CE - Sentencia 25000233700020180025901 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

Demandante: Cencosud Colombia S.A.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144) Demandante CENCOSUD COLOMBIA S.A. Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta año 2010. Término de amortización contratos de colaboración empresarial. Deducción por inversión en activos fijos reales productivos. Sanción por disminución de pérdidas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A 1, que resolvió lo siguiente: “PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 312412016000109 del 2 de diciembre de 2016, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN le profirió a la sociedad

diciembre de 2016, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN le profirió a la sociedad CENCOSUD COLOMBIA S.A. liquidación oficial de revisión por su impuesto de renta del año gravable 2010; y de la Resolución No. 009.849 del 13 de diciembre de 2017, a través de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN modificó la a nterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto sobre la renta del año 2010 de la sociedad CENCOSUD COLOMBIA S.A. la efectuada por esta Corporación y que obra en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. (…)” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 18 de abril de 2011 , Cencosud Colombia S.A. (antes Easy Colombia S.A.) presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementario del 201 0, en la cual registró una pérdida líquida del ejercicio, liquidó el impuesto sobre la renta presuntiva y reportó un saldo a favor2. El 5 de junio de 2012 la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes inició investigación a la sociedad dentro del programa de pérdida líquida (PQ). En ejercicio del beneficio consagrado en el artículo 5 6 de la Ley 1739 de 2014, Easy Colombia

investigación a la sociedad dentro del programa de pérdida líquida (PQ). En ejercicio del beneficio consagrado en el artículo 5 6 de la Ley 1739 de 2014, Easy Colombia presentó el 27 de febrero de 2015 corrección a la declaración privada en la que

1 Samai Tribunal, índice 18. 2 Fl 5, Caa.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

Demandante: Cencosud Colombia S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aumentó los ingresos brutos no operacionales y la deducción por inversión en activos fijos, sin modificar el respectivo saldo a favor3. Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta 4, el 2 de diciembre de 2016, la DIAN emitió la Liquidación Oficial de Revisión nro. 3124120160001095 que desconoció parcialmente gastos operacionales de ventas y deducciones por inversión en activos fijos, impuso sanción por disminución de pérdidas fiscales y liquidó un salgo a pagar, como consecuencia de la sanción. El contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la Resolución 009849 del 13 de diciembre de 2017 6 que reliquidó la sanción por pérdidas fiscales, en aplicación del principio de favorabilidad, lo cual modificó entonces el saldo a pagar, y confirmó en lo demás la liquidación oficial. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

“A. A TÍTULO DE NULIDAD.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se declare la Nulidad Absoluta de; (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412016000109 del 2 de diciembre de 2016, proferida por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual modificó oficialmente la declaración privada de EASY COLOMBIA S.A. (Hoy CENCOSUD COLOMBIA S.A.) relacionada con el Impuesto sobre la Renta correspondiente al periodo gravable 2010; y de (ii) la Resolución No. 009849 del 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración presentada (sic) por la Compañía, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANa través de la cual se modificó la Liquidación Oficial de Revisión. En caso que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por la Demandante durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados, derivada de los fun damentos aceptados, liquidando el saldo a favor o a pagar correspondiente.

B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la Nulidad de

liquidando el saldo a favor o a pagar correspondiente.

B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos Demandados, se declare como Restablecimiento del Derecho la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por EASY COLOMBIA S.A. (Hoy CENCOSUD COLOMBIA S.A.) correspondiente al periodo gravable 2010. En caso que su Honorable Despacho declare la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados, solicito subsidiariamente se sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales procedieron las deducciones determinadas por la Compañía en su decl aración del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2010, y su incidencia en el valor a pagar por concepto de sanción por rechazo o disminución de pérdidas.

C. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en cuenta que los Actos Administrativos demandados contradicen el ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene

3 Fl 1411, Caa. 4 Requerimiento Especial Nro. 312382016000034 del 10 de marzo de 2016 5 Fl 1413 Caa. 6 Fl 1698 Caa. 7 Samai. Índice 2.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

Demandante: Cencosud Colombia S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Cencosud Colombia S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en costas a la parte Demandada, como consecuencia de la declaratoria de Nulidad Absoluta de los Actos Administrativos demandados. Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos 36Í, 363, 364, 365 y 366 del Código General del Proceso, y en concordancia con el Acuerdo No. PSAA16 -10554 del 5 de agosto de 2016 del Cons ejo Superior de la Judicatura”. A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 6, 29, 83 y 121 de la Constitución Política; 142, 143, 158-3, 647-1, 711, 730 numeral 2, 742 y 743 del Estatuto Tributario; 27, 28, 740, 741, 1494 y 1602 del Código Civil; 3, 7, 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 176 del Código General del Proceso; 264 de la Ley 223 de 1995 ; 5 de la Ley 198 de 1998 ; 66 del Decreto 2649 de 1993 ; y, 1, 2 y 3 del Decreto 1766 de 2004. El concepto de la violación se resume así8:

1. Falsa motivación Alegó que la DIAN asumió que la actora se había obligado a aportar bienes, instalaciones y activos (mejoras), los cuales presuntamente debía transferir al propietario de los locales, al finalizar los contratos de colaboración empresarial.

Alegó que la DIAN asumió que la actora se había obligado a aportar bienes, instalaciones y activos (mejoras), los cuales presuntamente debía transferir al propietario de los locales, al finalizar los contratos de colaboración empresarial. Cuestionó ese supuesto, dado que en los contratos no se incorporó la realización de aportes ni la transferencia de dominio de bienes. Al efecto, transcribió los “antecedentes y consideraciones ” de los contratos de colaboración empresarial con Almacenes Éxito, para afirmar que estos se suscribieron para sumar esfuerzos para desarrollar y aprovechar económicamente los inmuebles, sin transferir su propiedad. Posteriormente, a partir del “objeto general” de los contratos referidos, concluyó que se exceptuó expresamente la transferencia o aporte de bienes , dado que Almacenes Éxito solo se obligó a conceder la mera tenencia de los inmuebles, con lo cual ostentaba el derecho de dominio, que no transfirió. Planteó que su obligación se limitó a construir y adecuar locales comerciales en esos inmuebles, como mero tenedor, y a retribuir en dinero a Almacenes Éxito, por el derecho a instalarse, usar y explotar los locales, sin que nada de lo anterior constituya un aporte. Refirió a la sección “naturaleza del contrato ”, para insistir en que no implicaba la transferencia de bienes, e invocó la sección de “etapas del contrato, obligaciones y derechos de las partes” , para reiterar que en ninguna de las mismas se pactaron aportes ni transferencia alguna, sino el pago de una retribución única por ocupación y una prima periódica de uso y explotación por la tenencia del local, cuyos terrenos,

derechos de las partes” , para reiterar que en ninguna de las mismas se pactaron aportes ni transferencia alguna, sino el pago de una retribución única por ocupación y una prima periódica de uso y explotación por la tenencia del local, cuyos terrenos, mejoras y construcciones eran de Almacenes Éxito. Anotó que las construcciones hechas en los locales comerciales eran de Almacenes Éxito desde el inicio del contrato , y los pagos retribuían el uso y goce de los inmuebles.

8 Antes de desagregar los cargos de violación, relató que el objeto social de Easy Colombia, en esa época, era la constitución y puesta en marcha de establecimientos de comercio dedicados a proveer servicios de bricolaje y el desarrollo de actividades relacionadas co n el sector de la construcción y que, suscribió diversos contratos de colaboración empresarial con Almacenes Éxito (en adelante Éxito), para la instalación, uso y explotación de locales comerciales, en donde la actora tenía la obligación de construir y adecuar los locales, para el posterior uso y explotación.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Nulidad por indebida aplicación del inciso 3º del artículo 143 del Estatuto Tributario Aseveró que el rechazo de la deducción por amortización de inversiones por construcción y adecuación en terrenos de terceros , se originó porque para la Administración, la amortización de las mismas sólo procedía si se realizaban en un

Tributario Aseveró que el rechazo de la deducción por amortización de inversiones por construcción y adecuación en terrenos de terceros , se originó porque para la Administración, la amortización de las mismas sólo procedía si se realizaban en un término de 30 años, en consideración a la obligación de transferir los activos y al plazo de los contratos de colaboración empresarial, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 143 del Estatuto Tributario. Describió los supuestos del artículo 143 ibidem ( vigente para la época de los hechos) para defender que, ante la ausencia de aportes y transferencia de bienes, no era aplicable el tercer inciso de la norma. Acudió a las definiciones de la Real Academia de la Lengua sobre transferir y aportar , para insistir en que en sus contratos no hubo entrega ni transferencia de bienes que lo obligase a amortizarlos en el término de duración de aquellos. Cuestionó que la DIAN considerara que el dinero pagado por retribución única por ocupación y por prima periódica de explotación correspondiera a un aporte, pues ese tipo de pago se hizo para extinguir las obligaciones del contrato, e ingresó a las arcas de Almacenes Éxito, como contraprestación por la tenencia de los inmuebles. Reprochó que el cuestionamiento de la amortización recayera sobre las mejoras y no sobre los pagos, dado que la retribución única se amortizó en el término de 30 años y la prima periódica no se amortizó en 2010. En todo caso, subrayó que los valores pagados no hicieron parte de los rechazos. Frente al argumento de la demandada relativo a que las mejoras construidas en

años y la prima periódica no se amortizó en 2010. En todo caso, subrayó que los valores pagados no hicieron parte de los rechazos. Frente al argumento de la demandada relativo a que las mejoras construidas en terrenos del tercero eran un aporte , que debía transferirse en el marco de la ejecución de los contratos de colaboración, evidenció que no podía transferir dichas construcciones dado que no ostentaba su propiedad jurídica, pues estas eran de Almacenes Éxito. Transcribió apartes de los actos, para indicar que la DIAN confesó que la propiedad de las mejoras era de Almacenes Éxito.

3. Nulidad por interpretación errada del inciso tercero del artículo 143 del Estatuto Tributario Afirmó que la DIAN interpretó indebidamente la norma. Para esto, c uestionó la definición del verbo “aportar” consignada en los actos demandados, la cual se tomó de fuentes contradictorias , y la aplicación del inciso tercero del artículo 143 del Estatuto Tributario, pues este exige no solo que exista un aporte de bienes o activos, sino también que estos se transfieran durante la ejecución del convenio, circunstancia que de no ocurrir hace la norma inaplicable.9

Insistió en que el rechazo se enfocó en valores amortizados por concepto de mejoras10, y no en los rubros de retribución única por ocupación, ni prima periódica. Señaló que el inciso tercero del artículo 143 del Estatuto Tributario solo es aplicable a contratos de concesión, riesgo compartido o joint venture, en forma taxativa . Estableció que, en virtud de eso, la norma diferenció dos plazos de amortización:

a contratos de concesión, riesgo compartido o joint venture, en forma taxativa . Estableció que, en virtud de eso, la norma diferenció dos plazos de amortización: uno general y otro específico para este tipo de contratos 11. Mencionó que los

9 Al respecto, citó la sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 17161 del Consejo de Estado. 10 Según la DIAN, el mayor valor de amortización fiscal versus contable en relación con las mejoras en terrenos de terceros fue de $16.388.329.971 11 Al efecto, invocó las sentencias del 28 de julio de 2011, exp. 17161, del 19 de agosto de 2010, exp. 17010 del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acuerdos suscritos por ella no eran de concesión, riesgo compartido o joint venture, sino de colaboración empresarial. Cuestionó el plazo de amortización sugerido por la Administración y reiteró que, según los certificados de tradición, los inmuebles eran de propiedad de Almacenes Éxito, al igual que las adecuaciones efectuadas en esos. Insistió en que no realizó aportes de bienes o activo s que se hubiere obligado a transferir posteriormente, para lo cual refirió a los artículos 740 y 741 del Código Civil sobre la tradición que, consideró inexistente, pues a lo que se obligó fue a restituir la tenencia de los locales, junto con sus mejoras.

para lo cual refirió a los artículos 740 y 741 del Código Civil sobre la tradición que, consideró inexistente, pues a lo que se obligó fue a restituir la tenencia de los locales, junto con sus mejoras. Transcribió algunas cláusulas de los contratos y afirmó que la DIAN pretermitió los artículos 740 , 741, 1494 y 1602 del Código Civil, puesto que desconoció la inexistencia de una transferencia de dominio de bienes bajo los contratos de colaboración, de acuerdo con la voluntad de las partes y las obligaciones nacidas de los acuerdos. Invocó la vulneración de los artículos 5 de la Ley 489 de 1998, y 6 y 121 de la Constitución Política , y sostuvo que no podía transferir bienes que no eran suyos a quien siempre ha sido su propietario.

4. Desconocimiento de los artículos 27 y 28 del Código Civil al confundir la restitución de los locales con la transferencia de dominio de estos Afirmó que la obligación pactada en el contrato era una restitución, la cual no puede confundirse con la transferencia de dominio. Alegó que la Administración sugirió que en el caso de las mejoras se constituyó una transferencia de bienes, obras, instalaciones o activos , y que la restitución se limitaba a los locales comerciales.

Recalcó que no se obligó a transferir activos a Almacenes Éxito, y que la DIAN estaba desconociendo el sentido literal de las palabras restitución y transferencia. Reiteró que no es posible ceder el dominio sobre mejoras de bienes pertenecientes a un tercero, y que no le era dado a la Administración desconocer la definición de transferencia del Código Civil , en aplicación de la interpretación gramatical.

Reiteró que no es posible ceder el dominio sobre mejoras de bienes pertenecientes a un tercero, y que no le era dado a la Administración desconocer la definición de transferencia del Código Civil , en aplicación de la interpretación gramatical. Presentó un cuadro con artículos del mismo código sobre las obligaciones relacionadas con la restitución de bienes y las de transferencia de activos, en las figuras jurídicas de rescisión, accesión, usufructo, el justo título y el pago. Insistió en que la transferencia implica el cambio de derecho de dominio , mientras que la restitución es solo la devolución de la cosa.

5. Falta de aplicación de los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario y 66 del Decreto 2649 de 1993 – procedencia de la amortización de la retribución única Relató que la DIAN rechazo la diferencia entre el valor fiscal y contable de la amortización de la retribución única por ocupación 12, la cual corresponde al pago que le hizo a Almacenes Éxito por la tenencia de locales comerciales durante 30 años. Resaltó que la retribución única era una inversión necesaria para la realización de los fines del negocio , pues en esos locales ella ejercía su actividad comercial.

Transcribió el artículo 142 del Estatuto Tributario y apartes de la sentencia del 4 de mayo de 2015 (exp. 20594, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia), para defender que la amortización es deducible al devenir de inversiones necesarias y

12 En este caso, correspondiente a $1.812.052.366, según la actora.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

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12 En este caso, correspondiente a $1.812.052.366, según la actora.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionadas con la actividad productora de renta. Y, a su vez, citó el artículo 66 del Decreto 2649 de 1993, para sostener que los métodos de amortización fiscales no necesariamente deben confluir con los contables, ya que, los contribuyentes pueden utilizarlos en forma distinta13, con lo cual no es dable rechazar la diferencia entre estos, si la misma se encuentra justificada. Señaló que, como los pagos de la retribución única por ocupación constituían una inversión necesaria para los fines del negocio , que permitía operar los locales por 30 años, estos tenían la naturaleza de intangibles por ser constituir el derecho a utilizarlos. Se refirió a la forma de pago de los contratos y la conversión a pesos de cada uno, para resaltar que todos se registraron debidamente en la contabilidad. A través de cuadro resumen, desglosó los activos amortizados, los métodos fiscales y contables aplicados y los plazos utilizados (30 y 5 años, vida útil e inmediato), para advertir que, para efectos contables utilizó el método de línea recta, mientras que para efectos fiscales aplicó el de reducción de saldos. Presentó cuadros comparativos entre los valores contable y fiscal de los activos amortizados bajo cada contrato (Éxito Américas, Éxito Norte y Éxito Occidente) , recalcando que las

para efectos fiscales aplicó el de reducción de saldos. Presentó cuadros comparativos entre los valores contable y fiscal de los activos amortizados bajo cada contrato (Éxito Américas, Éxito Norte y Éxito Occidente) , recalcando que las diferencias obedecen al uso de métodos diferente s, con lo cual no procedía el rechazo.

6. Los actos se fundamentaron en hechos ajenos a los del requerimiento especial Sostuvo que la DIAN, en el requerimiento, propuso el rechazo de la amortización de la retribución única por ocupación bajo los mismos fundamentos del rechazo de la amortización de inversiones en propiedades de terceros, esto es, por el cambio de plazo en la amortización bajo línea recta de 30 a 5 años.

Empero, con la Liquidación Oficial lo que afirmó la Administración es que rechazaba el mayor valor fiscal sobre el contable , y no por el término de amortización, perspectiva que fue confirmada en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Acotó que con esto la DIAN transgredió el principio de correspondencia14 y vulneró la buena fe y la lealtad procesal.

7. Nulidad por no haberse expuesto los motivos jurídicos, fácticos y probatorios del rechazo de la amortización de la retribución única por ocupación Se refirió a la motivación de los actos administrativos y a la falta de motivación 15 y sus efectos. Afirmó que Liquidación Oficial rechazó la amortización de la retribución única por ocupación por la diferencia entre el valor fiscal y contable, sin explicar por qué consideraba que esta no estaba justificada.

Sobre la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, adujo que, pese a

única por ocupación por la diferencia entre el valor fiscal y contable, sin explicar por qué consideraba que esta no estaba justificada. Sobre la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, adujo que, pese a que ella demostró el cumplimiento de los requisitos para deducir la amortización y justificó las diferencias en los valores fiscal y contable, la Administración señaló, sin

13 Trajo a colación la sentencia del 19 de marzo de 2015, exp. 20206 del Consejo de Estado. 14 Al respecto citó las sentencias de 6 de octubre de 2005, exp. 14635, de 8 de mayo de 2008, exp. 14346, de 18 de junio de 2009, exp. 15540, de 23 de agosto de 2012, exp. 18306, de 16 de octubre de 2014, exp. 18882 del Consejo de Estado. 15 Citó las sentencias del 12 de junio de 2011, exp. 16090, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 30 de agosto de 2017, exp. 20971, del 13 de junio de 2013, exp. 17495, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 26 de marzo de 2009, exp. 16496.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

Demandante: Cencosud Colombia S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustento, que el rechazo obedecía a estas últimas diferencias sin explicar la presunta inexactitud en la declaración. Resaltó que , en todo caso, la DIAN aceptó que la discusión no era sobre la

www.consejodeestado.gov.co sustento, que el rechazo obedecía a estas últimas diferencias sin explicar la presunta inexactitud en la declaración. Resaltó que , en todo caso, la DIAN aceptó que la discusión no era sobre la aplicación del artículo 143 del Estatuto Tributario ni sobre la posibilidad de u tilizar métodos de amortización diferentes.

8. La compañía cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos Alegó que la DIAN rechazó la deducción por inversión en activos fijos por tratarse de inversiones realizadas en propiedad de un tercero. No obstante, relató que ni el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, ni el Decreto 1766 de 2004, estipularon como requisito de procedibilidad que la titularidad de los inmuebles en los que se ejecutara la inversión fuera del contribuyente.

Precisó que, bajo la definición normativa de activo fijo real productivo, los requisitos eran que la inversión recayera sobre un bien tangible, que formara parte del patrimonio del contribuyente, que participara en su actividad productora de renta y que fuera depreciable, los cuales cumplió considerando que: i) Las construcciones en los locales eran bienes perceptibles por los sentidos, cuya naturaleza de bienes tangibles no se cuestionó16. ii) Realizó construcciones que explotaría por 20 años, prorrogables por 10 adicionales, cuyas inversiones debían amortizarse como cargos diferidos, que, por tanto, se registran contablemente dentro de su patrimonio. Resaltó que este registro suplía el

cuyas inversiones debían amortizarse como cargos diferidos, que, por tanto, se registran contablemente dentro de su patrimonio. Resaltó que este registro suplía el requisito exigido por la norma sobre que el activo fijo debía formar parte del patrimonio (artículos 35, 37 y 67 del Decreto 2649 de 1993). Añadió que el artículo 3 del Decreto 1766 de 2004 señaló que, ante la realización de obras de infraestructura para la puesta en marcha de activos fijos reales productivos, el valor de la inversión es la base de la deducción que corresponde al valor de los bienes y servicios adquiridos. Dijo que el registro en el patrimonio estaba acreditado en el libro mayor y balances. iii) Referenció el objeto social de la compañía para enfatizar que las inversiones participaron de manera directa en su actividad productora de renta, toda vez que eran para adecuar los locales comerciales en donde ejecutaba la misma. iv) Alegó que las inversiones realizadas eran activos amortizables al ser activos diferidos, pese a que la DIAN no lo discutió.

9. Nulidad por exigir el cumplimiento de requisitos inexistentes para acceder a la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos Precisó que las normas que regulan la materia no exigen que los inmuebles en los que se realizó la construcción sean de propiedad de quien toma la deducción, pues la norma solo condicionó la misma a que los activos fijos reales productivos formaran parte del patrimonio del contribuyente . Esta no exigió, en el caso de activos fijos reales productivos que se construyesen , que la deducibilidad sólo procedía si el activo se construía en otro activo fijo de propiedad del mismo

formaran parte del patrimonio del contribuyente . Esta no exigió, en el caso de activos fijos reales productivos que se construyesen , que la deducibilidad sólo procedía si el activo se construía en otro activo fijo de propiedad del mismo contribuyente. Afirmó que la demandada exigió un requisito no contemplado en la norma y transcribió apartes de los Conceptos DIAN 004831 de 2001 y 85073 de 2008.

16 Citó los Conceptos DIAN 19552 de 2006 y 30032 de 1989.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00259-01 (26144)

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10. Indebida valoración de las pruebas Expuso que aportó las pruebas pertinentes, conducentes y útiles para demostrar la indebida fundamentación de los actos, las cuales no fueron valoradas por la DIAN al decidir en contrario. Dentro de estas mencionó los contratos de colaboración empresarial, que dan cuenta de la ausencia de aportes y transferencia de activos, los registros contables que evidencian los términos de amortización y su diferencia con el tratamiento fiscal y la relación de inversiones, que da cuenta de la deducción por inversión en activos reales fijos productivos. Concluyó que la Administración negó infundadamente el valor de las pruebas.

11. Inaplicación del precedente y de sub-reglas jurisprudenciales Afirmó que el artículo 7 del Código General del Proceso dotó de fuerza jurídica el precedente jurisprudencial. Se refirió a varias sentencias del Consejo de Estado que

11. Inaplicación del precedente y de sub-reglas jurisprudenciales Afirmó que el artículo 7 del Código General del Proceso dotó de fuerza jurídica el precedente jurisprudencial. Se refirió a varias sentencias del Consejo de Estado que avalaron la procedencia de la deducción de activos fijos reales productivos para inversiones realizadas en bienes de terceros 17, siendo suficiente el registro contable de las mismas para considerarlas dentro del patrimonio.

12. Transgresión de la buena fe, seguridad y confianza legítima al inaplicar el precedente jurisprudencial Señaló que la DIAN violó la buena fe y la confianza legítima , al desconocer los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado invocados por ella, bajo el argumento de que esas providencias sólo producían efectos inter-partes y, al mismo tiempo y en forma contradictoria invocar la aplicación de la sentencia del 25 de septiembre de 2017 (exp. 20584, CP: Milton Chaves García).

13. Desconocimiento de la doctrina oficial Sostuvo que la demandada