CE - Sentencia 25000233700020170121202 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000233700020170121202 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mi l veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante FUNDACIÓN CRISTIANA DE LA VIVIENDA CRISVIVIENDA

Demandada SECRETAR˝A DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOT` D.C.

Temas Cobro coactivo. Impuesto predial. Vigencias 2007 a 2 010. Excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo . Notificación liquidación oficial de aforo. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de julio de 2024, proferi da por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dec idió 1: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. […].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante la resolución DDI052918 del 07 de julio de 2016 la Secretaría de Hacienda Distrital de BogotÆ libró mandamiento de pago en cont ra de la demandante, por

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante la resolución DDI052918 del 07 de julio de 2016 la Secretaría de Hacienda Distrital de BogotÆ libró mandamiento de pago en cont ra de la demandante, por obligaciones relacionados con impuesto predial en los siguientes tØrminos: Vigencia CHIP Liquidación oficial Fecha del acto Saldo impuesto Saldo sanción Total 2007 AAA0000SXYN DDI250104 16/11/2010 $7.616.000 $15.061.000 $22.677.000 2008 AAA0000SXYN DDI250106 16/11/2010 $7.836.000 $11.068.000 $18.904.000 2007 AAA0000TAWW DDI250105 16/11/2010 $15.981.000 $31.601.000 $47.582.000 2008 AAA0000TAWW DDI250107 16/11/2010 $16.452.000 $23.237.000 $39.689.000 2009 AAA0000TAWW DDI318404 15/15/2010 $31.628.000 $26.237.000 $58.159.000 2010 AAA0000TAWW DDI022301 2/06/2015 $37.675.000 $92.017.000 $129.692.000 Total $117.188.000 $199.515.000 $316.703.000 Mediante la resolución DDI060646 del 7 de septiembre de 2016, la administración declaró no probadas las excepciones de falta de títul o ejecutivo, falta de ejecutoria del título y prescripción de la acción de cobro prop uestas por la demandante; decisión que se confirmó en la resolución DDI064834 del 9 de noviembre de 2016, por la cual resolvió el recurso de reposición.

del título y prescripción de la acción de cobro prop uestas por la demandante; decisión que se confirmó en la resolución DDI064834 del 9 de noviembre de 2016, por la cual resolvió el recurso de reposición. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo

1 Samai del tribunal índice 69.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la dem andante formuló las siguientes pretensiones 2: PRIMERA. - que se declare la nulidad de la actuación administrativa en contra de la FUNDACION CRISTIANA DE LA VIVIENDA , mediante la cual se inició cobro coactivo por la decla ración del impuesto de renta, actuación que consta de los siguientes actos: 1) Mandamiento De Pago - Resolución no. DDI052918 del 07 de julio de 2016, notificada el 26 de julio de 20163. 2) Resolución DDI060646 del 7 de septiembre de 2016, not ificada el 12 de septiembre de 2016. 3) Resolución DDIA064834 del 9 de noviembre de 2016, no tificado por fijación en Edicto desfijado el 22 de diciembre de 2016, Acto Oficial que falló el recurso de reposición no.

2016. 3) Resolución DDIA064834 del 9 de noviembre de 2016, no tificado por fijación en Edicto desfijado el 22 de diciembre de 2016, Acto Oficial que falló el recurso de reposición no.

DDI064834 del 9 de noviembre de 2016. SEGUNDA.- Que como consecuencia de declaración de nulidad de los actos administrativos antes referidos, y a título de restablecimiento del derecho se declare que el proceso coactivo seguido por la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, en contra de la FUNDACION CRISTIANA DE LA VIVIENDA , no puede proseguir, dando por terminado dicho trÆm ite, por encontrarse probada la excepción de falta de ejecutoria del título, por indebida notificación de los actos administrativos que dieron origen a la expe dición del Mandamiento de Pago Resolución No. DDI052918 del 07 de julio de 2016, notificada el 26 de julio de 2016. TERCERA. - Suspender el procedimiento y toda actuación administrativa que pretenda el cobro del mandamiento de pago Resolución No. DDI052918 del 07 de julio de 2016, notificada el 26 de julio de 2016, proferido por el Jefe de la Oficin a de Cobro Coactivo de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, contra la FUNDACION CRISTIANA DE LA VIVIENDA, en virtud del artículo 230 de la ley 1437 de 2011. CUARTA. - Condenar a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Del escrito de la demanda se deduce que las normas qu e se consideraron violadas

de la ley 1437 de 2011. CUARTA. - Condenar a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Del escrito de la demanda se deduce que las normas qu e se consideraron violadas fueron los artículos 29 de la Constitución Política; 35, 66, 67, 68, 69 de Ley 1437 de

2011. El concepto de violación se resume así: Seæaló que se vulneró su derecho al debido proceso pues la citación para notificación del mandamiento de pago se envió a la dirección que la demandante tenía registrada en su RUT, pero no sucedió lo mismo con las actuaciones anteriores, como hubiese podido ser una solicitud, requerimiento, o similar que informara la existencia de obligaciones pendientes por impuesto p redial, lo que impidió controvertir dichas decisiones. Dicha vulneración se c orroboró con el hecho de que fue necesario pedir copia del expediente.

Aæadió que se presentaron vicios porque las actuacio nes de la administración se notificaron en las direcciones de los inmuebles, a los cuales no tiene acceso porque desde hace mÆs de 30 aæos no tiene posesión materia l de ellos, puesto que se encuentran dentro de la unidad de vivienda Jesœs María Marulanda PH. AdemÆs, desde el 26 de mayo de 2010, la dirección p ara notificaciones judiciales se registró en la CÆmara de Comercio y a esta no se en viaron las actuaciones relacionadas con la determinación de la obligación a su cargo.

2 Samai del tribunal, índice 2. Expediente digital. P DF demanda. En este caso se reformó la demanda con el f in de incluir las pruebas relativas a la notificación de los actos demand ados que se solicitaron previo a la admisión.

2 Samai del tribunal, índice 2. Expediente digital. P DF demanda. En este caso se reformó la demanda con el f in de incluir las pruebas relativas a la notificación de los actos demand ados que se solicitaron previo a la admisión. 3 En auto del 23 de agosto de 2018, el tribunal rech azó la demanda al considerar que el mandamiento de pa go no era un acto susceptible de control judicial y que operó la cadu cidad para las otras dos resoluciones. Esta decisión fue re vocada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en auto del 19 de noviembre de 2020, exp 25220 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E), œnicamente frente a la caducidad.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de stacando que el mandamiento de pago no es un acto pasible de contro l judicial y que el proceso de cobro no es el escenario para discutir el título 4. Luego de referirse al derecho al debido proceso en sede administrativa, precisó que pa ra el caso concreto la demandante tuvo la oportunidad para pronunciarse respecto de lo actuado, y ejercer efectivamente su derecho de defensa y contradicción . Cuestionó que en la demanda se aludiera a aspectos propios del proceso de determinación, pues el debate que estÆ en discusión se enmarca œnicamente en el cobro, evidencia que lo pretendido es revivir tØrminos precluidos. En todo caso,

determinación, pues el debate que estÆ en discusión se enmarca œnicamente en el cobro, evidencia que lo pretendido es revivir tØrminos precluidos. En todo caso, advirtió que las obligaciones por las vigencias 2007 , 2008, 2009 y 2010, se sustentaron en la calidad de propietario y/o poseedor de la demandante y en que sobre los inmuebles no se predicaba exención. Cualqui er diferencia sobre la naturaleza del predio debía tramitarse ante las autori dades catastrales5. Indicó que no se presentó la violación al debido pr oceso pues para la notificación de los actos administrativos de aforo (que constitu yen los títulos ejecutivos) se siguieron las reglas previstas en el artículo 7 del Decreto Distrital 807 de 1993, así como los artículos 566 y 568 del Estatuto Tributario Nacional. Agregó que los actos administrativos son obligatorio s6 en la medida en que no han sido anulados, por lo cual pueden ser ejecutados y q ue el proceso de cobro no es el escenario para discutir el título7, por lo que si la demandante no estaba de acuerdo con las «facturas» debió presentar la declaración correspondiente. Propuso como excepción de mØrito la «inexistencia de violación del derecho» y la «excepción genØrica» . Finalmente, manifestó que en el proceso no es proce dente la condena en costas a la entidad pues el asunto que s e debate es de interØs pœblico. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cu arta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de cond enar en costas 8.

Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cu arta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de cond enar en costas 8. Advirtió que no es posible discutir aspectos de la de terminación de la deuda 9 y precisó que solo son objeto de control judicial los actos que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago, el que ordena seguir adelante con la liquidación del crØdito, y en general cualquiera que decida situ aciones jurídicas de fondo, siempre que se relacionen con el cobro y no con la determinación 10. Determinó que el estudio del caso recae en la legal idad del trÆmite de notificación de las actuaciones desplegadas por la demandada, est o es, si se efectuó a la dirección que la demandante tenía registrada en su c ertificado de existencia y representación (carrera 3 este 13 – 40 sur de BogotÆ).

4 Samai del tribunal, índice 41. 5 Citó los artículos 3, 4, 5 y 6 de la resolución 70 d e 2011. 6 Citó el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 7 Citó el artículo 829-1 del estatuto tributario. 8 Samai del tribunal, índice 69 9 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuart a del 20 de septiembre de 2017, exp. 21693, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 20 de noviembre de 2019, exp. 238 14, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 12 de feb rero de 2019, exp. 22635, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Ramírez Ramírez; del 20 de noviembre de 2019, exp. 238 14, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 12 de feb rero de 2019, exp. 22635, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Citó los autos del Consejo de Estado, Sección Cuarta de l 17 de febrero de 2005, exp. 15040 M.P. HØctor J. Rom ero; del 27 de marzo de 2014, exp. 20244, M.P. Martha Teresa Briceæo de Valencia; del 12 de febrero de 2019, exp. 226 35, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y la sentencia del 26 de ju lio del 2018, exp. 22031, M.P. Julio Roberto Piza Rodr íguez.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que era menester aplicar las normas procesales vigentes en el distrito y las del Estatuto Tributario Nacional; de las cuales se d esprende que, entre otros, los actos administrativos que contengan una suma líquida de dinero exigible 11 y que estØn debidamente ejecutoriados 12 prestan mØrito ejecutivo. Seæaló que el mandamiento de pago se notificó persona lmente el 26 de julio de 2016 al representante legal suplente de la demandan te y validó la notificación de los títulos ejecutivos así: Por las vigencias 2007 y 2008, respecto del predio ide ntificado con la matrícula

2016 al representante legal suplente de la demandan te y validó la notificación de los títulos ejecutivos así: Por las vigencias 2007 y 2008, respecto del predio ide ntificado con la matrícula inmobiliaria 50S-519103 se expidieron las resolucione s DDI250104 y DDI250106 ambas del 16 de noviembre de 2010. Para las vigencias 2007 a 2010 del predio con la matrícula 50S-606201 se profirieron las resoluciones DDI250105, DDI250107 tambiØn del 16 de noviembre, y DDI318404 del 15 de d iciembre de 2010 y DDI022301 del 2 de junio de 2015. Concluyó que la d emandada procedió correctamente para la notificación, y que, como la demandante no presentó recurso dentro de los dos meses siguientes, los actos quedaron debidamente ejecutoriados. Indicó que en el trÆmite del cobro coactivo se indi có una dirección física y una electrónica en el acÆpite de notificaciones, por lo que el distrito podía notificar a cualquiera. Advirtió que el acto que resolvió las exc epciones se notificó el 07 de septiembre de 2016 en la dirección física informada y que la resolución que resolvió el recurso de reposición, se envió la citación para notificación personal, y ante la no comparecencia, se procedió a fijar el edicto desde e l 9 hasta el 22 de diciembre del

2016. Con base en ello, concluyó que los títulos ejecutivos que sirvieron de soporte al mandamiento de pago y los actos expedidos con po sterioridad a este se notificaron en debida forma, son actos debidamente e jecutoriados, y constituyen

2016. Con base en ello, concluyó que los títulos ejecutivos que sirvieron de soporte al mandamiento de pago y los actos expedidos con po sterioridad a este se notificaron en debida forma, son actos debidamente e jecutoriados, y constituyen títulos para hacer exigible la obligación en el marco del proceso de cobro coactivo.

Se abstuvo de condenar en costar por considerar que n o estÆn probadas. Recurso de apelación La demandante solicitó revocar 13 la sentencia argumentando que se presentó la violación al debido proceso por haberse configurado l a excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo. Insistió en que hace mÆs de treinta (30) aæos no tien e la posesión material de los bienes inmuebles respecto de los cual se liquidó el impuesto predial y se adelantó el proceso de cobro, y que nunca tuvo conocimiento de los requerimientos para la declaración y pago del impuesto predial. Explicó que no se cumplió con el deber de notificación en debida forma, pues las citaciones se enviaron a ese predio. Sostuvo que como el predio contaba con la exención d el impuesto, ante el cambio de la situación tributaria, era deber de la administra ción notificar a la demandante para que pudiera cumplir con las obligaciones a su c argo. Reiteró los argumentos de la demanda sobre la violación al debido proceso, para lo cual seæaló que el trÆmite de notificación exigía ap licar las reglas dispuestas en los

11 Citó el artículo 828 del estatuto tributario. 12 Citó el artículo 829 del estatuto tributario.

cual seæaló que el trÆmite de notificación exigía ap licar las reglas dispuestas en los

11 Citó el artículo 828 del estatuto tributario. 12 Citó el artículo 829 del estatuto tributario. 13 Samai del tribunal, índice 72. Mediante auto del 23 de agosto del 2024, el a quo declaró desierto el re curso de apelación interpuesto por la demandante; decisión que se revocó mediante el auto del 22 de noviembre de 2024 que reso lvió el recurso de reposición interpuesto por la fundación.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 e i nsistió en que recibió la citación para notificación personal del mandamiento de pago e n la dirección que tiene registrada ante la CÆmara de Comercio, pero que la adm inistración omitió el envío de un requerimiento o cualquier acto similar, de man era previa y por medio del cual se hiciera saber que existía una obligación pendien te a dicha dirección. Oposición a la apelación La demandada no se pronunció. Intervención del ministerio pœblico El agente del ministerio pœblico guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Como cuestión previa, se pone de presente que el mag istrado Luis Antonio Rodríguez Montaæo manifestó estar impedido para partic ipar en la decisión, al haber

CONSIDERACIONES DE LA SALA Como cuestión previa, se pone de presente que el mag istrado Luis Antonio Rodríguez Montaæo manifestó estar impedido para partic ipar en la decisión, al haber suscrito la sentencia de primera instancia (índice 13 de Samai) y mediante auto del 20 de noviembre de 2025 se declaró fundado el impedimento (índice 19 de Samai). Problema jurídico Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalida d de la resolución DDI060646 del 7 de septiembre de 2016 por medio de la cual la d emandada declaró no probadas las excepciones que la Fundación Cristiana d e la Vivienda propuso en contra del mandamiento de pago que se libró en su c ontra, y de la resolución DDI064834 del 9 de noviembre de 2016, que resolvió el recurso de reposición y confirmó el anterior acto. En concreto, se debe determinar si prospera la excepc ión de falta de ejecutoria del título ejecutivo por la indebida notificación de es te. AnÆlisis del caso concreto La demandante - apelante œnica - solicitó revocar la decisión de primera instancia por considerar que la actuación desplegada por la ad ministración resultó violatoria del debido proceso, pues no se cumplió con la carga de expedir algœn requerimiento, solicitud o acto de naturaleza similar de manera pre via al mandamiento de pago, que le hubiere permitido conocer sobre la obligación que le fue atribuida y, en esa medida, ejercer su derecho de contradicción y defensa y consideró que, en el trÆmite de notificación de los actos expedidos a lo largo de toda la actuación, se incurrió en una serie de errores por falta de aplicación de las di sposiciones que reglan la

medida, ejercer su derecho de contradicción y defensa y consideró que, en el trÆmite de notificación de los actos expedidos a lo largo de toda la actuación, se incurrió en una serie de errores por falta de aplicación de las di sposiciones que reglan la materia; esto es, los artículos 66, 67, 68 y 69 de l a Ley 1437 de 2011. Sea lo primero advertir que en el presente caso se dis cute la notificación de las liquidaciones de aforo proferidos por la Secretaría de H acienda de BogotÆ para los inmuebles identificados con chip AAA0000SXYN (2007 a 2008) y AAA000TAWW (2007 a 2010), por lo que si bien el asunto seæalado por la apelante ataæe al trÆmite desarrollado en el proceso de determinación del impue sto predial, la Sección considera procedente estudiar si esas liquidaciones oficiales dictadas en el proceso de determinación se notificaron adecuadamente, pues de ello depende la configuración de la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo que se alegó en el procedimiento de cobro.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, de acuerdo con el artículo 828 del Estatu to Tributario 14, prestan mØrito ejecutivo, entre otros, las liquidaciones oficiales e jecutoriadas, así como los actos de la administración en los que se fijen sumas líqu idas a favor del fisco, aspecto

ejecutivo, entre otros, las liquidaciones oficiales e jecutoriadas, así como los actos de la administración en los que se fijen sumas líqu idas a favor del fisco, aspecto sobre el cual, en la sentencia del 28 de noviembre de 2024 15, la Sección precisó que: «para que se pueda predicar la ejecutoria de un acto administrativo necesariamente se parte del entendido de que dicho acto se notificó en debida forma al interesado y, por ende, se dio la oportunidad para que ejerciera el derecho de defensa y de contradicción interponiendo los recursos procedentes o los medios de control ante esta jurisdicción para debatir su legalidad». De manera que, en el escenario del proceso de cobro, «al proponerse la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, el ejecutado puede cuestionar la falta de notificación del mismo, pues, se reitera, para que el acto tenga vocación de ejecutoria y sea exigible, debe producir efectos jurídicos, lo que solo ocurre cuando se da a conocer al interesado mediante las formas de notificación previstas en la ley16. Ello es así, porque la indebida notificación que se plantea en el cobro no enerva la legalidad del título, sino su fuerza ejecutoria a efectos de ser oponible y poder ejecutarse la obligación»17 Bajo dicho contexto, se encuentra que los artículos 7 y 8 del Decreto 807 de 1993, seæalan que: i) la notificación de las actuaciones de la administra ción deberÆ efectuarse a la dirección informada por el contribuyente en la œltima declaración del respectivo impuesto, o mediante formato oficial de c ambio de dirección, ii) que cuando no exista declaración del impuesto o formato oficial de cambio de dirección,

efectuarse a la dirección informada por el contribuyente en la œltima declaración del respectivo impuesto, o mediante formato oficial de c ambio de dirección, ii) que cuando no exista declaración del impuesto o formato oficial de cambio de dirección, o cuando el contribuyente no estuviere obligado a d eclarar, la notificación se efectuarÆ a la dirección que se establezca mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria, iii) sólo en los eventos en los que no es posible establ ecer la dirección, los actos se pueden notificar «por medio de publicación en un diario de amplia circulación» iv) si durante los procesos de determinación, discusión, devolución o compensación y cobro, el contribuyente o declarante s eæala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos corresp ondientes del respectivo proceso, la administración deberÆ hacerlo a dicha direc ción. Por su parte, el artículo 17 establece que «para efectos del impuesto predial unificado la dirección del predio se entenderÆ como la dirección de n otificación del contribuyente, salvo que Øste informe una dirección de notificación diferente» Así mismo, los artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo 469 del 22 de febrero de 201118 se ocuparon de la notificación de los actos proferidos po r la Dirección Distrital de Impuestos, de la corrección de las notificaciones por correo y de la dirección para notificaciones, seæalando que: i) las notificaciones de los requerimientos y demÆs actos administrativos proferidos por la Dirección Distri tal, deben notificarse por «correo a travØs de la red oficial de correos o de cual quier servicio de mensajería especializada

actos administrativos proferidos por la Dirección Distri tal, deben notificarse por «correo a travØs de la red oficial de correos o de cual quier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente, o personalmente o de manera electrónica», ii) cuando los actos se envíen a dirección distinta a l a legalmente procedente se deberÆ corregir el error en la forma prevista en el artíc ulo 567 del Estatuto Tributario,

14 Aplicable por remisión expresa del artículo 140 del Decreto Distrital 807 de 1993. 15 Exp. 29139 M.P. Wilson Ramos Girón (E). 16 Sentencia de 10 de octubre de 2007 (exp. 15186, CP: HØctor J. Romero Díaz), reiterada en sentencias de 25 de marzo de 2010, (exp. 17460, CP: Martha Teresa Briceæo de Va lencia), de 12 de diciembre de 2018 (exp. 23288, CP: S tella Jeannette Carvajal Basto), de 29 de abril de 2020 (exp . 24036, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y de 28 de septiembre de 2023 (exp. 27401, CP: Wilson Ramos Girón), entre otras. 17 Ibid. 18 Norma que derogó los artículos 6 y 8 del Decreto Distr ital 807 de 1993 que seæalaban que la notificación de los actos debía surtirse de conformidad con los artículos 565, 566, 569 y 571 del Estatuto Tributario y que, en el caso de actuaciones de la administración, notificadas por correo a la dirección correcta, que por cualquier motivo sean devueltas, serÆ aplicable

debía surtirse de conformidad con los artículos 565, 566, 569 y 571 del Estatuto Tributario y que, en el caso de actuaciones de la administración, notificadas por correo a la dirección correcta, que por cualquier motivo sean devueltas, serÆ aplicable lo dispuesto en el artículo 568 del mismo Estatuto.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, enviÆndola a la dirección correcta , iii) en el evento que los actos administrativos hayan sido devueltos por correo, por ca usal diferente a dirección errada, la notificación se realizarÆ mediante publica ción en el Registro Distrital y simultÆneamente mediante publicación en la pÆgina W EB de la Secretaría Distrital de Hacienda y iv) la notificación de las actuaciones de la administración se efectuarÆ en la dirección informada en el Registro de Informac ión Tributaria ( RIT)19 y específicamente para «facturación del impuesto predial y contribución de valor ización, la comunicación que de tales actos realice la administración, podrÆ remitirse a la dirección del predio». A partir de lo anterior, la Sección considera que, dad a la especialidad de la norma, debe aplicarse la que corresponde al impuesto predial , esto es el artículo 17 del Decreto 807 de 1993 y la remisión al Estatuto Tributari o Nacional, puntualmente al artículo 568, cuya redacción vigente para el momento de la mayoría de los hechos

debe aplicarse la que corresponde al impuesto predial , esto es el artículo 17 del Decreto 807 de 1993 y la remisión al Estatuto Tributari o Nacional, puntualmente al artículo 568, cuya redacción vigente para el momento de la mayoría de los hechos (2011) consagraba que si en el trÆmite de la notifica ción por correo, las actuaciones eran devueltas por cualquier causal, debía procederse a su notificación «mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la œltima dirección informada en el RUT» a menos que se tratara de una dirección diferente, caso en el cual debía notificarse a la dirección corre cta dentro del tØrmino correspondiente. De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente administrativo, la demandada profirió las siguientes liquidaciones oficiales de af oro: Liquidación oficial de aforo Predio Anotación Resolución DDI250104 del 16 de noviembre de 201020 - impuesto predial aæo 2007

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El acto se envió a la carrera 3 este # 13 – 40 sur (dirección del predio). En la guía de correo se dejó como anotación de devolución que la dirección no existe. Se aportó copia de la constancia de publicación en el diario La Repœblica denominado notificaciones judiciales del día 8 de agosto de 2011, en el que se publicaron los datos del acto21. Resolución DDI250106 del 16 de noviembre de 201022 - impuesto predial aæo 2008

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El acto se envió a la carrera 3 este # 13 – 40 sur (dirección

Resolución DDI250106 del 16 de noviembre de 201022 - impuesto predial aæo 2008

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El acto se envió a la carrera 3 este # 13 – 40 sur (dirección del predio) y fue devuelto por la causal «dirección no existente». TambiØn reposa en el expediente constancia de publicación en un diario de amplia circulación nacional, el día 8 de agosto de 2011, en el que se identificaron los datos del acto23. Resolución DDI250105 del 16 de noviembre de 201024 - impuesto predial aæo 2007

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El acto se envió a la carrera 3 este # 13 – 40 sur (dirección del predio). En la guía de correo se dejó la anotación de que la dirección no existe. Adicionalmente, se aportó constancia de publicación en el diario de amplia circulación nacional, en la sección de notificaciones judiciales del 8 de agosto de 201125. Resolución DDI250107 del 16 de noviembre de 201026 - impuesto predial aæo 2008 AAA0000TAWW El acto se envió a la diagonal 13 sur # 3 – 17 este y fue devuelto por la causal «dirección no existente». Por lo anterior, se realizó publicación el 8 de agosto de 2011 en un diario de amplia circulación nacional27.

19 La postura de la Sección ha sido que el artículo 14 referenciado sólo es aplicable a partir de la vigencia de la resolución

219 del 30 de octubre de 2017, mediante la cual la Secretaría Distrital de Hacienda estableció los lineamientos, tØrminos, condiciones y plazos para la operatividad e implementació n del RIT, por lo que en otras oportunidades las not ificaciones se estudiaron con lo dispuesto en el Decreto 807 de 19 93. Sentencias del 2 de octubre de 2019, exp 23324 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 28 de julio de 2022, exp 26217, M.P. Myriam Stella GutiØrrez Argüello. 20 Samai del tribunal, índice 60. PÆg.149 a 152. 21 Ibidem. PÆg. 170. 22 Ibidem. PÆg. 157 a 160. 23 Ibidem. PÆg. 170. 24 Ibidem. PÆg. 153 a 156. 25 Ibidem. PÆg. 170. 26 Ibidem. PÆg. 161 a 164. 27 Ibidem. PÆg. 170.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01212-02 (29702)

Demandante: Fundación Cristiana de la Vivienda

8 Calle 12 No. 7

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