el bloqueo de l referido folio se había levantado. Seguidamente, sostuvo que fue un error de la Superintendencia de Sociedades incluir en el patrimonio de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial el inmueble con folio de matrícula No. 176 -7524 y que a la postre , la Superintendencia de Notariado y Registro hubiese registrado esos actos “por cuanto existía una medida de prohibición” previamente inscrita por orden de la fiscalía.

Por último, resaltó que el medio de control de reparación directa no se encontraba caducado, toda vez que la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. no fue la que afectó los derechos de Luis Alfredo Torres, como si lo hizo la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 de la escritura pública de venta No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaría 5 de Bogotá.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

No se corrió traslado a las partes para alegar de c onclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202114, no se decretaron pruebas en segunda instancia. El ministerio público

10 Índice 33. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 11 Índice 35. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 12 Índice 4. Samai, expediente digital.

10 Índice 33. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 11 Índice 35. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 12 Índice 4. Samai, expediente digital. 13 Índice 33. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”. 14 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notific ación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. SiRadicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

10 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en esta oportunidad guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15015 y 15716 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17.

2. Medio de control procedente

demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17.

2. Medio de control procedente

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que de termina la pretensión procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional18.

fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 15 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 16 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor […]”. 17 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $184.997.950.000, por concepto de daño emergente, lo cual es superior a 500 SMLMV ($454.426.300) del año en que ésta se presentó (2021).

17 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $184.997.950.000, por concepto de daño emergente, lo cual es superior a 500 SMLMV ($454.426.300) del año en que ésta se presentó (2021). 18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

11 La pretensión ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y contradicción del demandado, en tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto pasivo del medio de control puede estructurar los diferentes medios de defensa a su disposición. Escoger ind ebidamente la acción procesal no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de conocimiento19.

Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar el medio de control indebidamente formulad o, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado y no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones de la d emanda20. En todo caso, la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación del medio de control o la pretensión.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la reparación directa es el medio de control idóneo para indemnizar daños ocasionados por el acto de registro de una escritura

pretensión.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la reparación directa es el medio de control idóneo para indemnizar daños ocasionados por el acto de registro de una escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria que se considera se hizo de forma ilegal.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, la parte actora sostuvo que el hecho de haberse inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176 -7524 la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no daba lugar a suponer que la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación, consisten te en el bloqueo del referido folio, se había levantado. Seguidamente, sostuvo que fue un error de la Superintendencia de Sociedades incluir en el patrimonio de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial el inmueble con folio de

19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530. 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad: 26870.Radicado: 25000233600020210057901 (69946)

Demandante: Luis Alfredo Torres

12 matrícula No. 176 -7524 y que a la postre, la Superintendencia de Notariado y Registro hubiese registrado esos actos “ por cuanto existía una medida de

Demandante: Luis Alfredo Torres

12 matrícula No. 176 -7524 y que a la postre, la Superintendencia de Notariado y Registro hubiese registrado esos actos “ por cuanto existía una medida de prohibición” previamente inscrita por orden de la fiscalía. Por último, resaltó que el medio de control de reparación directa no se encontraba caducado, toda vez que la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. no fue la que afectó los derechos de Luis Alfredo Torres, como si lo hizo la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 de la escritura pública de venta No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaría 5 de Bogotá.

Ahora bien, antes de proceder al estudio del fondo del asunto, la Sala debe establecer cuáles son los hechos probados, para determinar si el medio de control fue el adecuado. Ello se debe realizar de esta manera, pues en caso de concluir que no lo fue, se deberá adecuar al procedente.

4.1. Hechos probados21

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

4.1.1. Está acreditado que el 14 de marzo de 2012, mediante escritura pública No. 430 otorgada en la Notaría Dieciséis de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., representada por Marco Antonio Gil Garzón, transfirió mediante dación en pago el derecho de dominio del i