CE - Sentencia 25000233700020160209701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621)

Demandante DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Recobro cuotas partes pensionales. Liquidación de CAJANAL. Legitimación en la causa por pasiva. Prescripción. Consulta y aceptación de las cuotas partes pensionales (código de rechazo 1.3 y 1.4). Prueba de la obligación a cargo de CAJANAL (código de rechazo 1.2, 1.6 y 2.2). SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que dispuso lo siguiente1: PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, de acuerdo con la parte motiva.

TERCERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución nro. 2266 del 14 de diciembre de 2012, y de la Resolución nro. 3352 del 19 de marzo de 2013, expedidas por el liquidador de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, conforme con las consideraciones expuestas.

CUARTO: DECLÁRESE que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES es la sucesora misional y procesal de la extinta CAJANAL EICE, por lo que debe cumplir las órdenes de restablecimiento del derecho.

QUINTO: A título de restablecimiento, DECLÁRESE la prescripción del derecho al recobro de cuotas partes que se hicieron exigibles en los periodos comprendidos entre el 3 de abril de 1961 y el 11 de junio de 1999, y entre el 27 de diciembre de 2002 y el 11 de junio de 2004.

SEXTO: A título de restablecimiento, SUPRÍMANSE del anexo nro. 191 las siguientes glosas: • Código 1.3 y 1.4: Elimínase respecto de los pensionados Arciniego Benedicto Acosta

SEXTO: A título de restablecimiento, SUPRÍMANSE del anexo nro. 191 las siguientes glosas: • Código 1.3 y 1.4: Elimínase respecto de los pensionados Arciniego Benedicto Acosta García, Diomedes Torres Cabezas, Jaime Edgar Valencia y Jorge Tovar Sánchez. • Código 2.4: Elimínase respecto de las cuotas partes que se hicieron exigible entre el 12 de junio de 1999 y el 26 de diciembre de 2022 [sic], y entre el 12 de junio de 2004 y el 31 de julio de 2009. • Código 2.11: Elimínase de todas las cuotas partes objeto de reclamo.

SÉPTIMO: A título de restablecimiento, DECLÁRESE que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES adeuda al DEPARTAMENTO DE NARIÑO las cuotas partes 1 Samai del Tribunal. Índice 81. Páginas 40 a 41.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensionales relacionadas en el anexo nro. 191 de las cuales no subsistan glosas vigentes, junto con los intereses DTF que se hayan causado desde la fecha que se hizo exigible hasta el 12 de junio de 2009. El pago de estas cuotas partes deberá efectuarse con cargo a los recursos del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL DE COLOMBIA.

OCTAVO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

recursos del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL DE COLOMBIA.

OCTAVO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora EVELYN MARÍA MOLINA PADILLA, identificada con cédula de ciudadanía (…) y Tarjeta Profesional (…) del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada especial de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES.

DÉCIMO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia así: (…)

[…] ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (CAJANAL) profirió la resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, en la que decidió sobre la aceptación y rechazo de las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales reclamadas por el departamento de Nariño, entre otros acreedores. La entidad territorial referida presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante la resolución 3352 del 19 de marzo de 2013, reconociendo un mayor valor por el concepto reclamado , pero manteniendo el rechazo frente a algunas obligaciones. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones2: PRETENSIONES DECLARATIVAS Las pretensiones de la demanda original se mantienen en su totalidad y con la presente

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones2: PRETENSIONES DECLARATIVAS Las pretensiones de la demanda original se mantienen en su totalidad y con la presente reforma, pretendo modificar la pretensión SIETE de la demanda original, según el texto que a continuación se señala: 1.- Que se declare LA NULIDAD PARCIAL, o sea en lo desfavorable al DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de la Resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, expedida por el Liquidador de CAJANAL EICE, hoy liquidada. 2.- Que se declare la NULIDAD PARCIAL, o sea en lo desfavorable al DEPARTAMENTO DE NARIÑO de la Resolución 3352 del 19 de marzo de 2013 por la cual resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por mi representada, expedida por el Liquidador de CAJANAL EICE, dentro del proceso liquidatorio de la extinta entidad. 3.- Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare que CAJANAL EICE LIQUIDADA, se encontraba obligada, antes de la finalización de su proceso de liquidación, al reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales reclamadas oportunamente por la demandante, durante el trámite del proceso de liquidación de CAJANAL EICE y hasta la finalización del mismo. 2 Samai. Índice 2. PDF reforma demanda. Páginas 2 a 3.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: departamento de Nariño

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.- Que se declare que los demandados dentro del ámbito de sus competencias jurídicas de cada uno, deben responder patrimonialmente por las obligaciones de pago de las cuotas partes pensionales a cargo DE CAJANAL EICE hoy liquidada. 5.- Que como consecuencia de las nulidades parciales solicitadas, a título de restablecimiento del derecho, se declare que los demandados están obligados a cancelar a favor de la entidad demandante, por concepto de cuotas partes pensionales, la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($18.713.200.630,09), o el mayor valor que se pruebe en el proceso, hasta el pago total de las obligaciones, de conformidad con la proporción o totalidad que a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir. 6.- Que como consecuencia de todo lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare que los demandados están obligados a reconocer y pagar los intereses legales al 12% anual antes de la vigencia de la ley 1066 y desde el 29 de Julio de 2006 en adelante con aplicación del interés DTF como lo estipula el artículo 4 de la ley 1066 de 2006 y/o moratorios correspondientes sobre las sumas indicadas en el numeral anterior, de acuerdo a la tasa prevista en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, o aquella que resulte aplicable desde que los créditos se hicieron exigibles, a favor de mi representada, y hasta el pago total de sus obligaciones. Esto de conformidad con la proporción o totalidad que

aplicable desde que los créditos se hicieron exigibles, a favor de mi representada, y hasta el pago total de sus obligaciones. Esto de conformidad con la proporción o totalidad que a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir. 7.- Que como consecuencia de la nulidad parcial solicitada, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o las demás entidades demandadas, reconozcan y paguen, el valor del CÁLCULO ACTUARIAL, correspondiente al valor de las cuotas partes pensionales que, ejerciendo el derecho de recobro de las cuotas partes pensionales, se generen a futuro y le corresponden al DEMANDANTE. 8.- Que como consecuencia de las nulidades parciales solicitadas, a título de restablecimiento del derecho se declare que el DEPARTAMENTO DE NARIÑO puede continuar ejerciendo el derecho de recobro de las cuotas partes pensionales que se encontraban a cargo de CAJANAL EICE, en la medida que vaya surgiendo el derecho de recobro de las mismas, en los términos del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, en contra de las entidades demandadas a quienes jurídicamente le compete tal obligación. PRETENSIONES DE CONDENAS Con esta Reforma, pretendo modificar la tercera pretensión presentada en la demanda original, de la siguiente forma: PRIMERA: Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les corresponda, a cancelar a favor de mi representada, por concepto de las cuotas partes

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les corresponda, a cancelar a favor de mi representada, por concepto de las cuotas partes causadas, la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($18.713.200.630,09), o el mayor valor que se pruebe en el proceso, hasta el pago total de las obligaciones, de conformidad con la proporción o totalidad que a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados, en la proporción que les corresponda, a reconocer y pagar los intereses del 12% anual antes de la vigencia de la Ley 1066 de 2006 y desde el 29 de Julio de 2006 en adelante con aplicación del interés DTF como lo estipula el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, y/o moratorios correspondientes sobre las sumas indicadas en el numeral anterior, de acuerdo con la tasa prevista en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, o aquella que resulte aplicable, desde que las obligaciones se hicieron exigibles, a favor del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, hasta el pago total de las obligaciones, de conformidad con la proporción o totalidad que a cada uno de los demandados les corresponda asumir.

TERCERA.- Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les

asumir. TERCERA.- Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les corresponda, a reconocer y pagar el valor del CÁLCULO ACTUARIAL correspondiente al valor que a FUTURO le correspondió asumir a la extinguida CAJANAL EICE a título de cuotas partes pensionales a favor de mi Representado.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA Que se ordene a los demandados dar cumplimiento a la Sentencia Condenatoria en los términos de los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. QUINTA.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, acorde con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 13, 29, 83, 84, 85 y 230 de la Constitución Política; 5 de la Ley 153 de 1887; 19, 132 y 134 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 del Código de Comercio; 52, 137, 138 y 216 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 165, 178 y 189 del Código General del Proceso. El concepto de la violación, expuesto en la demanda inicial y adicionado en la reforma, se resume de forma conjunta, así:

216 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 165, 178 y 189 del Código General del Proceso. El concepto de la violación, expuesto en la demanda inicial y adicionado en la reforma, se resume de forma conjunta, así: Expuso que es improcedente la causal de rechazo 2.4 (prescripción). Con este fin, manifestó que el término de 3 años del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 no es aplicable a las cuotas partes pensionales causadas antes de la entrada en vigencia de esa norma. Indicó que CAJANAL afirmó que la prescripción trienal era aplicable antes de ese momento, en virtud de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante, esta interpretación no es admisible, pues el derecho al recobro no estaba sometido al régimen de prescripción general del Código Civil ni al de las normas laborales3, y las normas invocadas en los actos acusados solo regulan los derechos de carácter prestacional de los servidores públicos. En la reforma a la demanda, adicionó que la interpretación del liquidador de CAJANAL fue rechazada por el Consejo de Estado4, al declarar la nulidad del artículo 3 de la circular conjunta 000069 del 4 de noviembre de 2008 de los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público. Agregó que el legislador autorizó, en el artículo 4 de la Ley 490 de 1998, que las entidades públicas del orden nacional suprimieran contablemente las obligaciones

Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público. Agregó que el legislador autorizó, en el artículo 4 de la Ley 490 de 1998, que las entidades públicas del orden nacional suprimieran contablemente las obligaciones por este concepto de causadas hasta el 1 de abril de 1998, lo que implicaba el reconocimiento tácito de que no contaban con algún término de prescripción. Manifestó que, por lo anterior, el término de prescripción de 3 años para obligaciones anteriores a la Ley 1066 de 2006 solo se puede contabilizar a partir del inicio de su vigencia (29 de julio de ese año), y para las cuotas partes pensionales causadas con posterioridad, el conteo inicia con el pago de la mesada pensional. Por lo tanto, consideró que no se había configurado esta figura, dado que el inicio de la liquidación, el 12 de junio de 2009, interrumpió la prescripción. De otro lado, sostuvo que deben reconocerse a su favor los intereses de mora, porque, por un lado, el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 prevé que las cuotas partes pensionales son exigibles desde el pago de la mesada pensional, y por el otro, no se configuró una situación de fuerza mayor (artículo 90 de la Ley 95 de 1890), pues la situación de la demandada es atribuible a su negligencia, lo que dio lugar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en la sentencia T-1234 de 2008. 3 Identificó el Concepto 1853 de 2007. Sala de Consulta y Servicio Civil. 4 En la cita realizada por la demandante se afirma que se extrae de la sentencia del 28 de junio de 2012 del Consejo de

3 Identificó el Concepto 1853 de 2007. Sala de Consulta y Servicio Civil. 4 En la cita realizada por la demandante se afirma que se extrae de la sentencia del 28 de junio de 2012 del Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 00584-2009, M. P. Gustavo Eduardo Gómez Arangüren.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que es procedente el recobro cuotas pensionales con posterioridad a la liquidación de CAJANAL. De este modo, consideró incorrecta la aplicación del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que regula las obligaciones a plazo, dado que las cuotas partes pensionales son de tracto sucesivo. Adujo que son improcedentes los códigos de rechazo 2.11 (falta de disponibilidad presupuestal), 1.3 y 1.4 (falta de consulta y aceptación) , pues la omisión en la realización de la consulta no extingue la obligación a cargo de la entidad que participa en el pago del derecho pensional5,y el hecho de que la entidad deudora guarde silencio da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. En el concepto de la violación, manifestó que no se encontraron los oficios de consulta de las cuotas partes pensionales, por lo que la comunicación GCPP 717 del 28 de agosto de 2008 y los oficios 770 del 18 de diciembre de 2008 y 1039 del 10 de junio de 2009 solicitaron esa información a CAJANAL; pero, ante su silencio, debía

28 de agosto de 2008 y los oficios 770 del 18 de diciembre de 2008 y 1039 del 10 de junio de 2009 solicitaron esa información a CAJANAL; pero, ante su silencio, debía presumirse su aceptación. En el acápite de hechos, indicó que las «consultas, se enviaron con oficio GCPP 1039 del 10 de junio de 2009 recibidas por CAJANAL EICE, según sello de correo, radicado 0053 del 19 de junio de 2009, las cuales se consideran aceptadas por la configuración del silencio administrativo, agotando con ello el procedimiento legal de consulta»6. Con relación a la falta de disponibilidad presupuestal, en el concepto de la violación de la demanda inicial y en los hechos de la reforma a la demanda, puso de presente que el liquidador lo sustentó en que, si bien las obligaciones fueron incluidas en el acuerdo de compensación del 14 de agosto de 2008, suscrito entre la demandante y CAJANAL, no se adelantó el trámite correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-FOPEP para el pago. Empero, para la entidad territorial, esta es una decisión arbitraria, pues no es una excusa legítima para abstenerse de efectuar el pago de la obligación. Señaló que la demandada violó el derecho al debido proceso, porque las cuotas partes pensionales habían sido aceptadas expresa o tácitamente, de modo que CAJANAL no podía desconocer sus propios actos sin adelantar el trámite de revocatoria directa, obteniendo el consentimiento expreso y previo de la entidad acreedora. Además, destacó que CAJANAL aceptó que se realizó el procedimiento de

CAJANAL no podía desconocer sus propios actos sin adelantar el trámite de revocatoria directa, obteniendo el consentimiento expreso y previo de la entidad acreedora. Además, destacó que CAJANAL aceptó que se realizó el procedimiento de consulta y aceptación ante ella en el oficio GG 1724 del 9 de julio de 2008, por lo que en el acuerdo suscrito el 14 de agosto del mismo año se compensaron parcialmente esas obligaciones. También consideró que no se le garantizó el principio de doble instancia, pues los artículos 7 del Decreto 2196 de 2009 y 7 del Decreto Ley 254 de 2000 dispusieron que contra los actos del liquidador solo procedería el recurso de reposición. De igual modo, estimó vulnerado el principio de juez natural e imparcial, pues e liquidador no era el competente para decidir unilateralmente sobre la validez de sus propias actuaciones. En el acápite de hechos, indicó que el código 1.2 (falta de prorrateo) se desvirtuó con los certificados laborales de los pensionados, donde consta el tiempo laborado en cada entidad, por lo que el valor de la mesada se distribuyó de forma proporcional. Destacó que estos documentos fueron aportados con la reclamación, pero no fueron valorados por la entidad liquidada. 5 Al respecto citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 30 de noviembre de 2006, M. P. Flavio Augusto Rodríguez Arce (no suministra el radicado). 6 Ibidem, página 13.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 6

Rodríguez Arce (no suministra el radicado). 6 Ibidem, página 13.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual forma, manifestó que el código de rechazo 1.6 (falta de comprobante de pago de las mesadas pensionales) fue subsanado con el comprobante de pago respectivo y el certificado de vigencia de la cédula de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con relación al código 2.2 (CAJANAL no es sujeto pasivo), afirmó que el nacimiento del derecho pensional de los jubilados se acreditó con los actos de reconocimiento pensional, las consultas y aceptaciones, por lo que CAJANAL debía efectuar los pagos correspondientes. Además, puso de presente que la obligación fue consultada a las entidades afiliadas a la caja de previsión, como eran el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud – Fondo Nacional Hospitalario. Finalmente, en los hechos de la reforma de la demanda, sostuvo que se presentó la reclamación oportuna ante CAJANAL con relación a algunos pensionados, pese a lo cual no fueron incluidos en la calificación de la obligación. Por lo tanto, solicitó su inclusión, asegurando que aportó los documentos requeridos para probar el derecho al recobro. Oposiciones a la demanda7 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que no debió ser vinculado al

inclusión, asegurando que aportó los documentos requeridos para probar el derecho al recobro. Oposiciones a la demanda7 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que no debió ser vinculado al proceso, porque no expidió los actos demandados. Explicó que , durante la liquidación de CAJANAL, actuó como gestor de recursos presupuestales hasta el cierre de ese trámite, el 11 de junio de 2013, por lo que no era responsable de las decisiones que autónomamente adoptó el liquidador. Afirmó que el cobro de cuotas partes pensionales estaba sujeto a la prescripción de la Ley 1066 de 2006 y, antes de su expedición, a los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 . Puso de presente que las obligaciones a cargo de CAJANAL se pagarían con recursos del FOPEP, y que no era posible el reconocimiento de intereses, debido a que el inicio de la liquidación de la entidad se dio una situación de fuerza mayor. Propuso las excepciones de i) la indebida representación de la Nación, ii) caducidad de la acción, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iv) prescripción, v) inexistencia del título que preste mérito ejecutivo, vi) inexistencia del derecho a percibir intereses, vii) inexistencia de la acción frente al Ministerio, viii) legalidad y ix) aspectos presupuestales. La UGPP señaló que las cuotas partes son obligaciones financieras, no una función pensional propiamente dicha, de manera que los pasivos en esa materia hacen parte del trámite de liquidación de CANAJAL y deberán ser asumidos por el ministerio

La UGPP señaló que las cuotas partes son obligaciones financieras, no una función pensional propiamente dicha, de manera que los pasivos en esa materia hacen parte del trámite de liquidación de CANAJAL y deberán ser asumidos por el ministerio al cual estuvieren adscritos, conforme el artículo 1 del Decreto 1222 de 2013. Puso de presente que no se mantiene la interpretación de la sentencia T-921 de 2011 sobre el recobro de cuotas partes pensionales como mecanismo de financiación del sistema, dado que el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 suprimió el reconocimiento de este concepto entre entidades del orden nacional, por ser un asunto del Presupuesto General de la Nación. Agregó que era correcta la aplicación 7 En el auto del 8 de octubre de 2021, que decidió sobre excepciones, el tribunal precisó tener en cuenta las contestaciones de las entidades aportadas con posterioridad al auto admisorio del 2 de febrero de 2017. Por esta razón en el acápite de oposición de esta instancia se resumirán los pronunciamientos de las entidades posteriores a esa fecha.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la prescripción trienal, como lo hizo CAJANAL, reiterando los argumentos de los actos acusados. Propuso las excepciones de i) falta de competencia por indebida y/o falta de agotamiento de la reclamación administrativa; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iii) inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales – cobro de

Propuso las excepciones de i) falta de competencia por indebida y/o falta de agotamiento de la reclamación administrativa; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iii) inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales – cobro de lo no debido, iv) prescripción, v) imposibilidad de condena en costas, dada la ausencia de pruebas de su causación, y vi) la genérica. El Ministerio de Salud y la Protección Social adujo que nunca fungió como empleador o recaudador de los aportes a pensión de las personas por las cuales se pretende el cobro, ni contaba con la competencia para reconocer o pagar mesadas pensionales. De este modo, sostuvo que desconocía los hechos relevantes para el proceso, por lo que su vinculación puede vulnerar su derecho al debido proceso. Explicó que ese ministerio no podía ser considerado sucesor procesal de la extinta entidad, sino el patrimonio autónomo constituido para el efecto . Tampoco podía resolver administrativa o judicialmente cualquier decisión que hubiere tomado el liquidador, quien ejerció las facultades del Decreto 1122 de 2013. Solicitó tener en cuenta el Decreto 1222 de 2013, que asignó las competencias con relación al cobro y al pago de las cuotas partes pensionales con anterioridad y posterioridad al cierre de la liquidación. Destacó que esta norma únicamente faculta al ministerio para continuar los procesos de jurisdicción coactiva, pero en ningún momento le encargó el pago de cuotas partes pensionales. Adujo que debía observarse el fenómeno de la prescripción, de conformidad con la Ley 1066 de 2006 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

el pago de cuotas partes pensionales. Adujo que debía observarse el fenómeno de la prescripción, de conformidad con la Ley 1066 de 2006 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Propuso como excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) inexistencia de daño antijurídico, iii) prescripción, iv) falta de agotamiento de vía gubernativa, v) inexistencia de la obligación, vi) cobro de lo no debido , vii) inexistencia de solidaridad entre las demandadas y viii) la innominada. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (FIDUAGRARIA), en cuanto a la prescripción, señaló que estaban sujetas al término de 3 años, incluso con anterioridad a la expedición de la Ley 1066 de 2006, tal como lo confirmaban los Decretos 3135 de 1968 y 33 de 1985. Aseguró que en los procesos concursales no había lugar al pago de intereses moratorios después de que se hubiere proferido la decisión de liquidar la entidad, por tratarse de una fuerza mayor; además, por la imposibilidad de calcular la fecha hasta la cual se tendría que responder. Alegó la falta de disponibilidad presupuestal, pues el acuerdo del 14 de agosto de 2008 no es un acto que obligue a la Nación al reconocimiento de las cuotas partes pensionales reclamadas, pues no se cumplieron las formalidades preparatorias de la decisión definitiva, de modo que se debía obtener el registro presupuestal correspondiente. Además, manifestó que se garantizó el derecho al debido proceso y de defensa de la demandante, pues se efectuó el emplazamiento a todos los

la decisión definitiva, de modo que se debía obtener el registro presupuestal correspondiente. Además, manifestó que se garantizó el derecho al debido proceso y de defensa de la demandante, pues se efectuó el emplazamiento a todos los acreedores para que presentaran sus reclamaciones, y se abrió el procedimiento a la práctica de pruebas correspondiente. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva , ii) incongruencia entre lo debatido en los actos y lo alegado en la demanda , iii) desconocimiento de la norma, iv) que FIDUAGRARIA y el patrimonio autónomo no eran responsables de la obligación y v) la genérica.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621) Demandante: departamento de Nariño 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , por lo que pasa a exponerse: En primer lugar, estudió la legitimación en la causa por pasiva. Con esta finalidad, expuso que el artículo 1 del Decreto 1222 de 2013 estableció que las cuotas partes a cargo de CAJANAL, derivadas de solicitudes y reconocimientos anteriores al 8 de noviembre de 2011, estarían a cargo del patrimonio autónomo constituido para el efecto, mientras que las que fuer