CE - Sentencia 25000233600020230048401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación

Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa

de Servicios Públicos-UAESP

Proceso: Reparación Directa

CADUCIDAD POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE INMUEBLESno resulta procedente, extender el inició del cómputo de caducidad hasta que cese la ocupación, en los eventos donde la administración ostente la calidad de poseedora art. 762 C.Civilo los derechos sobre el inmueble estén en disputa ante una autoridad judicial; RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO L.600la cancelación de registros se trata de una medida cautelar hasta que no exista decisión definitiva; PREJUDICIALIDAD-ante una disputa sobre derechos sobre la cosa, se puede solicitar la suspensión del proceso a efecto, la pretensión indemnizatoria no resulte desprovista de fundamento, ante la falta de un pronunciamiento judicial pendientedebe solicitarse, no procede de oficio-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia anticipada del 12 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «C», que

actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia anticipada del 12 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «C», que declaró probada la caducidad del medio de control.

SÍNTESIS DEL CASO

Un predio ubicado en la ciudad de Bogotá, perteneciente a la sociedad Hernando Ramírez e Hijos LTDA, fue objeto de transferencia mediante el uso de instrumentos públicos fraudulentos a la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Ltda., quien posteriormente lo vendió al Distrito Capital de Bogotá. Como resultado de la investigación penal iniciada a partir de la denuncia presentada por el Banco Popular, acreedor hipotecario, la Fiscalía General de la Nación inició un incidente de restablecimiento del derecho, conforme al artículo 22 de la Ley 600 de 2000. En dicho incidente se ordenó la cancelación de los registros derivados del negocio fraudulento, incluida la compraventa realizada por el ente territorial a través de la UAESP. Sin embargo, este incidente aún no ha concluido con una decisión definitiva y la sociedad demandante acude a esta jurisdicción, con el objeto de que se declare la tenencia ilegal del inmueble por parte del ente territorial demandado y se le indemnice los perjuicios derivados de la misma.Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación

Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de Servicios Públicos-UAESP Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de Servicios Públicos-UAESP Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

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ANTECEDENTES La demanda

El 5 de octubre de 2023 1, por intermedio de apoderado judicial, la sociedad Hernando Ramírez e Hijos LTDA interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con la finalidad de que se declare la responsabilidad patrimonial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) del Distrito Capital de Bogotá, por la ocupación permanente/tenencia irregular del inmueble identificado con el folio de matrícula 50C-287677 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá. Las pretensiones se formularon en los siguientes términos:

«(…) 1. Que se declare que la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP , de acuerdo con las decisiones emitidas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales se encuentran en firme, está detentando ilegalmente y sin derecho alguno la tenencia y posesión material del inmueble a que se refieren los hechos de esta demanda.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP, restituir a la demandante, HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., de manera inmediata o en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga

UAESP, restituir a la demandante, HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., de manera inmediata o en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, el inmueble de su propiedad a que se refieren los hechos de esta demanda.

3. Que se condene a la demandada , DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP a pagar a la demandante, HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., el valor correspondiente al lucro cesante dejado de percibir por la ocupación, uso, goce y explotación ilegal e irregular del inmueble desde el 21 de septiembre de 2005 hasta la fecha en que se produzca la restitución real y material del inmueble, representado en la renta que, a título de arrendamiento, debió pagar mensualmente por dicho uso, goce y explotación y que se estima en la suma mínima de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600000.000.oo.) o la que se determine mediante dictamen pericial de perjuicios.

4. Subsidiariamente, se solicita se condene a la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTAUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP, para mantener el uso, goce, explotación y titularidad del inmueble, a pagar a la demandante, HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., a título de compraventa, el valor comercial del inmueble, el cual se determinará mediante dictamen pericial, que a la fecha se estima en la suma de $ 1.200000.000.oo., así como el valor correspondiente al lucro cesante dejado de percibir por la ocupación, uso, goce y

mediante dictamen pericial, que a la fecha se estima en la suma de $ 1.200000.000.oo., así como el valor correspondiente al lucro cesante dejado de percibir por la ocupación, uso, goce y explotación del inmueble desde el 21 de septiembre de 2005 hasta la fecha en que se produzca la restitución real y material del inmueble, representado en la renta que, a título de arrendamiento, debió pagar mensualmente por dicho uso, goce y explotación y que se estima en la suma mínima de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 600000.000.oo.) o la que se determine mediante dictamen pericial de perjuicios.

Como fundamento de las pretensiones, en la demanda se expuso que la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. es la propietaria inscrita de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50C287677 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. Según lo relatado por la actora, sobre el referido inmueble se encontraba inscrita

1 SAMAI TA índice 00001 radicación, demanda ib. índice 002«Expediente Digital» 5_ED_DEMANDA05102023_1254(.pdf) NroActua 2; subsanación SAMAI TA indice 0009.Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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3 una hipoteca a favor del Banco Popular, la cual fue registrada y consta en la Escritura Pública número 7720 del 26 de noviembre de 1993, otorgada en la Notaría 31 del Círculo de Bogotá.

Explicó que, de conformidad con lo determinado por la Fiscalía 106 Seccional en providencia del 27 de abril de 2016 —confirmada posteriormente por decisión del 5 de noviembre de 2021 de la Fiscalía 66 Especializada de la Unidad de Ley 600 de 2000 de Bogotá—, la hipoteca en favor del Banco Popular fue levantada mediante la Escritura Pública número 868 del 5 de febrero de 2002, otorgada en la Notaría 37 del Círculo de Bogotá, instrumento que tuvo el carácter de falso.

Una vez levantado el gravamen que pesaba sobre el inmueble, se registró la escritura pública número 1203 del 11 de marzo de 2003, otorgada en la Notaría 20 del Círculo de Bogotá, en la cual se consignó de manera simulada que la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. había vendido el inmueble a la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Ltda. Posteriormente, mediante la escritura pública número 1388 del 21 de septiembre de 2005, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá y registrada en el folio de matrícula número 50C-287677, se inscribió la venta del inmueble por parte de esta última sociedad al Distrito Capital

del Círculo de Bogotá y registrada en el folio de matrícula número 50C-287677, se inscribió la venta del inmueble por parte de esta última sociedad al Distrito Capital de Bogotá.

Indicó que, de conformidad con las resoluciones penales precitadas, se verifica que el Distrito Capital de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), aún conserva la tenencia del inmueble objeto de la litis, el cual debía ser restituido a la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. Expuso que, en el referido lote, la UAESP opera hornos crematorios sin realizar pago alguno a la parte demandante.

Contestación de la Unidad Administrativa especial -UAESP-2

A través de su apoderado judicial, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda. Indicó que el inmueble identificado con matrícula número 50C-287677 fue objeto de una promesa de compraventa entre el ente territorial y el representante

2 SAMAI TA índice 00016 Archivo: « 23_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaCONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 16».Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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4 legal de la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Compañía Limitada, la

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4 legal de la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Compañía Limitada, la cual se perfeccionó mediante escritura pública del 21 de septiembre de 2005. Una vez adquirido, el predio fue incorporado al Inventario Inmobiliario Distrital – Sector Central, con el número de registro del Patrimonio Inmobiliario Distrital (RUPI) 21300.

Indicó que la anterior compraventa fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-287677, anotación No. 20, de fecha 29 de septiembre de 2005, con radicación 2005-94372, la cual aún se encuentra vigente, fecha desde la cual señaló que (…) el Distrito es propietario y tenedor de buena fe de dicho bien inmueble, cuya posesión, uso y usufructo que de manera continua, reiterada y con ánimo de señor y dueño (…).

Expuso que, según la decisión del 14 de diciembre de 2022, proferida por la Fiscalía 103 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, se indicó que las anotaciones 18 y 20 del folio de matrícula No. 50C-287677 no han sido anuladas; simplemente se prohibieron nuevas anotaciones mientras se resolvía de forma incidental el asunto. Asimismo, se ordenó no permitir nuevas inscripciones ni trámites, con el fin de preservar los derechos reclamados por los afectados. Como excepciones, propuso: la caducidad, pleito pendiente, inexistencia de los elementos

forma incidental el asunto. Asimismo, se ordenó no permitir nuevas inscripciones ni trámites, con el fin de preservar los derechos reclamados por los afectados. Como excepciones, propuso: la caducidad, pleito pendiente, inexistencia de los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial, hecho determinante de un tercero y el cobro de lo no debido.

Consideró que el demandante omitió exponer en su demanda que, mediante decisión del 14 de diciembre de 2022, la Fiscalía 103 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó el numeral de la decisión del 5 de noviembre de 2021, en la cual se habían dejado incólumes las medidas de restablecimiento del derecho. Por lo tanto, no podía contabilizarse la caducidad desde el 5 de noviembre de 2021. A juicio de la parte accionada, la caducidad debía computarse desde el 21 de septiembre de 2005, fecha de la supuesta «apropiación y ocupación ilegal» o en su defecto, el 30 de septiembre de 2005, el día después de haberse registrado la escritura pública que contuvo el negocio jurídico.

Sentencia de primera instanciaRadicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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5 Por sentencia anticipada fechada el 12 de febrero de 2025 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la

5 Por sentencia anticipada fechada el 12 de febrero de 2025 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

A efectos de proferir esta decisión, la Sala comprendió que la demanda buscaba que se declarara la responsabilidad de la parte demandada por la presunta apropiación y ocupación ilegal e indebida del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-287677, desde el 21 de septiembre de 2005. Dicha ocupación fue considerada como permanente, al provenir de la compraventa del Distrito Capital, la cual ocurren en un único momento y supone el ejercicio de atribuciones del señor y dueño por parte del ente territorial demandado.

Así, para la Sala de decisión, el medio de control fue interpuesto cuando ya había operado la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 5 de octubre de 2023, mientras que el cómputo de la caducidad comenzó, por lo menos, el 30 de septiembre de 2005. En efecto, la sentencia expuso que en la demanda y en el escrito de subsanación se reconoció la tenencia material de la entidad demandada sobre el predio objeto de la litis desde el 21 de septiembre de

2005. Sin embargo, el a quo consideró que, sin lugar a dudas, la parte actora debía conocer la ocupación del inmueble que señala como de su propiedad desde el 29 de septiembre de 2005.

En esta última fecha tuvo lugar el registro, en el folio de matrícula inmobiliaria

conocer la ocupación del inmueble que señala como de su propiedad desde el 29 de septiembre de 2005.

En esta última fecha tuvo lugar el registro, en el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-287677, de la compraventa efectuada por la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales y Compañía Limitada (MTM y Cía. Ltda.) a favor del Distrito Capital de Bogotá, protocolizada mediante la escritura pública número 1388 del 21 de septiembre de 2005, otorgada en la Notaría 3 del Círculo de Bogotá.

Al respecto, la decisión descartó los argumentos de la parte actora, según los cuales el cómputo de la caducidad debía comenzar desde el momento en que cesara la ocupación, ya que esta persistía. Lo anterior, por considerar que la ocupación alegada es de carácter permanente y, por ende, constituye un daño de ejecución instantánea. Además, se concluyó que el proceso penal originado en las anotaciones fraudulentas registradas en el folio de matrícula inmobiliaria N.° 50C287677 no tenía incidencia en la contabilización de la caducidad, por tratarse de dos

3 SAMA TAI Índice 040 «Sentencia»Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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6 procesos autónomos.

Servicios Públicos-UAESP Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

6 procesos autónomos.

Accesoriamente, se estimó que, incluso si se admitiera la existencia de un daño derivado de la presunta falla en el servicio por parte de la entidad demandada — consistente en no haber realizado el estudio de títulos correspondiente—, la Sala consideró que dicha situación se configuró con la Resolución del 27 de abril de 2016 (adicionada por la Resolución del 19 de mayo de 2016), proferida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Segunda de Fe Pública y Patrimonio Económico – Fiscalía Seccional 106, en la cual se resolvió restablecer el derecho de la parte demandante. En tal caso, también se concluyó que se configuraba la caducidad, considerando que no resultaba aplicable el antecedente del 18 de octubre de 2007, radicado 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).

Por último, la Sala consideró que no había lugar a pronunciarse sobre la restitución del inmueble, al tener que esta corre la misma suerte que las pretensiones indemnizatorias de la demanda, al provenir del mismo hecho generador y en todo caso tratarse un asunto que debe resolverse por la justicia penal.

Recurso de apelación parte demandante4

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual aseveró que la decisión de primera instancia incurrió en un error respecto al cómputo del término de caducidad. que la ocupación del inmueble

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual aseveró que la decisión de primera instancia incurrió en un error respecto al cómputo del término de caducidad. que la ocupación del inmueble objeto de la litis se originó en un iter criminis que se consolidó cuando el Distrito Capital adquirió el bien de la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Ltda., la cual ostentaba la propiedad mediante títulos fraudulentos. Agregó, además, que la sociedad demandante no tenía por qué conocer la situación jurídica del inmueble, ya que no existía razón alguna para pensar que su derecho de dominio estuviera en riesgo, ni participó en ninguna de las transferencias de propiedad que se realizaron con títulos falsos.

Expuso que, antes de que se aclarara en el proceso penal promovido por el Banco Popular, la propiedad registrada en el certificado de tradición y libertad reposaba en cabeza de la entidad territorial demandada, circunstancia que solo se esclareció mediante el auto del 5 de noviembre de 2021, por medio del cual se precluyó la

4 SAMAI TA índice 00037Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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7 acción penal y se mantuvieron incólumes las decisiones de restablecimiento del derecho a favor de las víctimas. Dicha decisión fue recurrida por el apoderado de la

7 acción penal y se mantuvieron incólumes las decisiones de restablecimiento del derecho a favor de las víctimas. Dicha decisión fue recurrida por el apoderado de la UAESP y el recurso fue resuelto mediante la Resolución del 14 de junio de 2022. En consecuencia, la parte actora consideró que solo a partir de esta última fecha contaba con legitimación en la causa por activa para ejercer el medio de control de reparación directa.

Indicó que resultaba contradictorio declarar la caducidad del medio de control, a pesar de lo determinado por la justicia penal, ya que, aunque se ordenó el restablecimiento del derecho en sede penal, la parte demandante no cuenta con ningún mecanismo judicial para recuperar los frutos civiles de su inmueble desde el año 2005. Señaló que la ocupación ilegal adelantada por la UAESP se ha mantenido hasta el día de hoy y que, pese a la medida de restablecimiento ordenada por la Fiscalía General de la Nación, aún se mantiene la inscripción apócrifa en el certificado de matrícula inmobiliaria del predio.

Por último, se consideró que este es el escenario donde deben discutirse «contraprestaciones reciprocas» entre las partes, y la restitución o conservación del inmueble, aludiendo que la Fiscalía podía terminar el incidente de restablecimiento del derecho manifestando que carece de competencia para conocer resolver estas pretensiones.

Trámite en la segunda instancia

El 21 de abril de 20255, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Una vez aportado el expediente al Consejo de Estado, el

pretensiones.

Trámite en la segunda instancia

El 21 de abril de 20255, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Una vez aportado el expediente al Consejo de Estado, el despacho sustanciador por auto del 17 de septiembre de 2025 6 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En el término de ejecutoria de la anterior providencia 7, las partes guardaron silencio; de igual forma, en la oportunidad de la que trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), el ministerio público no pronunció.

I. CONSIDERACIONES

5 FF. 707-708 CP. 6 Folio 720 CP. 7 Se notificó por estado del 13 de mayo de 2025.Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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1. Como la demanda se presentó el 5 de octubre de 2023, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a

(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 1000 SMLMV exigidos por el artículo 152.5 del CPACA, esto es, $1.160’000.0008.

2. Medio de control procedente

3. La reparación directa, art. 140 del CPACA, es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, o la ocupación

3. La reparación directa, art. 140 del CPACA, es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, o por cualquiera otra causa. En este caso procede por solicitarse, en la demanda, la indemnización de perjuicios derivados de la alegada «tenencia irregular» del inmueble identificado con el folio

8 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2023 ($1’.160.000) por 100. La pretensión mayor (artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $ 1.200’000. 000.oo “Daño Emergente”.Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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9 de matrícula inmobiliaria 50C-287677, del cual la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. aduce ser propietaria.

Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de ocupación de inmuebles

4. La jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en indicar que la ocupación puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las

los casos de ocupación de inmuebles

4. La jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en indicar que la ocupación puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las afectaciones que se derivan y, de contera, por las reglas que frente al término de

caducidad resultan aplicables. Así:

«Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo, asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica .»9. (Negrillas fuera del texto original).

5. En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala en el inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad específica, restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte una afectación física o material definitiva, de modo que la satisfacción de la necesidad coincide con la finalización de la invasión. En estos casos, el término de caducidad se computa desde el día siguiente a aquel en el que cesó la ocupación, que es el momento a partir del cual, el afectado padece de un perjuicio cierto 10, causado durante el tiempo de la instalación11, salvo que, por razones especiales, el perjudicado únicamente conozca la producción del daño con posterioridad, caso en el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento12.

causado durante el tiempo de la instalación11, salvo que, por razones especiales, el perjudicado únicamente conozca la producción del daño con posterioridad, caso en el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento12.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2000. Exp: 11417, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez [Fundamento de derecho 1] 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto de Unificación del 9 de febrero de 2011. Rad: 54001-23-31-000-2008-00301-01(38271), CP Danilo Rojas Betancourth [Fundamento de derecho 3]. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos ocurridos en rigor del CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia del 29 de agosto de 2023, SU-335 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera [Fundamento de derecho f]. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 2 de noviembre de 2000, exp: 18086 Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 17 de febrero de 2005, 68001-23-15-0002004-01086-01(28360), CP Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 10 de junio del 2009, Rad: 7300123-31-000-2000-00006-01(22461), CP Enrique Gil Botero [ Fundamento de derecho 1]. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de

23-31-000-2000-00006-01(22461), CP Enrique Gil Botero [ Fundamento de derecho 1]. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2008. 68001-23-15-000-1996-01456-01(16922), CP Ruth Stella Correa [ Fundamento de derecho 3.2].Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)

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6. En contraposición, la ocupación permanente, supone un cambio de afectación 13 de un bien, generalmente al «uso público», que no siguió los causes regulares (ej: expropiación y/o adquisición voluntaria, L.9/89). En consecuencia, la ausencia de un título jurídico sobre la cosa, con el cual acreditar su dominio, repercute en que esta también constituya una vulneración del derecho de propiedad de un administrado, particular y/o entidad pública 14, sobre este escenario el profesor

Miguel S. Marienhoff, precisó:

«(…) Para que la administración pública pueda afectar válidamente una cosa al uso público, es indispensable que dicha cosa se halle en poder del Estado en virtud de un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de la cosa. La doctrina está conteste en ello. Tal exigencia es fácilmente comprensible, pues el Estado no puede afectar al uso público cosas que no le pertenezcan. Si la administración

un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de la cosa. La doctrina está conteste en ello. Tal