CE - Sentencia 25000233700020170101601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01

Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA EFECTUAR LA CORRECCIÓN DE LA TASA DE VIGILANCIA Y ORDENAR EL PAGO DE LA MISMA, PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ACTORA, CON FUNDAMENTO EN QUE ERA UNO DE LOS “ANTIGUOS VIGILADOS” O SUJETOS PASIVOS DE LA TASA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, NUMERAL 27.2, DE LA LEY 1ª DE 1991.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, contra la sentencia de 22 de abril de 20 21, proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES2

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES2

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1. La sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, present ó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de l Acto Administrativo, Resolución No. 066001, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte , el día 29 de noviembre de 2016.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de l Acto Ficto o Presunto Silencio Administrativo N egativo, que nació a la vida jurídica el 20 de febrero de 2017, luego de que la entidad demandada dej ara ve ncer los términos para responder los recursos de reposición y apelación contra la

Resolución No. 066001.

TERCERA: Que se restablezca el derecho de la empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., en el sentido declarar que los pagos realizados por la empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por concepto de Tasa de Vigilancia, para

NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., en el sentido declarar que los pagos realizados por la empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por concepto de Tasa de Vigilancia, para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, se efectuaron correctamente y conforme al inciso 2 del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que se encontraba vigente para la época de los pagos y con fundamento en lo establecido por las resoluciones No. 10225 del 23 de octubre de 2012, No. 5150 del 27 de noviembre de 2013 y No. 4188 del 16 de diciembre de 2 014, expedidas por el Ministerio de Transporte, las cuales fijaron la tarifa por concepto de Tasa de Vigilanci a, resoluciones de las que se presume su legalidad, hasta que un Juez de la Repú blica ordene lo contrario.

CUARTA: Se ORDENE a la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). […]”.3

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I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

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I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º. La Ley 1ª de 10 de enero de 1991 1, en su artículo 27, numeral 27.2, estableció como función de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República.

2º. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 2 amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1°, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.

Adicionalmente, dicha norma estableció que aquellos sujetos a los cuales se les amplió el cobro de la tasa, pagarían por ese concepto una tasa por la parte proporcional que le correspondiera según sus

1 “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.4

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ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

3º. Indicó que, con fundamento en la citada normatividad y los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, que fijan la tarifa, vigencia y la forma de pago de la tasa de vigilancia, la actora realizó los respectivos pagos para las vigencias de 2012, 2013 y 2014, por la suma de $42.194.565, $40.227.221 y $32.542.373, respectivamente, con base en las resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de 2012, 5150 de 27 de noviembre de 2013 y 4188 de 16 de diciembre de 2014.

4º. Que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la sentencia C -218 de 2015 , mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa misma disposición , para lo cual indicó la necesidad de que el legislador determinara una nueva metodología para calcular el valor

primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa misma disposición , para lo cual indicó la necesidad de que el legislador determinara una nueva metodología para calcular el valor en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.5

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5º. Que el 9 de junio de 2015, por medio del artículo 36 de la Ley 17533, se sustituyó la tasa de vigilancia, prevista en las leyes 1ª y 1450, por una “ contribución especial de vigilancia para la Superintendencia de Puertos y Transporte ”, la cual se reguló en la misma ley, unificando el valor a pagar para todos los vigilados de la Superintendencia en mención.

6º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 201 6, mediante la cual corrigió la liquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y 2014 y ordenó el pago de las mismas por la suma de $ 240.026.140, al considerar que la actora realizó pagos incompletos para esas vigencias.

7º. Indicó que el 19 de diciembre de 201 6 presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.

pagos incompletos para esas vigencias.

7º. Indicó que el 19 de diciembre de 201 6 presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016.

8º. La entidad demandada no resolvió los recursos interpuestos por la actora.

3 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.6

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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 2, 4, 6, 23, 29, 38 y 83 de la Constitución Política; 1, 3, numerales 4, 5, 7 11 y 12, 5, numeral 4, 10, 80, 83 y 86 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4; y 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19965.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

Alegó que los pagos realizados por la actora por concepto de tasa de vigilancia, para las vigencias 2012, 2013 y 2014, fueron realizados de acuerdo con la normatividad vigente para la época de estos y con las tarifas fijadas por la entidad competente para ello,

de vigilancia, para las vigencias 2012, 2013 y 2014, fueron realizados de acuerdo con la normatividad vigente para la época de estos y con las tarifas fijadas por la entidad competente para ello, por medio de unas resoluciones que hasta la fecha gozan de total presunción de legalidad.

Señaló que “no se explica” cómo la entidad recaudadora de la referida tasa pretende de forma arbitraria reliquidarla y cobrar unos intereses en mora que no se han causado, ni tienen justificación alguna, lo que conlleva afectar su patrimonio.

4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

5 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.7

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Manifestó que la Superintendencia de Puertos y Transporte a pesar de que no expuso el motivo de la corrección de la liquidación de los pagos hechos por la actora, sí mencionó de “manera supe rficial” la expedición de la sentencia C - 218 de 2015, la cual declaró la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450, que determinaba el monto de la obligación tributaria para una parte de los vigilados por la mencionada Superintendencia.

Explicó que la Corte Constitucional consideró, en la citada

que determinaba el monto de la obligación tributaria para una parte de los vigilados por la mencionada Superintendencia.

Explicó que la Corte Constitucional consideró, en la citada sentencia, que al ser inconstitucional el monto de la tasa de vigilancia, preceptuado en el segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450, entonces, es el legislador el encargado de determinar el nuevo monto a pagar por parte del resto de grupo de vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Adujo que no puede interpretarse por la Superintendencia de Puertos y Transporte que, por el hecho de haber quedado sin sustento jurídico el monto a pagar por concepto de tasa de vigilancia del grupo de vigilados, que incluye el artículo 89 de la Ley 1450, ella pueda, a su arbitrio, aplicar fórmulas o montos que no han sido determinados por el legislador o aplicar las fórmulas que se utilizan para los vigiladas que están bajo el amparo de otra ley,8

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como lo es la Ley 1ª, toda vez que el monto de esta ley solo es para los sujetos descritos en la misma, esto es, para las sociedades portuarias y operadores portuarios.

Expresó que al tener efectos solo hacia el futuro ( ex nunc ) la sentencia C-218 de 2015 y al gozar de presunción de legalidad las

para los sujetos descritos en la misma, esto es, para las sociedades portuarias y operadores portuarios.

Expresó que al tener efectos solo hacia el futuro ( ex nunc ) la sentencia C-218 de 2015 y al gozar de presunción de legalidad las resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de 2012, 5150 de 27 de noviembre de 2013 y 4188 de 16 de diciembre de 2014 , expedidas por el Ministerio de Transporte, que fijaron la tarifa, forma y fecha de pago de la tasa de vigilancia de 2012, 2013 y 2014, debe entenderse que los pagos realizados por la demandante, para esas vigencias, se efectuaron bajo la plena vigencia del artículo 89 de la Ley 1450.

Que, por lo anterior, no es procedente que la actora pague una suma diferente por esos conceptos, ni que se le cobren intereses moratorios, conforme los solicitó la Superintendencia demandada, pues sobre dichos pagos realizados “recaen” los principios de buena fe y confianza legítima de la actora, quien de forma responsable canceló la tasa correspondiente a la ley, que regía al momento.9

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Indicó que la parte demandada actuó sin competencia, debido a que, en un acto arbitrario, asumió la competencia que le correspondía al Legislativo, fijando el monto de la tasa que debían

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Indicó que la parte demandada actuó sin competencia, debido a que, en un acto arbitrario, asumió la competencia que le correspondía al Legislativo, fijando el monto de la tasa que debían pagar los demás vigilados, que no se encontraban bajo el amparo de la Ley 1ª.

I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE , mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Que teniendo en cuenta que la actora fue creada desde 1955 y que ha ejercido actividades de operador portuario, corresponde a los que se consideran como “antiguos vigilados”.

Alegó que al ser antiguo vigilado la entidad demandada debía dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1ª y, por ende, debía entrar a revisar los pagos efectuados por concepto de tasa de vigilancia durante las vigencias 2012 a 2014.10

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Que, al revisar dichos pagos, encontró que la demandante había efectuado pagos por menor valor, por cuanto ésta consideró erradamente que debía efectuar la autoliquidación conforme a los “nuevos vigilados”, respecto de los cuales se amplió el cobro

Que, al revisar dichos pagos, encontró que la demandante había efectuado pagos por menor valor, por cuanto ésta consideró erradamente que debía efectuar la autoliquidación conforme a los “nuevos vigilados”, respecto de los cuales se amplió el cobro mediante el artículo 89 de la Ley 1450, razón por la cual la Superintendencia demandada, en uso de sus facultades, expidió la Resolución núm. 066001 de 2016 acusada.

Anotó q ue, respecto de las decisiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas, integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la decisión.

Que el artículo 45 de la Ley 270 dispone que, por regla general, las decisiones proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la jurisdicción constitucional resuelva lo contrario, disposición que fue declarada exequible mediante la sentencia C-444 de 2011.11

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Expresó que el legislador no desbordó sus competencias al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento

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Expresó que el legislador no desbordó sus competencias al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida obedece a un fin legítimo.

Señaló que la declaratoria de inexequibilidad jamás discutió la realización del cobro, sino acerca del origen de la proporcionalidad del mismo, es decir, a que los antiguos obligados solo pagaban por el funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transportes, mientras que los nuevos pagarían por el funcionamiento e inversión de la mencionada entidad y que la frase “y/o inversión” fue declarada inexequible. Por lo tanto, los nuevos obligados deberían pagar para contribuir con el funcionamiento de la entidad demandada, pero no sobre el monto de su inversión.

Aclaró que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial dispuesta en la sentencia C -218, de lo cual se puede colegir que la Corte Constitucional no declaró inexequible la ampliación de la tasa de vigilancia que se efectuó a la totalidad de los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, razón por la cual dicha obligación no desapareció del ordenamiento jurídico.12

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Que, por el contrario, la Corte Constitucional decidió la inexequibilidad respecto de los nuevos vigilados, los gastos de inversión de la entidad ; no obstante, consideró ajustada a la Constitución Política la ampliación del cobro de la tasa a todos los vigilados.

Sostuvo que si bien es cierto que los recursos interpuestos no fueron resueltos dentro del término previsto en el artículo 86 del CPACA, ello, por sí mismo, no constituye una violación al debido proceso que vicie de nulidad el acto de corrección, toda vez que no ha impedido que la actora acuda a la jurisdicción para promover el presente medio de control. La consecuencia de transgredir dicho término es el nacimiento de un acto ficto o presunto negativo.

Adujo que los actos acusados no adolecen d e falsa motivación , dado que se fundamentaron bajo criterios de legalidad, certeza de hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; y que en todo momento se respetó el principio de legalidad y las garantías procesales previstas en la C onstitución Política y en la Ley 1437.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA13

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA13

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

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Mediante sentencia de 22 de abril de 2021 , la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de la Resolución núm. 06601 de 29 de noviembre de 2016 y del acto ficto o presunto por el silencio administrativo negativo, que nació a la vida jurídica el 20 de febrero de 2017 ; y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las declaraciones presentadas por la NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., respecto a la tasa de vigilancia por los períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la normatividad legal dispuesta al momento de su presentación , con base en los razonamientos que pueden resumirse así:

Sostuvo que comparte la interpretación realizada por la parte demandante, en su escrito de demanda , en el sentido de que la entidad demandada con la expedición de los actos acusados vulneró la normatividad fiscal vigente, toda vez que la administración estableció la corrección de sus declaraciones basada en una normatividad no acorde a su caso en particular, esto es , en el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto la tarifa establecida en esta normativa solo es aplicable para las sociedades

normatividad no acorde a su caso en particular, esto es , en el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto la tarifa establecida en esta normativa solo es aplicable para las sociedades Portuarias y las Operadoras Portuarias, calidades estas que no ostenta la sociedad actora, ya que la misma es una sociedad14

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prestadora de servicios de transporte, con lo que le es ajustada la tarifa de la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley 1450 (0.1%).

Que al revisarse el objeto social de la NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. , se destaca que su actividad comercial se relaciona con la industria del transporte acuático y marítimo, así como la inversión de sus recursos en bienes muebles o inmuebles, lo cual no se asemeja a lo que el Estatuto de Puertos Marítimos describe como operadores portuarios o sociedades portuarios, ya que estas últimas desarrollan actividades de prestación de servicios en los puertos, directamente relacionados con la actividad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, etc., así como la inversión en construcción y mantenimiento de puertos y su administración.

Señaló que, de conformidad con lo anterior, es claro que la sociedad actora no es una empresa operadora portuaria o sociedad portuaria;

etc., así como la inversión en construcción y mantenimiento de puertos y su administración.

Señaló que, de conformidad con lo anterior, es claro que la sociedad actora no es una empresa operadora portuaria o sociedad portuaria; es un sujeto de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en la medida en que ejerce actividades de transporte marítimo, por lo que en ella descansa el deber de declarar y pagar la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley15

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1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, tal y como lo hizo, por cuanto en dichas vigencias aún estaba vigente y tenía plena imposición legal la normativa antes descrita, m as no estaba en la obligación de declarar bajo los postulados del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto esta norma solo era obligatoria para las empresas Operadoras Portuarias o Sociedades Portuarias, lo que no corresponde con la demandante, por ser una compañía que prestación de servicios de transporte marítimo, como se probó anteriormente.

Indicó que teniendo en cuenta que las declaraciones efectuadas por la sociedad actora, respecto a la tasa de vigilancia por los años 2012, 2013 y 2014, se encontraban ajustadas a derecho , por lo que la corrección a éstas, llevada a cabo por la entidad demandada, a

la sociedad actora, respecto a la tasa de vigilancia por los años 2012, 2013 y 2014, se encontraban ajustadas a derecho , por lo que la corrección a éstas, llevada a cabo por la entidad demandada, a través de la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016 acusada se entiende ilegal, por cuanto las declaraciones iniciales se encuentran acordes con la normativa dispuesta para la referida contribución, en relación con la tarifa declarada por la demandante (0.1%).

Que de lo anterior se colige que los actos demandados carecen de la suficiente sustentación y base probatoria, encontrándose los mismos16

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sustentados con razonamientos propios de la administración, lo que lleva a establecer que los mismos no fueron fundamentados de manera legal.

Concluyó:

“[…] Dado lo anterior, la Sala de decisión declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de las declaraciones presentadas por la compañía NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia por los períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la normatividad legal dispuesta al momento de su presentación. [...]”.

COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia por los períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la normatividad legal dispuesta al momento de su presentación. [...]”.

Por último, no ordenó condenar en costas a la parte vencida en el proceso debido a que la parte interesada no demostró sumariamente la causación de éstas.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada fincó su inconformidad, en esencia, así:

Insistió en que la empresa actora NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. es de los “antiguos vigilados” de la Superintendencia de Puertos y Transporte.17

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

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Que la demandante es una empresa que fue constituida mediante escritura núm. 900 de 29 de abril de 1955, expedida por la Notaría Segunda del Círculo de Medellín, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal aportado por ella, por lo que , con la creación de la Superintendencia en mención, mediante la Ley 1ª y de cara a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450, se debe considerar como un “antiguo vigilado”.

Resaltó que los efectos de la sentencia C -218 de 2015 eran hacia el

1ª y de cara a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450, se debe considerar como un “antiguo vigilado”.

Resaltó que los efectos de la sentencia C -218 de 2015 eran hacia el futuro, por lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos acusados corresponden a revisiones o reliquidaciones que efectuó para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían efectuado pagos ostensiblemente menores a los que correspondía.

Expresó que la Resolución núm. 66001 de 29 de noviembre de 2016 no fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y 2014. Por el contrario, es el producto de la revisión que la entidad demandada efectuó respecto de los pagos que , por concepto de tasa de vigilancia, hizo la demandante de las vigencias 2012, 2013 y 2014, encontrando que había n pagado menores18

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

valores y desde luego dispuso que se pagara la diferencia lo que se constituyó como un saldo pendiente de pago.

Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el sentido de la decisión adoptada de la sentencia C -218 de 2015, por lo cual es evidente que los efectos se aplicarán a futuro y no desde

Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el sentido de la decisión adoptada de la sentencia C -218 de 2015, por lo cual es evidente que los efectos se aplicarán a futuro y no desde siempre. Es por ello, que al ser la Resolución núm. 66001 de 29 de noviembre de 201 6 un acto de revisión y cobro de saldos no pagados por la s vigencias 2012, 2013 y 2014, tendría sustento en actos administrativos expedidos antes de la citada providencia judicial, esto es, las resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de 2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte.

Sostuvo que se presentó una situación consolidada, en razón a que los actos administrativos antes indicados y por los cuales el Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y 2014, al ser expedidos con anterioridad al 22 de abril de 2015, tienen plena aplicación y vida en el mundo jurídico, por lo cual no se pueden eliminar ni modificar, retrotrayendo los efectos de la sentencia C -218 de 2015. Es así como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente19

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.

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en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial dispuesta en la sentencia C -218, es decir, hasta el 22 de abril de 2015, por lo que sus efectos son hacia futuro y no como erradamente lo consideró el a quo, al declarar la nulidad, pues le otorgó efectos desde siempre.

Indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C -218 de 2015, declaró la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de la tarifa de la tasa de vigilancia, respecto de los nuevos vigilados, de los gastos de inversión de la entidad, pero tal declaratoria no se extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la totalidad de los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del ordenamiento jurídico.

Manifestó que con la sentencia C -218 de 2015 no se afectan las situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos acusados tenían como objeto la revisión de pagos por menores valores, pagados por la demandante respecto de las