CE - Sentencia 25000233700020180040801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., 23 de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes. Competencia de los funcionarios de la UGPP. Competencia de los jueces laborales. Creación tercera norma. Valoración probatoria. Concurrencia de contratos. Alcance del recurso de apelación. Novedades. Primacía de la realidad. Falta de motivación. Devolución de aportes. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección1 decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL, de la Liquidación Oficial No. RDO-201700104 del 16 de febrero de 2017, proferida por el Subdirector de Determinación de Obligaciones – U.A.E. UGPP, mediante la cual se profirió a la Sociedad FUNDACIÓN

00104 del 16 de febrero de 2017, proferida por el Subdirector de Determinación de Obligaciones – U.A.E. UGPP, mediante la cual se profirió a la Sociedad FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO ARÉVALO, liquidación oficial por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de enero a diciembre de 2013, y se sanciona por inexactitud y; de la Resolución No. RDC2018-00114 del 14 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO-2017-00104 del 16 de febrero de 2017”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la UGPP que realice una nueva liquidación donde se eliminen los ajustes por mora e inexactitud liquidados en los actos acusados respecto de los pagos del auxilio de transporte; traslado gastos de representación

(tarj, Créd); consumos terceros varios extranjeros, los cuales se pagaron al trabajador Vélez White Dionisio, para los periodos de julio y agosto de 2013, por no integrar el IBC de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), ni el cálculo del total de la remuneración, establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Así mismo recalcule las sanciones conforme a la anterior liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En el evento de generarse un pago en exceso a favor de la Fundación Tecnológica Antonio

recalcule las sanciones conforme a la anterior liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En el evento de generarse un pago en exceso a favor de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, se deberá proceder a su devolución, conforme al artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, para lo cual, deberá aplicarse la corrección monetaria de las sumas objeto de devolución, en los términos indicados en la parte motiva; tal suma devengará intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 311 ibídem.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas. (…)

1 Inicialmente e proceso le correspondió al despacho del magistrado Milton Chaves García, pero mediante auto del 9 de septiembre de 2024 se declaró fundado el impedimento manifestado. (índice 9 Samai) 2 Samai del Tribunal. Índice 48. Páginas 39 a 41.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante: Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2016-00535 del 27 de mayo de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), profirió la liquidación oficial RDO 201700104 del 16 de febrero de 2017, en la que determinó los aportes adeudados al

2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), profirió la liquidación oficial RDO 201700104 del 16 de febrero de 2017, en la que determinó los aportes adeudados al sistema de la protección social a cargo de la demandante, por mora e inexactitud para los períodos de enero a diciembre de 2013 (por valor de $172.237.000) y la sancionó por la última conducta (por valor de $101.978.520). Contra la anterior decisión la demandante presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la resolución RDC 2018-00114 del 14 de febrero de 2018, en el sentido de reducir el monto de los aportes (al valor de $118.753.200) y la sanción3 (al valor de $69.894.840). ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones en el escrito de la reforma a la demanda4: PRETENSIONES PRINCIPALES: Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos: - ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:

3. Liquidación Oficial RDO-2017-00104 del dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete (2017), “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la FUNDACIÓN

3. Liquidación Oficial RDO-2017-00104 del dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete (2017), “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO ARÉVALO, identificada con NIT. (…), por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de enero a diciembre de 2013 y se sanciona inexactitud”, determinando el valor por CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($172.237.000), una sanción por inexactitud equivalente a CIENTO UN MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHOMIL (sic) QUINIENTOS VENITE (sic) PESOS M/CTE

($101.978.520)

4. Resolución RDC-2018-00114 del catorce (14) de febrero del dos mil diecisiete (2018) (sic) “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución número RDO-2017-00104 del dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete (2017), a través de la cual se profirió liquidación oficial a FUNDACIÓN TECNOLOGICA ANTONIO AREVALO, con NIT. (…), por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2013” y se sanciona por inexactitud por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2012, determinando el valor por CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA

31/12/2013” y se sanciona por inexactitud por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2012, determinando el valor por CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($118.753.200), una sanción por inexactitud por la cuantía de CSESENTA (sic) Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($69.894.840).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se

3 Los actos pueden ser consultados en el Samai del tribunal, gestionar documentos, 16_RECIBEMEMORIALES_LINKANTECEDENTESAD(.zip) NroActua 36 4 Samai, índice 2. PDF Reforma a la demandaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante: Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y restablecimiento del derecho:

- ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD

Gestión Pensional y Parafiscales de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y restablecimiento del derecho:

- ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD

5. Liquidación Oficial RDO-2017-00104 del dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete (2017) “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la FUNDACIÓN

TECNOLÓGICA ANTONIO ARÉVALO (…).”

6. Resolución RDC-2018-00114 del catorce (14) de febrero del dos mil diecisiete (2018) (sic) “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración (…)”. - SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:

• Por concepto de daño emergente:

1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la empresa FUNDACIÓN TECNOLOGICA ANTONIO AREVALO, por mora en la afiliación y pago en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2013 y se sanciona por inexactitud por los periodos 01/01/2013 al 31/12/2013, sumas que deberán ser indexadas y con intereses, de acuerdo a su demostración.

2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante el proceso administrativo.

3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal de servicio de auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización

el proceso administrativo.

3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal de servicio de auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización adelantado por la Unidad Administrativa Especial “UGPP”, toda vez que la sociedad FUNDACIÓN TECNOLOGICA ANTONIO AREVALO, apoyó la defensa jurídica con capital humano durante un año.

4. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo del proceso judicial que da inicio con la radicación de la presente demanda. • CONDENA EN COSTAS Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Para sustentar sus pretensiones, en el escrito de reforma a la demanda, la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 23, 29 y 338 de la Constitución Política; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 59 de la Ley 4 de 1913; 30 de la Ley 1393 de 2010; 5, 7 y 13 de la Ley 1437 de 2011; 50 de la Ley 1739 de 2014; y 19 y 21 del Decreto 575 de 2013. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente

manera:

1. Falta de competencia de funcionarios de la UGPP Si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de control, fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de forma

manera:

1. Falta de competencia de funcionarios de la UGPP Si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de control, fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de forma precisa los funcionarios que debían desempeñar cada una de las etapas del proceso de fiscalización o sancionatorio y tampoco indicó la manera en que se podía solicitar la información para la determinación de las obligaciones, el funcionario que tenía esa facultad, ni reguló la sanción por la no entrega completa de la información de períodos previos a la creación de la Ley 1607 de 2012.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante: Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el desarrollo de los procesos de fiscalización los aportantes se ven obligados a presentar documentos privados que están protegidos por mandato constitucional, por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, es quien puede establecer las competencias y procedimientos para el control de las contribuciones. Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el Decreto Ley 169 de 2008, pero omitió asignar funciones o competencias en cabeza de algún funcionario. Esto solo se dio con el Decreto 5021 de 2009, sin embargo, éste no tenía fuerza de ley al haber sido expedido con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le otorgó el congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por ende, tampoco debía tenerse en cuenta este proceso.

del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le otorgó el congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por ende, tampoco debía tenerse en cuenta este proceso. Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de los aportantes, dado que permitía solicitar información y documentos privados. De manera que no podía ser aplicado por ser contrario a la Constitución.

2. La UGPP asume competencias de los jueces laborales De conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia para determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de seguridad social radica exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose de conceptos que la demandada estableció como salariales, «siendo más precisos en el sub-examine al pretender determinar bonificaciones salariales cuando se estipulo (sic) que eran no salariales» así como en los casos en los que de manera unilateral en sumas que no son factor salarial mutó los conceptos a salario.

Revisadas las funciones del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, no se encontró que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como ocurrió en los actos demandados, puesto que a su libre albedrío modificaron los extremos laborales y establecieron como factor salarial valores que no hacen parte del IBC para los aportes.

3. Creación de tercera norma La demandada, de manera improvisada, expidió los actos demandados combinando los procedimientos previstos en las leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que dio

3. Creación de tercera norma La demandada, de manera improvisada, expidió los actos demandados combinando los procedimientos previstos en las leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que dio lugar a la figura denominada «Tercera Norma y/o Lex Tertia», situación que impide que los sujetos de las investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la defensa, contradicción y debido proceso.

Destacó que la competencia de los funcionarios y los actos administrativos se adelantaron con fundamento en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013, sin embargo, en la liquidación oficial se señaló «LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES (…). En uso de sus facultades legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario Nacional (…)» es decir, empleó procedimientos contenidos en dos normas diferentes para expedir el acto de determinación.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

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4. Concurrencia de contratos

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Concurrencia de contratos Por disposición del artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, las universidades y los profesores cuentan con la facultad de pactar la duración de los contratos de trabajo y las actividades. En consecuencia, debían revisarse esos acuerdos para determinar la duración de la relación y el monto de los aportes a pagar.

Indicó que la demandada desconoció la concurrencia de contratos mediante los cuales los docentes cumplían actividades adicionales a las establecidas en el acuerdo inicial, tales como exámenes supletorios, y por lo cual recibían el respectivo pago. De manera que, la UGPP debió tener en cuenta las novedades de ingreso y retiro, así como lo pagado por el vínculo existente, en lugar de sumar los días y valores recibidos por conceptos ajenos al contrato laboral. Todo esto se podía verificar en los desprendibles de nómina allegados que demostraban lo verdaderamente percibido por los trabajadores identificados en el Excel de la demanda.

5. Aprendiz Sena Sostuvo que respecto de estos sujetos no existía la obligación de realizar aportes a pensión y parafiscales (SENA, ICBF y CCF), razón por la cual debían desaparecer los ajustes propuestos para las personas enlistadas en el Excel anexo a la demanda para lo cual aportaba los contratos respectivos y solicitaba oficiar al SENA.

6. Auxilio de transporte Adujo que la finalidad de este concepto era el desplazamiento de los trabajadores

ajustes propuestos para las personas enlistadas en el Excel anexo a la demanda para lo cual aportaba los contratos respectivos y solicitaba oficiar al SENA.

6. Auxilio de transporte Adujo que la finalidad de este concepto era el desplazamiento de los trabajadores hasta el lugar de trabajo y de ninguna manera se trataba de una remuneración directa destinada a enriquecer el patrimonio de estos. En ese sentido, el pago no debía ser parte del IBC ni siquiera en el límite del 40% del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Solicitó la inaplicación del acuerdo 1035 de 2015 expedido por la UGPP, según el cual el auxilio de transporte es factor salarial, por ser contrario al artículo 338 de la Constitución Política que dispone que los elementos las contribuciones solo podía darse mediante una norma proferida por el Congreso. Identificó los trabajadores con ajustes por este concepto.

7. Novedades. Presunción de días Reprochó que la demandada estableciera deudas al sistema de la protección social sin tener en cuenta las novedades que determinan los extremos de la relación laboral. Así el deber de pagar los aportes recae sobre el dinero efectivamente percibido y respetando el límite del 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, siendo improcedente los ajustes de trabajadores cuyo contrato terminó o para períodos en los que no había ingresado a la empresa. Puso de ejemplo el caso de la señora Mora Javela María Margarita e indicó que se presentaron inconsistencias en 79 registros.

8. Límite 25 SMLMV Consideró improcedente que la UGPP determinara aportes sobre una base mayor a

ejemplo el caso de la señora Mora Javela María Margarita e indicó que se presentaron inconsistencias en 79 registros.

8. Límite 25 SMLMV Consideró improcedente que la UGPP determinara aportes sobre una base mayor a dicho límite, más aún cuando se presenta alguna novedad en la relación de trabajo.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

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9. Ingreso efectivamente percibido Expuso que la administración puede fiscalizar el pago correcto de los aportes, pero debe establecerse sobre la realidad de las relaciones laborales, esto es, tomando los valores efectivamente pagados a sus trabajadores, lo cual se encontraba reflejado en los desprendibles de nómina. En ese sentido, debían verificarse las situaciones de cada uno de los empleados relacionados en la demanda.

10. Aporte correcto A su juicio la actuación administrativa carecía de motivación que se evidencia al «cruzar la información contenida en la nómina versus los pagos de aportes que se desprenden del Ingreso Base de Cotización» Destacó que el IBC se compone tanto de los pagos salariales y no salariales en lo que sea el excedente del total de la remuneración, según el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 en los casos que se reconozcan sumas no salariales. Sin embargo, al comparar los valores percibidos por los trabajadores de la demanda no existía diferencia alguna que diera lugar al ajuste.

11. Error en la digitación de la cédula

al comparar los valores percibidos por los trabajadores de la demanda no existía diferencia alguna que diera lugar al ajuste.

11. Error en la digitación de la cédula Señaló que al momento de diligenciar la PILA incluyó a varios trabajadores con números de cédula errados, no obstante, era deber de la demandada solicitar el cambio a cada una de las administradoras del sistema, en lugar de establecer deudas. Lo ocurrido se presentó para los empleados del Excel de la demanda.

Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda de conformidad con lo siguiente5: De conformidad con la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008 y los decretos 575 de 2013 y 5021 de 2013, los funcionarios de la UGPP tenían competencia para adelantar los procesos de fiscalización y expedir los actos de liquidación correspondientes, sin que ello implicara asumir las facultades de los jueces laborales. Frente al cargo de concurrencia de contratos expuso que calculó el IBC teniendo en cuenta los pagos por conceptos de supletorios, habilitaciones y monitores becados, los cuales hacen parte de los pagos establecidos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y por lo tanto no se podían desalarizar. Para el cargo de aprendices del Sena revisó el caso de un empleado para concluir que el IBC fue debidamente calculado teniendo en cuenta que el contrato estaba vigente hasta el 8 de enero de 2013, así como la información de nómina y los auxiliares contables por lo que en el SQL se tuvieron en cuenta los días efectivamente laborados, sin que existiera prueba que demostrara error alguno.

vigente hasta el 8 de enero de 2013, así como la información de nómina y los auxiliares contables por lo que en el SQL se tuvieron en cuenta los días efectivamente laborados, sin que existiera prueba que demostrara error alguno. Sobre el auxilio de transporte explicó que los ajustes se originaron porque la demandante no tuvo en cuenta para la determinación de la base de cotización el excedente del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

5 La UGPP se pronunció frente a la demanda y la reforma de ésta, razón por la cual la defensa será resumida de manera conjunta, referenciando lo que dijo frente a cada uno de los cargos de nulidad propuestos. Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF de la contestación a la demanda y PDF de la contestación a la reforma.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante: Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la presunción de días, analizó las situaciones de varios empleados, concluyendo que el IBC se calculó según la información allegada al proceso de fiscalización, como la nómina, los libros auxiliares, comprobantes de pago, a partir de los cuales fue posible verificar los días trabajados y los valores remunerados. En relación con el límite de los 25 SMLMV explicó que el ajuste obedeció al hecho que la sociedad no incluyó los pagos no salariales que excedieran el 40%. Así, los ajustes se generaron porque la sociedad pagó menos del valor al que estaba

En relación con el límite de los 25 SMLMV explicó que el ajuste obedeció al hecho que la sociedad no incluyó los pagos no salariales que excedieran el 40%. Así, los ajustes se generaron porque la sociedad pagó menos del valor al que estaba obligada, pero siempre teniendo en cuenta dicho tope. Frente al cargo relacionado con el aporte correcto adujo que tomó la información aportada al proceso de fiscalización, a partir de la cual verificó los valores pagados a los empleados, destacando que para los ajustes al subsistema de FSP se ajustó conforme al sueldo recibido. Sobre el error en la cédula refirió que en el recurso de reconsideración la aportante no alegó el asunto, sin embargo, tampoco logró desvirtuar la corrección del número de identificación del trabajador. Para el argumento relacionado con la creación de la tercera norma manifestó que no combinó disposiciones normativas, sino que atendió las leyes que rigen tanto las facultades de fiscalización de la UGPP como los procedimientos de determinación de los aportes. Puso de presente que para los períodos discutidos ya se encontraba vigente la Ley 1607 de 2012, por lo que su aplicación debía ser inmediata. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró la nulidad parcial de los actos demandados por lo que pasa a exponerse6:

1. Competencia de la UGPP De conformidad con la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008, los decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, la demandada es competente para adelantar las labores de seguimiento encaminadas a determinar la correcta liquidación y pago de

5021 de 2009 y 575 de 2013, la demandada es competente para adelantar las labores de seguimiento encaminadas a determinar la correcta liquidación y pago de los aportes al sistema de la protección social; así como solicitar la información que estime pertinente para establecer hechos generadores; y la expedición de los respectivos actos contentivos de la obligación. Así mismo, podía interpretar si los ingresos son salariales o no, así como desconocer los pactos de desalarización para efectos de establecer el IBC, sin que ello implicara la atribución de competencias propias de los jueces laborales. Finalmente, según la Ley 1607 de 2012 también podía imponer las sanciones a que hubiere lugar.

2. Ajustes Novedades: Advirtió que la parte demandante no aportó las planillas en las que constara las novedades aludidas respecto de los 3 trabajadores identificados en la demanda, por lo que conforme al SQL de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la UGPP efectuó de manera correcta la liquidación de los aportes.

No prosperó el cargo.

6 Samai del Tribunal. Índice 48.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00408-01 (28705)

Demandante: Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aprendices SENA: Explicó que, para los ajustes de mora, en el SQL de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la administración tuvo en cuenta que la finalización del contrato de aprendizaje ocurrió el 8 de enero de 2013. En

Aprendices SENA: Explicó que, para los ajustes de mora, en el SQL de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la administración tuvo en cuenta que la finalización del contrato de aprendizaje ocurrió el 8 de enero de 2013. En consecuencia, la demandante debía pagar el aporte correspondiente a esos días efectivamente laborados, situación que no acreditó en el proceso. Negó el cargo.

Auxilio de transporte: Precisó que en los actos demandados dicho concepto estaba denominado como «Auxilio de transporte; traslado gastos de representación (tarj. Créd); consumos terceros varios extranjeros», los cuales fueron pagados al trabajador Vélez White Dionisio por los meses de julio y agosto de 2013. Sin embargo, para las partes se trataba de pagos no salariales, cuya finalidad era el desarrollo de las funciones encomendadas al trabajador y, en esa medida, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de diciembre de 20217, no podían integrar el IBC ni siquiera en el límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Declaró la prosperidad del cargo.

Límite 25 SMLMV: Sostuvo que dicho tope se predica del monto recibido durante un período mensual. Además, en el expediente no obraba prueba que diera cuenta de algún error técnico relacionado con la parametrización de la PILA que implicara efectuar cotizaciones del trabajador que devengó 25 SMLMV y laborara menos de 30 días sobre un tope legal diario, por lo que negó el cargo. Error de digitación en la cédula: Indicó que la fundación no aportó la planilla que acreditara el pago de las cotizaciones con un número diferente al señalado por la

días sobre un tope legal diario, por lo que negó el cargo. Error de digitación en la cédula: Indicó que la fundación no aportó la planilla que acreditara el pago de las cotizaciones con un número diferente al señalado por la entidad demandada, por lo que en atención al principio de justicia rogada no debía prosperar el asunto. De conformidad con lo expuesto, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó a la demandada realizar una nueva liquidación para los aportes del trabajador Vélez White Dionisio. Así mismo, debía efectuarse el respectivo cálculo de la sanción y la devolución de los saldos pagados en exceso si a ello hubiere lugar, tal como lo permitía el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, y aplicando la corrección monetaria del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. A su vez, negó la pretensión relacionada con el reconocimiento de los gastos incurridos en la defensa de la demandante y el servicio de auxiliar administrativo, debido a que no estaba probada su c