CE - Sentencia 25000233700020180047801 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Demandado: DIAN

Temas: Declaración de ingresos y patrimonio. 2013. Inexactitud. Graduación de la sanción. Adición de ingresos. Reporte de costos y deducciones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 04 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (f. 270):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Con la Liquidación Oficial de Revisión 322412017900008, del 31 de marzo de 2017 (ff.

de esta providencia.

Segundo: Sin costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Con la Liquidación Oficial de Revisión 322412017900008, del 31 de marzo de 2017 (ff. 2214 a 2265 vto. caa), la demandada agregó ingresos operacionales y rechazó pasivos, costos y gastos de administración a la declaración de ingresos y patrimonio del periodo fiscal 2013 de su contraparte, motivo por el cual la sancionó por inexactitud. Esa decisión fue modificada por la Resolución 002444, del 23 de marzo de 2018 (ff. 3035 a 3075 vto. caa), para admitir un pasivo con una entidad financiera, lo que condujo a reducir la multa.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (f. 232 vto.):

A. Que se declare la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 322412017900008, del 31 de marzo de 2017, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la DIAN, mediante la cual se impuso sanción por inexactitud dentro del proceso de revisión adelantado frente a la declaración de ingresos y patrimonio de la fundación del año 2013.

1 El expediente entró al despacho sustanciador el 13 de enero de 2023 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al

año 2013.

1 El expediente entró al despacho sustanciador el 13 de enero de 2023 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).Radicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

B. Que se declare la nulidad total de la Resolución 002444, del 23 de marzo de 2018, mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado contra la liquidación oficial descrita en el literal anterior, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN.

C. Que a título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de la declaración de ingresos y patrimonio del año 2013 presentada por la actora y la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 23, 26, 108, 147, 599 y 640 del ET (Estatuto Tributario); y 35 del Decreto 2649 de 1993 , bajo el siguiente concepto de violación (ff. 233 a 250):

Señaló que no era contribuyente del impuesto sobre la renta, por virtud del artículo 23 del ET (en la redacción vigente para la época), en la medida en que cumplía la condición de ser una institución de educación superior sin ánimo de lucro, pero tenía el deber formal

ET (en la redacción vigente para la época), en la medida en que cumplía la condición de ser una institución de educación superior sin ánimo de lucro, pero tenía el deber formal de declarar ingresos y patrimonio de acuerdo con sus registros contables. Reprochó que la demandada, contraviniendo el artículo 19 ibidem, la haya calificado como sujeto pasivo de régimen tributario especial en la decisión del recurso de reconsideración, pese a que desde el inicio del procedimiento administrativo había aceptado que no era contribuyente.

Sobre las modificaciones hechas a la declaración revisada, sostuvo que se transgredió el ordinal 3.° del artículo 640 del ET, porque no fue graduada la sanción por inexactitud, aun cuando había aceptado, en el término para recurrir en reconsideración, el rechazo del pasivo que declaró en un monto superior. Alegó que para acceder a ese beneficio la norma no exigía la corrección de la declaración, ni el pago de la sanción reducida.

Controvirtió la adición de ingresos explicando que cometió un error en la parametrización de su contabilidad, que estaría probado con lo certificado por el proveedor de su sistema contable y manifestó que lo corrigió antes del cierre del periodo. Indicó que, durante los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013 expidió los recibos para las matrículas de los estudiantes y registró los pagos como un pasivo en la cuenta 270545 , de «ingresos recibidos por anticipado»; y que, durante los 12 meses del año , a medida que prestaba los servicios, amortizó esos valores, acreditándolos contra la cuenta 41600501 «ingresos por matrículas». Aseguró que el error mencionado ocasionó que cada mes se amortizara

los servicios, amortizó esos valores, acreditándolos contra la cuenta 41600501 «ingresos por matrículas». Aseguró que el error mencionado ocasionó que cada mes se amortizara un valor superior al adecuado, incrementando los montos registrados como «ingresos por matrículas». Señaló que revirtió los valores asentados en exceso, mediante un débito en la cuenta del ingreso de cada mes y un crédito en el pasivo por «ingresos recibidos por anticipado», generando un efecto neutro que habría desconocido su contraparte al añadir los ingresos argumentando que la corrección debía practicarse en el periodo y reflejarse en las notas aclaratorias de los estados financieros , siguiendo la dinámica contable de las cuentas 2705 y 4160 y no mediante el débito en la cuenta «ingresos por matrículas». Para acreditar sus alegaciones solicitó que se practicara un dictamen contable.

Respecto de las erogaciones informadas, señaló que la demandada desconoció gastos de administración por $35.541.982.000, pero solo motivó el rechazo de $20.562.885.398, lo que derivó en la imposición de una multa superior a la que estaría justificada en el acto.

De los costos y deducciones, señaló que el rechazo se fundó en el incumplimiento de los requisitos de deducibilidad de las expensas en el impuesto sobre la renta . Planteó que, al no ser sujeto pasivo de ese tributo, no le era exigible cumplir esos requisitos, pues la única finalidad de la declaración revisada era brindar información sobre los resultados de la actividad desarrollada en el periodo. Por ende, alegó que solo se debía comprobar la

al no ser sujeto pasivo de ese tributo, no le era exigible cumplir esos requisitos, pues la única finalidad de la declaración revisada era brindar información sobre los resultados de la actividad desarrollada en el periodo. Por ende, alegó que solo se debía comprobar la realidad de los rubros que informó.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En concreto, planteó que no procedía acreditar la relación de causalidad y necesidad del pago de tiquetes aéreos p orque bastaba con el documento soporte de la compra. Negó que para informar los «costos» y «deducciones» por el pago de salarios, bonificaciones, horas de cátedra, honorarios y asistencia técnica del personal directivo debiera acreditar la connotación extra-salarial y el pago de aportes al SPS (Sistema de Protección Social), porque ese era un requisito relativo a la deducibilidad de esas expensas y, como tal, no estaba relacionado con el caso.

También se opuso al rechazo de las expensas basado en el presunto incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 617 y 771-2 del ET para dotar de mérito probatorio a los documentos soporte (de conceptos como: horas de cátedra, honorarios, convenios para prácticas, asesorías jurídicas y técnicas, construcciones, mantenimiento, equipos de computación, arrendamientos, restaurantes, publicidad, intereses, papelería e impuesto

a los documentos soporte (de conceptos como: horas de cátedra, honorarios, convenios para prácticas, asesorías jurídicas y técnicas, construcciones, mantenimiento, equipos de computación, arrendamientos, restaurantes, publicidad, intereses, papelería e impuesto predial). Alegó que se trataba de exigencias relativas a la liquidación de la base gravable del impuesto sobre la renta, cuyo incumplimiento no afecta la realidad de las operaciones documentadas, la s cuales debían admitirse al e star probadas con la contabilidad, los soportes de dispersión de pagos, los contratos, los cheques y consignaciones.

En cuanto a l costo por arrendamiento, precisó que los soportes estaban a nombre un tercero con el que suscribió un convenio para el manejo de recursos , por el cual este recaudaba el pago de matrículas y, con cargo a las sumas recaudadas, realizaba pagos por su cuenta. Relató que para el pago de arrendamientos se debitaban las cuentas del pasivo 233540 y 236530 «arrendamientos» y se acreditaba contra otro pasivo registrado en la cuenta 2805 «anticipos y avances» y, posteriormente, se cruzaban con las sumas a cobrar al tercero registradas en la cuenta 1305 «clientes».

Por lo anterior, se opuso a la multa impuesta a título de sanción por inexactitud. Alegó no haber incurrido en la conducta infractora porque estima haber probado la existencia de las erogaciones declaradas y la improcedencia de la adición de ingresos.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 201 a 213 y 256 a 260), para

las erogaciones declaradas y la improcedencia de la adición de ingresos.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 201 a 213 y 256 a 260), para lo cual adujo que era improcedente graduar la sanción por inexactitud en relación con el rechazo de los pasivos, porque la actora no cumplió los requisitos previstos en el ordinal 3.° del artículo 640 del ET. Al respecto, indicó que en el año 2010 la actora fue sancionada por la misma infracción y por irregularidades en la contabilidad, lo que evidenciaba una conducta reincidente, aunque los actos respectivos se encuentren sub judice. Aseguró que la demandante tampoco regularizó la conducta corrigiendo la declaración, lo cual, de haber sucedido, habría dejado sin fundamento las pretensiones de la demanda.

De la adición de ingresos sostuvo que la valoración conjunta de las pruebas que obraban en el expediente desvirtuaba el error en la parametrización contable alegado por la actora y demostraba que omitió declarar la totalidad de los ingresos que percibió en el periodo fiscal. Señaló que, sin perjuicio de que la demandante sea una entidad sin ánimo de lucro, estaba obligada a llevar contabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993. Argumentó que no estaba probada la reversión contable de los «ingresos por matrículas», porque, aunque se debitaron de los ingresos los montos que presuntamente habían sido registrados por error y se acreditaron al pasivo de « ingresos recibidos por anticipado» para su amortización en los periodos siguientes, resultaba inconsistente que al cierre del periodo fiscal esa cuenta del pasivo estuviera en cero.

habían sido registrados por error y se acreditaron al pasivo de « ingresos recibidos por anticipado» para su amortización en los periodos siguientes, resultaba inconsistente que al cierre del periodo fiscal esa cuenta del pasivo estuviera en cero.

Además, cuestionó la credibilidad de los soportes de las reversiones alegadas, indicando que no se entregaron al inicio del procedimiento de revisión y que el formato de imprentaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 difería del que tenían los demás documentos soporte de la contabilidad, por lo cual infería que no fueron emitidos desde el programa contable . Adujó que las reversiones solo se documentaron en enero, febrero, abril, junio y noviembre , lo que desvirtuaba que, como planteó su contraparte, el error de parametrización sucediera todos los meses . Agregó que como los servicios se prestaron en periodos semestrales era improcedente calcular la amortización de los ingresos tomando en cuenta los 12 meses del año y que el cálculo tendría que excluir los ingresos por derechos de grado, inscripciones, supletorios, entre otros conceptos que no debían tratarse como un ingreso diferido.

Por otra parte, afirmó que expuso los motivos que justificaban el rechazo de los gastos de administración en la cuantía glosada. Sostuvo que las exigencias previstas en el ordenamiento tributario para la procedencia fiscal de los costos y gastos eran aplicables,

de administración en la cuantía glosada. Sostuvo que las exigencias previstas en el ordenamiento tributario para la procedencia fiscal de los costos y gastos eran aplicables, al margen del tipo de sujeción pasiva del declarante. En esa medida, justificó el rechazo de las expensas cuestionadas, porque no estaban probados los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad en relación con la actividad económica desarrollada. Sobre los pagos laborales y por honorarios, afirmó qu e, además, se omitió demostrar el pago de los aportes al SPS, exigido en el artículo 108 del ET. Asimismo, señaló que las facturas y documentos equivalentes que soportaban las erogaciones no cumplían las exigencias establecidas en los artículos 617 y 771-2 ejusdem.

En suma, insistió en la procedencia de la sanción por inexactitud impuesta, argumentando que estaba demostrado que la actora incurrió en la conducta sancionable al reportar datos inexactos en la declaración revisada.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la actora sin condenarla en costas (f. 270). Consideró improcedente graduar la sanción por inexactitud por los aspectos admitidos por la actora porque, a su juicio, el ordinal 3.° del artículo 640 del ET exige que se encuentre en firme el acto que impone la sanción, condición que no estaba cumplida en el presente caso, por el juicio en curso.

Señaló que, si bien las instituciones de educación superior constituidas como entidades sin ánimo de lucro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, estaban obligadas a llevar contabilidad según lo previsto en el Decreto 2649 de 1993 (entonces vigente).

sin ánimo de lucro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, estaban obligadas a llevar contabilidad según lo previsto en el Decreto 2649 de 1993 (entonces vigente). Por tanto, concluyó que procedía la adición de ingresos en la cuantía determinada, dado que la dinámica de la cuenta 416005 solo permitía realizar débitos por cancelación de saldos al cierre del ejercicio fiscal. Consideró improcedentes los ajustes realizados por la actora en los meses enero, febrero, abril, junio, julio y noviembr e, pues no se realizaron al final del periodo, como lo exigía el artículo 106 del Decreto 2649 de 1993 . Asimismo, señaló que no estaba demostrado que esos ajustes estuvieran orientados a corregir el presunto error de parametrización del sistema contable, sino que correspondían a una reclasificación de ingresos que, según el contador de la demandante, buscó enmendar un error de registro duplicado en el año 2012.

Juzgó que el error de parametrización alegado por la actora no estaba acreditado ya que, de haber existido, el ajuste se habría realizado al cierre de l año, estaría soportado con comprobantes contables y constaría en las notas a los estados financieros , conforme lo exigía el mentado artículo. Agregó que la demandada desplegó una actividad probatoria para verificar los ingresos recibidos por la actora, pero no pudo acceder a las actas del órgano de administración para identificar la revelación del error contable y la autorización para su corrección , ni los datos oficiales reportados ante el Ministerio de Educación Nacional, porque la actora omitió entregar la información financiera del periodo revisado.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

para su corrección , ni los datos oficiales reportados ante el Ministerio de Educación Nacional, porque la actora omitió entregar la información financiera del periodo revisado.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Sobre el desconocimiento de las expensas, invocando la sentencia del 10 de marzo de 2022 (exp. 24970, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), estimó que, pese a que la actora no era contribuyente del impuesto sobre la renta, debía cumplir con los requisitos para la procedencia fiscal de los costos y gastos, y a soportarlos con las facturas o documentos equivalentes que cumplieran los requisitos de los artículos 617 y 771-2 del ET. Así, avaló el rechazo de erogaciones por pagos laborales, dado que la actora no demostró el pago de los aportes al SPS. Respecto de las bonificaciones, añadió que tampoco acreditó su connotación extra-salarial, lo que impidió establecer que estuvieran excluidas de la base gravable de esas contribuciones; y avaló el rechazo de las demás expensas, puesto que no obraban en el expediente las facturas o documentos equivalentes que cumplieran los requisitos previstos en el artículo 771-2 del ET, para su procedencia fiscal. Concluyó que los registros contables, los certificados de dispersión de pagos, los contratos, cheques y transacciones bancarias carecían de idoneidad probatoria al efecto.

requisitos previstos en el artículo 771-2 del ET, para su procedencia fiscal. Concluyó que los registros contables, los certificados de dispersión de pagos, los contratos, cheques y transacciones bancarias carecían de idoneidad probatoria al efecto.

Corolario de esos análisis, avaló la sanción por inexactitud impuesta.

Recurso de apelación

La actora apeló la decisión del a quo (f. 270), para lo cual sostuvo que el tribunal interpretó erróneamente el ordinal 3.º del artículo 640 del ET al juzgar que la graduación de la multa estaba supeditada a la firmeza del acto administrativo mediante el cual se impone. Señaló que la alusión que hace la norma a un «acto administrativo en firme» solo busca impedir que la atenuación de la sanción se dé en los casos de reincidencia, en los que el infractor haya sido sancionado, por la misma conducta , en un acto administrativo ejecutoriado. Agregó que, en todo caso, esa decisión era incongruente con lo expuesto en los actos demandados, y reiteró que la graduación de la sanción procedía por la aceptación de la conducta infractora, sin necesidad de corregir la declaración ni pagar la multa reducida.

Cuestionó la valoración de las pruebas realizada por el a quo para avalar la adición de ingresos, porque ninguno de los medios probatorios que obraban en el expediente acreditaba que hubiera percibido ingresos superiores a los que declaró . Alegó que, por el contrario, demostrarían que los movimientos débito de la cuenta 41600501, «ingresos por matrículas», en que se basaron los actos acusados, obedecieron al error del sistema

el contrario, demostrarían que los movimientos débito de la cuenta 41600501, «ingresos por matrículas», en que se basaron los actos acusados, obedecieron al error del sistema contable al calcular la amortización mensual de los ingresos diferidos registrados en la cuenta 27054505, «ingresos recibidos por anticipado».

Adujo que ese error ocurrió en el mismo periodo fiscal –no en el año anterior–, por lo cual para el ajuste eran inaplicables las exigencias previstas en el artículo 106 del Decreto 2649 de 1993 , pues se refieren a correcciones en los asientos contables de periodos anteriores. Explicó que, si bien los pagos de matrículas del primer semestre se recibieron en noviembre y diciembre de 2012, se registraron como un pasivo en la cuenta 27054505, «ingresos recibidos por anticipado », y se amortizaron contra la cuenta 41600501 , «ingresos por matrículas», en 2013, cuando prestó los servicios.

Invocando el criterio de decisión expuesto en la sentencia del 13 de diciembre de 2011 (exp. 16692, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), señaló que la corrección de los registros contables en el mismo periodo podía efectuarse mediante su reversión, como lo hizo en el caso. Insistió en que el error de parametrización para calcular los ingresos y su ajuste estaba comprobado con los soportes allegados y lo reconoció su contraparte, lo que impediría negarles valor probatorio por las afirmaciones hechas por el contador en una visita. Sostuvo que, en cualquier caso, sería improcedente la adición de ingresos que se basó en un desacuerdo en el manejo contable de las operaciones de ingresos. Añadió

una visita. Sostuvo que, en cualquier caso, sería improcedente la adición de ingresos que se basó en un desacuerdo en el manejo contable de las operaciones de ingresos. Añadió que, si se juzgase que erró en el manejo contable para el ajuste , solo procedería la imposición de una sanción por irregularidades en la contabilidad (artículo 655 del ET) yRadicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 no la adición de ingresos debatida.

Censuró que el a quo no se pronunciara acerca de que la demandada rechazó gastos de administración por $35.541.982.000, siendo que solo justificó $20.562.885.398, lo que resultó en la imposición de una multa superior a la que estaría sustentada en el acto.

Reiteró que, al no ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, no estaba obligada a cumplir las exigencias previstas en el ET para la deducción de las expensas. Así, porque la declaración que debía presentar tenía como única finalidad reportar el resultado de la actividad económica desarrollada en el año, no determinar una obligación tributaria a su cargo. Planteó que la potestad de revisión de la autoridad tributaria debía limitarse a verificar la realidad de los rubros reportados ; e insistió en que no debía comprobar la necesidad del gasto en tiquetes aéreos para su actividad económica, sino únicamente la

verificar la realidad de los rubros reportados ; e insistió en que no debía comprobar la necesidad del gasto en tiquetes aéreos para su actividad económica, sino únicamente la realidad de esas expensas que estaba demostrada con el documento emitido por la aerolínea. Asimismo, insistió que la prueba de los aportes al SPS no era un requisito para informar los costos por sala rios; y en que tampoco debía acreditar que los soportes de los gastos de administración –por salarios, asesorías jurídica y técnica, construcciones, equipos de computación, tiquetes aéreos, papelería, restaurante, publicidad, intereses, impuestos y otros – cumplían los requisitos de los artículos 617 y 771-2 del ET, porque fueron establecidos para constatar la depuración de la base del impuesto sobre la renta. Sostuvo que en su caso procedía admitir el reporte de erogaciones, porque su contraparte no discutió la cuantía y estaba probada la realidad de las operaciones que las originaron con los registros cont ables, los certificados de dispersión de pagos, los contratos, los cheques, las transacciones bancarias y las autoliquidaciones tributarias.

Por lo expuesto, sostuvo que era improcedente la sanción por inexactitud impuesta, pues adujo no haber incurrido en la conducta infractora . Prescindió de los cargos relativos a los costos por honorarios, horas cátedra y arrendamientos.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia del a quo que negó sus pretensiones sin condenarla en costas. Por tanto, corresponde determinar si la sanción por inexactitud impuesta a la entidad no contribuyente debía graduarse según lo previsto en el ordinal 3.° del artículo 640 del ET , considerando que la actora aceptó la comisión de la infracción relacionada con el rechazo de pasivos. Después, la Sala debe decidir si era procedente la adición de los ingresos operacionales y el rechazo de los costos y gastos informados por la actora en la declaración de ingresos y patrimonio. Finalmente, de ser el caso, se decidirá sobre la juridicidad de la multa impuesta a título de sanción por inexactitud.

Análisis del caso

2Primero, la apelante sostiene que el tribunal interpretó erróneamente el ordinal 3.º del artículo 640 del ET al decidir que no procedía atenuar la sanción por inexactitud en lo queRadicado: 25000-23-37-000-2018-00478-01 (27309)

Demandante: Fundación Universitaria San Martín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 atañe a la modificación al pasivo aceptada, porque no estaba en firme, sino demandado, el acto que la impuso. Plantea que ese razonamiento es incorrecto porque la referencia

www.consejodeestado.gov.co 7 atañe a la modificación al pasivo aceptada, porque no estaba en firme, sino demandado, el acto que la impuso. Plantea que ese razonamiento es incorrecto porque la referencia de la norma a un «acto administrativo en firme » busca señalar que la reincidencia , que excluye la atenuación de la sanción , requiere que la conducta haya sido sancionada en un acto administrativo ejecutoriado. También aduce que la interpretación del a quo excede el fundamento de la decisión administrativa y que, al haber aceptado la comisión de la infracción respecto del pasivo rechazado, procedía la graduación de la sanción sin que se requiriera corregir la declaración , ni pagar la multa reducida. Por tanto, la Sala debe establecer si esa porción de la sanción por inexactitud debía graduarse conforme al ordinal 3.° del artículo 640 del ET, considerando que en el recurso de reconsideración la actora aceptó la inexactitud en los pasivos declarados.

2.1El artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 640 del ET para establecer unos criterios específicos de atenuación punitiva con los cuales dosificar las sanciones administrativas en función de que no sea reincidente el agente infractor. En particular, el ordinal 3.º de la norma prevé que, cuando las sanciones las imponga la Administración, pueden reducirse al 50% si el infractor no ha incurrido en la misma conducta en los cuatro años previos. Al efecto, se requiere verificar que la conducta no «se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme ». El texto de l precepto basta para desestimar el fundamento de la decisión del tribunal porque, como lo indicó la actora, lo que le interesa

mediante acto administrativo en firme ». El texto de l precepto basta para desestimar el fundamento de la decisión del tribunal porque, como lo indicó la actora, lo que le interesa a la norma es constatar que la conducta infractora no haya sido objeto de sanción previa mediante un acto administrativo ejecutoriado, y no la firmeza del acto en el que se impone la sanción objeto de graduación.

Sobre el particular , advierte la Sala que, aunque en la contestación de la demanda se planteó la improcedencia de la disminución pedida de la sanción por la reincidencia de la actora, toda vez que también habría sido sancionada por inexactitudes en la declaración de ingresos y patrimonio del periodo 2010, ese argumento no hizo parte de la motivación de los actos aquí juzgados . Como estos constituyen el objeto y el límite del control que ejerce la jurisdicción, la Sala tiene vedado acoger consideraciones no expuestas en los actos acusados, p orque afectaría los derechos al debido proceso y a la defensa de la actora, que promovió la demanda para controvertir los fundamentos de la liquidación oficial impugnada y de la resolución que la confirmó (sentencia del 02 de octubre de 2019, exp. 21663, CP: Julio Roberto Piza). Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se pone de presente que mediante sentencia del 29 de abril de 2021 (exp. 24510, CP: Milton Chaves García), fue confirmada la decisión del a quo de anular los actos que impusieron sanción a la demandante por inexactitudes en la declaración presentada por el año 2010.

2.2Acerca de la procedencia de la disminución punitiva pretendida, las normas exigen

a la demandante por inexactitudes en la declaración presentada por el año 2010.

2.2Acerca de la procedencia de la disminución punitiva pretendida, las normas exigen la aceptación de la sanción y la regularización de la conducta infractora. En esa medida, al contrario de lo que plantea la apelante, la atenuación de la sanción no solo depende de la aceptación de la infracción.

En el caso de la sanción por inexactitud , las oportunidades para subsanar la infracción están contempladas en los artículos 709 y 713 del ET, según l