CE - Sentencia 25000233700020180040101 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233700020180040101 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
Demandante: TCS Solution Center Sucursal Colombia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
Demandante: TCS Solution Center Sucursal Colombia
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Temas: Impuesto sobre la renta 2010. Notificación . Silencio administrativo positivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 7 de marzo de 202 4, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda y negó la condena en costas.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente2:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002 de 6 de enero de 2017, por la cual se modificó la declaración del
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002 de 6 de enero de 2017, por la cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta de TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA del año gravable 2010 y de la Resolución No. 624-733 del 30 de enero de 2018 a través de la cual se modificó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración del impuesto de renta del año 2010 presentada por la sociedad TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA bajo el formulario No. 1101603052924.
TERCERO: Acéptase la renuncia de poder presentada por el Dr. Julio Cesar Ruiz Muñoz, como apoderado de la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.”
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
El 18 de abril de 2011 la demandante presentó declaración del impuesto sobre la renta del año 2010 en la que determinó pérdida del ejercicio de $5.561.723.000 y saldo a favor de $3.090.187.0003.
El 6 de enero de 2017 la demandada expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412017000002 en la que estableció pérdida del ejercicio de $0 , sanción por
saldo a favor de $3.090.187.0003.
El 6 de enero de 2017 la demandada expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412017000002 en la que estableció pérdida del ejercicio de $0 , sanción por
1 Ingresó al despacho el 26 de marzo de 2025. Índice 35 plataforma SAMAI. 2 Índice 58 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo. 3 Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 201Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
Demandante: TCS Solution Center Sucursal Colombia
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inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas de $5.576.049.000, y valor a pagar de $4.157.791.0004.
El 10 de marzo de 2017 la demandante presentó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial enunciada5. Sin embargo, la DIAN expidió la Resolución 733 del 30 de enero de 20186, respecto de la cual, para efectos de su notificación personal, remitió citación por correo el 2 de febrero de 2018 y posteriormente la notificó por edicto el 1 de marzo del mismo año7.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones y normas violadas
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones y normas violadas
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la empresa TCS Solution Center Sucursal Colombia formuló las siguientes pretensiones8:
“A. PRINCIPAL
1. A TÍTULO DE NULIDAD.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se declare la Nulidad absoluta de la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración al haber sido proferida por un funcionario carente de competencia temporal para ello.
La falta de competencia temporal se configuró en razón a que la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración No. 624 -773 del 30 de enero de 2018 fue notificada por fuera del término prec lusivo y perentorio de un (1) año con que la Autoridad Tributaria contaba para ello, de conformidad con lo expresamente regulado en los artículos 730, 732, y 734 del Estatuto Tributario.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito que se decrete la firmeza de la declaración privada presentada por TCS con ocasión del impuesto sobre la renta del período gravable 2010, en razón a la falta de competencia funcional de la Autoridad Tributaria para resolver el Recurso de Reconsideración y del Silencio Administrativo Positivo, ambas consecuencias jurídicas derivadas de la inexistencia de la Resolución de un Recurso de Reconsideración debidamente notificada dentro del término perentorio y preclusivo
resolver el Recurso de Reconsideración y del Silencio Administrativo Positivo, ambas consecuencias jurídicas derivadas de la inexistencia de la Resolución de un Recurso de Reconsideración debidamente notificada dentro del término perentorio y preclusivo de un (1) año contado a partir de la presentación del Recurso de Reconsideración.
Por lo tanto, insto a su Honorable Despacho a que declare que el Recurso de Reconsideración presentado por mi poderdante debe tenerse fallado en favor de la Demandante, generando con ello una aceptación d e todos y cada uno de los argumentos desarrollados y de la petición incluida en el mencionado Recurso de Reconsideración, a partir de la cual se solicitó lo siguiente:
“Con fundamento en los elementos jurídicos fácticos y probatorios desarrollados y acreditados con ocasión del presente Recurso de Reconsideración, respetuosamente solicito a su Despacho se sirva aceptar los argumentos de hecho y de derecho expuestos y en consecuencia se sirva revocar la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002 del 06 de enero de 2017, notificado el 10 de enero del mismo año, y por lo tanto determinar que los egresos de la compañía con sus vinculadas del exterior cumplieron con el régimen de precios de transferencia y consecuencialmente se sirva archivar el proceso adelantado en contra de mi representada.”
4 Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 200 5 Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 272 a 323 6 Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 733 a 1815
5 Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 272 a 323 6 Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 733 a 1815 7 Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 1818 a 1819 8 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y ReformademandaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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En virtud de la aceptación a la petición transcrita, deviene revocada la Liquidación Oficial de Revisión No. 3124 12017000002 del 6 de enero de 2017 y por ende se concretiza la firmeza de la declaración privada.
B. SUBSIDIARIA.
1. A TÍTULO DE NULIDAD
En subsidio solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, que en caso de considerar que en el presente caso no se configuró la falta de competencia temporal de la Autoridad Tributaria para resolver el Recurso de R econsideración, ni el consecuencial Silencio Administrativo Positivo, se sirva proceder a declarar entonces la Nulidad Absoluta de (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002 del 6 de enero de 2017, y (ii) de la Resolución No. 624 -733 del 30 de enero de 2018,
la Nulidad Absoluta de (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002 del 6 de enero de 2017, y (ii) de la Resolución No. 624 -733 del 30 de enero de 2018, a través de la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración presentado por mi poderdante y se decidió modificar el contenido de la Liquidación Oficial de Revisión.
En caso que se acepte parcialmente los argumentos expuestos por mi representada durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados derivada de los fundamentos aceptados , liquidando el saldo a favor o a pagar, derivado de la aceptación parcial acotada.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos dem andados se sirva declarar que el denuncio rentístico privado presentado por la Compañía con ocasión al periodo gravable 2010 se encuentra en firme y por ende deviene inmodificable, en razón a que las operaciones pactadas con los vinculados del exterior cumplieron con el régimen de precios de transferencia y fueron pactadas a precio de mercado.
En caso que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por mi representada durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales procedió el saldo a favor a cargo de TCS, derivados de la declarato ria de Nulidad Parcial de los Actos Demandados.
C. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO
sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales procedió el saldo a favor a cargo de TCS, derivados de la declarato ria de Nulidad Parcial de los Actos Demandados.
C. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en cuenta que los Actos Administrativos demandados contradicen el ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene en costas a la parte Demandada, como consecuencia de la Declaratoria de Nulidad Absoluta de los Actos Administrativos Demandados.
Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365 y 366 del Código General del Proceso, y en concordancia con el Acuerdo No. PSAA16 -10554 del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.”
Indicó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política; 260-1, 260-2, 260 -3, 260-10,560, 565, 732, y 734 del Estatuto Tributario; artículo 7 del Decreto 4349 de 2004; y 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Concepto de violación y oposición
Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en la contestación se ejerció el derecho con contradicción así:Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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Cargos de orden procesal (Cuantía $5.156.960.000)
1. Indebida notificación
La demandante alegó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada de manera errónea y por fuera del término legal, dado que el artículo 732 del Estatuto Tributario establece que dicho recurso debe resolverse dentro del plazo de un (1) año contado a partir de su presentación.
Señaló que, en el presente caso, pese a que el artículo 565 del mismo estatuto dispone que la notificación personal debe surtirse dentro de los diez (10) días siguientes, la DIAN, en el último día de dicho término, procedió a notificar el acto por edicto, contrariando lo previsto en la ley.
Explicó que el recurso de reconsideración se presentó el 10 de marzo de 2017, por lo que el término de un año para resolverlo vencía el 10 de marzo de 2018. No obstante, la citación para la notificación personal se remitió por correo el 2 de febrero de 2018, de manera que, conforme a las fechas, la comparecencia ante la Autoridad Tributaria podía efectuarse hasta el 16 de febrero del mismo año. Aun así, en esa fecha la DIAN realizó la notificación por edicto, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario.
2. Configuración del silencio administrativo positivo
fecha la DIAN realizó la notificación por edicto, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario.
2. Configuración del silencio administrativo positivo
Advirtió que el efecto de no haberse realizado correctamente la notificación por edicto consiste en que el funcionario que expidió la resolución que resolvió el recurso de reconsideración perdió competencia, al haberse configurado el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 734 del Estatuto Tributario, toda vez que dicho acto no fue notificado dentro del término de un (1) año establecido en el artículo 732 del mismo estatuto.
3. Violación al principio de correspondencia (art. 711 del ET)
Alegó que no existe correspondencia entre la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, toda vez que en la primera se argumentó la utilización del método TU únicamente por la falta de acceso a la información financiera de las vinculadas, mientras que en el segundo acto se ampliaron las razones sin que hubieran sido cuestionadas en etapas previas.
Lo anterior, sostuvo, vulneró el derecho al debido proceso, al impedirle ejercer una defensa clara y efectiva dentro de la respectiva etapa procesal.
4. Violación del debido proceso. Indebido rechazo de reembolsos de vinculados económicos
Manifestó que los actos demandados vulneran el derecho al debido proceso, en la medida en que no exponen razones jurídicas que justifiquen el rechazo del reembolso de dinero solicitado respecto de los vinculados económicos, limitándose únicamente a señalar la aplicación del método TU y a descartar su procedencia
medida en que no exponen razones jurídicas que justifiquen el rechazo del reembolso de dinero solicitado respecto de los vinculados económicos, limitándose únicamente a señalar la aplicación del método TU y a descartar su procedencia dentro del estudio de precios de transferencia.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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5. Falta motivación de los actos. Omisión de razones de deducibilidad de los reembolsos con vinculada en la India
Advirtió que los actos demandados adolecen de falta de motivación, en tanto no exponen las razones jurídicas que sustentan el rechazo de la deducción en el impuesto sobre la renta del reembolso efectuado con la vinculada en la India, limitándose únicamente a hacer referencia a los reembolsos realizados con la vinculada en Uruguay.
6. Violación del derecho de defensa. Nulidad por no realización de comité técnico
Explicó que los actos demandados vulneran lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 560 del Estatuto Tributario, en razón a que, pese a haberse solicitado la conformación de un comité técnico dentro de la vía gubernativa, no consta prueba de que dicho comité se hubiera reunido.
razón a que, pese a haberse solicitado la conformación de un comité técnico dentro de la vía gubernativa, no consta prueba de que dicho comité se hubiera reunido.
Cargos de Orden Sustancial. Régimen de Precios de Transferencia (Cuantía $1.671.929.000, en mayores impuestos)
7. Interpretación errada de normas de precios de transferencia
Señaló que los actos demandados desconocen lo previsto en los artículos 260 -1, 260-2 y 260 -3 del Estatuto Tributario, por cuanto no aceptaron las expensas discutidas derivadas de operaciones con vinculadas económicas, pero mantuvieron los ingresos en la declaración objeto de controversia.
8. Ajuste indebido a la mediana
Explicó que la decisión de la DIAN de ajustar a la mediana el valor de mercado de las operaciones, con fundamento en el artículo 260 -2 del Estatuto Tributario, no resulta procedente, toda vez que se aplicó un método distinto al utilizado en la Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia (DIIPT) y en la documentación comprobatoria.
Señaló que dicha medida se adoptó únicamente con el propósito de determinar nuevos valores de mercado, lo que implica que el ajuste siempre dejaría las operaciones con vinculadas económicas por fuera de los rangos de mercado.
9. Falsa motivación
Alegó que los actos demandados se justificaron de manera indebida, al sostener el cambio del método de Precio Comparable no Controlado (PC) al de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), con fundamento en la supuesta existencia de una relación estrecha o intensa de transacciones entre la demandante
cambio del método de Precio Comparable no Controlado (PC) al de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), con fundamento en la supuesta existencia de una relación estrecha o intensa de transacciones entre la demandante y sus vinculadas, sin que tal afirmación se encontrara debidamente soportada en pruebas.
10. Inaplicación del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004
Advirtió que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 7, literal B, numeral 3 del Decreto 4349 de 2004, toda vez que el estudio de precios deRadicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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transferencia realizado por la DIAN no concretó un análisis funcional respecto de la operación de egreso correspondiente al concepto de consultoría.
11. Indebido cambio de método de precios de transferencia
Aclaró que los actos demandados desconocen lo dispuesto en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario y en el artículo 7, literal N, numeral 8 del Decreto 4349 de 2004, por cuanto el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU) no result aba aplicable, ni de manera sustancial ni técnica, a las transacciones realizadas.
12. Desconocimiento de material probatorio
Manifestó que la DIAN desconoció lo dispuesto en el artículo 260 -2 del Estatuto
no result aba aplicable, ni de manera sustancial ni técnica, a las transacciones realizadas.
12. Desconocimiento de material probatorio
Manifestó que la DIAN desconoció lo dispuesto en el artículo 260 -2 del Estatuto Tributario y en el Decreto 4349 de 2004, toda vez que se aportaron documentos y dictámenes técnicos que describían los proyectos desarrollados con las empresas vinculadas en el exterior, así como los proyectos locales, lo cual acreditaba la realidad económica de las transacciones y de la empresa. En consecuencia, no resultaba procedente el cambio del método de precios de transferencia aplicado.
13. Documentos en idioma extranjero no cumplen con el 251 del CGP
Advirtió que el estudio de precios de transferencia realizado por la DIAN fue soportado en documentos redactados en idioma inglés, los cuales no cumplen con lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, al no haber sido traducidos al idioma castellano.
14. No aplicación del punto 2.3 de las Directrices de la OCDE
Explicó que la DIAN no aplicó lo previsto en el punto 2.3 de las Directrices de la OCDE en materia de Precios de Transferencia, al establecer como método idóneo el de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU). Señaló que, conforme al numeral 2.3 de dicho ordenamiento, los métodos tradicionales —precio comparable no controlado, costo adicionado y precio de reventa — constituyen las herramientas más directas para evaluar si una operación entre vinculados económicos cumple con el principio de plena competencia y, por ende, con los precios de mercado.
15. Método TU no es idóneo para las transacciones con vinculadas
herramientas más directas para evaluar si una operación entre vinculados económicos cumple con el principio de plena competencia y, por ende, con los precios de mercado.
15. Método TU no es idóneo para las transacciones con vinculadas
Alegó que el artículo 7, literal B, numeral 7 del Decreto 4349 de 2004 establece que el método ideal aplicable en transacciones con vinculados económicos es aquel que no requiere múltiples ajustes. No obstante, en el presente caso, el método de Márgenes Tr ansaccionales de Utilidad de Operación (TU) aplicado por la DIAN exigía más ajustes que el método de Precio Comparable no Controlado (PC) utilizado por la demandante.
16. Comparabilidad de operaciones con operaciones no comparables
Señaló que la DIAN desconoció lo dispuesto en el artículo 260 -3 del Estatuto Tributario y en los numerales D1 de los puntos 1.33, 1.36, D1.2, así como en los puntos 1.38, 1.40, 1.41, D.1.2.2 y D.1.2.4 de las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transfer encia de 2010, toda vez que comparó las operacionesRadicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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cuestionadas con otras que no eran realmente comparables, al carecer de las mismas características y funcionalidad.
17. Aplicación indebida de ciclos económicos
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cuestionadas con otras que no eran realmente comparables, al carecer de las mismas características y funcionalidad.
17. Aplicación indebida de ciclos económicos
Aclaró que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 260 -3 del Estatuto Tributario y en el artículo 7, literal B, numeral 9 del Decreto 4349 de 2004, toda vez que se acudió a los ciclos económicos de la información financiera sin que s e hubiera demostrado que la situación económica de la demandante se prolongó por más de un período.
18. Incumplimiento del principio de plena competencia con el método TU
Alegó que los actos demandados desconocen lo dispuesto en los artículos 260 -1 y 260-2 del Estatuto Tributario, por cuanto la DIAN no podía aplicar el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), siendo el método de Precio Comparable no Controlado (PC) el técnicamente idóneo y procedente para acreditar el cumplimiento del principio de plena competencia, al permitir una comparabilidad más precisa de las operaciones realizadas con vinculadas económicas.
19. Irregularidad del estudio de precios de transferencia
Manifestó que el estudio de precios de transferencia realizado por la DIAN, al aplicar el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), careció de justificación, razón por la cual no se cumplió con los requisitos previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
20. Indebida valoración de contratos
Advirtió que los contratos comerciales remitidos a la DIAN justificaban la aplicación
artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
20. Indebida valoración de contratos
Advirtió que los contratos comerciales remitidos a la DIAN justificaban la aplicación de los comparables, de modo que la indebida valoración de dichos contratos desconoció lo previsto en los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario, así como en los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso.
21. No justificación de cambio de método
Señaló que la DIAN no justificó con razones jurídicas suficientes la aplicación del método TU en su estudio de precios de transferencia, toda vez que no aplicó lo previsto en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario para fundamentar el cambio de método.
22. Indebido rechazo de reembolsos de terceros independientes
Aclaró que los reembolsos pagados por la demandante a un tercero no debían formar parte del estudio de precios de transferencia, toda vez que correspondían a un gasto remitido a un tercero independiente, el cual posteriormente fue simplemente reintegrado, sin generar efecto económico ni contable. En consecuencia, explicó que la inclusión de dicho reembolso como variable en el estudio desconoció la comparabilidad prevista en los artículos 260 -1 y 260 -3 del Estatuto Tributario.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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23. Método TU para reembolso de gastos
Señaló que, mediante el método TU aplicado en el estudio técnico elaborado por un experto y remitido al expediente, se demostró que el reembolso de gastos cumplía con el régimen de precios de transferencia. Indicó que dicho cumplimiento no fue desvirtuado por la DIAN, en la medida en que se trató de operaciones que no generaron utilidad.
Cargos Contra las Sanciones Impuestas
24. Improcedencia de la sanción por inexactitud por rechazo de pérdidas.
Irretroactividad de las normas tributarias (Cuantía $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción de rechazo de pérdidas impuesta en los actos demandados con fundamento en el artículo 260-10 del Estatuto Tributario no resulta procedente, toda vez que en el año 2010 dicha disposición únicamente remitía al artículo 647 y no al art ículo 647-1 del mismo estatuto, norma que no existía al momento de los hechos. Además, aclaró que la referencia expresa a la sanción por pérdidas solo se incorporó posteriormente mediante la Ley 1607 de 2012.
25. Improcedencia de sanción por inexactitud (Cuantía $1.671.929.000)
Alegó que no procede la sanción por inexactitud en el presente caso, toda vez que lo discutido obedece a una diferencia de criterios respecto de las normas aplicables.
Alegó que no procede la sanción por inexactitud en el presente caso, toda vez que lo discutido obedece a una diferencia de criterios respecto de las normas aplicables.
26. Improcedencia de sanciones conjuntas (Cuantía $1.671.929.000 y
$1.813.102.000)
Advirtió que los actos demandados no podían imponer simultáneamente la sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario y la sanción por pérdidas contemplada en el artículo 647-1 del mismo estatuto, en la medida en que ambas resultan excluyentes entre sí por razones de naturaleza y de cálculo.
27. Improcedencia de sanciones por aplicación objetiva (Cuantía $1.671.929.000 y $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción por inexactitud y la sanción por pérdidas fueron aplicadas de manera objetiva, sin analizar que en el accionar de la demandante durante el período investigado no se configuró fraude ni abuso.
Contestación de la Demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos9:
Cargos de Orden Procesal (Cuantía $5.156.960.000)
1. Indebida notificación
Aclaró que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada en debida forma. A juicio de la DIAN, únicamente a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 el cómputo del término de diez (10) días, para que los
en debida forma. A juicio de la DIAN, únicamente a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 el cómputo del término de diez (10) días, para que los
9 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Contestación y Contestaciónref.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
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contribuyentes acudan a notificarse personalmente, se inicia desde el día siguiente a aquel en que el acto es depositado en el correo. En consecuencia, la notificación por edicto no afectó ni comprometió el término previsto para la notificación personal.
2. Configuración del silencio administrativo positivo
Advirtió que no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada en debida forma dentro del término de un (1) año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario. Lo anterior, en la medida en que dicha resolución quedó debidamente notificada dentro del plazo legal.
Señaló, además, que la Corte Constitucional, en la sentencia C -929 de 2005, precisó que el cómputo del término de diez (10) días para la notificación personal debe iniciarse a partir de la fecha de introducción al correo, criterio que ha sido reiterado en diversos fallos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.Otros cargos procesales
debe iniciarse a partir de la fecha de introducción al correo, criterio que ha sido reiterado en diversos fallos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.Otros cargos procesales
Explicó que, respecto de las empresas vinculadas, únicamente remitió notas contables, sin aportar comprobantes internos o externos que soportaran las transacciones realizadas.
Señaló que los actos demandados advierten el incumplimiento de efectuar operaciones a precio de mercado, incluyendo la operación con la vinculada en India, aunque dicha operación fue analizada de manera conjunta.
En relación con la no realización del comité técnico , indicó que, tras hacer referencia a generalidades sobre precios de transferencia, los actos demandados se presentaron como ajustados a las normas tributarias y al régimen de precios de transferencia.
Cargos de Orden Sustancial (Cuantía $1.671.929.000)
4. Interpretación errada de normas de precios de transferencia
Señaló que los actos demandados se ajustan a la normativa en materia de precios
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