CE - Sentencia 25000233700020180043801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A.

Demandada MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA Temas Participación en plusvalía por mayor aprovechamiento del suelo. Liquidación y restablecimiento del derecho. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La sala1 decide los recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia del 1 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decidió2: PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del (sic) 262 del 17 de noviembre de 2017, “Por medio del cual se liquida la participación del efecto plusvalía para los predios incluidos dentro del Palan (sic) Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión urbana del Municipio de Sopó, el cual fue adoptado por el Decreto Municipal 080 de 2003 y Decreto 118 de 2016”, así como la nulidad parcial del Decreto Municipal 063 del 12 de marzo de 2018, que resolvió el recurso de reposición, ello, únicamente en lo que respecta a la liquidación asignada al

como la nulidad parcial del Decreto Municipal 063 del 12 de marzo de 2018, que resolvió el recurso de reposición, ello, únicamente en lo que respecta a la liquidación asignada al inmueble id entificado con el número catastral 00 -00-0002-0913-00 y matrícula inmobiliaria número 176142092, de propiedad de la sociedad Fénix Construcciones S.A, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sociedad FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A. no está obligada al pago del efecto plusvalía a ella determinado en su calidad de propietarios del inmueble identificado con el número catastral 00-00-0002-091300 y matrícula inmobiliaria número 176-142092, por valor de $10.778.679.607, en virtud de la anulación parcial del ordinal anterior, como tampoco los actuales propietarios de los inmuebles que de dicho predio se hubiesen desagregado.

TERCERO: ORDÉNASE al municipio de Sopó realizar la c ancelación de los registros realizados en el folio de matrícula inmobiliaria del referido predio, así como en aquellos aperturados por segregación del mismo tras las ventas de las unidades habitacionales resultantes del proyecto o proyectos inmobiliarios d esarrollados en dicho inmueble, ante la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Por no haberse causado, no se condena en costas. (…). (Negrilla del original)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Por no haberse causado, no se condena en costas. (…). (Negrilla del original) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Fénix Construcciones S.A. es propietaria del predio identificado con matrícula inmobiliaria 176-142092, ubicado en el municipio de Sopó (Cundinamarca).

1 Mediante auto de 31 de marzo de 2025 el M.P. Milton Chaves García, dispuso remitir el expediente al siguiente en turno, por ponencia negada. Índice Samai 27. 2 SAMAI Tribunal, índice 82, páginas 50 y 51.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante el Decreto 262 del 17 de noviembre de 2017 (acto demandado), el alcalde del municipio de Sopó liquidó la participación del efecto plusvalía para los predios incluidos en el Plan Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión urbana de dicho territorio, el cual fue adoptado por el Decreto Municipal 080 de 2003 -plan parcial inicial-, acto modificado por el Decreto 118 de 2016 -plan parcial actual-. El predio de la demandante conforma la Unidad de Gestión denominada Zona A y se tuvo en cuenta para el mismo como hecho generador el mayor aprovechamiento del suelo en edificación. El recurso de reposición interpuesto por la sociedad Fénix Construcciones S.A.

predio de la demandante conforma la Unidad de Gestión denominada Zona A y se tuvo en cuenta para el mismo como hecho generador el mayor aprovechamiento del suelo en edificación. El recurso de reposición interpuesto por la sociedad Fénix Construcciones S.A. contra la anterior decisión, fue resuelto mediante el Decreto 063 del 12 de marzo de 2018 (acto demandado), en el sentido de no reponer y reiterar lo expuesto en el acto recurrido. Por medio de la resolución 243 del 4 de octubre de 2018, el municipio de Sopó ordenó la inscripción del efecto plusvalía liquidado con el Decreto Municipal 262 de 2017, en el folio de matrícula inmobiliaria de predios resultantes de la desagregación del inmueble de propiedad de la demandante, con ocasión del proceso de urbanización. Contra ese acto la sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante la resolución 320 del 27 de diciembre de 2018, en el sentido de rechazarlos y confirmar el acto recurrido. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) , la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3: 3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 262 de 2017 , expedido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ - Cundinamarca, en lo que respecta a la

PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 262 de 2017 , expedido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ - Cundinamarca, en lo que respecta a la liquidación de la participación en la plusvalía del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-142092.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 063 de 2018 , expedido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE S OPÓ - Cundinamarca, en lo que respecta a la liquidación de la participación en la plusvalía del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-142092.

TERCERA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al MUNICIPIO DE SOPÓ - ALCALDÍA MUNICIPAL DE S OPÓ cancelar la inscripción de los Decretos Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018 que haya realizado o llegare a realizar sobre el folio de matrícula inmobiliaria No. 176 -142092 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá y de los predios que de este se pudieren segregar o englobar.

CUARTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO abs tenerse de exigir el pago de las sumas liquidadas en los Decretos Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018, correspondiente a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

2018, correspondiente a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($10.778.679.607), sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176142092 y de los predios que de este se pudieren segregar o englobar.

3 SAMAI, índice 2, expediente digital, ED_C02_11REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho y reparación del daño, se ordene a la ALCALDÍA DE SOP Ó - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO devolver los dineros que el demandante le haya pagado o llegare a pagar con ocasión de la liquidación de la participación en la plusvalía realizada a través los Decretos Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018, respecto al predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-142092 y aquellos que de este se pudieren segregar o englobar.

SEXTA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 243 del 4 de octubre de 2018 expedida por la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Y URBANISMO4.

SEXTA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 243 del 4 de octubre de 2018 expedida por la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Y URBANISMO4.

SÉPTIMA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 320 del 27 de diciembre de 2018 expedida por la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

TERRITORIAL Y URBANISMO.

OCTAVA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO devolver los dineros que el demandante le haya pagado o llegare a pagar con ocasión de la expedición y/o cumplimiento de las Resoluciones Nos. 243 y 320 de 2018.

NOVENA PRETENSIÓN: A título de reparación del daño, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO indemnizar a la parte demandante por los perjuicios patrimoniales que llegare suf rir con ocasión de la expedición y/o cumplimiento de cualquiera de los actos administrativos demandados: Decretos Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018, y Resoluciones Nos. 243 y 320 de 2018.

DÉCIMA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho y re paración de daño, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO recocer y pagar intereses moratorios sobre cualquier suma de dinero o concepto

ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO recocer y pagar intereses moratorios sobre cualquier suma de dinero o concepto que como consecuencia del presente proceso deba reconocer a la parte demanda nte, en los términos del artículo 192 del CPACA.

DECIMOPRIMERA PRETENSIÓN: Se Condene MUNICIPIO DE SOPÓ - ALCALDÍA MUNICIPAL DE S OPÓ a pagar costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA. 3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de no acceder a las pretensiones primera y segunda principales, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO, reliquidar el tributo de la participación en la plusvalía, adoptando para el efecto los siguientes parámetros y valores consignados en el dictamen pericial de parte, elaborado por los expertos Wilson Suárez Merchán y Miller Osiris Escudero.

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que se acceda a la PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, a título reparación del daño, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISM O devolver a Fénix Construcciones S.A. los dineros que la demandante haya pagado o llegare a pagar en exceso; esto es, aquellas sumas de dinero pagadas por encima de la participación en la plusvalía que resulte de la re-liquidación solicitada en la PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.” (Negrilla del original).

esto es, aquellas sumas de dinero pagadas por encima de la participación en la plusvalía que resulte de la re-liquidación solicitada en la PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.” (Negrilla del original). A estos efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 73, 74, 77, 80, 81 y 82 de la Ley 388 de 1997; 2 y 6 de la Ley 1673 de 2013; 2.2.2.17.2.2. del Decreto 1074 de 2015, y 27 de la resolución 620 de 2008 , proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. El concepto de la violación de esas disposiciones se resume a continuación: Aseguró que los decretos demandados están viciados de nulidad por expedición irregular y falta de competencia temporal , porque se desconoció el t érmino de

4 En la audiencia celebrada el 27 de septiembre de 2022, etapa de fijación del litigio, el tribunal excluyó del medio de control las pretensiones relacionadas con la nulidad de las resoluciones por las que se ordenó la inscripción del efecto plusvalía en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios segregados, por tratarse de actos de ejecución, decisión que quedó en firme al decidirse el recurso de reposición.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 140 días previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 , para calcular y

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 140 días previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 , para calcular y liquidar el efecto plusvalía. Si el hecho generador del tributo lo constituye el Decreto Municipal 118 de 2016, publicado el 6 de julio siguiente, la administración municipal tenía hasta el 2 7 de enero de 2017 para expedir y notificar el acto administrativo que determinara el tributo, pese a lo cual, el Decreto Municipal 262 de 2017 solo fue notificado el 15 de diciembre de 2017, lo que es injustificado e irrazonable, en contravía del orden ju rídico, la seguridad jurídica y el debido proceso, por lo que debe ser anulado, aunque dichas normas no tengan un efecto preclusivo. Igualmente, incurrieron en infracción de las normas en las que debían fundarse, por haberse desconocido el procedimiento q ue debía tenerse en cuenta para liquidar el efecto plusvalía causado por el mayor aprovechamiento del suelo. Sostuvo que para la fecha en la que se realizó el avalúo 277 de septiembre de 2017, que sirvió de sustentó para la liquidación del efecto plusvalía, el perito no estaba habilitado en el Registro Abierto de Avaluadores en la categoría de inmuebles especiales, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997, 2 y 6 de la Ley 1673 de 2013 y, 2.2.2.17.2.2 del Decreto Naci onal 1074 de 2015 , por lo que carece de validez e idoneidad técnica para la liquidación del efecto

2 y 6 de la Ley 1673 de 2013 y, 2.2.2.17.2.2 del Decreto Naci onal 1074 de 2015 , por lo que carece de validez e idoneidad técnica para la liquidación del efecto plusvalía. Falencia que no se subsana con la inscripción actual del perito en dicho registro, en las categorías de inmuebles urbanos y rurales. Adicional a lo anterior, en la elaboración del citado avalúo se incurrió en errores metodológicos y conceptuales. Al efecto, a firmó que en este caso se tuvo como hecho generador del efecto plusvalía el mayor aprovechamiento del suelo, por lo que, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, ratificado en los artículos 133 literal c) del Decreto Municipal 20 de 2009 y 27 de la resolución 620 de 2008 del IGAC, la administración debía establecer el valor comercial del predio por metro cuadrado antes de la acción urbanística (precio de referencia a través del método residual o de mercado), luego se debía estimar el área potencial adicional de la edificación autorizada con la nueva norma, y multiplicarl a por el precio de referencia, para finalmente dividirlo por el número de metros cuadrados que comprenden el área total del predio beneficiado. Dicho procedimiento no se observó, toda vez que: i) se realizaron dos valoraciones del predio, antes y después de la acción urbanística, utilizando dos técnicas diferentes, la comparación de mercado y la residual, ii) en lugar de determinarse el presunto mayor potencial edificatorio autorizado por la acción urbanística, se determinó una valor ización, lo que es ajeno al hecho generador del tributo, ii i) únicamente se deflactó el valor del escenario 1 (antes de la acción urbanística) al

presunto mayor potencial edificatorio autorizado por la acción urbanística, se determinó una valor ización, lo que es ajeno al hecho generador del tributo, ii i) únicamente se deflactó el valor del escenario 1 (antes de la acción urbanística) al año 2015 y el del escenario 2 (después de la acción urbanística) se mantuvo en septiembre de 2017, por lo que no podían ser comparables entre sí, lo que condujo a que se alterara el valor final, i v) no se cuenta con sustento técnico e información (área, ubicación y norma urbanística) sobre los predios de referencia utilizados para determinar el valor del escenario antes de la acción urbanística por lo que no está demostrado que sean comparables para efectos del avalúo y v) en el segundo escenario, después de la acción urbanística, no se tuvo en cuenta el costo y las cargas (zonas de equipamiento, circulación y parqueaderos ) que debía asumir el proyecto de construcción. Aclaró que, en el presente caso , al tratarse de un a expansión urbana con plan parcial adoptado mediante el acuerdo 080 de 2003 , se debía aplicar la técnicaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co residual prevista en el artículo 4 de la resolución 620 de 2008 del IGAC, a pesar de esto refirió que en el primer escenario el perito determinó el valor del predio a través de la técnica de comparación de mercado, regulada en el artículo 1 ibidem, sin justificar esa elección.

esto refirió que en el primer escenario el perito determinó el valor del predio a través de la técnica de comparación de mercado, regulada en el artículo 1 ibidem, sin justificar esa elección. Relató que para el segundo escenario el perito cambio la técnica valuatoria y aplicó la residual, y se limitó a determinar las áreas vendibles a partir del resultado de aplicar directamente el índice de construcción, sin determinar el área privada vendible o el área vendible construida. Además, no se tuvo en cuenta el número de parqueaderos exigidos ni el costo de su construcción, y el equipamiento de zonas verdes y vial se estimó en $50.000 por m 2, valor que es muy bajo, tampoco se evidencia que se haya realizado o consultado un estudio de mercado de proyectos constructivos en propiedad horizontal en el municipio de Sopó o en otros municipios que permitieran definir el valor de ventas para el proyecto planteado. Aseveró que en la expedición de los decretos demandados se incurrió en falsa motivación, porque para la época en la que tuvo lugar el presunto hecho generador (2016), el acuerdo 025 de 2001 ( tarifa), que les sirve de fundamento, había sido derogado por el Acuerdo 20 de 2009 , que tuvo como propósito esencial ajustar y compilar en un solo régimen todos los tributos del municipio demandado. Por otra parte, l as resoluciones demandadas, por las que se ordenó la inscripción del efecto plusvalía en los folios de matrícula inmobiliaria son nulas , porque sin sustento legal se ordenó la inscripción del Decreto Municipal 262 de 2017 en los predios identificados con el folio de matrícula 176-173918, 176 -173919, 176sustento legal se ordenó la inscripción del Decreto Municipal 262 de 2017 en los predios identificados con el folio de matrícula 176-173918, 176 -173919, 176173920, 176 -173921, 176 -173922 y 176 - 173923, que no estaban incluidos de forma expresa en esa disposición, lo que constituye el desconocimiento del procedimiento y los términos de la liquidación de plusvalía , pues para hacerlo era necesario que sobre estos se liquidara la participación en plusvalía. En este caso, la transferencia de la inscripción del predio con matrícula inmobiliaria 176-142092 no se podía realizar a sus segregados, porque conforme al artículo 51 de la Ley 1579 de 2012 esta debía estar vigente, supuesto que no se cumple, en tanto ni siquiera fue inscrita en el predio matriz. Oposición de la demanda El municipio de Sopó se opuso a las pretensiones de la demanda, porque los actos demandados se expidieron conforme a las normas en las que debían fundarse, en consideración al hecho generador del tributo y, por ende, procede su cobro, sin que a la fecha esté probado que la demandante haya hecho pago alguno por dicho concepto. En cuanto a la pretensión de restablecimiento del derecho manifestó que esta no es procedente toda vez que en la demanda no se especifica concretamente qué derecho supuestamente fue vulnerado, por lo que se estaría ante un proceso de “nulidad residual”. Explicó que l os actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en la normatividad aplicable, en especial conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 77 de la Ley 388 de 1997 y la resolución 620 de 2008 del IGAC,

Explicó que l os actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en la normatividad aplicable, en especial conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 77 de la Ley 388 de 1997 y la resolución 620 de 2008 del IGAC, considerando el hecho generador del efecto plusvalía , y se fundamentaron en el avalúo realizado por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, en cumplimiento de un contrato interadministrativo celebrado con el municipio, empresa que cuenta con la idoneidad requerida para el efecto.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró que el mayor aprovechamiento del suelo es real y consiste en la mayor edificabilidad por la modificación del plan parcial, al pasar del Decreto 080 de 2003 que admitía una altura máxima de 4 pisos según el uso, al Decreto 188 de 2016 que permite una altura máxima de 12 pisos , modificándose también los índices de ocupación y construcción, lo que dio lugar al hecho generador del tributo. Respecto del avalúo, afirmó que se cumplió con la metodología indicada en la ley , se observaron los requisitos previstos en la resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC y se aplicó el método residual o de mercado para establecer el precio de referencia del metro cuadrado. Indicó que la demandante confunde la metodología y la técnica empleada por el perito para el cálculo del efecto plusvalía, porque una cosa es el estudio del efecto

referencia del metro cuadrado. Indicó que la demandante confunde la metodología y la técnica empleada por el perito para el cálculo del efecto plusvalía, porque una cosa es el estudio del efecto plusvalía y el avalúo que genera la acción urbanística y otra es la valorización del metro cuadrado. Por otro lado, señaló que el acuerdo 020 de 2009 no derogó el artículo 1 del Acuerdo 025 de 2001, como lo sostiene la demandante. De igual forma, sostuvo que para la época en la que se realizó el dictamen el perito se encontraba debidamente inscrito ante Asolonjas, tal como consta en la certificación correspondiente, y no requería estar habilitado para presentar avalúos sobre inmuebles especiales, pues no se le pidió efectuar un avalúo sobre centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avances de obras. Finalmente, aseveró que el avalúo que sirvió de fundamento a los actos demandados se practicó dentro del término previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, y que la liquidación del efecto plusvalía se expidió y notificó en debida forma. Sentencia apelada En primera instancia el a quo anuló parcialmente los actos demandados -liquidación del efecto plusvalía - y a título de restablecimiento del derecho declaró que la demandante no está obligada al pago del efecto plusvalía que le fue determinado, y le ordenó al municipio cancelar el registro del gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria del predio de propiedad de la sociedad actora y de aquellos aperturados por segregación de este . Por otra parte, negó las demás pretensiones de la demanda, y no condenó en costas.

inmobiliaria del predio de propiedad de la sociedad actora y de aquellos aperturados por segregación de este . Por otra parte, negó las demás pretensiones de la demanda, y no condenó en costas. Para el tribunal, el incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997, al proferirse el Decreto 262 de 2017, no repercute en la configuración de la causal de nulidad por trámite irregular ni pérdida de competencia temporal, por tratarse de un término perentorio, más no preclusivo, de modo que su aparente desatención, porque no existe constancia de las fechas ciertas en las que se adelantó el procedimiento reglado en esas normas, no acarrea una consecuencia jurídica que lo vicie de nulidad. Tampoco se presentó el desconocimiento de una garantía de carácter sustancial y dado que el término de 30 días para practicar la notificación del acto de determinación del efecto plusvalía es un trámite para dar publicidad a la decisión de la administración, al margen de la fecha en la que esa actuación se surtió, lo cierto es que se garantizó el derecho de contradicción.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la liquidación del efecto plusvalía, precisó que no hay discusión sobre la efectiva ocurrencia del hecho generador ligado a la acción urbanística concretada con la expedición del Decreto 118 de 2016 que ajustó y complementó la

En cuanto a la liquidación del efecto plusvalía, precisó que no hay discusión sobre la efectiva ocurrencia del hecho generador ligado a la acción urbanística concretada con la expedición del Decreto 118 de 2016 que ajustó y complementó la normatividad del Plan Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión del municipio de Sopó, para permitir un mayor índice de edificación, respecto a la norma anterior, el Decreto 080 de 2003, por lo que el estudio se concreta en el aspecto cuantitativo. Para el efecto, precisó que l a Ley 388 de 1997 dispuso que el cálculo del efecto plusvalía debe ser realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la entidad que haga sus veces, o a través de peritos técnicos debidamente inscritos en las lonjas de propiedad raíz o instituciones análogas. Por otra parte, la Ley 1673 del 19 de julio de 2013 reguló y estableció las responsabilidades y competencias de los avaluadores , así como la obligación de inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores para poder suscribir los respectivos avalúos, so pena del ejercicio ilegal de la actividad. En este caso se acreditó la inscripción ante Asolonjas de quien realizó el avalúo que sirvió de sustento para establecer el efecto plusvalía del predio de la dema ndante, pero no su inclusión en el registro nacional de avaluadores, a pesar de que esa condición ya era exigible para el momento en el que preparó el informe (septiembre de 2017). Esto se corrobora con lo manifestado por el director de la Agremiación Inscripción y Registro de la Corporación Colombiana Autorreguladora de

condición ya era exigible para el momento en el que preparó el informe (septiembre de 2017). Esto se corrobora con lo manifestado por el director de la Agremiación Inscripción y Registro de la Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores - A.N.A, al señalar que, conforme a la base de datos, esa actuación se surtió el 6 de diciembre de 2017. Al haberse desacreditado la validez jurídica del avalúo 277 del 28 de septiembre de 2017, por haber sido realizado por una persona no habilitada para ejercer como avaluador, los actos demandados que se fundamentaron en aquél se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación. Por otra parte, en cuanto a la elaboración del avalúo, advirtió que no se cuenta con documentos soporte que demuestren cuáles fueron los proyectos constructivos de los que se valió el perito evaluador para establecer el precio de referencia del metro cuadrado para la liquidación del efecto plusvalía . La relación de 5 predios y sus datos (reflejados en una tabla) no justifican las razones por las cuales el inmueble de la demandante tenía un potencial de desarrollo sim ilar, pue s no constan las condiciones del mercado inmobiliario y las variables tenidas en cuenta para obtener los valores del mercado, falencia insubsanable que imposibilit ó el derecho de defensa y contradicción , a tal punto que la demandante tuvo que contratar un avaluador para que realizar a el ejercicio de liquidación con el objeto de poder determinar los errores del cálculo del avalúo que fundamentó los actos demandados. Señaló que, para adelantar el avalúo del predio como lo dispone el IGAC, debe establecerse el precio comercial con comparación de zonas geoeconómicas

determinar los errores del cálculo del avalúo que fundamentó los actos demandados. Señaló que, para adelantar el avalúo del predio como lo dispone el IGAC, debe establecerse el precio comercial con comparación de zonas geoeconómicas homogéneas, lo que no está probado en el expediente. Precisó que no es suficiente que exista un avalúo en el que se evidencien los cálculos de los cuales proviene el plusvalor, al tratarse de un procedimiento que va más allá de una operación aritmética5.

5 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, del 10 de marzo de 2022, Exp. 25359, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)

Demandante: Fénix Construcciones S.A.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, concluyó que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados en lo que al predio de la demandante se refiere, motivo por el cual procede su nulidad parcial, relevándose del estudio de los demás cargos. A título de restablecimiento del derecho declaró que la actora no está obligada al pago del efecto plusvalía asignado al predio de su propiedad y que procede la cancelación de los registros en la matrícula inmobiliaria de este y de aquellos aperturados por segregación. No se ordenó la devolución solicitada, ante la falta de prueba. No se condenó en costas porque no se demostró su causación. Recursos de apelación Parte demandante

segregación. No se ordenó la devolución solicita