CE - Sentencia 25000233600020220024101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa – indebida escogencia del medio de control – ausencia de error jurisdiccional.

Síntesis del caso: el demandante compró un vehículo y solicitó el registro correspondiente, el cual fue rechazado porque ya estaba registrado otro vehículo con el mismo sistema de información (número de chasis y de motor), por lo anterior la autoridad comp etente presentó una denuncia penal . La fiscalía inició una investigación por el delito de fraude procesal y decretó la medida de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente sobre el vehículo de propiedad del demandante por existir un registro previo de otro vehículo igual; luego, el demandante solicitó ser tenido como tercero incidental y aportó las pruebas sobre la compra, importación y propiedad del vehículo , con lo cual l a fiscalía revocó la decisión y ordenó registrar de manera defin itiva el vehículo del demandante. Se pretendió la reparación del daño consistente en no poder usar el vehículo por no contar con el registro , el cual atribuyó a los municipio s y a la unión temporal demandados por

revocó la decisión y ordenó registrar de manera defin itiva el vehículo del demandante. Se pretendió la reparación del daño consistente en no poder usar el vehículo por no contar con el registro , el cual atribuyó a los municipio s y a la unión temporal demandados por omisión en el registro y a la fiscalía por error jurisdiccional contenido en la decisión de cancelar el registro, que luego fue revocada.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 9 de abril de 2025, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación pasiva de los municipios de Chía y Cota, la caducidad respecto de la UT SIETT Cundinamarca y negó las demás pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 10 de mayo de 2022 , Rodrigo Rojas Morales , en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Chía, el Municipio de Cota y la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (UT. SIETT Cundinamarca), en la que solicitó1 (se trascribe):

Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (UT. SIETT Cundinamarca), en la que solicitó1 (se trascribe):

1 Samai Tribunal, índice 1Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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“PRIMERA: Que se condene a la Nación Fiscalía General y a los municipios de Chía y Cota -Oficina de Tránsito y Transporte, representadas a través de la Unióntemporal de servicios integrados y especializados de tránsito y transporte de Cundinamarca “UT.SIETT Cundinamarca” que éstas se allanen en a pagar solidariamente los perjuicios materiales ocasionados por la primera entidad al ordenar la cancelación del radicado de la cuenta del vehículo de placa SQB 595 y por las segundas al impedir previamente la radica ción de la mencionada cuenta.

SEGUNDA: Que se condene a la Fiscalía General de la Nación y a los municipios de Chía y Cota -Oficina de Tránsito y Transporte, representa a través de la Unión temporal de servicios integrados y especializados de tránsito y tr ansporte de Cundinamarca “UT.SIETT Cundinamarca” a pagar solidariamente los perjuicios materiales reclamados, especificados de acuerdo con dictamen rendido por la

contadora Alice Andrea Rodríguez. […]”

2. La demanda fue inadmitida y en el escrito de subsanación se solicitó

materiales reclamados, especificados de acuerdo con dictamen rendido por la contadora Alice Andrea Rodríguez. […]”

2. La demanda fue inadmitida y en el escrito de subsanación se solicitó

como pretensiones las siguientes (se trascribe):

“Primera. Que se condene solidariamente a La Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar al demandante los perjuicios materiales ocasiones por aquélla, con ocasión del daño antijurídico producido al ordenar injustificadamente, sin la suficiente investigación ni elementos de juicio, la cancelación del radicado de la cuenta del vehículo con placas SQB 595 realizada el 26 de noviembre de 1996 en la Secretaría de Tránsito y Transportes de Cota (Cundinamarca), sacándolo con ello de circulación, lo que conllevó a mi mandante a tener inutilizado el vehículo por espacio de diez (10) años, ocasionándole un perjuicio mayor si se tie ne en cuenta que además de su inutilización debió pagar parqueadero, mantenimiento para que no se deteriorara más aún, etc.

Segunda. Que se de igual manera, se condene solidariamente a la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transportes de Cundinamarca “U.T. SIETT Cundinamarca” a pagar al demandante los perjuicios materiales ocasiones por aquélla, por su omisión en producir el registro del traspaso efectuado desde el mes de mayo de 2004 por el señor Orlando Rojas Morales, como vendedor, al señor Rodrigo Rojas Morales como comprador, del vehículo de placas SQB 595; no obstante haber sido presentado el registro y reiterado por el comprador el 4 de marzo de 2011 y el 30 de abril

Morales como comprador, del vehículo de placas SQB 595; no obstante haber sido presentado el registro y reiterado por el comprador el 4 de marzo de 2011 y el 30 de abril de 2012, además de que registró otro vehículo gem eleado, todo lo cual conllevó a la causación del daño antijurídico y los consiguientes perjuicios señalados en la Pretensión Primera.

Tercera. Que se de igual manera, se condene solidariamente al Municipio de Chía (Cundinamarca) a pagar al demandante los perjuicios materiales ocasiones por aquélla, por su omisión en atender los insistentes reclamos del demandante para que la matrícula de su vehículo y el historial del mismo fuera remitido al SIETT para su registro todo lo cual conllevó a la causación del d año antijurídico, ocasionando los perjuicios señalados en la Pretensión Primera.

Cuarta. Que se de igual manera, se condene solidariamente al Municipio de Cota (Cundinamarca) a pagar al demandante los perjuicios materiales ocasiones por aquélla, por su actuación al haber matriculado otro vehículo de las mismas características y con el mismo número de placa (gemeleado), todo lo cual conllevó a la causación del daño antijurídico, ocasionando los perjuicios señalados en la Pretensión Primera.

Quinta. Que se condene solidariamente a las demandadas a pagar Al demandante el monto de los perjuicios establecidos, debidamente indexados, desde la fecha de causación del daño; esto es, desde el año 2012, fecha en fue excluida la matrícula delRadicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132)

Actor: Rodrigo Rojas Morales

causación del daño; esto es, desde el año 2012, fecha en fue excluida la matrícula delRadicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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Vehículo automotor de placas SQB 595, hasta la fecha que se realice su pago. […]”2

3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones, adujo:

4. 1) El demandante compró un vehículo tipo volqueta de placa SQB595 en mayo de 2004, que había sido registrado el 26 de noviembre de 1996 en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cota, Cundinamarca y, en la fecha de la compra, diligenció el formulario único nacional No. 25000 -0057199 en la oficina de tránsito del municipio de Chía, C undinamarca en el que se solicitó el registro de la compraventa del vehículo.

5. 2) El departamento de Cundinamarca a través de la secretaría general adjudicó a la unión temporal de servicios integrados y especializados de tránsito y transporte de Cundinamarca – UT SIETT Cundinamarca un contrato de concesión “para la operación y organización de algunos servicios administrativos de la secretaría de tránsito y transporte” para los municipios de Chía, Cota y Zipaquirá, entre otros ; el cual se suscribió el 22 de febrero de 2006.

6. 3) El demandante presentó una petición a la secretaría de tránsito y

y transporte” para los municipios de Chía, Cota y Zipaquirá, entre otros ; el cual se suscribió el 22 de febrero de 2006.

6. 3) El demandante presentó una petición a la secretaría de tránsito y transporte de Chía el 4 de marzo de 2011 en la que informó que el vehí culo no había sido matriculado, que fue respondida el 4 de mayo de 2012 por la UT SIETT Cundinamarca, que le informó que existía otro vehículo de placa ZIL923 matriculado el 12 de noviembre de 1995 en Zipaquirá, que tenía la misma identificación de motor y chasis por lo que no era posible registrar el vehículo en el RUNT; por lo anterior, la UT SIETT presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de mayo de 2012.

7. 4) La Fiscalía General de la Nación profirió resolución inhibitoria el 22 de marzo de 2013 porque se configuró la prescripción de la acción penal del delito de fraude procesal , por lo que ordenó archivar las diligencias y cancelar el radicado de la cuenta del vehículo de propiedad del demandante realizado el 26 de noviembre de 1996 en la secretaría de tránsito y transporte de Cota, Cundinamarca.

8. 5) El demandante solicitó a la UT SIETT que dispusiera de manera provisional la migración del vehículo d e placas SQB595 y se incluyera en el RUNT, petición que fue rechazada por improcedente. Por lo anterior, el demandante le solicitó a la Fiscalía Seccional Tercera de la Unidad de Descongestión que se reconociera como tercero incidental y se levantara

RUNT, petición que fue rechazada por improcedente. Por lo anterior, el demandante le solicitó a la Fiscalía Seccional Tercera de la Unidad de Descongestión que se reconociera como tercero incidental y se levantara la resolución inhibitoria de 22 de marzo de 2013 para lo cual aportó las pruebas sobre la propiedad e identificación del vehículo , por lo que en decisión de 14 de agosto de 2015 esa fiscalía revocó parcialmente la decisión inhibitoria proferida el 22 de marzo de 2013 , y ordenó la práctica de un dictamen pericial para la identificación del vehículo.

2 Samai Tribunal, índice 8Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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9. 6) El 1 de noviembre de 2016 la fiscalía ordenó “sentar” nuevamente el radicado de la cuenta y subirlo al RUNT de manera provisiona l; el 29 de agosto de 2017 la fiscalía ordenó habilitar provisionalmente la cuenta del vehículo de placa SBQ595 y autorizó los trámites para la circulación de este, excepto su traspaso . Finalmente, el 3 de febrero de 2020 la Dirección Seccional de Fiscalías resolvió inhibirse en el proceso sobre el vehículo de propiedad del demandante porque se demostró que era e l vehículo original, ordenó el registro definitivo en el RUNT y ordenó cancelar el registro del vehículo de placa ZIL923 porque se comprobó que era el alterado.

propiedad del demandante porque se demostró que era e l vehículo original, ordenó el registro definitivo en el RUNT y ordenó cancelar el registro del vehículo de placa ZIL923 porque se comprobó que era el alterado.

10. En la demanda se afirmó que el demandante debió tener el vehículo parqueado y fuera de circulación desde el 2007 hasta el 2020 , como consecuencia de las omisiones y actuaciones de las demandadas y del error jurisdiccional en el que incurrió la decisión de la Fiscalía de 22 de marzo de 2013, que luego fue revocada.

1.2. Posición de la parte demandada

11. El municipio de Cota 3 se opuso a todas las pretensiones de la demanda , para lo cual afirmó que no se configuró la responsabilidad y propuso las excepciones que denominó “caducidad de la acción”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “no se configuran los presupuestos necesarios de la responsabilidad del Estado en cabeza del municipio de Cota”, “inexistencia de un nexo causal”, “hecho de un tercero” y “culpa exclusiva de la víctima”.

12. El municipio de Chía se opuso a las pretensiones porque la secretaría de Tránsito y Transporte fue trasladada a Cota en 2003, además, afirmó que no se agotó el requisito de procedibilidad con ese Municipio. Propuso las excepciones que denominó “falta de legitimidad en la causa por pasiva”, “inexistencia de daño antijurídico”, “inepta demanda por falta de requisitos formales” y la “genérica”.

13. La UT SIETT Cundinamarca contestó la demanda y se opuso a las

“inexistencia de daño antijurídico”, “inepta demanda por falta de requisitos formales” y la “genérica”.

13. La UT SIETT Cundinamarca contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, para lo cual formuló las excepciones que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “caducidad del medio de control”, “inexistencia de nexo causal entre hecho generador y daño”, “configuración de eximente de responsabilidad – por hecho exclusivo de un tercero y culpa exclusiva de la víctima” , “perjuicios patrimoniales y daño moral no se encuentran acreditados”, “ausencia de responsabilidad”, “cumplimiento de un deber legal”, “buena fe” y la “genérica o innominada”.

3 Samai Tribunal, índice 16Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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14. La Fiscalía General de la Nación al contestar la demanda se opuso a las pretensiones con fundamento en que no se acreditó el error alegado en la demanda. Propuso las excepciones que denominó “ inexistencia de falla del servicio” y “ausencia del nexo causal”.

1.3. Sentencia de primera instancia

15. En Sentencia de 9 de abril de 2025 la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación pasiva de los municipio demandados , la caducidad de la

15. En Sentencia de 9 de abril de 2025 la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación pasiva de los municipio demandados , la caducidad de la acción respecto de la UT SIETT Cundinamarca y negó las demás pretensiones de la demanda en relación con la Fiscalía General de la Nación.

16. En relación con la decisión de declarar la falta de legitimación de los Municipios demandados, el Tribunal de primera instancia destacó que las secretarías de tránsito de esos municipio s no tenían competencia sobre el registro del vehículo, toda vez que, las sedes ubicadas en sus territorios dependían funcionalmente del Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Movilidad -, entidad territorial que no fue demandada.

17. En lo que tiene que ver con la UT SIETT Cundinamarca, el Tribunal declaró la caducidad, con fundamento en que el 4 de mayo de 2012 la demandada contestó una petición presentada por e l demandante en donde le informó que no se pudo registrar el vehículo de s u propiedad porque existía otro registro con los mismos sistemas técnicos de identificación y se le informó que se presentó la correspondiente denuncia penal; esa respuesta fue reiterada el 9 de noviembre de 2012 . Para el tribunal, desde ese momento el dem andante tuvo conocimiento de la existencia de un registro idéntico, así como de la imposibilidad de migrar la información y de la denuncia penal presentada , por lo cual consideró que el que cómputo del término de caducidad en relación con la UT SIETT Cundinamarca debía contar desde ese momento; en ese sentido, como la solicitud de conciliación se presentó el 17 de febrero de 2022 y la demanda

el que cómputo del término de caducidad en relación con la UT SIETT Cundinamarca debía contar desde ese momento; en ese sentido, como la solicitud de conciliación se presentó el 17 de febrero de 2022 y la demanda el 10 de mayo de 2022, se configuró la caducidad del medio de control.

18. Al definir de fondo sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, destacó que en la demanda se alegó como causa del daño un error jurisdiccional contenido en la decisión que ordenó la canc elación de la carpeta del vehículo de propiedad del demandante y, consideró que, aunque se probó el daño, este no fue antijurídico, pues no se demostró el error en el que incurrió la decisión. Lo anterior, con fundamento en que, con las pruebas que obraban en el expediente penal era viable concluir que como la solicitud de registro del vehículo del demandante fue posterior al registro del otro carro, era ese el que contenía el error, por lo que ordenó laRadicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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cancelación de la carpeta, como medida de saneamiento que ordenaba el artículo 66 de la Ley 600 de 2000 , por lo que calificó la decisión acusada de contener un error como razonable y debidamente sustentada . Por último, concluyó que el demandante presentó una inconformidad con la valoración probatoria, para lo cual reiteró que el error jurisdiccional no es

de contener un error como razonable y debidamente sustentada . Por último, concluyó que el demandante presentó una inconformidad con la valoración probatoria, para lo cual reiteró que el error jurisdiccional no es una instancia adicional al proceso originario y enfatizó en el deber de los ciudadanos de asumir las cargas derivadas de procesos judiciales, por regla general.

1.4. Recurso de apelación

19. La parte demandante presentó recurso de apelación4 en el que hizo referencia a los hechos probados en el proceso y reiteró los argumentos de la demanda. Afirmó que la decisión de la fiscalía sí contenía un error pues

(se trascribe) “no existían los elementos materiales suficientes para tomar esa determinación en razón a que no estaba probado cuál de los dos automotores era el que tenía matrícula apócrifa” , pese a lo que, más adelante afirmó (se trascribe) “fue a través de las pruebas aportadas por mi mandante que la Fiscalía se vio obligada a enmendar su gravísimo error” ; además, afirmó que la fiscalía omitió iniciar la investigación, fue demorada e ineficaz.

20. Atacó la decisión de declarar la falta de legitimación pasiva de los municipios de Chía y Cota con fundamento en que era la secretaría de movilidad municipal la encargada de realizar los trámites de expedición, renovación y otros relacionados con las licencias de conducción , sin más argumentación; además, respecto de la decisión de declarar la caducidad en relación con la UT SIETT Cundinamarca, afirmó que debía contarse desde el momento en el que se resolvió la situación jurídica de manera definitiva.

2. CONSIDERACIONES

en relación con la UT SIETT Cundinamarca, afirmó que debía contarse desde el momento en el que se resolvió la situación jurídica de manera definitiva.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.

Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

21. Antes de pronunciarse de fondo, la Sala analizará si la acción de reparación directa es el medio de control procedente . Las pretensiones pueden resumirse de la siguiente manera: a) frente al municipio de Cota, “por su actuación al haber matriculado otro vehículo de las mismas características y con el mismo número de placa”; b) en lo que tiene que ver con la UT SIETT Cundinamarca, se solicitó la declaratoria de responsabilidad “por su omisión en producir el registro del traspaso efectuado desde el mes

4 Samai Tribunal, índice 38Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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de mayo de 2004”; c) en relación con el municipio de Chía se pretendió la declaratoria de responsabilidad por “por su omisión en atender los insistentes reclamos del demandante para que la matrícula de su vehículo y el historial del mismo fuera remitido al SIETT para su registro”; y; finalmente d) La Fiscalía

declaratoria de responsabilidad por “por su omisión en atender los insistentes reclamos del demandante para que la matrícula de su vehículo y el historial del mismo fuera remitido al SIETT para su registro”; y; finalmente d) La Fiscalía General de la Nación por “ordenar injustificadamente, sin la suficiente investigación ni elementos de juicio, la cancelación del radicado de la cuenta del vehículo”.

22. En lo que tiene que ver con la procedencia del medio de control, la Sala destaca que las pretensiones a) frente al municipio de Cota, por haber matriculado otro vehículo con las mismas características y, en todo caso, por las peticiones que se presentaron y su respuesta negativa, b) en lo que tiene que ver con la UT SIETT Cundinamarca, que se solicitó la declaratoria de responsabilidad “por su omisión en producir el registro del traspaso efectuado desde el mes de mayo de 2004” y c) en relación con el municipio de Chía se pretendió la declaratoria de responsabilidad por “por su omisión en atender los insistentes reclamos del demandante” , el medio de control de reparación directa no es el procedente, pues en ambos casos se trata de actos administrativos (el de registro del vehículo con las mismas características, el que negó el nuevo registro al demandante y la negativa a las peticiones del demandante 5, respectivamente), cuya legalidad el demandante ataca en la demanda , por lo que debían demandarse a través de la nulidad 6. Por lo anterior, se declar ará la indebida escogencia del medio de control de las pretensiones frente al municipio de Cota, el de

Chía y la UT SIETT Cundinamarca.

23. En relación con la Fiscalía General de la Nación, l a Sala se

del medio de control de las pretensiones frente al municipio de Cota, el de Chía y la UT SIETT Cundinamarca.

23. En relación con la Fiscalía General de la Nación, l a Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que se cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser la de reparación directa el medio de control procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por el alegado error jurisdiccional, toda vez que, aunque se trató de una decisión que luego fue revocada, la medida produjo efectos jurídicos mientras estuvo vigente7.

5 Folio 77 – 83 del cuaderno de pruebas, Samai Consejo de Estado, índice 02. Al respecto, el demandante presentó una petición el 4 de marzo de 2011, dirigida a la Secretaría de Tránsito y Tránsito y Transporte de Chía , radicada también en Cota y la sede de la UT SIE TT, en la que solicitó el registro del vehículo y el env ío de los documentos necesarios para ello y otro en el mismo sentido el 30 de abril del 2012 . La UT SIETT Cundinamarca respondió la petición el 4 de mayo de 2012, en la que informó que el registro fue negado por existir otro con la misma identificación. En relación con el Municipio de Chía, no obra respuesta en el expediente, por lo que, en todo caso, se configuro el silencio administrativo negativo. 6 “ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda perso na podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin

nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los act os de certificación y registro. […]” (subrayas fuera del texto). 7 En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación: Sentencia de 18 de mayo de 2017, Subsección B, expediente 40786; Sentencia de 11 de octubre de 2021, Subsección B, expediente 48443; Sentencia de 12 de agosto de 2019, Subsección A, expediente 47505; entre otras.Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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24. En relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción, la S ala destaca que en casos en los que se analiza el error jurisdiccional contenido en una decisión que produjo efectos y que luego fue revocada, el término de caducidad debe contarse desde la ejecutoria de la decisión que revocó la medida atacada de contener un error , por ser el momento en el que el demandante tuvo conocim iento cierto del daño . Así, el término de caducidad inició con la ejecutoria de la decisión de 3 de febrero de 2020

la medida atacada de contener un error , por ser el momento en el que el demandante tuvo conocim iento cierto del daño . Así, el término de caducidad inició con la ejecutoria de la decisión de 3 de febrero de 2020 en la que se ordenó revocar la medida de cancelación del registro y ordenar el registro definitivo a favor del demandante, esto es, el 18 de marzo de 20208, como la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 17 de enero de 2022, declarada fallida el 29 de abril de 20229 y la demanda se presentó el 10 de mayo de 2022, la demanda se presentó de manera oportuna.

25. En los anteriores términos, l a Sala modificará la sentencia apelada para declarar la indebida escogencia del medio de control frente al municipio de Cota, el municipio de Chía y la UT SIETT Cundinamarca y, confirmará la decisión de negar las pretensiones respecto de la Fiscalía General de la Nación, porque la decisión fue razonable y pertinente , de conformidad con las pruebas que tenía al momento de proferirla y, porque no son procedentes los argumentos del recurso de apelación.

2.2. Análisis sustantivo

26. Toda vez que en este caso el recurso de apelación fue presentado por la parte demandante, la Sala, con el fin de delimitar los aspectos que son objeto de este pronunciamiento, analizará si en el recurso se formularon cargos específicos en contra de la decisión de primera instancia , pues de conformidad con el artículo 328 del CGP la competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos efectivamente controvertidos por el apelante.

cargos específicos en contra de la decisión de primera instancia , pues de conformidad con el artículo 328 del CGP la competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos efectivamente controvertidos por el apelante.

27. Esta Subsección ha manifestado en oportunidades anteriores 10 que no toda afirmación contenida en el escrito de apelación implica, por sí sola, un verdadero argumento en contra de la decisión del juez de primera instancia, puesto que para que el desacuerdo sea jurídicamente relevante, el apelante debe satisfacer la carga argumentativa que le corresponde lo cual exige identificar con precisión los fundamentos del fallo que considera

8 En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación: Sentencia de 18 de mayo de 2017, Subsección B, expediente 40786; Sentencia de 11 de octubre de 2021, Subsección B, expediente 48443; Sentencia de 12 de agosto de 2019, Subsección A, expediente 47505; entre otras. 9 C. de pruebas 2, aportadas con la demanda, Samai Consejo de Estado, índice 2; por lo que se suspendió por tres meses. 10 Folio 234 del C. de pruebas, Samai Consejo de Estado, índice 2.Radicación: 25000-23-36-000-2022-00241-01(73132) Actor: Rodrigo Rojas Morales Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: confirma sentencia apelada ______________________________________________________________________________________________________________

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equivocados y oponerles razones concretas que los desvi rtúen. Y, ha señalado que no se cumple cuando el recurso se limita a manifestar

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equivocados y oponerles razones concretas qu