CE - Sentencia 25000233700020180059101 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Demandado: UGPP

Temas: Aportes 2014. Ingreso base de cotización de los trabajadores por cuenta propia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:

“Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la considerativa.

(…)”

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial RDO-2017-00598, del 29 de abril de 2017, la demandada determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante , SPS) del actor en los subsistemas de salud y pensiones durante el per íodo comprendido entre el 01 de

determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante , SPS) del actor en los subsistemas de salud y pensiones durante el per íodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014 e impuso sanción por omisión. Tras recurrirse la decisión3, esta fue modificada parcialmente a través de la Resolución RDC 179, del 07 de mayo de 2018, en el sentido de disminuir el ingreso base de cotización (en adelante, IBC) del mes de enero y confirmar la base imponible de los períodos restantes, lo cual redujo la cuantía de la multa. Así, el monto definitivo de los aportes a los subsistemas de salud y pensiones correspondió a $56.162.000 y la sanción ascendió a $112.324.4004.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1 Samai CE, índice 3, certificado 02E3A78FEAB7D2E2 03C99D2F7FF83C9D AB170084D1EA5A41 F2A9E2688706E9DE (pdf), p. 1 a 2. 2 Samai CE, índice 2, certificado FB580D62A435E68A 89A2447E6F52EE79 A81005EFA313B14F 1462E49A51211B87 (zip), 3 (pdf), pp. 1 a 50. 3 La Sala destaca que con el Auto ADC -2017-00463, del 09 de agosto de 2017, la UGPP inadmitió el recurso de reconsideración por

50. 3 La Sala destaca que con el Auto ADC -2017-00463, del 09 de agosto de 2017, la UGPP inadmitió el recurso de reconsideración por interponerse en forma extemporánea. Sin embargo, en el marco de una acción de tutela identificada con el radicado 11001-33-37-042-201700252-01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera, Subsección C, MP: Fernando Iregui Camelo) amparó el derecho al debido proceso del actor y ordenó a la Administración tener por oportuna la impugnación. Por ende, a través de la Resolución RDC 107, del 26 de marzo de 2018, la entidad revocó el Auto ADC-2017-00463 y, en su lugar, admitió el recurso. 4 Samai CE, índice 2, certificado 80FC356B0ABB268B 6B792D97EEAF8A67 E737354C12B2028A BDD7BD53145D3739 (zip), 13 y 19 pp. 1 a 18. 5 Samai CE, índice 2, certificado AD4036032F000D08 4FF3C5E2F9F126D6 F94C4F6611E61CB4 BDFC5E839BF2767C (pdf), p. 7.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Primera. Declarar la nulidad de Liquidación Oficial RDO -2017-0598 del 29 de abril de 2017 y la

www.consejodeestado.gov.co 2

Primera. Declarar la nulidad de Liquidación Oficial RDO -2017-0598 del 29 de abril de 2017 y la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-179 del 07 de mayo de 2018.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, … dejar [las] resoluciones sin efectos …

Tercera. Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria y conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia se coteje la información de forma correcta y realice las respectivas correcciones conforme a la información reporta da, ajustando los valores del Ingreso Base de Cotización -IBCrealmente devengados en el año 2014.

(…)

Invocó como vulnerados los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución; 137 del CPACA; y 179 de la Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente concepto de violación:

Defendió la configuración de la falsa motivación porque los hechos referidos en la decisión eran inexistentes o, en caso contrario, fueron calificados de forma errónea desde una perspectiva jurídica, en cuyo caso la demandada persiguió una finalidad diferente a la prevista por el legislador . Tras lo anterior, resaltó que el debido proceso implicaba la posibilidad de objetar las pruebas y decisiones, así como la ponderación de sus efectos y la revisión de las posibilidades económicas y financieras de cada contribuyente , más aún cuando sufrió daños económicos irreparables con la ejecución de los actos administrativos. Criticó que la demandada aplicó su facultad sancionadora de manera desproporcionada y violó el ordenamiento y la Constitución, pues no tuvo en cuenta el

aún cuando sufrió daños económicos irreparables con la ejecución de los actos administrativos. Criticó que la demandada aplicó su facultad sancionadora de manera desproporcionada y violó el ordenamiento y la Constitución, pues no tuvo en cuenta el derecho a controvertir y aportar o solicitar pruebas para aclarar los hechos base de la decisión. Por otra parte, subrayó una interpretación o aplicación errónea de la ley por la imposición de sanciones inexistentes y sin soporte jurídico. Luego, presentó el siguiente concepto de violación6:

-(…) Nulidad (…) por infracción de las normas en que deberían fundarse. Adujo que en 2014 no existía un sistema de presunción de ingresos para los independientes con contrato diferente a prestación de servicios y/o rentistas de capital , conforme lo advirtió el Concepto 164487 de 2014 del Ministerio del Trabajo, el cual precisó que el Gobierno reglamentó un sistema de presunciones de ingreso s con base, entre otras cosas, en la información sobre actividades económicas (Ley 1122 de 2007). Citó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 -que previó la reglamentación de un sistema de presunción de ingresosy manifestó que el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 intentó «sin éxito» regular el IBC de los independientes con ingresos distintos a contrato s de prestación de servicios , pues «avanzó» en establecer que la base gravable de los contratistas por prestación de servicios dependía de la reglamentación del sistema de presunción de ingresos. Sin embargo, tal disposición fue derogada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, cuyo artículo 135 fue precisado mediante el Concepto UGPP

contratistas por prestación de servicios dependía de la reglamentación del sistema de presunción de ingresos. Sin embargo, tal disposición fue derogada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, cuyo artículo 135 fue precisado mediante el Concepto UGPP 201511200601631 de 2015. Así, sostuvo que solo desde el 09 de junio de 2015 existía un sistema de presunción de ingresos para rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia. No obstante, la demandada pretendía aplicar retroactivamente tal disposición, lo cual desatendía la vigencia futura de las normas tributarias y su excepcional aplicación retroactiva en casos de favorabilidad. Reivindicó que el prorrateo de los ingresos «declarados» en los 12 meses del año investigado demostró la ausencia de pruebas, argumentos, y de un estudio «verídico» de su actividad generadora de renta, de modo que las decisiones le endilgaron sin fundamento una conducta desproporcionada e irreal. -Indebida conformación del IBC. Afirmó que la demandada aplicó un sistema de presunción de ingresos «incorrecto» que solo consideró y prorrateó los ingresos de la declaración de renta del 2014 -$935.226.000en los 12 meses del año, lo cual contrarió

6 Samai CE, índice 2, certificado AD4036032F000D08 4FF3C5E2F9F126D6 F94C4F6611E61CB4 BDFC5E839BF2767C (pdf), pp. 15 a 31.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 la ley, porque no obtuvo los señalados valores con esa periodicidad. Cuestionó que su contraparte no valoró los costos y gastos declarados y calculó la base gravable sobre el 100% del supuesto valor mensualizado, sin establecer la norma aplicable para determinar la base mínima o máxima de cotización , por lo cual inobservó que el IBC de los trabajadores independientes, distintos a los contratistas por prestación de servicios , era determinado sobre « los ingresos efectivamente percibidos » mensualmente, sin perjuicio de indicar que la base imponible era el 40% del « valor mensualizado» una vez detraídas las «expensas y gastos», sin ser inferior a 1 smlmv ni superior a 25 smlmv. Igualmente, acotó que no debía contribuir al SPS en los meses donde demostrara expensas superiores a sus ingresos.

Indicó que la actuación oficial vulneró sus derechos, en la medida en que aplicó en forma «autónoma y abusiva» una metodología de presunción de ingresos no vigente en el periodo fiscalizado, pues solo con la expedición de la Ley 1753 de 2015 se estableció la forma de calcular la presunción de ingresos para los independientes rentistas de capital y por cuenta propia.

Mencionó que la Administración no analizó toda la información de la declaración de renta, la cual estaba en firme y, por ende, no había lugar a desconocer la renta líquida allí determinada. En particular, subrayó que los ingresos reportados en su denuncio

Mencionó que la Administración no analizó toda la información de la declaración de renta, la cual estaba en firme y, por ende, no había lugar a desconocer la renta líquida allí determinada. En particular, subrayó que los ingresos reportados en su denuncio ascendieron a $935.226.000 y correspondían a «servicios de transporte terrestre de pasajeros y arrendamientos», así: (i) « honorarios, comisiones y servicios » por $858.758.000; (ii) « intereses y rendimientos financieros » en cuantía de $471.000; y (iii) « otros (ventas, arrendamientos, etc.) » equivalentes a $75.997.000. Afirmó que la declaración de renta solo era un instrumento que demostraba ingresos a efectos de perjudicar a los obligados, pues su contenido no fue valorado en forma integral. Al respecto, reiteró que no percibió en forma mensual las sumas determinadas en la liquidación oficial y recalcó los costos y gastos declarados, propios de su actividad, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la Administración.

Del mismo modo, expuso que su contraparte no consideró que su actividad económica era el « transporte de pasajeros », pues era propietario de 3 vehículos « tipo bus » y, en consecuencia, suscribió contrato s de vinculación con Expreso Brasilia S.A. en los términos del artículo 37 del Decreto 174 de 2001. Precisó que tales convenios contenían las obligaciones, derechos y prohibiciones de las partes, así como las « autorizaciones de descuentos» y « responsabilidad de pago de costo y gastos ». Explicó que , en virtud del citado contrato, entregó en administración sus vehículos a la sociedad transportadora para desarrollar su actividad económica . Resaltó que el servicio del transporte implicaba

descuentos» y « responsabilidad de pago de costo y gastos ». Explicó que , en virtud del citado contrato, entregó en administración sus vehículos a la sociedad transportadora para desarrollar su actividad económica . Resaltó que el servicio del transporte implicaba erogaciones por nómina, prestaciones sociales de los conductores, peajes, alojamiento, parqueaderos, combustible, reparaciones, mantenimiento, lubricantes, SOAT, cuotas del crédito de compra del vehículo y seguros todo riesgo, los cuales estaban a su cargo, de acuerdo con el contrato de vinculación, pues en el mismo se autorizó a Expreso Brasilia S.A. a descontar tales erogaciones « cada vez que hubiera lugar a su pago », de ahí que la sociedad transportadora profería un extracto quincenal que discrimina ba los rubros cobrados y pagados por cada concepto ; documento que era la prueba idónea para demostrar tanto los ingresos como los gastos incurridos en la vigencia fiscalizada.

Por otra parte, señaló que tomó un inmueble en arriendo para explotarlo económicamente en Saldaña (Tolima), de manera que incurrió en expensas asociadas a « honorarios de empleados, reparaciones, sembrados, etc.». Con base en el artículo 596 del Estatuto Tributario (ET) narró que la finalidad de la declaración de renta era determinar la base gravable de ese impuesto y no el IBC para aportes al SPS. Finalmente, solicitó recalcular la base imponible de su obligación al tenor de las pruebas incorporadas en la demanda.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

imponible de su obligación al tenor de las pruebas incorporadas en la demanda.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 -Falsa motivación. Alegó que la autoridad expidió los actos en forma errónea, porque no analizó las circunstancias de modo y lugar que originaron su renta, las características del tipo de independiente ni la información de la declaración de renta -costos y gastos-, por lo que determinó un IBC incorrecto. A tales efectos, censuró la calificación de «rentista de capital», dado que sus actividades correspondían a las de un « trabajador por cuenta propia » (Ley 1607 de 2012). Replicó la definición del artículo 329 del ET (vigente al momento de los hechos) y los requisitos del artículo 3 del Decreto 3032 de 2013, que acreditó en su totalidad porque cumplió los « topes» de patrimonio, ingresos , renta gravable y prestó el servicio por su cuenta y riesgo, razón por la cual debían descontarse los costos y gastos de la operación y calcular el IBC sobre la utilidad . Advirtió que la autoridad no tuvo en cuenta el renglón 50 de la declaración de renta del 2014 -costos propios de la actividad económicay tampoco examinó la renta líquida, pese a que los aportes debían calcularse sobre tal concepto. Aseveró que del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se desprendía la metodología para la presunción de i ngresos ni la competencia de la demandada para

sobre tal concepto. Aseveró que del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se desprendía la metodología para la presunción de i ngresos ni la competencia de la demandada para establecerla, de tal suerte que la actuación era ilegal. Por último, expuso que los actos solo señalaron normas « favorables» al extremo pasivo sin profundizar en la controversia, lo cual vulneró el debido proceso y la necesidad de motivar las decisiones.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora7 y solicitó condenarla en costas, dado que sus decisiones observaron el ordenamiento, los hechos que la motivaron, y su contraparte no desvirtuó la legalidad de los actos, dado que sus cargos eran infundados y el despliegue probatorio insuficiente. Presentó una «sensibilización frente a la obligatoriedad de afiliación y pago de aportes al sistema» » en la que destacó la irrenunciabilidad al derecho fundamental a la seguridad social (art. 48 de la Constitución), en desarrollo de lo cual fue expedida la Ley 100 de 1993 con la finalidad de introducir un sistema unificado de seguridad social para brindar una cobert ura integral y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema; también resaltó los principios del artículo 2 de la Ley 100 de 1993 -eficiencia, universalidad y solidaridad-, así como el entendimiento judicial de este último, y anotó que para el logro de los objetivos del sistema se expidió la Ley 789 de 2002, cuya finalidad era ampliar la protección social, y para su efectividad se establecieron las contribuciones parafiscales, esto es los aportes a la seguridad social en salud, pensiones,

cuya finalidad era ampliar la protección social, y para su efectividad se establecieron las contribuciones parafiscales, esto es los aportes a la seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, entre otros. Luego, desarrolló su oposición , conforme se resume a continuación:

-(…) Infracción de las normas en que deberían fundarse. Defendió que la liquidación oficial observó las normas vigentes en 2014. Descartó la «aplicación retroactiva» de la Ley 1753 de 2015, porque sus actos no aludieron a esa norma y, según el «archivo Excel anexo», el cálculo del IBC se fundamentó en los artículos 15 de la Ley 100 de 1993, 3 de la Ley 797 de 2003 y 1 del Decreto 510 de 2003. Así, planteó que para el periodo investigado existían disposiciones para el pago de aportes al SPS en el período investigado , y defendió la aplicación de los preceptos para los independientes con contratos distintos a la prestación de servicios sin presumir ingresos, pues consultó la declaración de renta.

-Indebida conformación del IBC. Reiteró la observancia del Decreto 510 de 2003 y demás normas concordantes, de ahí que calculó el IBC sobre los ingresos percibidos. Rechazó la argumentación en torno a no haber considerado la actividad productora del demandante, pues desde el inicio de la investigación garantizó las oportunidades procesales para que el aportante allegara sus soportes de ingresos, costos y gastos, así como los balances financieros y contables certificados por contador público. Luego, adujo que los trabajadores independientes con capacidad de pago eran aportantes obligatorios

procesales para que el aportante allegara sus soportes de ingresos, costos y gastos, así como los balances financieros y contables certificados por contador público. Luego, adujo que los trabajadores independientes con capacidad de pago eran aportantes obligatorios

7 Samai CE, índice 2, certificado 593378EEE93D7767 A8EA6C0378CE6DA9 9E92773CA3430DCA D524CC8FB2877B62 (pdf), pp. 1 a 15.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 al SPS y afirmó que la Corte Constitucional fue clara en descartar la configuración de un «defecto técnico» por otorgarle a tales sujetos la calidad de «trabajadores», pues la expresión incluía a todas las personas económicamente activas. Precisó que, según la liquidación oficial, el actor no allegó soportes ni pruebas que permitieran la verificación de los gastos incurridos en desarrollo de la actividad de transporte , que cumplieran lo previsto en el artículo 107 del ET.

Igualmente, subrayó que la resolución de reconsideración determinó que , si bien el demandante no est uvo vinculado por contrato de trabajo, prestación de servicios y/o como servidor público, este obtuvo ingresos por la actividad ejecutada por cuenta propia, de ahí que tenía la calidad de «rentista de capital» y debía cotizar sobre los ingresos luego de deducir las expensas incurridas en la ejecución de su operación (art . 107 del ET). A

de ahí que tenía la calidad de «rentista de capital» y debía cotizar sobre los ingresos luego de deducir las expensas incurridas en la ejecución de su operación (art . 107 del ET). A continuación, precisó que analizó y aceptó a lgunas de las pruebas remitidas por el contribuyente, pero los ingresos superaron el tope máximo del IBC , de manera que su cálculo no fue arbitrario. Finalmente, cuestionó que el obligado alegara su propia culpa en su defensa, al no haber aportado los medios probatorios pertinentes en la fiscalización, y desmintió la falta de valoración a los documentos entregados, puesto que tal información fue analizada en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

-Falsa motivación. Se opuso a su configuración, dada la motivación que fue incorporada en la liquidación oficial y en «el archivo Excel adjunto al mismo en medio magnético », los cuales eran complementarios y explicaban los ajustes y razones que los soportaron. Expuso que debía partirse de la liquidación, en vista de que esta plasmaba las normas que fundamentaban la s obligaciones con el SPS y su forma de cumplirla . Luego, era necesario acudir al « documento Excel » para evidenciar la materialización de tales disposiciones. Defendió que ambos documentos contenían una «motivación completa », pues fueron detallados y argumentaron los motivos de rechazo o aceptación. Por ende, cualquier falta de entendimiento al «archivo adjunto» -Excelobedeció a la falta de atención de las indicaciones contenidas en las decisiones por parte del demandante, que no a la falta de motivación.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda 8. Precisó que los trabajadores

de las indicaciones contenidas en las decisiones por parte del demandante, que no a la falta de motivación.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda 8. Precisó que los trabajadores independientes debían afiliarse al subsistema de pensiones y cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos , entendido s como las sumas obtenidas para su beneficio personal, de los que podían deducirse las expensas incurridas para desarrollar la actividad si cumplían los requisitos del artículo 107 del ET -siendo la base mínim a 1 smlmv y la máxima 25 smlmv-. Advirtió que, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, el IBC en salud de los trabajadores independientes debía determinarse sobre los ingresos que calcularan la EPS acorde con la presunción de ingresos definida por la Superintendencia de Salud (Resolución 009 de 1996). Con todo, el Decreto 1406 de 1999 fijó que el aporte debía realizarse sobre los ingresos reales si estos superaban los presuntos , sin perjuicio de aclarar que lo anterior aplicaba cuando la afiliación y cotización fuera voluntaria, pues en caso contrario regía el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

Asimismo, destacó que la Corte Constitucional realizó una interpretación amplia de la expresión «trabajador independiente», la cual comprendía a los rentistas de capital. Señaló que la obtención de «rentas pasivas» por la entrega en administración de 3 buses, hacía «innegable» la condición de rentista de capital del actor, pues dicha categoría cubría a las

que la obtención de «rentas pasivas» por la entrega en administración de 3 buses, hacía «innegable» la condición de rentista de capital del actor, pues dicha categoría cubría a las

8 Samai CE, índice 2, certificado FB580D62A435E68A 89A2447E6F52EE79 A81005EFA313B14F 1462E49A51211B87 (zip), 3 (pdf), pp. 1 a 50.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 personas naturales que recibían ingresos por la explotación económica de bienes o activos, de ahí que la citada clasificación resultaba acertada.

Frente a la falsa motivación por la aplicación retroactiva del sistema de presunción de ingresos para rentistas de capital (art. 135 de la Ley 1753 de 2015 ), reconoció que la norma solo rigió desde el 09 de junio de 2015; sin embargo, esto no significaba que con anterioridad no pu diera exigirse a tales trabajadores los aportes al SPS , pues tal obligación se remontaba al surgimiento del sistema de seguridad social. Así, consideró equivocada la posición de la demandante, pues el artículo 204 de la Ley 100 de 1993que previó la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos para efectos del cálculo del IBC de los independientes - pretendía el establecimiento de unas bases gravables mínimas de tributación que, en todo caso, no podían ser inferiores a los valores

que previó la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos para efectos del cálculo del IBC de los independientes - pretendía el establecimiento de unas bases gravables mínimas de tributación que, en todo caso, no podían ser inferiores a los valores realmente devengados . Destacó que la normativa estipulaba que la base gravable correspondía a los valores realmente percibidos menos los costos y gastos, previsiones que eran anteriores a la Ley 1753 de 2015 , por lo que descartó la aplicación retroactiva de tal norma . Subrayó que, ante la falta de suministro de información por parte del obligado, la demandada utilizó válidamente los valores registrados en su declaración de renta (art. 33 de la Ley 1438 de 2011) y estableció que el actor estaba obligado a afiliarse al sistema de seguridad social. En consecuencia, desestimó la falsa motivación.

En relación con la falta de valoración a los soportes de costos y gastos, recordó que los ingresos del actor fueron determinados a partir de su declaración de renta, de lo que resultó un IBC equivalente al tope máximo [$15.400.000]. Del mismo modo, acotó que el contribuyente no respondió el requerimiento de información , ni presentó con el recurso de reconsideración ninguna prueba relacionada con los costos y gastos alegados, solo con ocasión de la demanda aportó pruebas por tales conceptos9, de manera que la falta de entrega del contrato con la empresa Expreso Brasilia impedía analizar sus condiciones, en especial lo concerniente a la administración de los vehículos, por lo que no había seguridad de que el demandante cubriera los gastos generados por la prestación del servicio de transporte, de ahí que era inútil cualquier análisis de las

condiciones, en especial lo concerniente a la administración de los vehículos, por lo que no había seguridad de que el demandante cubriera los gastos generados por la prestación del servicio de transporte, de ahí que era inútil cualquier análisis de las pruebas allegadas; esto es, «extractos quincenales» sobre los que no había certeza de quién los expidió, facturas que no relacionaban al demandante ni a la empresa de transporte , desprendibles de nómina de conductores vinculados, los cuales no permitían determinar el nexo con el actor, así como peajes mayormente ilegibles. Por su parte, los documentos comprensibles referían vehículos distintos a los del obligado tributario o tenían fechas distintas a 2014.

Señaló que el extremo activo debía probar la realidad de los costos y gastos y el cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad, lo cual no era posible elucidar a partir de las pruebas aportadas . Por último, desestimó l a certificación de ingresos y retenciones por concepto del impuesto de industria y comercio, dado que esas expensas no eran deducibles por no corresponder a costos y gastos incurridos en la actividad productora de renta en los términos del artículo 1 del Decreto 510 de 2003. Igualmente, denegó la aplicación del artículo 115 del ET , porque el litigio se concretaba en la determinación del IBC del aportante, cuya normativa era especial.

9 La magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado se apartó de la decisión mayoritaria del a quo por la falta de valoración de las pruebas aportados por el actor en sede judicial. Al respecto, precisó que el contenido del artículo 744 del ET no impedía ni limitaba al contribuyente

9 La magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado se apartó de la decisión mayoritaria del a quo por la falta de valoración de las pruebas aportados por el actor en sede judicial. Al respecto, precisó que el contenido del artículo 744 del ET no impedía ni limitaba al contribuyente para remitir en sede judicial nuevas o mejores pruebas a las allegadas en la discusión administrativa, pues en el trámite judicial existía libertad probatoria para demostrar los hechos que constituían la base de las afirmaciones de las partes (art. 212 del CPACA), de ahí que el fallo debió analizar tales documentos, más aún cuando el concepto de violación versaba sobre ese punto y, si se aceptaba la idoneidad de las expensas, debían reliquidarse el IBC y el monto de los aportes al SPS a cargo del demandante.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)

Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Recurso de apelación

La demandante recurrió la decisión del tribunal10 con base en las siguientes «razones»:

-Confusión del tipo de independiente (…). Cuestionó que el a quo estudió al trabajador independiente por cuenta propia como si se tratara de un rentista de capital. En ese sentido, reprochó su calificación como «rentista» por ser declarante del impuesto sobre la renta, firmar un contrato de vinculación de vehículos para el transporte de pasajeros y, por ello, determinar su obligación sustancial «sobre el tope de los aportes». Al respecto, hizo hincapié en su condición de «trabajador por cuenta propia », entendido como la persona

por ello, determinar su obligación sustancial «sobre el tope de los aportes». Al respecto, hizo hincapié en su condición de «trabajador por cuenta propia », entendido como la persona natural con medios propios, autonomía técnica, administrativa y directiva que asumía los riesgos de su actividad para adelantar obras o servicios a favor de terceros. Reprodujo la definición para tales sujetos del artículo 329 del ET -vigente al momento de los hechosasí como los requisitos del artículo 3 del Decreto 3032 de 2013 , al hilo de esto, insistió en que, su actividad económica consistía en el transporte de pasajeros mediante tres vehículos « tipo bus» al servicio de Exp reso Brasilia S.A., por lo cual era « un trabajador independiente diferente al rentista de capital » y debían aceptarse sus soportes de costos o, en su defecto, aplicar la presunción de costos de la Re