CE - Sentencia 25000233600020230014301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-2336-000-2023-00143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga Hernández y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica CivilAerocivil

Referencia: Reparación directa

Temas: OCUPACIÓN JURÍDICA DE INMUEBLE - CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / Reglas para su cómputo en casos de ocupación jurídica temporal por motivos de utilidad pública o interés social.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia anticipada del 16 de mayo de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se reclama la responsabilidad extracontractual de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante, Aerocivil), como consecuencia de las restricciones impuestas a los predios de propiedad de los demandantes, debido a la declaratoria de utilidad pública e interés social del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para atender la demanda de crecimiento proyectado en el plan maestro del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

ANTECEDENTES

la declaratoria de utilidad pública e interés social del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para atender la demanda de crecimiento proyectado en el plan maestro del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

ANTECEDENTES

3. El 14 de marzo de 20231, los señores Ricardo Zambrano Chaparro, Lucila Vesga Hernández, Juan Emilio Rodríguez Cárdenas, Jesús Antonio Fernández Gutiérrez, María Luisa Vera Correa y Nelson Hernán Robayo Hurtado, así como las sociedades Tractochevrolet Ltda. y la Constructora e In versiones Progresa S.A.S., por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Aerocivil, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos irrogados, como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública e interés social del proyecto de “ construcción de un nuevo aeropuerto para atender la demanda de crecimiento proyectado en el plan maestro del aeropuerto internacional El Dorado”2.

1 Índice 1 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2 Las pretensiones fueron las siguientes (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): “PRIMERO: Que se declare administrativamente responsable a LA NACION – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, del pago de los perjuicios que se hanRadicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

Referencia: Reparación directa

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4. Como fundamento fáctico, en síntesis, la parte demandante narró que, mediante

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

Referencia: Reparación directa

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4. Como fundamento fáctico, en síntesis, la parte demandante narró que, mediante la Resolución 130 del 21 de enero de 2015, modificada por la Resolución 2176 del 2 de septiembre del mismo año, la Aerocivil declaró de utilidad pública e interés social el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para atender la demanda de crecimiento proyectado en el plan maestro del aeropuerto

internacional El Dorado.

5. Indicó que, como consecuencia de lo anterior, se afectaron los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50C -1932858 y 50C1932860, ubicados en el municipio de Madrid (Cundinamarca), los cuales hacían parte de uno de mayor extensión (50C-1900176)3 en el que, previa expedición de una licencia de urbanismo y construcción en el año 2014, se comenzó el levantamiento del parque industrial denominado Santa Teresa, proyecto que “ se paralizó”, porque desde la declaratoria de utilidad pública “ no se volvieron a expedir más licencias”4.

ocasionado por la declaración de UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS GENERAL EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO PROYECTANDO EL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, a título de compensación, que afecta a los inmuebles identificados con los folios de matrícula 50C-1932858 y 50C-1932860. SEGUNDO: Que se CONDENE a LA NACION – UNIDAD

EL DORADO, a título de compensación, que afecta a los inmuebles identificados con los folios de matrícula 50C-1932858 y 50C-1932860. SEGUNDO: Que se CONDENE a LA NACION – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, al pago de los perjuicios que se han generado por la afectación que recae s obre el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50C-1932858 a causa de la declaración de UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS GENERAL EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO PROYECTANDO EL PLAN MAESTRO D EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, a favor de los propietarios del mismo, por la sumas de dinero que se indican a continuación: - Para RICARDO ZAMBRANO CHAPARRO la suma de $21.694.296.623 M/CTE. Para TRACTOCHEVROLET LTDA. Y/O PROGRESA S.A.S la suma de $24.328.925.987 M/CTE. Para LUCILA VESGA HERNANDEZ $2.863.079.262 M/CTE. Para MARIA LUISA VERA CORREA la suma de $894.045.480 M/CTE. Para NELSON HERNAN ROBAYO HURTADO la suma de $894.045.480 M/CTE. TERCERO: Que se CONDENE a LA NACION – UNIDAD ADMINISTRATI VA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, al pago de los perjuicios que se han generado por la afectación que recae sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50C-1932860 a causa de la declaración de UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS

perjuicios que se han generado por la afectación que recae sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50C-1932860 a causa de la declaración de UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS GENERAL EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO PROYECTANDO EL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, a favor de los propietarios del mismo, por la sumas de dinero que se indican a continuación: Para RICARDO ZAMBRANO CHAPARRO la suma de $7.289.068.203 M/CTE. Para TRACTOCHEVROLET LTDA. Y/O PROGRESA S.A.S la suma de $3.745.829.969 M/CTE. Para LUCILA VESGA HERNANDEZ la suma de $1.043.199.976 M/CTE. Para JUAN EMILIO RODRIGUEZ CARDENAS la suma de $1.531.411.481 M/CTE. P ara JESUS ANTONIO FERNANDEZ GUTIERREZ la suma de $1.501.689.881 M/CTE ”. 3 Sobre ello se indicó: “En el año 2015, para la construcción de un segundo aeropuerto – El Dorado II – de Bogotá D.C., la AERONAUTICA CIVIL seleccionó un área – Polígono – en terrenos localizados en los Municipios de Facatativá y Madrid Cundinamarca dentro de los cuales quedaron seleccionados, entre otros, los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50C1932858 y 50C-1932860, sobre los que recae la medida de AFECTACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

seleccionados, entre otros, los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50C1932858 y 50C-1932860, sobre los que recae la medida de AFECTACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DECLARADA POR LA AERONAUTICA CIVIL, como lo confirma la Coordinadora del Gr upo de Administración de Inmuebles en oficio del 28 de abril de 2016, al manifestar que una vez revisados, analizados y localizados geográficamente el inmueble identificado con cédula catastral 00 -000005-0023-000 y matrícula Inmobiliaria 50C - 1340143 se e ncuentra contemplado en el polígono descrito en la resolución 02176 del 2 de septiembre de 2015”. 4 Al respecto, se manifestó: “ ... considero importante precisar que este predio tiene condición especial por ser el UNICO PREDIO AFECTADO donde se desarrollaba un Parque Industrial, denominado Santa Teresa, Único Lote de Uso Industrial que estaba en Proceso de formación de Parque Indus trial. Según documento oficial - Plan Maestro El Dorado II - de los 178 predios identificados para el nuevo aeropuerto, solo hay tres (3) industriales, pero solo uno de uso industrial el cual quedo probado que estaba en trámites administrativos para ser un Parque Industrial. (ver último párrafo de la página 20 del citado Plan Maestro). LOS PREDIOS QUE REPRESENTO FORMAN PARTE DEL PROYECTO PARQUE INDUSTRIALSANTA TERESA”.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

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Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

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6. Afirmó que, el 27 de mayo de 2020, se elevó una solicitud ante la Aerocivil para que, de forma consensuada, se acordara la compensación por la afectación de los predios de los demandantes; sin embargo, dicha autoridad no se pronunció al respecto, como tampoco lo hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad a la que se le pidió realizar la tasación de los perjuicios ocasionados con la declaratoria de utilidad pública e interés social que recaía sobre los predios, sin recibir respuesta alguna.

7. Explicó que, en virtud de una petición formulada por los demandantes en el 2021, con el propósito de que la Aerocivil ordenara el levantamiento de la afectación sobre los dos lotes de su propiedad, el 22 de noviembre de ese año la entidad demandada contestó desfavorablemente su solicitud, bajo el argumento de que se trataba de un proyecto de interés nacional estratégico; además, les puso de presente que las resoluciones 130 y 2176 de 2015 no habían sido suspendidas ni anuladas, por lo que “ producían efectos jurídicos no solamente frente a los propietarios de los predios afectados, sino a terceros conforme lo ordenan las normas que regulan la materia”.

8. Mencionó que, a través del oficio 160-896-22 del 13 de junio de 2022, el secretario de planeación del municipio de Madrid informó que “ teniendo en cuenta que los predios con matrículas 50C-1932858 y 50C-1932860 se encuentran en suelo de

de planeación del municipio de Madrid informó que “ teniendo en cuenta que los predios con matrículas 50C-1932858 y 50C-1932860 se encuentran en suelo de uso industrial de conformidad con el acuerdo 017 de 2006 y que están ubicados en el área de operaciones aeroportuarias, que limitan el uso del suelo, atendiendo a la configuración del polígono definido para el aeropuerto El Dorado II, solicita información a la Aeronáutica Civil sobre afectaciones o restricciones para saber las condiciones que se deben cumplir para el trámite de licencias, es decir, se abstiene de dar trámite a nuevas licencias hasta no haberse levantado la afectación”.

9. De acuerdo con la parte actora, la Aerocivil debe ser declarada administrativa y patrimonialmente responsable por limitar el ejercicio de su derecho de propiedad, debido a que la afectación con motivo de utilidad que recayó sobre los predios

50C-1932858 y 50C-1932860 les impidió obtener licencias para continuar con la ejecución del parque industrial Santa Teresa, perjuicios que no han sido reconocidos por la administración mediante el pago de una compensación5.

5 “Ahora bien, la administración tiene el deber, de manera general, de proporcionar seguridad jurídica a sus administrados en cada uno de los actos que genere; y por ello, se establece por parte del legislador, las formas de consolidar esa seguridad mediante deberes y derechos, conjuntamente tanto para los particulares y el Estado, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, es preciso analizar la LEY 9 DE 1989,NORMA QUE REGULA

ASPECTOS COMO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRAVEN A Y

conjuntamente tanto para los particulares y el Estado, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, es preciso analizar la LEY 9 DE 1989,NORMA QUE REGULA ASPECTOS COMO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRAVEN A Y EXPROPIACIÓN DE BIENES ENTRE OTROS, la cual fue modificada PARCIALMENTE por la Ley 388 de 1997. La ley 9 de 1989 establece, en el último inciso del artículo 37, vigente al momento de la afectación de los predios de mis poderdantes, y vigente en la actualidad, dispon e que: La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la presente Ley. Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental. De lo anterior, se logra concluir sin un gran esfuerzo de interpretación, que la entidad, en este caso, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, se encuentra obligada conforme al ordenamiento jurídico, a indemnizar la afectación que de manera directa se le ha causado a mis poderdantes”.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

afectación que de manera directa se le ha causado a mis poderdantes”.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

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Trámite relevante en primera instancia

10. Mediante proveído del 22 de agosto de 2023 6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda.

11. La Aerocivil se opuso a las pretensiones. Manifestó que, con la expedición de las resoluciones 130 del 21 de enero y 2176 del 2 de septiembre de 2015, no se causó ningún daño a los demandantes. En cuanto al inmueble 50C -1932860, indicó que, según el certif icado de tradición y libertad, no figuraba ninguna anotación con el registro de la medida de utilidad pública adoptada por la entidad, por lo que ninguna afectación se pudo derivar de dicha declaratoria.

12. Respecto del lote 50C-1932858, expresó que la declaratoria de utilidad pública e interés social se registró el 29 de marzo de 2017 en el folio de matrícula inmobiliaria del referido inmueble y, dado que con ello se le dio publicidad a la actuación de la Ae rocivil, el derecho de acción para reclamar por el daño que dicha medida pudo generar no se ejerció de manera oportuna, pues la acción se promovió solo hasta el 2023, cuando habían transcurrido más de dos años.

13. Advirtió que, a partir del 29 de marzo de 2017, los propietarios del predio 50C1932858 y quienes lo adquirieran posteriormente asumían las consecuencias jurídicas de dicha declaración y, por consiguiente, estaban sujetos a la afectación, “por lo que si la Entidad hubiera adelantado el proceso de compra respectivo, tendrían derecho a recibir sólo lo correspondiente al precio y las compensaciones que se hubieren liquidado, pero de manera alguna pueden reclamar daños y perjuicios por el solo hecho de la afectación, tal como lo están haciendo en este caso”.

14. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó: (i) inexistencia de acciones u omisiones que pudieran ser considerados como hechos dañinos, (ii) ausencia de perjuicios, (iii) oponibilidad de la afectación, (iv) falta de interés jurídico y económico en la licencia de construcción y (v) oposición a la tasación de perjuicios reclamados por la demandante7.

15. En escrito aparte allegado con la contestación, solicitó proferir sentencia anticipada por encontrarse configurada la excepción de caducidad, al estimar que, en tratándose de ocupación jurídica de inmuebles, el término de dos años debe contarse a partir de que se registró la afectación, esto es, la fecha en que se realizó la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria del bien, por cuanto es en ese momento que surte efectos jurídicos frente a terceros o, excepcionalmente, desde que el interesado acredit a haber conocido el hecho dañino en fecha posterior8.

6 Índice 10 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

excepcionalmente, desde que el interesado acredit a haber conocido el hecho dañino en fecha posterior8.

6 Índice 10 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 7 Índice 22 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 8 En memoriales separados, la Aerocivil solicitó llamar en garantía a Axa Colpatria Seguros S.A., QBE Seguros S.A. y a La Previsora S.A., con fundamento en las pólizas de responsabilidad civil extracontractual nros. 8001482999, 000705670823 y 1008686, respe ctivamente. En atención a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso dictar sentencia anticipada, en el auto mediante el cual se corrió traslado para alegar consideró innecesario efectuar algún pronunciamiento sobre el particular, dado que se d eclararía probada la excepción de caducidad. Índices 23 a 26 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

Referencia: Reparación directa

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16. Mediante proveído del 8 de abril de 2024 9, el Tribunal a quo dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto y, una vez vencido dicho término, dictaría sentencia anticipada en la que se pronunciaría frente a la excepción de caducidad, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 189 A de la ley 1437 de 2011.

17. La parte actora expresó que el término de caducidad se debe computar desde

en la que se pronunciaría frente a la excepción de caducidad, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 189 A de la ley 1437 de 2011.

17. La parte actora expresó que el término de caducidad se debe computar desde que la “ ocupación jurídica temporal cesa ”, lo cual no ha ocurrido, pues la declaratoria de utilidad pública e interés social que afecta los inmuebles sigue vigente10.

18. La demandada reiteró lo expuesto en sus intervenciones en el sentido de que en este asunto operó la caducidad, por cuanto el término de dos años empezó a correr a partir de la inscripción de la respectiva anotación en el folio de matrícula inmobiliaria11.

19. El Ministerio Público no emitió concepto.

Sentencia anticipada

20. En providencia del 16 de mayo de 2024 12, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró probada la excepción de caducidad.

21. Indicó que, cuando se pretende la reparación de perjuicios por la ocupación jurídica de inmuebles, la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado dos momentos a partir de los cuales empieza a correr el término de dos años contemplado en el literal i ) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, esto es, cuando se realiza la inscripción de la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria o cuando el interesado tuvo o debió tener conocimiento del daño, siempre y cuando se demuestre que no fue posible advertirlo en la fecha de su ocurrencia.

22. Señaló que, en el presente asunto, el plazo para reclamar por la ocupación jurídica

cuando se demuestre que no fue posible advertirlo en la fecha de su ocurrencia.

22. Señaló que, en el presente asunto, el plazo para reclamar por la ocupación jurídica que supuestamente recayó sobre los inmuebles 50C -1932858 y 50C -1932860 mediante las Resoluciones 130 del 21 de enero y 2176 del 2 de septiembre de 2015, cuya legalidad no s e discute, sino el pago de la respectiva compensación, empezó a correr desde la expedición del Oficio 3001 - 2020034250 del 20 de noviembre de 2020, a través del cual la Aerocivil les reiteró 13 a los demandantes que “la afectación por utilidad pública tiene respaldo en la Constitución Política y la Ley”; además, que no se les iba a reconocer compensación alguna, por lo que a partir de ese momento nació el interés para reclamar por los perjuicios alegados.

9 Índice 35 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 Índice 44 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 11 Índice 45 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 12 “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CADUCIDAD del medio de control de reparación directa, por las razones expresadas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVUÉLVASE al interesado sin necesidad de desglose los anexos y el remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la hubiere, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el expediente”. Índice 48 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

la suma que se ordenó para gastos del proceso si la hubiere, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el expediente”. Índice 48 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 13 En la referida providencia se aseguró que al proceso no se allegaron dichas respuestas.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil

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23. En ese sentido, afirmó que, como el conocimiento del daño se produjo con la expedición del referido oficio, el término de caducidad transcurrió desde el 21 de noviembre de 2020 hasta el 21 de noviembre de 2022, y dado que la demanda se presentó el 14 de marzo de 202314, resultaba claro que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

24. Por último, explicó que, aunque los demandantes allegaron una constancia de que a los propietarios de los predios se les negó la expedición de una licencia de construcción con posterioridad de la declaratoria de utilidad pública, tal circunstancia no podía tenerse como fecha de conocimiento del daño, por cuanto a ellos “ya se les había otorgado la misma antes de la declaratoria y conforme a lo dicho por su apoderado se dejaron de pedir licencias a partir de la declaratoria de utilidad pública decretada por la Aerocivil mediante Resolución 130 de 2015”.

Recurso de apelación

25. La parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia,

con fundamento en lo siguiente:

26. Aseguró que “la ocupación jurídica temporal” se mantiene y, por ende, el término

Recurso de apelación

25. La parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia,

con fundamento en lo siguiente:

26. Aseguró que “la ocupación jurídica temporal” se mantiene y, por ende, el término para demandar en reparación directa no ha iniciado, por cuanto la declaratoria de utilidad pública e interés social que afecta los inmuebles sigue vigente, en especial, las restricciones que limitan e impiden que las a utoridades expidan las licencias de parcelación, urbanización y construcción en el proyecto para el que los predios fueron destinados, siendo prueba de ello el Oficio 180 -896-22 del 13 de junio del 2022, expedido por la Secretaría de Planeación del municip io de

Madrid.

27. En su criterio, los dos años para demandar por este tipo de afectaciones comienzan a correr únicamente cuando “la ocupación temporal cesa, puesto que es en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente”.

28. Refirió que el oficio 30012020034250 del 20 de noviembre de 2020, emitido por Aerocivil, no cumple con las condiciones probatorias que se requieren para declarar probada la excepción de caducidad, por cuanto se trata de un documento en el que se reiteran las respuestas a las múltiples peticiones realizadas por el apoderado de los demandantes, solicitando la compensación prevista en la Ley 9 de 1989, sin que en él se señale “el efecto dañino que recae sobre los inmuebles ni tampoco el tiempo y la restricción que se causa a los propietarios de los predios afectados”.

29. Indicó que, si el contenido de dicho documento se tomó como punto de partida

ni tampoco el tiempo y la restricción que se causa a los propietarios de los predios afectados”.

29. Indicó que, si el contenido de dicho documento se tomó como punto de partida para contar el término de dos años, la autoridad judicial también pudo considerar la comunicación 001.543.1. -202006300 del 7 de marzo de 2022, en la que la Aerocivil replicó la misma argumentación que el oficio citado.

30. Manifestó que la prueba que debió tenerse en cuenta era el Oficio 180-896-22 del 13 de junio de 2022, proferido por el secretario de planeación del municipio de Madrid, en el que se informa que dicha dependencia no puede expedir licencias

14 En la sentencia se manifestó que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 23 de enero de 2023, por lo que no suspendió el término de caducidad.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

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frente a los dos predios por estar afectados con la Resolución 130 de 2015, la cual ni siquiera fue notificada a los afectados, por lo que pedía tener en cuenta las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia T -340 de 2013 en cuanto a la flexibilidad del cómputo del término de caducidad.

31. En caso de que los anteriores argumentos no estén llamados a prosperar, solicitó realizar un adecuado control de convencionalidad, dado que el derecho afectado es el de propiedad y, aunque no es absoluto, el artículo 21.2 de la Convención

31. En caso de que los anteriores argumentos no estén llamados a prosperar, solicitó realizar un adecuado control de convencionalidad, dado que el derecho afectado es el de propiedad y, aunque no es absoluto, el artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la privación de los bienes de una persona es compatible con la protección del derecho a la propiedad cuando se funda en razones de utilidad pública o de interés social y se sujeta al pago de una justa indemnización.

32. Por último, aportó los oficios 3001 -2020017035 del 10 de junio de 2020, 30012020024384 del 25 de agosto de 2020, 3001 -2020028618 del 29 de septiembre de 2020, 3001-2020034250 del 20 de noviembre de 2020 y 3001-2022006300 del 7 de marzo de 2022, expedidos por la Aerocivil y el Oficio 160 -896-22 del 13 de junio de 2022, suscrito por el secretario de planeación del municipio de Madrid15.

Trámite relevante en segunda instancia16

33. En auto del 18 de noviembre de 2024 17 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, mediante proveído del 3 de abril de 2025, se negó el decreto de pruebas en segunda instancia18.

CONSIDERACIONES

34. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia y legitimación en la causa por activa y por pasiva, procede a decidir si está probada la excepción de caducidad en este asunto.

actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia y legitimación en la causa por activa y por pasiva, procede a decidir si está probada la excepción de caducidad en este asunto.

15 Índice 51 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 16 El expediente se remitió el 9 de septiembre de 2024 a esta Corporación e ingresó al despacho del magistrado ponente el 19 de septiembre siguiente. Índice 54 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e índice 1 de SAMAI del Consejo de Estado. 17 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado. 18 En cuanto a los Oficios 3001-2020034250 del 20 de noviembre de 2020 y 3001-2022006300 del 7 de marzo de 2022, expedidos por la Aerocivil y el Oficio 160 -896-22 del 13 de junio de 2022 se advirtió que se trataba de documentos que fueron aportados con la de manda y valorados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se explicó que, aunque en el presente asunto no se surtieron todas las etapas del proceso ni hubo pronunciamiento sobre el decreto o la práctica de pruebas, ya que en aplicación de lo dispue sto en el numeral 3 del artículo 182A del CPACA, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió dictar sentencia anticipada, dicha circunstancia no configura la causal establecida en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, precisamente porque en primera instancia no hubo lugar a decidir sobre su decreto ni su práctica. En todo caso, se precisó que la anterior circunstancia tampoco implicaba que los oficios a los que hizo referencia

porque en primera instancia no hubo lugar a decidir sobre su decreto ni su práctica. En todo caso, se precisó que la anterior circunstancia tampoco implicaba que los oficios a los que hizo referencia no hagan parte del expediente o que se excluyan de la valoración proba toria, en tanto que, se reitera, fueron tenidos en cuenta por el Tribunal a quo al adoptar su decisión y serían apreciados en su momento al resolver la impugnación interpuesta por la parte actora. Ahora, frente a los oficios 3001-2020017035 del 10 de junio de 2020, 3001 -2020024384 del 25 de agosto de 2020 y 30012020028618 del 29 de septiembre de 2020, emanados de la Aerocivil, se observó que no fueron allegados en la demanda ni pedidos como pruebas por la parte actora. Adicionalmente, que tratan sobre actuaciones anteriores a la presentación del escrito inicial, es decir, que pudiero n ser aportados junto con esta y la parte interesada omitió hacerlo y, a su vez, que la parte actora no justificó la ausencia de aportación de tales oficios o expresado que dicha omisión obedeció a algún evento de fuerza mayor o caso fortuito por lo que no se cumplían los supuestos del artículo 212 del CPACA.Radicación: 250002336000202300143 01 (71.840)

Demandante: Lucila Vesga y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil -Aerocivil Re