CE - Sentencia 25000233600020220052701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – ERROR JUDICIAL – El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 establece como requisito de su configuración la firmeza de la providencia que se invoca como fuente del daño / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA FRENTE A DAÑOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR – El facultado para demandar es el sujeto titular de los bienes que resultaron afectados – La sociedad, en tanto persona jurídica independiente, está legitimada para solicitar la indemnización por los perjuicios materiales sufridos. Los socios no pueden reclamar para sí la reparación de los daños sufridos por la empresa, pero sí los que lo afecten directamente, en razón de la titularidad de un derecho personal, cierto y directo / CADUCIDAD – En los eventos en los que se incurre en falencias en el decreto de una medida cautelar, que son corregidas mediante auto posterior, el término para demandar se cuenta desde este último momento –AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – A la Rama Judicial n o le son imputables las conductas de una guardadora que continuó con la administración de los bienes, a pesar de haber sido relevada de ese

–AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – A la Rama Judicial n o le son imputables las conductas de una guardadora que continuó con la administración de los bienes, a pesar de haber sido relevada de ese cargo / COSTAS – Aplicación del criterio objetivo para su imposición, sin que resulte determinante el proceder de las partes. – Al margen de que se actúe por intermedio de un integrante de la planta predeterminada de defensa judicial, procede la fijación de agencias en derecho.

1. La Sala decide la apelación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 12 de junio de 2025, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró parcialmente probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones que resultaron oportunas.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El accionante indicó que sus hijas María Fernanda Medina Pérez y Lina María Medina Hurtado solicitaron ante el Juzgado 6° de Familia del Circuito de Bogotá la declaratoria de su inhabilidad relativa, actuación en la que, con el auto admisorio de la demanda del 12 de octubre de 2016, se declaró su inhabilidad provisional y se designó a la primera como su guardadora temporal, pese a que lo procedente era consejera; yerro que el propio despacho reconoció y corrigió mediante providencia del 5 de julio de 2017, confirmada el 1° de septiembre siguiente.

3. Sostuvo, además, que, mientras estuvo vigente tal determinación, la citada Medina Pérez administró indebidamente sus bienes, y que, en desarrollo de su segundo rol, asumió funciones que desbordaron las facultades inherentes a la consejería,

3. Sostuvo, además, que, mientras estuvo vigente tal determinación, la citada Medina Pérez administró indebidamente sus bienes, y que, en desarrollo de su segundo rol, asumió funciones que desbordaron las facultades inherentes a la consejería, situación que l o afectó patrimonialmente y se mantuvo hasta la culminación del respectivo proceso.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

Demandado: Nación –Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

4. El 9 de julio de 2021 1, el señor Jorge Eliecer Medina Corredor 2, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Rama Judicial, para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios que le habría causado el Juzgado 6° de Familia del Circuito de Bogotá, en el marco del proce so de inhabilidad por incapacidad relativa con radicado No. 110013110006 -2016-0056400, con ocasión de la designación errada de una de sus hijas como su guardadora provisional y las falencias presentadas durante el tiempo que actuó en tal calidad, así como por el posterior desempeño irregular del cargo de consejera. Al respecto, pidió lo siguiente (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores

ortográficos y de digitación):

3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERO: Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la

NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA

ortográficos y de digitación):

3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERO: Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los perjuicios materiales y morales causados al demandante JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR; por error judicial.

SEGUNDO: Condenar a la entidad demandada, como reparación de los daños ocasionados, a pagar al Sr. JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y

futuros, los cuales se estiman en la suma de:

1. PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE para JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR. Consistente en el perjuicio económico directo causado con el daño, teniendo en cuenta las sumas que se apropió la Sra. María Fernanda Medina Corredor y su abogada, en su función d e Guardadora designada por el Juzgado 6º de Familia del Circuito de Bogotá, dentro de un proceso de inhabilidad, equivalente a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA PESOS M/TE ($634.591.250).

2. PERJUICIOS MORALES. Entendidos éstos como el pretium doloris o precio del dolor que sufrió mi mandante, víctima del daño por error judicial, al verse limitado económicamente, incluso sin poder percibir su pensión, por la extralimitación por parte de la Guardadora designada por el Juzgado 6º de

del dolor que sufrió mi mandante, víctima del daño por error judicial, al verse limitado económicamente, incluso sin poder percibir su pensión, por la extralimitación por parte de la Guardadora designada por el Juzgado 6º de Familia, en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) o conforme al mayor valor que resulte probado dentro del proceso.

TERCERO: Que se actualice la condena pecuniaria respectiva y se reconozcan los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento al acuerdo conciliatorio y/o a la sentencia que le ponga fin al procedimiento, de acuerdo con lo autorizado por el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1 Según información obrante en el acta de reparto visible en el índice 2 de Samai, archivo 11. 2 En adelante, el demandante, el accionante, el actor o el interesado.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

Demandado: Nación –Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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QUINTO: Que se condene a la demandada al pago de costas del proceso y de las agencias en derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

las agencias en derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERO: Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los perjuicios materiales y morales causados al demandante JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR; por error judicial.

SEGUNDO: Condenar a la entidad demandada, como reparación de los daños ocasionados, a pagar al Sr. JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y

futuros, los cuales se estiman en la suma de:

1. PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE para JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR. Consistente en el perjuicio económico directo causado con el daño, teniendo en cuenta las sumas que se apropió la Sra. María Fernanda Medina Corredor y su abogada, en su función d e Guardadora designada por el Juzgado 6º de Familia del Circuito de Bogotá, dentro de un proceso de inhabilidad, teniendo como suma la que determine un perito -auxiliar de la justicia dentro del proceso.

2. PERJUICIOS MORALES. Entendidos éstos como el pretium doloris o precio del dolor que sufrió mi mandante, víctima del daño por error judicial, al verse limitado económicamente, incluso sin poder percibir su pensión, por la extralimitación por parte de la Guardadora designada por el Juzgado 6º de

del dolor que sufrió mi mandante, víctima del daño por error judicial, al verse limitado económicamente, incluso sin poder percibir su pensión, por la extralimitación por parte de la Guardadora designada por el Juzgado 6º de Familia, en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) o conforme al mayor valor que resulte probado dentro del proceso.

TERCERO: Que se actualice la condena pecuniaria respectiva y se reconozcan los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento al acuerdo conciliatorio y/o a la sentencia que le ponga fin al procedimiento, de acuerdo con lo autorizado por el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”3.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:

6. Las señoras María Fernanda Medina Pérez y Lina María Medina Hurtado, en su calidad de hijas del señor Jorge Eliécer Medina Correa , promovieron ante el Juzgado 6º de Familia del Circuito de Bogotá proceso de inhabilitación por discapacidad mental relativa que se radicó bajo el número 110013110006-201600564-00.

7. Mediante auto del 12 de octubre de 2016, el despacho admitió la demanda y designó a la señora Medina Pérez como guardadora provisional de su padre, medida que se ordenó inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, las

7. Mediante auto del 12 de octubre de 2016, el despacho admitió la demanda y designó a la señora Medina Pérez como guardadora provisional de su padre, medida que se ordenó inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Notarías 1a de Duitama y 39 de Bogotá, la Cámara de Comercio de la misma ciudad y las oficinas de registro de instrumentos públicos pertinentes.

3 Folios 7 y 9 del escrito de demanda. Índice 2 de Samai, archivo 11.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

Demandado: Nación –Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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8. En virtud de lo anterior, la guardadora designada asumió la administración de los bienes del demandante, gestión que desarrolló de manera irregular, al punto de que se apropió del automotor con placas SMA 827, avaluado en $20’000.000, y de 11 mesadas pens ionales, que ascendieron a $99’591.250. Además, adquirió varias deudas, no rindió cuentas, ni permitió verificación alguna por parte del señor Juan Alejandro Medina Acuña, apoderado general del señor Medina Correa.

9. De otro lado, el 15 de noviembre de 2016, la guardadora nombró a Rosa María Cuesta Vargas (su entonces apoderada) como representante legal suplente de una de las sociedades de las que su padre era socio, esto es, Ultradifusión Ltda. Según el demandante, la citada abogada habría celebrado varios contratos “ inútiles” y enajenó activos por aproximadamente $500’000.000, sin reportar los

el demandante, la citada abogada habría celebrado varios contratos “ inútiles” y enajenó activos por aproximadamente $500’000.000, sin reportar los correspondientes ingresos. También entregó $100’000.000 al socio minoritario Jean Nicolás Medina Nova sin los soportes requeridos, a título de utilidades.

10. A través de proveído del 5 de julio de 2017, confirmado en sede de reposición el 1° de septiembre siguiente, el juzgado advirtió de oficio la existencia de un yerro en el auto del 12 de octubre anterior, por no ser procedente la figura de la guardadora, sino la de consejera, sin facultades de administración ni de disposición, limitaciones que, a partir de esa fecha, la señora Medina Pérez pasó por alto.

11. El Juzgado 6º de Familia del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda por no encontrar acreditada discapacidad mental relativa alguna y ordenó el levantamiento de las medidas provisionales. Es ta decisión fue confirmada el 10 de abril de 2019 por la

Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.

12. A juicio del señor Medina Corredor, la designación de guardadora efectuada el 12 de octubre de 2016 constituyó un error judicial, en cuanto: i) no se contaba con un dictamen pericial que acreditara su incapacidad “ absoluta” para administrar sus bienes; ii) en este tipo de asuntos lo pertinente era un consejero, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1306 de 2009; iii) al tratarse de un patrimonio que ascendía aproximadamente a $14.000’000.000, se debió constituir un encargo

en el artículo 36 de la Ley 1306 de 2009; iii) al tratarse de un patrimonio que ascendía aproximadamente a $14.000’000.000, se debió constituir un encargo fiduciario; iv) para tales fines tenía prelación la cónyuge del actor o su hijo Juan Alejandro Medina Acuña, quien, en todo caso, había sido designado con anterioridad como apoderado general; v) se pasó por alto que la señora Medina Pérez no tenía contacto con su padre y iv) tampoco se constituyó una garantía por los perjuicios que se pudieran ocasionar.

13. Adicionalmente, mientras surtió efectos la designación de guardadora provisional, la señora Medina Pérez llevó a cabo una administración irregular de los bienes del actor. Posteriormente, durante el tiempo en que ostentó la calidad de consejera, excedió su s facultades y entorpeció los asuntos patrimoniales del señor Medina Correa. Tales irregularidades fueron puestas en conocimiento del despacho judicial competente y de la Fiscalía General de la Nación, sin que se adoptaran medidas efectivas para impedir su continuidad.

14. El accionante argumentó que sus pretensiones resultaban oportunas, porque demandó dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por medioRadicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

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de la cual se puso fin al proceso y se levantó la medida cautelar de inhabilidad relativa decretada.

Contestación de la demanda

15. La Rama Judicial4 propuso la excepción de caducidad, dado que, advertido el error

de la cual se puso fin al proceso y se levantó la medida cautelar de inhabilidad relativa decretada.

Contestación de la demanda

15. La Rama Judicial4 propuso la excepción de caducidad, dado que, advertido el error en la designación de la guardadora, el juzgado de familia a cargo lo enmendó, mediante proveído que quedó en firme el 1° de septiembre de 2017, fecha a partir de la cual empezó a correr el bi enio para demandar, que se extinguió el 2 de septiembre de 2019, pese a lo cual el derecho de acción se ejerció hasta el 9 de julio de 2021. En todo caso, la litis debía resolverse a partir de lo obrante en el expediente del proceso de familia, según el cual: i) desde el inicio de la actuación se allegó el concepto técnico aplicable en esa materia; ii) al señor Medina Corredor se le garantizó el derecho de defensa, pese a lo cual no recurrió oportunamente la decisión invocada como fuente del daño, esto es, la designación como guardadora de su hija María Fernanda Medina Pérez; iii) el desempeño de tal cargo no estaba restringido a la cónyuge o a un hijo en particular. Además, las labores “desbordadas” que, eventualmente, hubiese desplegado la señora Medina Pérez en ejercicio del cargo ocupado eran ineficaces.

Sentencia de primera instancia

16. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia 12 de junio de 2025 5, decidió (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):

Cundinamarca, mediante sentencia 12 de junio de 2025 5, decidió (transcripción en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):

“PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción contenciosa administrativa, ejercida a través del medio de control de reparación directa frente al error judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Condenar a la PARTE ACTORA, al pago de agencias en derecho en la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000), a favor de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, una vez quede ejecutoriada la presente providencia.

CUARTO: Sin condena por concepto de costas (expensas y gastos procesales), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

17. El a quo explicó que, respecto de la providencia del 12 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado 6° de Familia del Circuito Judicial de Bogotá le designó una guardadora provisional al actor, no se configuraban los presupuestos del error judicial, en cuanto dicha decisión no estaba en firme, sino que fue dejada sin efecto por el mismo despacho por auto del 5 de julio de 2017, que quedó ejecutoriado el 10 del mismo mes, sin que la demanda se presentara dentro de los dos años siguientes, de ahí que se hubiese configurado la caducidad.

18. Agregó que, “en gracia de discusión”, las actuaciones de María Fernanda Medina

10 del mismo mes, sin que la demanda se presentara dentro de los dos años siguientes, de ahí que se hubiese configurado la caducidad.

18. Agregó que, “en gracia de discusión”, las actuaciones de María Fernanda Medina Pérez y Rosa María Cuesta Vargas no podían analizarse en este asunto, por

4 Índice 2 de Samai, archivo 7. 5 Índice 2 de Samai, archivo 7.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

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Referencia: Reparación directa

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tratarse de particulares no vinculadas al proceso. En todo caso, el juzgado citado, a través de proveídos del 5 y el 27 de julio de 2017, así como del 8 de agosto y el 1° de septiembre de la misma anualidad, delimitó las funciones de la primera de las citadas exclusivamente en torno al acompañamiento y asesoría del señor Jorge Eliécer Medina Corredor, sin facultades de administración o disposición de bienes ni de su mesada pensional.

19. En relación con la rendición de cuentas, explicó que, en el citado auto del 5 de julio de 2017, se concluyó que no existía obligación de presentarlas, por cuanto la señora Medina Pérez no tenía la calidad de auxiliar de la justicia ni actuaba como administradora de bienes embargados.

20. De otro lado, indicó que no se había incurrido en falencia alguna al omitir la constitución de una fiducia, toda vez que esta solo procede cuando se demuestra que la persona no está en capacidad de administrar su patrimonio, circunstancia

20. De otro lado, indicó que no se había incurrido en falencia alguna al omitir la constitución de una fiducia, toda vez que esta solo procede cuando se demuestra que la persona no está en capacidad de administrar su patrimonio, circunstancia que no se acreditó en el caso concreto.

21. Del mismo modo, el Tribunal consideró que no se vulneraron los derechos de defensa y contradicción, pues el señor Medina Corredor siempre estuvo representado por apoderado judicial dentro del proceso de familia.

22. Adicionalmente precisó que, aunque la demanda fue radicada dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso de familia y ordenó el levantamiento de la inhabilidad provisional decretada en el admisorio, las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, dado que las actuaciones atribuidas a la entonces guardadora y a su apoderada no eran imputables a la Rama Judicial, al punto de que el Juzgado 6ª de Familia del Circuito de Bogotá reiteró en varios autos que no avalaba sus actuaciones y que la consejera carecía de facultades de administración o disposición. En conclusión, no se acreditó el nexo causal entre la actuación jurisdiccional y el detrimento económico alegado por el demandante.

23. Finalmente, el actor fue condenado en costas, por ser la parte vencida en el proceso. Por agencias en derecho, se fijaron $21’000.000, dado que la Rama Judicial participó durante todo el trámite del proceso. No se incluyeron montos por expensas o gastos, por no encontrarse acreditados.

Recurso de apelación

24. La parte accionante apeló la sentencia de primer grado 6, al considerar que el

expensas o gastos, por no encontrarse acreditados.

Recurso de apelación

24. La parte accionante apeló la sentencia de primer grado 6, al considerar que el Tribunal desconoció que, en la providencia del 12 de octubre de 2016, al designarse a una guardadora en lugar de una consejera, se incurrió en un error judicial, que no resultó enervado por la corrección ordenada por el juez de famil ia el 5 de julio de

2017. Indicó que, en todo caso, según la jurisprudencia de esta Sección 7, la ausencia de firmeza de la respectiva providencia no es óbice para que el asunto se analice de fondo en aras de verificar la configuración de una falla en el servicio, tal

6 Índice 2 de Samai, archivo 7. 7 Al respecto, se invocó : “Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Reparación Directa No. 25000 -2326-000-2009-00554-01(48443). Sentencia de 11 de octubre de 2021”.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

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como lo sostuvo la Subsección B de esta Sección, en sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 48.443.

25. En relación con la caducidad, el apelante argumentó que el término no debía contarse desde el auto que pretendió aclarar el alcance de la decisión inicial, pues con tal providencia no se levantó efectivamente la medida provisoria ni se

25. En relación con la caducidad, el apelante argumentó que el término no debía contarse desde el auto que pretendió aclarar el alcance de la decisión inicial, pues con tal providencia no se levantó efectivamente la medida provisoria ni se restituyeron los bi enes del demandante, lo que solo ocurrió con la sentencia de segunda instancia que puso fin a las diligencias.

26. De otro lado, se explicó que el descalabro económico y el correspondiente nexo causal fue acreditado con las piezas del proceso de familia y las testimoniales recaudadas.

27. Finalmente, el actor impugnó la condena en costas, porque su imposición no es automática, sino que depende de un criterio subjetivo, tal como lo ha considerado la Sección Segunda de esta Corporación. En el sub-lite no se actuó de mala fe, ni se dilató el trámite.

28. Además, la accionada no incurrió en gastos de defensa, porque dispone de una planta predeterminada de abogados, cuya remuneración proviene de su presupuesto ordinario de funcionamiento, de ahí que la atención del presente litigio no le generó una erogación adicional.

29. Reprochó que el Tribunal le hubiese impuesto el pago de las costas, a pesar de que no se causaron, criterio con base en el cual, en otros procesos, se abstuvo de emitir órdenes en ese sentido.

30. En suma, según el apelante, lo decidido al respecto en la sentencia de primer grado carece de fundamento y, en todo caso, no es congruente con la naturaleza, calidad y duración del proceso y de la gestión realizada.

Trámite de segunda instancia

carece de fundamento y, en todo caso, no es congruente con la naturaleza, calidad y duración del proceso y de la gestión realizada.

Trámite de segunda instancia

31. El 9 de septiembre de 20258, esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la accionante e informó a las partes y al Ministerio Público que podían intervenir hasta la ejecutoria del referido auto y el ingreso del expediente al despacho para fallo, respectivamente.

32. El demandante allegó escrito en el que indicó que se ratificaba en sus cargos de apelación9. A su vez, la Rama Judicial10 sostuvo que tal recurso carecía de vocación de prosperidad, en cuanto el despacho a cargo corrigió su yerro una vez lo advirtió y, en todo caso, la demanda fue presentada de manera extemporánea.

Adicionalmente, la condena en costas fue sustentada de maner a razonada. No se presentaron más intervenciones.

8 Índice 4 de Samai. 9 Índice 11 de Samai. 10 Índice 10 de Samai.Radicación: 25000 23 36 000 2022 00527 01(73.249)

Demandante: Jorge Eliécer Medina Corredor

Demandado: Nación –Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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CONSIDERACIONES

33. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, la Sala procede a d ecidir la segunda instancia, en el marco de lo cual abordará el

actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, la Sala procede a d ecidir la segunda instancia, en el marco de lo cual abordará el recurso del demandante, sin perjuicio del estudio oficioso previo de la legitimación en la causa, según lo previsto en el artículo 187 del CPACA11.

Legitimación en la causa

34. En este asunto obra como accionada la Rama Judicial, entidad que tramitó las diligencias jurisdiccionales en las que se edifican las pretensiones. A su vez, la demanda fue presentada por el señor Jorge Eliécer Medina Corredor, quien, por haber sido la per sona respecto de la cual se promovió el proceso de inhabilidad relativa objeto de controversia, está legitimado para reclamar por los perjuicios que le hayan sido irrogados en forma directa con el trámite de tal proceso, pero no para solicitar a título personal los causados a otros sujetos.

35. Al respecto, la Sala advierte que, para diciembre de 2020, el señor Medina Corredor figuraba como socio y representante legal de Ultradifusión Ltda. 12; no obstante, la demanda del 9 de julio de 2021 la presentó en nombre propio, sin invocar aquella condición13. A pesar de ello, en su petitum, incluyó las afectaciones derivadas de la enajenación y administración de algunos de los activos sociales (vallas), lo que, en virtud de su participación, le habría generado un detrimento de $500’000.00014.

11 “En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el

virtud de su participación, le habría generado un detrimento de $500’000.00014.

11 “En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”. En concordancia, el artículo 282 del CGP señala “ En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”. 12 Con la demanda se anexó certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido en tal fecha. Índice 2 de Samai. 13 En efecto, el poder fue conferido en los siguientes términos (transcripción literal, incluso con posibles errores): “JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR , mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No . 17.116.574 de Bogotá, (…) confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor JUAN MANUEL RETIS AMAYA (…), para que en mi nombre y representación , presente demanda en ejercicio del medio de control de Reparación Directa (artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y me represente dentro del proceso que al respecto se adelante , en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (…); con el fin de obtener el reconocimiento y pago total de la indemnización como consecuencia de los daños y perjuicios

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (…); con el fin de obtener el reconocimiento y pago total de la indemnización como consecuencia de los daños y perjuicios materiales e inmateriales causados por error judicial, cuyos antecedentes fácticos y peticiones detallaré mi apoderado en la respectiva demanda de reparación directa ” (se destaca), (índice 2 de Samai). A su vez, en la demanda, el objeto fue planteado así: “ Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los perjuicios materiales y morales causados al demandante JORGE ELIÉCER MEDINA CORREDOR; por error judicial” (se destaca), (folio 7 del escrito inicial, índice 2 de Samai). 14 En el acápite de pretensiones, la parte actora pidió de manera global $634’591.250 por daño emergente, sin indicar de manera precisa el origen de tal suma; sin embargo, en el razonamient