CE - Sentencia 25000233700020130151001 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

Demandante: ETB S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB S.A. ESP

Demandada: DIAN

Temas: Renta 2008. Adición de ingresos, causación. Deducción por inversión en activos fijos reales product ivos. Deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. Deducción del GMF.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación 1 interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 18 de febrero de 202 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión n.º 312412012000028 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual … [la demandada] modificó la declaración del impuesto sobre renta y complementarios presentada por … ETB S.A. ESP para el a ño gravable 2008, y de la

13 de junio de 2012, por medio de la cual … [la demandada] modificó la declaración del impuesto sobre renta y complementarios presentada por … ETB S.A. ESP para el a ño gravable 2008, y de la Resolución n.º 900.342 del 15 de julio de 2013 proferida por … [la demandada], mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto confirmando la liquidación oficial de revisión antes mencionada, conforme lo expuesto.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, téngase como liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008 de la … ETB S.A. E.S.P., los valores determinados en la liquidación efectuada por este tribunal en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. No se condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 3124120120000283, del 13 de junio de 2012, la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, presentada por la actora, adicionando ingresos brutos no operacionales que se identificaban como ingresos de períodos anteriores , rechazando parte de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos , desconociendo la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor , y negando la deducción del 75% del GMF, lo que derivó en un mayor impuesto, y la imposición de la sanción por inexactitud.

por deudas manifiestamente perdidas o sin valor , y negando la deducción del 75% del GMF, lo que derivó en un mayor impuesto, y la imposición de la sanción por inexactitud.

1 Samai CE, índice 3, certificado 1DD73C1ACE7F9E13 46132FD92871151B CA61C63168FD2C56 F1CC8567AC6DE223 (pdf), pp. 1 y 2. 2 Samai Tribunal, índice 105, certificado 940BBE89CFC9AAE9 FE5ED522B623BEBC 019F3AD1552C3EB4 986949CD1E1294D5 (pdf), pp. 55 y 56. 3 Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 56 a 83.Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

Demandante: ETB S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución 900.342, del 15 de julio de 201 3, que resolvió el recurso de reconsideración4.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por [la demandada]:

Resolución 312412012000028, de 13 de junio de 2012 (Liquidación Oficial de Revisión ), proferida por [la demandada].

Resolución 900.342, de 15 de julio de 2013 , proferida por [la demandada], por medio de la cual se confirmó la anterior.

2. Que en consecuencia se restablezca el derecho de la sociedad, declarando en firme la declaración de renta presentada por el contribuyente.

Invocó como vulnerados los artículos 29 y 83 de la Constitución; 42 del CPACA; 26, 27, 28, 107, 116, 145, 146 , 158 -3, 647, 683, 711, 712, 742, 743, 744, 745 y 746 del ET (Estatuto Tributario); 79 y 80 del Decreto 187 de 1975; 40, 48 y 97 del Decreto 2649 de 1993; y el Decreto 1766 de 2004, cuyo concepto de violación puede sintetizarse así6:

-Rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos . Violación de los principios de legalidad y al debido proceso. Artículo 29 Constitución. Violación del artículo 158-3 del ET, modificado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, que consagra la deducción por inversión en activos fijos. Indicó que, durante el año gravable 2008,

artículo 158-3 del ET, modificado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, que consagra la deducción por inversión en activos fijos. Indicó que, durante el año gravable 2008, realizó una inversión para la masificación de la banda ancha por valor de $218.903.134.411.56, como parte de la estrategia para generar mayores ingresos por la prestación del servicio de acceso a internet, dada la tendencia decreciente de los ingresos por telefonía fija; proyecto que generó una significativa ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones y cuyo desarrollo comprendió una amplia gama de adquisiciones de bienes y servicios que constituían inversión en activos fijos reales productivos, por lo que, al cumplirse los requisitos legales, tomó la deducción especial del 40% del monto invertido, esto es, la suma de $87.561.253.000. Sin embargo, la demandada rechazó la deducción por valor de $38.839.514.459 argumentando que correspondía a contratos de reposiciones, interventorías, ampliaciones y mantenimiento.

Afirmó que los actos enjuiciados quebrantaron los principios de legalidad y debido proceso, de los artículos 29 de la Constitución y 158-3 del ET , pues equívocamente la demandada argumentó el incumplimiento de requisitos no previstos en la ley, como, por ejemplo, que los contratos que tenían por objeto la reposición de equipos , caso de las redes de telecomunicaciones, no constituían una nueva inversión , dado que ya hacían parte de la infraestructura de la empresa. Para la Administración, la instalación de fibra óptica en sitios donde antes existía cable de cobre tampoco constituía una nueva inversión, siendo evidente que lo era, independientemente de que las nuevas redes de

parte de la infraestructura de la empresa. Para la Administración, la instalación de fibra óptica en sitios donde antes existía cable de cobre tampoco constituía una nueva inversión, siendo evidente que lo era, independientemente de que las nuevas redes de fibra óptica se extendieran o no sobre los sitios en que tenía n instalaciones de cable de cobre. A tales efectos, señaló que la ley no exigía que se tratara de equipos nuevos, ni excluía del beneficio la reposición de bienes para mejorar o actualizar los activos existentes, como lo exigía la Administración, vulnerando con ello el principio de legalidad, ya que efectivamente repuso las redes de telecomunicaciones para mejorar, actualizar y

4 Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 85 a 130. 5 Samai CE, índice 2, certificado EA2C6097C41B1593 DFCE32B38E8C2667 C3E71936E6B8A91F 539D1AFEE86E500E (pdf), p. 1. 6 Samai CE, índice 2, certificado EA2C6097C41B1593 DFCE32B38E8C2667 C3E71936E6B8A91F 539D1AFEE86E500E (pdf), pp. 9 a 54.Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 modernizar sus servicios; inversiones que implicaban adquirir activos que integraban su patrimonio y participaban activamente en la actividad productora de renta.

Adicionalmente, señaló que la demandada incurrió en error en la valoración de las pruebas, pues explicó y acreditó, con un certificado de su Vicepresidencia de Desarrollo de Red y Servicios , que los contratos que inclu ían hardware y software no podían ser analizados individualmente, pues tenían como objeto la adquisición de una unidad funcional integral que formaba un todo; luego no se trataba de un intangible, sino de un activo fijo con un componente intangible esencial para su funcionamiento . Sin embargo, afirmó que la demandada no atendió sus argumentos y pruebas, con lo cual, transgredió su derecho al debido proceso y al principio de legalidad.

Seguidamente, se refirió a cada uno de los requisitos legales que otorgaban el derecho a la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, en el marco del Decreto 1766 de 2004, que reglamentó el artículo 158-3 del ET. Explicó que estos deben cumplir las siguientes características: (i) bienes tangibles; (ii) activos fijos; (iii) que formen parte del patrimonio del contribuyente (que no se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios) ; (iv) que se adquieran para participar directa y permanentemente en la actividad productora de renta; y (v ) que se deprecien o amorticen fiscalmente. Luego

los negocios) ; (iv) que se adquieran para participar directa y permanentemente en la actividad productora de renta; y (v ) que se deprecien o amorticen fiscalmente. Luego destacó que la norma reglamentaria autorizaba la deducción cuando los activos fijos fueran construidos por el contribuyente, con base en las erogaciones de bienes y servicios que constituyeran costo de este.

Aseveró que, a pesar de cumplir los requisitos, la Administración rechazó el beneficio con base en supuestos que no correspondían a la realidad, como que registró integralmente los contratos que correspondían a mantenimiento como inversión, cuando realmente tales rubros fueron separados. Además, exigió el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley, como tratarse de equipos nuevos o excluir las unidades funcionales que tuvieran componente de software.

Aseguró que no todos los conceptos que consideraba la autoridad tributaria hicieron parte de la deducción por activos fijos. A tales efectos, iteró que, para la ejecución del proyecto, celebró un gran número de contratos, muchos de los cuales tenían amplio alcance, incluyendo suministro de bienes y servicios . No obstante, únicamente registró como inversión los conceptos que cumplían con los requisitos legales; así, los registros contables se efectuaron siguiendo los lineamientos del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, atinentes a que el valor histórico de lo s activos fijos incluía «todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión …». En ese contexto, cuestionó que, pese a lo explicado, la demandada rechazara la

cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión …». En ese contexto, cuestionó que, pese a lo explicado, la demandada rechazara la deducción argumentando que la inversión correspond ía a contratos de mantenimiento , concepto que no se tomó como base de la inversión, pues la compañía tenía claro que el propósito de tal gasto era mantener el activo en las mismas condiciones, de modo que continúe generando renta, y dado que el mismo no incrementaba el valor del activo, fue registrado directamente contra el gasto.

Para probar lo anterior, señaló haber acompañado a la demanda con un cuadro -anexo 2-, en el que se discriminan, para un mismo contrato, las facturas que contienen el servicio de mantenimiento y las que constituyen inversión, aportando la evidencia del registro contable en cada cuenta . Además, había solicitado un dictamen pericial que permitía verificar que los mantenimientos se llevaron al gasto, y no como activos fijos, de manera que, aunque algunos contratos incluyen la descripción «mantenimiento», estos no fueron considerados para calcular el beneficio. Empero, la demandada rechazó la deducción por tratarse de dicho concepto, sin atender las explicaciones dadas.Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Adujo que su objetivo no era reemplazar otros activos, sino modernizar la operación con tecnología con los últimos avances del mercado. Se trataba de inversiones nuevas que implicaban una modernización importante que incrementaba los niveles de productividad

4 Adujo que su objetivo no era reemplazar otros activos, sino modernizar la operación con tecnología con los últimos avances del mercado. Se trataba de inversiones nuevas que implicaban una modernización importante que incrementaba los niveles de productividad de la compañía (i.e. fibra óptica que permitía mayor y mejor capacidad de transmisión de comunicaciones), por lo que alegó que debían ser registrados como activos fijos, como lo hizo, y por ende daban lugar a tomar la deducción especial. Agregó que cuando el contribuyente construía el activo también procedía el beneficio y , por ende, toda la inversión efectuada en la construcción era deducible. Así, las reposiciones y ampliaciones constituían una renovación total con equipos nuevos que generaban una mayor productividad.

En apoyo de lo anterior, refirió doctrina de la demandada7 relativa a la procedencia de la deducción de las erogaciones -bienes y servicios - que constituyan costo del activo construido por el contribuyente. Igualmente, citó providencias de esta Sección 8 que han precisado que los equipos o bienes tipo repuesto, requeridos para el correcto funcionamiento del activo principal con el cual se desarrolla la actividad, no se excluyen del beneficio, y además que, tanto las reparaciones como el reemplazo del activo, constituyen una verdadera inversión de activos fijos reales productivos.

Luego, se refirió al rechazo del beneficio por las interventorías y servicios de pruebas por $431.728.861. A tales efectos, tras señalar el alcance de la interventoría en el marco de la Ley 1474 de 2011, referida a las normas de control de la gestión pública, señaló que ,

$431.728.861. A tales efectos, tras señalar el alcance de la interventoría en el marco de la Ley 1474 de 2011, referida a las normas de control de la gestión pública, señaló que , dada su calidad de entidad de derecho público , estaba obligada a tenerla, en orden, a vigilar la correcta ejecución de los contratos . Arguyó que en el proceso de construcción de un activo, tal figura permitía garantizar qu e los requerimientos exigidos al hacer la contratación fueran cumplidos por el contratista. Al efecto, refirió a una sentencia de esta corporación9 donde se precisó que la labor del interventor no se reduc ía a la simple verificación o constatación, sino que, a través de ella, la Administración desplega ba sus potestades de coordinación, supervisión, control y a veces, hasta de la dirección misma del contrato. Así, como la interventoría tenía una relación directa con la construcción del activo, a tal punto que sin ella no era posible asegurar su consecución, la erogación por tal concepto constituía un mayor del activo, no se trataba de un gasto, como lo señalaba la Administración.

Adicionó que, el servicio de pruebas hacía parte de la puesta en funcionamiento del bien construido y, por tanto, debía considerado como un mayor valor del bien.

Respecto de la adquisición de software, cuyo rechazo fue de $15.435.829.241, argumentó que este fue adquirido par a el debido funcionamiento de unas máquinas (hardware-bienes tangibles); aseguró que, en la industria de telecomunicaciones solo se adquiría software para el debido funcionamiento del hardware, dado que este último necesitaba del primero para poder operar. Así, citó doctrina oficial de la Administración10

(hardware-bienes tangibles); aseguró que, en la industria de telecomunicaciones solo se adquiría software para el debido funcionamiento del hardware, dado que este último necesitaba del primero para poder operar. Así, citó doctrina oficial de la Administración10 y jurisprudencia de esta Sección 11, donde se precisó que la compra que integra elementos tangibles e intangibles implican la adquisición de un solo bien material, toda vez que sin el software el hardware no cumpliría la función para la que fue diseñado. En ese sentido, concluyó que el software en sus proyectos formaba parte de una unidad funcional con el hardware, y, en consecuencia, no se trataba de un bien intangible sino de un activo fijo real productivo.

7 Concepto 39363 del 28 de mayo de 2007. 8 Sentencias del 24 de octubre de 2013 (exp. 18375, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 13 de septiembre de 2012 (exp. 18473, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); y del 29 de noviembre de 2012 (exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia). 9 Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2013 (rad. 76001 -23-31-000-1999-02622-01, CP: Mauricio Fajardo Gómez). 10 Concepto 13545 del 28 de mayo de 2008. 11 Sentencia del 29 de noviembre de 2012 (exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Insistió en que la demandada había exigido un requisito adicional a los contemplados en la ley, referido a la demostración del aumento de su productividad y a la generación de nuevas fuentes de empleo , aduciendo que el espíritu e intención del legislador estaban orientados a determinar «efectos positivos sobre la producción y el empleo »; adujo que as sentencias citadas en la liquidación oficial por parte de la autoridad no pretendieron incluir requisitos nuevos, lo que reiteraron fue que los activos debían tener relación directa con la actividad productora de renta y se r productivos, a tales efectos citó providencia de la Sección12. En ese orden, la alusión de las sentencias a generar inversión y empleo, era para precisar que los bienes objeto del beneficio debían tener carácter productivo, no podía entenderse como exigencias adicionales.

Concluyó que se vulneró el régimen de valoración de las pruebas, en particular, los artículos 742, 743, 745 y 746 del ET, pues la demandada omitió, sin hacer una adecuada valoración de las pruebas y sin atender lo explicado respecto del registro contable de los contratos con múltiple objeto, que la parte de mantenimiento se había registrado como gasto, y que, solo la inversión fue registrada como activo fijo. Igualmente, señaló que la deducción no fue tomada sobre intangibles, sino que los contratos tenían un componente de software. Como prueba de lo anterior , anunció adjuntar la relación de los contratos rechazados, así como las facturas que fueron tomadas como inversión, y solicitó decretar

deducción no fue tomada sobre intangibles, sino que los contratos tenían un componente de software. Como prueba de lo anterior , anunció adjuntar la relación de los contratos rechazados, así como las facturas que fueron tomadas como inversión, y solicitó decretar una prueba pericial para revisar su contabilidad, para verificar que solo tomó para la deducción los valores que constituían activos fijos reales productivos.

-Falta de motivación en los actos demandados. Violación del artículo 29 de la Constitución que consagra el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Violación del artículo 42 del CPACA y del artículo 712 del ET que consagran la obligación de motivar los actos de la Administración. Planteó que los actos administrativos debieron estar motivados, de tal forma que protegieran el derecho de defensa . Reprodujo el texto del artículo 42 del CPACA y expresó que, según el artículo 712 del ET, la liquidación oficial de revisión debe contener la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas. A partir de ello, afirmó que en este caso la demandada no motivó la decisión, lo que le impidió ejercer el derecho de defensa, toda vez que no explicó las modificaciones efectuadas, los conceptos ni las cuantías de cada rubro rechazado.

Manifestó que uno de los rubros correspondía a pagos salariales de trabajadores que laboraban en la obra de fibra óptica de banda anch a y, en general, en los proyectos de inversión ejecutados en el año 2008 (inversión por $42.221.895.391), que conformaban la base del beneficio por activos fijos reales productivos . Si bien la compañía no tenía certeza de la causa del rechazo, precisaba explicar qu e tales valores hicieron parte del beneficio de activos reales productivos porque, para el desarrollo de los proyectos

la base del beneficio por activos fijos reales productivos . Si bien la compañía no tenía certeza de la causa del rechazo, precisaba explicar qu e tales valores hicieron parte del beneficio de activos reales productivos porque, para el desarrollo de los proyectos ejecutados, parte de la inversión correspondió a gastos salariales, la cual se llevó como mayor valor del activo por ser parte de la inversión para la ejecución del montaje de redes y de las obras. Explicó que para establecer qué parte constituyó mayor valor del activo , utilizó un sistema de costeo con base en actividades (metodología ABC), lo que, al igual que los conceptos anteriores, constituía inversión en activos fijos al cumplir los requisitos legales. Sin embargo, la demandada rechazó su deducción, violando el debido proceso, pues los actos no enuncia ron tal concepto, ni señalaron la razón por la que rechazó tal suma, lo que imposibilitó ejercer el derecho de defensa.

-Violación de los artículos 145 y 146 del ET que consagran las deducciones para deudas de dudoso o difícil cobro y las deudas manifiestamente perdidas o sin valor, respectivamente. La DIAN no reconoce las deducciones que ETB realizó en aplicación de lo dispuesto en los artículos 145 y 146 del ET. Aseveró que el acto que desató el

12 Sentencia del 24 de octubre de 2007 (exp. 15396, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié).Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 recurso de reconsideración rechazó el castigo de cartera del año 2008 por la suma de $35.637.673.750 al no tener certeza de que las obligaciones de años anteriores (1996 a 2005), provisionadas como deudas de dudoso o difícil cobro, no est aban incluidas en el monto castigado, es decir, que supuestamente se estaba llevando doblemente un gasto por el mismo concepto. Postura que asumió la Administración por no haberse acreditado la historia de provisiones y castigos de los 13 años anteriores (1996 a 2007).

Además, cuestionó que la demandada desconociera lo expuesto en el recurso de reconsideración, en el sentido de que para los años anteriores a 2008 no se tomó un porcentaje mayor al 15% como provisión de cartera por dudoso o difícil cobro, conforme a lo previsto e n el artículo 75 del Decreto 187 de 1975 que establece el método de provisión general de cartera, con lo que se presumió la mala fe de la demandante.

Señaló que las deducciones contempladas en los artículos 145 -deudas de dudoso o difícil cobro - y 146 -deudas manifiestamente perdidas o sin valor - del ET, eran independientes, consagraban deducciones que se daban por causas distintas. Así, indicó que su utilización concurrente no implicaba el uso de beneficios concurrentes , como lo asumió la autoridad al señalar que la actora no probó que las deudas provisionadas antes

independientes, consagraban deducciones que se daban por causas distintas. Así, indicó que su utilización concurrente no implicaba el uso de beneficios concurrentes , como lo asumió la autoridad al señalar que la actora no probó que las deudas provisionadas antes del 2008 no estuvieran incluidas en el monto del castigo, de manera que el contribuyente podría hacer uso de las dos sobre las mismas acreencias sin que ello implicase la obtención de una doble deducción, ya que , reiteró, correspondían a una causa distinta y no se aplicaban de manera simultánea sobre el mismo monto, conforme lo ha entendido esta corporación13, quién precisó que el hecho de haber llevado provisión no significaba que luego no se pudiera castigar la cartera, con fundamento en el artículo 146 ídem.

Para explicar por qué no podía haber una doble deducción sobre la misma base, señaló que según la certificación del contador de la compañía, de l 18 de noviembre de 2013, emitida tras revisar los estados financieros y los anexos de la declaración de renta, durante los años 1996 a 2008 la sociedad utilizó el método de provisión general de cartera, sistema que no permitía acumulación de la deducción, o sea que el porcentaje nunca podría exceder el 15% del total de la deuda de difícil cobro, a diferencia de lo que ocurre con la provisión individual, lo cual ejemplificó con cifras hipotéticas, seguido de lo cual arguyó que a la Administración se le explicó en las visitas y en la revisión de los libros oficiales que, el total de la cartera vencida fue objeto de deducción bajo la provisión general hasta el monto máximo permitido , y que el valor restante del 85% fue objeto de

libros oficiales que, el total de la cartera vencida fue objeto de deducción bajo la provisión general hasta el monto máximo permitido , y que el valor restante del 85% fue objeto de deducción por castigo de cartera, lo que no implicaba una doble deducción.

Para el caso específico, explicó que al cierre del 2008 la provisión fiscal de cartera bajo el método general fue de $17.084.059.000; la «recuperación» de cartera contable ascendió a $41.926.675.000 efectuada para inmediatamente castigar el 100% de la misma, monto del cual se descontó $6.289.001.250 que correspondía al monto que había sido deducido fiscalmente como provisión por difícil cobro, de modo que la cifra por castigo de cartera, que fue deducida fue de $35.637.673.750, diferencia entre la cartera castigada y el monto deducido fiscalmente en años anteriores, equivalente al 85% de las cuentas por cobrar descargadas. Seguidamente, señaló que era evidente que sí se tomó la provisión por el método genera l, el valor no pudo exceder los valores previstos por la ley en ningún periodo anterior, por no ser acumulativa, siendo evidente que el valor castigado solo pudo ser objeto de una depuración.

En la misma línea, aseveró que los actos vulneraban los artículos 79 y 80 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, al desconocer la deducción efectuada acorde con lo definido en la primera de tales disposiciones y atendiendo los requisitos de la segunda. Así, para

13 Sentencia del 28 de enero de 2010 (exp. 17202, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)

Demandante: ETB S.A. ESP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 demostrar su procedencia, se tomaron las actas de castigo del comité de castigo de la compañía que detalla n el procedimiento para determinar cuándo una deuda es considerada manifiestamente perdida, y por lo tanto debe dársele de baja, así como los informes presentados por dos agencias de cobranzas en los que se detallan las deudas que fueron dadas de baja y los motivos.

Adujo que reforzaba la inexistencia de una doble deducción, el hecho de que la contabilidad reflejaba provisiones más altas de las que fueron deducidas en determinado periodo, lo que no implicaba que estas se hubieran tomado en años anteriores o que se hubieran deducido al 100%, pues era válido que existieran diferencias entre el tratamiento contable y fiscal, esta última regulada por el estatuto tributario y el Decreto 187 de 1975 y que el contribuyente puede decidir tomar o no, al paso que la provisión co ntable se basaba en las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 que exig ía el reconocimiento de provisión sobre las deudas en el momento en que sea técnicamente razonable, siguiendo el principio de prudencia. Así, contablemente podía provisionarse una deuda con más de un año de vencida, pero nunca podría serlo fiscalmente, ya que las normas no lo permitirían.

el principio de prudencia. Así, contablemente podía provisionarse una deuda con más de un año de vencida, pero nunca podría serlo fiscalmente, ya que las normas no lo permitirían.

Adicionalmente, aseveró que la demandada transgredió la presunción de la buena fe (art. 83 Constitucional) , al suponer una doble deducción , asegurando que se est aban deduciendo montos que ya habían estado sujetos a otra depuración, esto pese a que en sede administrativa había explicado que el método general aplicable a la cartera de dudoso o difícil cobro no permitía la acumulación de deducciones. Manifestó que en el acto que resolvió el recurso de reconsideración se afirm ó que debían verificarse que obligaciones de años anteriores había dado de baja la actora, para descartar que estuvieran comprendidas en el castigo de $35.637.673.750, con lo cual no se percataba la Administración de que esa cifra estaba contenida en los $41.926.675.000, de