CE - Sentencia 25000233700020170150701 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

Demandante: Parex Verano Limited

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

Demandante: Parex Verano Limited

Demandada: DIAN

Temas: 2012. Renta. Gastos de administración. Servicios de administración y gestión prestados por la casa matriz. Prueba de la prestación de los servicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 1 8 de febrero de 202 1, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (f. 215):

Primero: Negar las súplicas de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000046, del 27 de mayo de 2016 (ff. 1383 a 1395 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000046, del 27 de mayo de 2016 (ff. 1383 a 1395 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2012 presentada por una compañía absorbida por la actora , para rechazar gastos operacionales de administración, lo que ocasionó que se disminuyera la pérdida líquida del ejercicio y se impusiera la sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales. Esa decisión fue modificada por la Resolución 003463, del 19 de mayo de 2017 (ff. 1430 a 1457 vto. caa), que disminuyó la sanción por rechazo o disminución de pérdidas en aplicación del principio de favorabilidad.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 2):

1.1. Que son nulos en su totalidad los siguientes actos administrativos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

(a) Liquidación Oficial de Revisión 312412016000046 , del 27 de mayo de 2016, que modific ó la declaración de renta del año gravable 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

declaración de renta del año gravable 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

1 El expediente entró al despacho sustanciador el 22 de abril de 2022 (índice 4. Esta y las demás menciones de « índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).Radicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

Demandante: Parex Verano Limited

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

(b) Resolución 003463, del 19 de mayo de 2017, por la cual se decide el recurso de reconsideración, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

1.2. En virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos anteriormente mencionados, a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare lo siguiente:

(a) Que los valores denunciados en el formulario de declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2012 son correctos.

(b) Que el saldo a favor del período fiscal 2012 determinado en la declaración previamente mencionada, por valor de $1.047.924.000, es correcto.

(c) Que no procede la sanción por disminución de pérdidas en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2012.

(d) Que no son de cargo de la actora las costas en que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.

renta y complementarios del año gravable 2012.

(d) Que no son de cargo de la actora las costas en que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.

1.3. Igualmente, solicito condenar en las costas del proceso a la DIAN.

A los anteriores efectos, invocó como v ulnerados los artículos 29 y 83 constitucionales; 107, 124, 260-7 y 746 del ET (Estatuto Tributario); y 137 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 4 a 16):

Expuso que la sociedad absorbida celebró un «acuerdo de servicios de gestión» con su casa matriz del exterior para l a prestación de servicios administrativos y gerenciales de planeación, coordinación, control presupuestal y compra de cartera . Explicó que, en la documentación comprobatoria del estudio de precios de transferencia del año gravable revisado podía constarse que sus funciones no incluían la administración y dirección del negocio, por lo que requería contratar esos servicios con la entidad vinculada del exterior, a cambio de lo cual pagó un precio que estaba dentro del rango de plena competencia.

Reprochó que se le negara la deducción de ese gasto sin comprobar su necesidad para la actividad productiva. Alegó que las labores contratadas las requería cualquier negocio y que, como carecía de empleados, se justificaba desde una perspectiva comercial su contratación, más aún con una entidad del grupo empresarial que tenía capacidad para acceder a proveedores con mejores tecnologías que no podría adquirir por sí misma , considerando su costo. Afirmó que, mediante la correspondencia electrónica sostenida con los trabajadores de la oficina matriz, demostró el beneficio obtenido por la prestación

acceder a proveedores con mejores tecnologías que no podría adquirir por sí misma , considerando su costo. Afirmó que, mediante la correspondencia electrónica sostenida con los trabajadores de la oficina matriz, demostró el beneficio obtenido por la prestación de los servicios en cuestión, pues daba cuenta de las instrucciones que recibía sobre el registro contable de las ventas mensuales, de indicaciones para acceder a la información para el pago de la nómina, la gestión de garantías para endeudamiento y la entrega de informes sobre la gestión realizada. Explicó que la necesidad de los servicios contables estaba acreditada, porque al ser una sucursal de entidad extranjera estaba obligada a llevar contabilidad; también que eran necesarios los servicios asociados a la planeación presupuestaria y financiera , p orque permitían establecer la viabilidad de l negocio e impedían que se incurrieran en costos superfluos. Aseguró que la falta de empleado s para realizar esas actividades, que sería la circunstancia justificativa de haber tenido que contratar los servicios descritos, era una negación indefinida que estaba exonerada de prueba conforme al artículo 167 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) y, en consecuencia, le correspondería a su contraparte la carga de desvirtuarla.

Sobre la proporcionalidad del gasto, sostuvo que estaba acreditada con la documentación comprobatoria del estudio de precios de transferencia, que no controvirtió la demandada, y censuró que los actos acusados omitieran indicar los motivos por los cuales el gasto no sería razonable.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

Demandante: Parex Verano Limited

sería razonable.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Por otra parte, argumentó que su contraparte contravino el artículo 124 del ET y su propia doctrina, expresada en los conceptos 035436 y 11039 de 2006 y 31855 de 2014, porque sustentó el rechazo de la deducción en que no se practicó la retención en la fuente por pagos al exterior, siendo en su criterio improcedente esa exigencia al ser una operación sujeta al régimen de precios de transferencia a la que, por mandato del artículo 260-7 del ET (vigente para la época de los hechos), no le eran aplicables las limitaciones dispuestas para los costos y deducciones. Añadió que, si se reconocía esa exoneración respecto de transacciones con proveedores ubicados en paraísos fiscales , con mayor razón debía admitirse en las realizadas con vinculados económicos ; y que, en todo caso, no debía practicar la retención en la fuente sobre los pagos de batidos porque los servicios se prestaron desde el exterior y para la proveedora eran un ingreso de fuente extranjera.

Por ende, también se opuso a la sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, argumentando que no incurrió en la conducta infractora ni ocasionó daño alguno; sin perjuicio de lo cual señaló que se le tendría que eximir de responsabilidad porque estaría incursa en un error de comprensión de las disposiciones aplicables.

Contestación de la demanda

perjuicio de lo cual señaló que se le tendría que eximir de responsabilidad porque estaría incursa en un error de comprensión de las disposiciones aplicables.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 95 a 119), para lo cual adujo que en los actos demandados expuso el sustento fáctico y jurídico para el rechazo de los gastos que presuntamente se originaron en servicios prestados desde el exterior por la casa matriz de la entidad absorbida por la actora. Alegó que esta no aportó medios para probar que los servicios efectivamente se prestaron y la necesidad de la expensa. Negó que al efecto bastaran el contrato suscrito con la entidad vinculada , las facturas y los registros contables, porque no daban cuenta de las labores realizadas. Además, precisó que dos facturas de los servicios tenían el mismo número y fecha con distinto valor , por lo cual, en su opinión, carecían de credibilidad. Sostuvo que tampoco se acreditaba la prestación de los servicios con los correos electrónicos referidos por la demandante, pues eran opiniones sobre las operaciones comerciale s, no enmarcadas en las actividades identificadas en el acuerdo y porque las partes pactaron que conservarían los medios de prueba de la gestión realizada y del cálculo de la remuneración , pero est os no fueron allegados al procedimiento de revisión.

Aseguró que, en cambio, en el curso de la actuación administrativa verificó que la entidad tenía contratados empleados para el desarrollo de esas labores (con el testimonio del coordinador de impuestos que afirmó que los registros contables y las contrataciones de personal se realizaban desde Colombia); lo cual le llevó a concluir que los servicios no

tenía contratados empleados para el desarrollo de esas labores (con el testimonio del coordinador de impuestos que afirmó que los registros contables y las contrataciones de personal se realizaban desde Colombia); lo cual le llevó a concluir que los servicios no los prestó la casa matriz, porque el contrato expresamente restringía una duplicidad en las funciones, circunstancia que también negaría la necesidad de los servicios alegados.

Por otra parte, s ostuvo que la falta de prueba sobr e el cálculo de la remuneración le impidió verificar la proporcionalidad de l gasto, porque la documentación comprobatoria no suplía esos soportes ni acreditaba por sí misma la razonabilidad de las expensas, en tanto que era un análisis funcional para establecer si el precio se ajustaba al principio de plena competencia.

Alegó que, en cualquier caso, sería improcedente el gasto, porque la demandante omitió practicar la retención en la fuente al momento del pago. Adujo que, contrariamente a lo señalado por la actora, el régimen de precios de transferencia no la exoneraba de cumplir los requisitos para la deducción de los pagos al exterior, ni así lo contemplaba la doctrina oficial invocada. Agregó que, como se omitió demostrar que la prestación de los serviciosRadicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 se realizó desde el exterior, las transacciones debatidas originaron un ingreso de fuente nacional para la entidad extranjera, cuya deducción estaba sujeta a que se practicara la retención en la fuente correspondiente.

www.consejodeestado.gov.co 4 se realizó desde el exterior, las transacciones debatidas originaron un ingreso de fuente nacional para la entidad extranjera, cuya deducción estaba sujeta a que se practicara la retención en la fuente correspondiente.

En esa medida, justificó la multa impuesta a título de sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, argumentando que su contraparte incurrió en la conducta infractora al declarar una mayor pérdida fiscal por la inclusión de deducciones improcedentes, sin demostrar la causal exculpatoria alegada. Por último, se opuso a la condena en costas, para lo cual planteó que el asunto litigado era de interés público.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la dem anda sin condenar en costas a la actora (f. 215). Consideró procedente el rechazo de los gastos en cuestión, porque la demandante no probó que efectivamente se ejecutaron las labores contratadas. Juzgó improcedente valorar como prueba la correspondencia electrónica aludida en la demanda, pues estaba en un idioma extranjero sin traducción oficial (artículo 251 CGP) ; y estimó que las dos facturas que tenían la misma numeración y fecha por diferente valor no eran un soporte idóneo del registro contable de las expensas. Agregó que no se acreditó la necesidad de los servicios porque la demandante tenía contratados empleados para las mismas tareas (señaladamente, un área contable y otra de gestión de personal); y avaló el rechazo al gasto por los servicios de consultoría a cargo de la misma proveedora, debido a que en el expediente no había prueba de su prestación a efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET.

gasto por los servicios de consultoría a cargo de la misma proveedora, debido a que en el expediente no había prueba de su prestación a efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET.

De otra parte, validó la tesis de la demandada acerca de que la retención en la fuente era un requisito adicional para la deducción de los pagos al exterior, que no se excluía por el hecho de que las operaciones estuvieran sujetas al régimen de precios de transferencia. Consideró que, como no se comprobó la prestación de los servicios , tampoco se logró establecer el lugar desde donde se ejecutaron, a efecto de verificar si los pagos estaban sometidos o no a la práctica de retención en la fuente.

Finalmente, validó la sanción impuesta por rechazo de pérdidas fiscales y precisó que esta se determinó atendiendo al principio de favorabilidad aplicable en materia punitiva.

Recurso de apelación

La actora apeló la decisión de l a quo (índice 22), para lo cual planteó que el fallo fue incongruente al juzgar que se omitió demostrar la realidad de las expensas, porque ese no habría sido el fundamento de los actos acusados para rechazar la deducción, sino la falta de prueba del beneficio recibido por la compañía, de cara a verificar la necesidad de los servicios para el desarrollo de la actividad económica. Reiteró que la necesidad de la expensa estaba probada con la documentación comprobatoria del estudio de precios de transferencia, porque permitía establecer que las funciones que desarrolló directamente en el periodo gravable no incluían la administración y dirección del negocio, motivo por el que requirió contratar esos servicios con su casa matriz del exterior. Insistió en que esas

transferencia, porque permitía establecer que las funciones que desarrolló directamente en el periodo gravable no incluían la administración y dirección del negocio, motivo por el que requirió contratar esos servicios con su casa matriz del exterior. Insistió en que esas labores administrativas eran propias de cualquier negocio y estaba justificada desde una perspectiva comercial su contratación con una entidad vinculada, que podía acceder a mejor tecnología para el cumplimiento de esas funciones . Insistió en que las gestiones de la c ontratada se demostraban con la correspondencia electrónica aportada en el procedimiento de revisión.

Sobre la proporcionalidad del gasto, reiteró que su contraparte omitió exponer los motivosRadicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 por los que estimó que el gasto no era razonable; y que la razonabilidad estaba acreditada con la documentación comprobatoria del estudio de precios de transferencia.

Finalmente, controvirtió la imposición de la sanción por el rechazo de pérdidas fiscales, acerca de lo cual alegó que no incurrió en la conducta infractora y que, de haberlo hecho, sería a consecuencia de un error en la comprensión de las normas aplicables. Prescindió de formular cargos contra la necesidad de acreditar la retención en la fuente como requisito para la deducibilidad de la deducción debatida.

Pronunciamiento sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

requisito para la deducibilidad de la deducción debatida.

Pronunciamiento sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda instancia, se pone de presente que el consejero de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó por escrito estar impedido para participar en la decisión, por haber conoció el proceso en primera instancia (índice 45). Al respecto, la Sala constata que el Dr. Rodríguez firmó la sentencia apelada (índice 20), lo cual prueba la causal manifestada, motivo que lleva a la Sala a declarar fundado el impedimento , según el artículo 141.2 del CGP. Dada esa circunstancia, queda separado del conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico

2Contando con cuórum para decidir, juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones sin condenarla en costas. Así, en primer lugar, se debe establecer si el fallo impugnado fue incongruente por decidir sobre un asunto que no fue objeto de la discusión en sede administrativa. De no ser así, corresponde definir si se comprobaron los requisitos para la procedencia fiscal de los gastos rechazados en los actos acusados, expensas sobre las cuales la apelante alega que correspondían al pago de servicios de administración y gestión prestados a la entidad contribuyente por su casa matriz del exterior. Si fuera el caso, se decidirá sobre

de los gastos rechazados en los actos acusados, expensas sobre las cuales la apelante alega que correspondían al pago de servicios de administración y gestión prestados a la entidad contribuyente por su casa matriz del exterior. Si fuera el caso, se decidirá sobre la juridicidad de la sanción por rechazo o disminución de pérdidas impuestas.

Análisis del caso

3La apelante plantea que la sentencia de primera instancia sustentó el rechazo de los gastos en cuestión en un reproche no propuesto en los actos acusados y que, por ende, tampoco hacía parte de la discusión ante la jurisdicción, como sería aquel según el cual no obraban medios de prueba que acreditaran la realidad de las transacciones. Para la apelante, lo único que reprochó la autoridad tributaria fue la falta de comprobación de la necesidad de esas expensas para el desarrollo de la actividad económica.

3.1Dicho cargo lleva a la Sala poner de presente que el contenido de las sentencias se encuentra regido por lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA. De acuerdo con el último, la sentencia debe ser motivada, en el sentido de que debe incluir un breve resumen de la demanda y de su contestación, así como un análisis crítico de las pruebas y de los razon amientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. Deriva del mismo precepto que el fa lloRadicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 debe decidir sobre las pretensiones planteadas por el extremo activo de la litis, sobre las excepciones propuestas por el extremo pasivo y sobre cualquier otra excepción que se encuentre probada en el plenario. A partir de lo anterior, las partes motiva y resolutiva de la sentencia deben guardar correspondencia y la decisión del fallador debe ser acorde al petitum de la demanda y a lo exceptuado en la contestación; todo sin perjuicio de que el objeto y el límite del control de legalidad ejercido por la jurisdicción de lo contencioso – administrativo es el acto en sí mismo, que es el parámetro de juzgamiento que le impide al operador judicial considerar razones adicionales en su decisión. De ahí que esta Sección haya destacado que el mandato descrito propende por la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que brinde certeza jurídica a la cuestión debatida, sin afectar el derecho de contradicción de quien se ha opuesto a los argumentos de la contraparte; y que esas exigencias sobre el contenido de la sentencia materializan los principios de debido proceso y de justicia rogada2.

3.2Visto el marco jurídico que rige el contenido y alcance de las decisiones judiciales, la Sala pasa a estudiar la motivación expuesta en los actos acusados, para establecer si el a quo decidió la litis a partir de un razonamiento distinto al expuesto en la actuación administrativa.

Según se observa, d esde el requerimiento especial (ff. 1054 a 1065 caa), la autoridad

el a quo decidió la litis a partir de un razonamiento distinto al expuesto en la actuación administrativa.

Según se observa, d esde el requerimiento especial (ff. 1054 a 1065 caa), la autoridad tributaria reprobó que «no se allegaron los soportes que demuestren la prestación de los servicios con relación a la planeación, control presupuestario, contabilidad, factoring, computación, servicios financieros, contratos de préstamo, gestión de riesgo de intereses y servicios en asuntos de personal », siendo que « en el acuerdo se estipula la obligatoriedad de mantener los registros de los servicios prestados y el derecho de la compañía beneficiaria de examinarlos» (f. 1059 caa); a lo cual agregó que «aun cuando el contribuyente ha aportado el movimiento contable, no aporta ningún elemento probatorio que acredite la realidad económica » del gasto , pues la correspondencia electrónica en idioma extranjero –que la autoridad tradujo por su cuenta (ff. 1059 vto. y 1060 caa)–, «no demuestra el detalle de los servicios prestados a la sucursal colombiana y mucho menos constituyen la descripción de los servicios recibidos por esta» sino que, en su lugar , deja en evidencia que se trató de « órdenes para efectos de regular los impuestos de la compañía en Colombia evitando reflejar pérdidas en la casa matriz » (f. 1061 caa). Asimismo, la Administración, al valorar la asignación de los gastos laborales para la explotación de los campos petroleros localizados en el país relacionada en un documento allegado a la actuación administrativa, señaló que «las instrucciones, órdenes y pautas otorgadas deben reposar en … quien los debe cumplir en Colombia, por lo que

para la explotación de los campos petroleros localizados en el país relacionada en un documento allegado a la actuación administrativa, señaló que «las instrucciones, órdenes y pautas otorgadas deben reposar en … quien los debe cumplir en Colombia, por lo que la ejecución del acuerdo carece de respaldo fáctico que soporte el obrar del personal extranjero a quien se le paga dinero por metas cumplidas»; razones por las que concluyó que «los soportes allegados por la contribuyente, al contrario de demostrar la realidad del gasto, con sus respuestas deja entrever la necesidad de “planeación fisca l”» y que, «si bien existe un acuerdo de servicios de gestión y se verifica el objeto de este y los honorarios pactados, no existe evidencia de fechas y motivos en que se solicita el servicio, tiempo de realización, es decir, pruebas que demuestren el servicio recibido» (f. 1061 vto. caa) . Y respecto de los servicios de consultoría, también plantea que «no se allegó ningún soporte que pruebe la realización del servicio, pese a haberse solicitado reiteradamente detalle del mismo… únicamente reposan en el expediente las facturas y registro contable», por lo que « no está demostrada la realidad del gasto » (f. 1062 vto, caa).

2 Sentencias del 16 de agosto de 2002 (exp. 12668, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié), del 21 de noviembre de 2007 (exp. 15770,

CP: María Inés Ortiz Barbosa), del 06 de octubre de 2009 (exp. 16533, CP: Héctor Romero Díaz), del 29 de octubre de 2009 (exp . 17003, CP: ibidem), del 31 de enero de 2013 (exp. 18878, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 12 de abril de 2012 (exp. 18720, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), del 01 de agosto de 2013 (exp. 18861, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 26 de septiembre de 2013 (exp. 18442, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) y del 26 de febrero de 2014 (exp. 17071, CP: ibidem).Radicado: 25000-23-37-000-2017-01507-01 (26213)

Demandante: Parex Verano Limited

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Esos razonamientos fueron reiterados en la liquidación oficial de revisión (ff. 1383 a 1395 caa), en la que además se indicó que «la sociedad , ni dentro de la investigación adelantada por la División de Fiscalización Tributaria, ni con ocasión a la respuesta al requerimiento especial, ha cumplido con la obligación de suministrar los soportes idóneos que permitan verificar que los servicios fueron efectivamente prestados»; y se insistió en que «no solamente se trata de aportar las facturas, el comprobante de contabilidad y el acuerdo de servicios de gestión, sino que también de be probar que efectivamente se prestó el servicio en cumplimiento de dicho acuerdo » (ff. 1389 vto. y 1390 caa), lo cual

acuerdo de servicios de gestión, sino que también de be probar que efectivamente se prestó el servicio en cumplimiento de dicho acuerdo » (ff. 1389 vto. y 1390 caa), lo cual determinó que se rechazara la procedencia fiscal de esas expensas , dado que «los documentos aportados con ocasión a la respuesta al requerimiento especial y los que obran en el expediente no contienen suficientes elementos de juicio que demuestren y respalden la operación cuestionada … por cuanto, no se acredito la efectiva realización de los servicios que aduce fueron prestados» (f. 1391 vto. caa).

La decisión fue confirmada al resolver el recurso de reconsideración (ff. 1430 a 1457 caa), toda vez que se estimó que «luego de la investigación realizada … se concluyó que aparte de las facturas y registros contables así como comprobantes internos, respecto de las obligaciones incorporadas en el mismo, no se allegaron los soportes solicitados que demuestren la prestación de los mencionados servicios … más aún cuando en el acuerdo se estipula la obligatoriedad de mantener los registros de los servicios prestados y el derecho de la compañía beneficiaria de examinarlos» (f. 1442 vto. caa).

3.3Estudiada la motivación de los actos acusados, la Sala concluye que, contrariamente a lo que alega la apelante única, la decisión de l tribunal se enmarca en el contenido de dichos actos, toda vez que una de las razones por las que se rechazó la deducción de los pagos a la casa matriz del exterior fue la omisión probatoria en que incurrió la entidad contratante para afirmar de manera fehaciente la efectiva prestación de los servicios objeto de debate. Así, para la Sala, los motivos de decisión del a quo son congruentes

los pagos a la casa matriz del exterior fue la omisión probatoria en que incurrió la entidad contratante para afirmar de manera fehaciente la efectiva prestación de los servicios objeto de debate. Así, para la Sala, los motivos de decisión del a quo son congruentes con el contenido de los actos acusados. No prospera el cargo de apelación.

4Al dictar sentencia , el tribunal avaló el rechazo de la deducción de los gastos por servicios de gestión y administración declarados, porque consideró que no se probó en el proceso que se hubieran ejecutado las labores contratadas con la casa matriz de la contratante, que habrían dado lugar a realizar los pagos. Tal conclusión derivó de negarle idoneidad probatoria (i) a la correspondencia electrónica indicada en la demanda, porque estaba en un idioma extranjero, sin traducción oficial (artículo 251 CGP), y (ii) a las dos facturas que soportaban las expensas, porque tenían la misma numeración y fecha, pero diferente valor. Junto a lo anterior, se estimó que no estaba acreditada la necesidad de esos servicios, ya que la demandante tenía contratados empleados para las mismas tareas (i.e. un área contable y otra de gestión de personal). T ambién se avaló rechazar la deducción del gasto por los servicios de consultoría facturados por la misma entidad vinculada, porque en el expediente no había prueba de que se hubieran ejecutado las prestaciones, a efectos de analizar si cumplieron los requisitos del artículo 107 del ET.

Censura la apelante única que el tribunal no valorara las pruebas dirigidas a afirmar que la casa matriz realizaba desde el exterior todas las labores administrativas del negocio. Lo anterior, en referencia a la correspon