CE - Sentencia 25000233700020160145602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02

Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. -LAN

CARGO COLOMBIA S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA

EFECTUAR LA REVISIÓN O RELIQUIDACIÓN DE LA TASA DE

VIGILANCIA PARA LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, A LA ACTORA,

TOMANDO COMO FUNDAMENTO DISPOSICIONES QUE YA HABÍAN

SIDOS DECLARADAS INEXEQUIBLES POR SENTENCIA DE

CONSTITUCIONALIDAD. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, contra la sentencia de 13 de marzo de 201 9, proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.2

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Actora: LAN CARGO COLOMBIA S.A.

Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1. La sociedad LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. - LAN CARGO COLOMBIA S.A .1, por medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, present ó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Resolución 21027 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió Liquidación Oficial de Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014 en cuantía de $344.743.813 y $433.576.530 pesos.

(ii) Resolución 2142 del 21 de enero de 2016, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por LA N CARGO contra la resolución 210 27 del 16 de octubre de 2015 relativa a la Liquidación oficial (sic) de Revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 a 2014.

CARGO contra la resolución 210 27 del 16 de octubre de 2015 relativa a la Liquidación oficial (sic) de Revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 a 2014.

(iii) Acto Ficto negativo como consecuencia de la no respuesta por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte al recurso de apelación elevado en subsidio del recurso de reposición ante el Superintendente de Puertos y Transporte

3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que LAN CARGO no está obligado a pagar los mayores valores determinados y exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte, habida cuenta nos encontramos frente a un pago de lo no debido “[…]”..

1 En adelante LAN CARGO COLOMBIA S.A.3

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I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º. Que la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 2, en su artículo 27, numeral 2 7.2, estableció como función de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por concepto de vigilancia una tasa por la parte

numeral 2 7.2, estableció como función de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por concepto de vigilancia una tasa por la parte proporcional que le correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República.

2º. Que e l artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 3 amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1 ª, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.

Agregó que, a dicionalmente, dicha norma estableció que aquellos sujetos a los cuales se les amplió el cobro de la tasa pagarían por

2 “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”. 3 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.4

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ese concepto una tasa por la parte proporcional que le correspondiera, según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y

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ese concepto una tasa por la parte proporcional que le correspondiera, según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

3º. Indicó que, de esta forma, la Ley 1450 amplió el cobro de la tasa de vigilancia que le correspondía recaudar a la Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad de los vigilados; y señaló expresamente los elementos del tributo mediante una fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable únicamente a los sujetos a quienes se les amplió el cobro de este tributo.

4º. Sostuvo que el Ministerio de Transporte expidió las resoluciones núms. 10225, 05150 y 04188, por medio de las cuales se fijó, para los años 2012, 2013 y 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control para esas vigencias fiscales.5

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5º. Adujo que, a su juicio, las resoluciones citadas tomaron como fundamento los elementos estructurales dados por el artículo 89 de

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5º. Adujo que, a su juicio, las resoluciones citadas tomaron como fundamento los elementos estructurales dados por el artículo 89 de la Ley 1450 para la determinación de la tasa para los nuevos sujetos vigilados , específicamente, la base gravable para la aplicación de la tarifa y la destinación de la misma, las cuales, en violación del principio de igualdad, incluían los costos y gastos de inversión de la Superintendencia.

6º. Sostuvo que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa misma disposición.

7º. Destacó que la Corte Constitucional, en la referida sentencia, precisó que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados generó una sobrecarga adicional respecto de los antiguos, al asociar el tributo no solo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la productividad y desarrollo de la entidad, trato diferencial que no tenía sustento alguno en la ley que estableció el tributo ni en sus6

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antecedentes, lo cual vulneraba el principio de igualdad en materia tributaria y desconocía la Constitución Política.

8º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución núm. 210 27 de 16 de octubre de 2015 , mediante la cual expidió la liquidación oficial de revisión, ordenando a la actora el pago del saldo de la tasa de vigilancia para la s vigencias 2013 y 2014, por la suma de $ 344.743.813 y $433.576.530, respectivamente.

9º. Indicó que el 4 de noviembre de 2015 interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de 2015.

10º. Que e l recurso de reposición fue decidido mediante la Resolución núm. 214 2 de 21 de enero de 2016 , en la cual se resolvió confirmar el acto recurrido.

11º. Anotó que e l 15 de septiembre de 2016, la entidad demandada, de manera extemporánea, expidió la Resolución núm. 48649, en el sentido de confirmar la anterior decisión.7

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núm. 48649, en el sentido de confirmar la anterior decisión.7

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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 29, 83, 95, numeral 9, 150, numeral 12, 230, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 86 y 91 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114; y 686 del Estatuto Tributario.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

.PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CPACA –

TÉRMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN

INTERPUESTO – Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA –

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.

Alegó q ue la autoridad demandada expidió la Resolución núm. 48649 de 15 de septiembre de 2016 , por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de 2015 , de manera extemporánea, esto es, después de transcurrido el término de dos (2) meses, previsto en el artículo 86 de la Ley 1437, lo cual denota una vulneración del derecho al debido proceso, al hacer caso omiso a los términos previstos en la normativa procesal.

(2) meses, previsto en el artículo 86 de la Ley 1437, lo cual denota una vulneración del derecho al debido proceso, al hacer caso omiso a los términos previstos en la normativa procesal.

.SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL NUMERAL 12 DEL

ARTÍCULO 150 Y EL ARTÍCULO 338 DE LA CONSTITUCIÓN

4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.8

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POLÍTICA – PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS –

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 243 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS COSA JUZGADA

CONSTITUCIONAL Y EFECTO DE LA INEXEQUIBILIDAD DE

UNA NORMA.

Adujo que al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450, mediante la sentencia C218 de 2015, en lo relativo a los elementos estructurales de la tasa de vigilancia (base gravable y tarifa) exigible a los nuevos vigilados, la disposición se hace inaplicable por ser contraria a la Constitución Política.

Resaltó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de pago, la base gravable, la destinación (cubrir costos y gastos de

Resaltó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de pago, la base gravable, la destinación (cubrir costos y gastos de inversión) y la tarifa tope, devienen en inaplicables al ser contrarios a la Constitución Nacional […]”.

Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte insistía en que como la sentencia proferida por la Corte Constitucional tenía efectos hacia futuro, era viable liquidar y cobrar un tributo que fue declarado inexequible , en lo que respecta a los elementos de su esencia, con lo cual olvidó que al declararse inexequibles esos elementos, la tasa de vigilancia no podía ser aplicada “[…] so pena9

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de imponer un tributo que carece de sustento legal y por tanto violatorio del principio de legalidad y predeterminación de los tributos […]”.

Señaló que como resultado de haberse proferido la sentencia C-218 de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la inexequibilidad de la norma que establecía los elementos del tributo para los nuevos vigilados, los elementos esenciales de la tasa de vigilancia desaparecieron, razón por la cual al exigirse su pago por los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se

para los nuevos vigilados, los elementos esenciales de la tasa de vigilancia desaparecieron, razón por la cual al exigirse su pago por los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se desconoció el principio de legalidad y predeterminación de los tributos.

Afirmó que no e s posible, como lo pretendían los actos administrativos acusados, aplicar la Ley 1ª, toda vez que, conforme a su artículo 27, numeral 27.2, tal disposición va dirigida a aquellos inicialmente vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transportes, esto es, las sociedades portuarias y los operadores portuarios, la cual no se podía extender a los nuevos vigilados, teniendo en cuenta que ellos existía una disposición expresa que, insistió, fue declarada inexequible.10

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Argumentó que el cobr o efectuado por la Superintendencia de Puertos y Transporte desconoció los efectos erga omnes de los fallos de inexequibilidad y, en consecuencia, el artículo 243 de la Constitución Política sobre la cosa juzgada constitucional.

.TERCER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 91 DEL CPACA –

PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS – INEXISTENCIA DE SITUACIONES

JURÍDICAS CONSOLIDADAS – DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE JUDICIAL.

PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS – INEXISTENCIA DE SITUACIONES

JURÍDICAS CONSOLIDADAS – DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE JUDICIAL.

Señaló que el artículo 91 del CPACA establece la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y destacó que las resoluciones que desarrollaron el artículo 89 de la Ley 1450, esto es, las resoluciones núms. 10225 de 2012, 05150 de 2013 y 04188 de 2014, fundamento de los actos acusados, perdieron su fuerza ejecutoria y, por tanto, no podían ser sustento jurídico del cobro de la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014, pues desaparecieron los fundamentos jurídicos en el que se sustentaron, que no es otro que los apartes declarados inexequibles del artículo 89 de la citada Ley.

Alegó que existía falsa motivación en la afirmación de la entidad demandada, consistente en que persistían los fundamentos de11

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derecho y se estaba ante situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que al desaparecer el fundamento legal de las resoluciones en que se sustentó el cobro de la tasa de vigilancia, la actora podía solicitar la devolución de las sumas pagadas como un pago de lo no debido.

vez que al desaparecer el fundamento legal de las resoluciones en que se sustentó el cobro de la tasa de vigilancia, la actora podía solicitar la devolución de las sumas pagadas como un pago de lo no debido.

Adujo que los actos administrativos demandados incurrieron en un vicio de nulidad “[…] al partir de una falsa premisa, cual es la inexistencia de la pérdida de ejecutoria de los actos sustento del cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta ocurrencia de una situación jurídica consolidada, que como se demostró no se presenta en este caso […]”, con lo cual se presenta el vicio de falsa motivación, al aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos que soportan las actuaciones administrativas.

Sostuvo que los actos administrativos acusados estaban falsamente motivados, en razón a que la Superintendencia demandada expuso argumentos de derecho que no correspondían a la realidad, cobrando la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014, pese a que desapareció del ordenamiento jurídico, la norma que determinaba los elementos estructurales del tributo para los nuevos vigilados, aplicándolos de manera arbitraria y con desconocimiento del12

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principio de legalidad y los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal, la

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principio de legalidad y los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal, la ampliación del cobro de la tasa a otros vigilados (nuevos sujetos pasivos) […]”.

.CUARTO CARGO: VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 83, 95 -9 Y

363 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 683 DEL ESTATUTO

TRIBUTARIO.

Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte desconoció la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450, al aplicar los elementos estructurales de una ley previa que no le era aplicable, con lo cual violó los artículos 58, 83, 95, numeral 9, y 363 de la Constitución Política, así como el artículo 683 del Estatuto Tributario.

Sostuvo que el principio de justicia se debe aplicar a toda actuación de la administración ; y que se desconoce cuando se le exig e al contribuyente un tributo más de lo que la ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas.

Que, en el presente caso, se exigió un mayor valor de una tasa con base en una norma declarada inexequible y se aplicaron actos administrativos que perdieron ejecutoria, lo cual trajo como13

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consecuencia una carga desproporcionada, confiscatoria e

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consecuencia una carga desproporcionada, confiscatoria e injustificada que no debió soportar.

Anotó que al exigírsele un mayor valor de la tasa de vigilancia por los períodos en discusión se desconocieron los principios de equidad, eficiencia y progresividad, previstos en el artículo 363 de la Constitución Política.

Advirtió que el cobro pretendido por la administración resulta arbitrario y abusivo, pues se exigió el pago de unas sumas que no le pertenecen, lo cual llevaría a un enriquecimiento sin causa a favor del Estado, en detrimento de los vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Afirmó que los actos administrativos demandados desconocieron los artículos 83 y 95, numeral 9, de la Constitución Política, en razón a que exigir un mayor valor de la tasa de vigilancia constituiría un desconocimiento del principio de la buena fe a favor de los particulares y, adicionalmente, una “[…] expropiación de facto […]”.

. QUINTO CARGO: VÍA DE HECHO DE LA ADMINISTRACIÓN.14

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Señaló que la Superintendencia demandada, al expedir la

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Señaló que la Superintendencia demandada, al expedir la liquidación oficial de revisión, incurrió en irregularidad grave y manifiesta, que atenta contra los derechos de los administrados y el ordenamiento jurídico, al estar sustentada en actos administrativos cuyo fundamento legal fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y, por tanto, habían perdido su fuerza ejecutoria.

Adujo que la entidad demandada incurrió en manifiesta vía de hecho: i) al realizar una liquidación sustentada en apartes del artículo 89 de la Ley 1450 , declarados inexequibles por la Corte Constitucional; ii) al realizar una actuación sin fundamento legal y sin competencia; y, iii) al expedir decisiones que carecen de fundamento legal y regulatorio y, en consecuencia, en “desobediencia” de la Constitución Política y la ley.

I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE , mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:15

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Que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o

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Que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas, integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la decisión.

Que el artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 5 dispone que, por regla general, las decisiones proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la jurisdicción constitucional resuelva lo contrario, disposición que fue declarad a exequible mediante la sentencia C444 de 2011.

Expresó que la sentencia C218 de 2015 no señaló que los efectos de la decisión fuera n ex nunc y, por tanto, los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte, por l os cuales se estableció el pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y 2014, y la Resolución núm. 21027 de 16 de octubre de 2015 se encuentran vigentes y gozan de legalidad.

5 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.16

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5 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.16

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Manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 31 de mayo de 2016, dentro del expediente núm. 201600011, aclaró los efectos de la sentencia C -218 de 2015, señalando que la Corte Constitucional no declaró la inexequibilidad total del artículo 89 de la Ley 1450, sino de algunos de sus apartes, de tal forma que la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia a todos los sujetos vigilados se encontraba ajustada a la Constitución Política.

Adujo que los actos administrativos acusados se fundamentaron en “[…] el mismo andamiaje jurídico que el Consejo de Estado declaró válido […]”, por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 no afectó las liquidaciones de revisión demandadas.

Indicó que había respetado todas las garantías constitucionales de la parte demandante, entre e llas, el principio de legalidad y el debido proceso administrativo.

Argumentó que, contrario a lo señalado por la parte actora, los actos acusados no han perdido su ejecutoriedad, ya que los artículos 2º, numeral 2, y 6.4. del Decreto 087 de 17 de enero de17

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artículos 2º, numeral 2, y 6.4. del Decreto 087 de 17 de enero de17

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20116 fijaron la tarifa que , por concepto de tasa de vigilancia, debían pagar todos los vigilados de la Superintendencia demandada para la vigencia de los años 2012, 2013 y 2014, en aplicación de los artículos 27 de la Ley 1 ª y 89 de la Ley 1450. Por lo tanto, los actos acusados tuvieron sustento en una normatividad suficiente, que determinó suj eto activo, sujeto pasivo, hecho generador -servicio prestado-, tarifa y base gravable, razón por la cual ostentan una presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada.

Expresó que en el caso bajo examen se presenta una situación jurídica consolidada, toda vez que la Superintendencia de Puertos y Transporte, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, de conformidad con los ingresos brutos del año fiscal inmediatamente anterior y en virtud de las leyes 1ª y 145 0, estableció los plazos para el pago de la tasa de vigilancia para los años 2013 y 2014, a través de las resoluciones núms. 015372 de 6 de diciembre de 2013 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, respectivamente.

para el pago de la tasa de vigilancia para los años 2013 y 2014, a través de las resoluciones núms. 015372 de 6 de diciembre de 2013 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, respectivamente.

6 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”.18

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01456-02

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Precisó que la consolidación de la situación jurídica acaeció el 31 de diciembre de cada año fiscal, según sus ingresos brutos, fecha en la cual nació la obligación de las empresas a pagar la tasa en virtud del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª.

Finalmente, alegó que los actos acusados no adolecen d e falsa motivación y de la existencia de una vía de hecho por parte de la autoridad administrativa, toda vez que se fundamentaron bajo criterios de legalidad, certeza de hechos y apreciación razonable; y en todo momento se respetó el principio de legalidad y las garantías procesales previstas en la Constitución Política y en la Ley 1437.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 13 de marzo de 2019 , la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las resoluciones núms. 21027 de 16 de octubre de

Mediante sentencia de 13 de marzo de 2019 , la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las resoluciones núms. 21027 de 16 de octubre de 2015, 2142 de 21 de enero de 2016 y 48649 de 15 de septiembre de 2016 acusadas y orden ó, a título de restablecimiento del derecho, declarar que la sociedad LAN CARGO COLOMBIA S.A. no está obligada a pagar la suma liquidada en los19

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actos demandados , con base en los razonamientos que pueden resumirse así:

Que la sentencia C -218 de 22 de abril de 2015 de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles la expresión “y/o inversión” y todo el segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450, surte el efecto general hacia futuro o ex nunc , toda vez que en su parte resolutiva no indica una condición temporal de cumplimiento.

Señaló que teniendo en consideración a dichos efectos y que todos los elementos esenciales de la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014 fueron fijados por el Ministerio de Transporte a través de las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, las cuales tuvieron como fundamento la

2014 fueron fijados por el Ministerio de Transporte a través de las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, las cuales tuvieron como fundamento la Ley 1a y el artículo 89 de la Ley 1450 y que éste último era aplicable en su totalidad para las vigencias 2013 y 2014 para el pago de dicha tasa, ya que su declarat oria parcial de constitucionalidad se efectuó con posterioridad a esos años gravables, las citadas resoluciones, atendiendo los efectos en el tiempo de la sentencia, surtieron plenos efectos antes de su expedición.20

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Indicó que las resoluciones demandadas fueron expedidas con posterioridad a la sentencia C -218 de 2015; y si bien no fijaron los elementos esenciales de la tasa de vigilancia, sino que corresponden a la revisión del incumplimiento parcial del pago por concepto de este tributo por parte de LAN CARGO COLOMBIA S.A. para las vigencias 2013 y 2014, tuvieron como fundamento las resoluciones del Ministerio de Transporte, cuyo sustento normativo, esto es, el artículo 89 de la Ley 1450, fue declarado parcialmente inconstitucional.

Que, por lo tanto, contrario a lo señalado por la demandada, dichas resoluciones desconocieron una decisión de inconstitucionalidad

89 de la Ley 1450, fue declarado parcialmente inconstitucional.

Que, por lo tanto, contrario a lo señalado por la demandada, dichas resoluciones desconocieron una decisión de inconstitucionalidad frente a una situación jurídica que no se encontraba consolidada, si se tiene en cuenta que con los actos acusados la norma declarada