CE - Sentencia 25000233700020180067102 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil vein ticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387) Demandante ALIANZA FIDUCIARIA S.A. Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAECD Temas Participación en plusvalía. Cargas urbanísticas. Hech o generador. Cálculo del efecto plusvalía. Método resid ual. Registro Abierto de Avaluadores. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de julio de 2024, profer ida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dec idió1: Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda, segœn lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. [...] ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante el Decreto 576 del 22 de diciembre de 2015, el alcalde mayor de BogotÆ adoptó el plan parcial Procables, ubicado en la localidad de Fontibón y comprendido por, entre otros, los predios con matrículas inmobiliari as 50C-01111907 y 50Cadoptó el plan parcial Procables, ubicado en la localidad de Fontibón y comprendido por, entre otros, los predios con matrículas inmobiliari as 50C-01111907 y 50C01908512, de titularidad del Fideicomiso A8-Urbaniz adora Marín Valencia y del Fideicomiso Elimarc Urbanizadora Marín Valencia, respec tivamente, respecto de los cuales, Alianza Fiduciaria S.A. es la vocera. Concluido el trÆmite para la liquidación del efecto plusvalía, mediante la resolución 0766 del 25 de junio de 2018, la Unidad Administrat iva de Catastro Distrital (en adelante, Catastro Distrital) fijó el plusvalor por m etro cuadrado para los predios mencionados junto a otros que no son objeto del liti gio. El 2 de agosto de 2018, mediante apoderada judicial, el fideicomitente de los 2 fideicomisos seæalados presentó el recurso de reposició n en contra de la anterior decisión, el cual fue rechazado por la entidad deman dada mediante la Resolución 1521 del 10 de octubre de 2018 por dos razones: primero, se interpuso de forma extemporÆnea y, segundo, la abogada actuó en nombre de los fideicomitentes y no de Alianza Fiduciaria S.A., que ostentaba la titularidad del derecho de dominio como vocera de los patrimonios autónomos.

1 SAMAI del Tribunal, índice 50, pÆgina 28.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Alian za Fiduciaria S.A., como vocera de los patrimonios autónomos denominados A8-U rbanizadora Marín Valencia y Elimarc Urbanizadora Marín Valencia, formuló las siguientes pretensiones2: 3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 0766 del 25 de junio de 2018 "Por el cual se liquida el efecto plusvalía para el Pl an Parcial "Procables" adoptado mediante Decreto Distrital 576 de 2015, modificado med iante Decreto Distrital 208 de 2017, ubicado en la Localidad de Fontibón” expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, en lo que respecta a la l iquidación de la participación del efecto plusvalía de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria nœmeros 50C1908512 (matriz) y 50C1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ - Zona Centro, que forman parte del Plan Parcial Procables.

SEGUNDA PRETENSIÓN : Se declare la nulidad total de la Resolución No. 1521 del 10 de

de BogotÆ - Zona Centro, que forman parte del Plan Parcial Procables.

SEGUNDA PRETENSIÓN : Se declare la nulidad total de la Resolución No. 1521 del 10 de octubre de 2018 "por la cual se decide un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 766 del 25 de junio de 2018, en relación con los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 50C1908512 у 50C1111907.

TERCERA PRETENSIÓN : A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL cancelar la inscripción de la Resolución No. 0766 del 25 de junio de 2018 y la Resolución No. 1521 del 10 de octubre de 2018 que haya realizado o llegare a realizar sobre los folios de matrícula inmobiliaria nœmeros 50C-1908512

(matriz) y 50C-1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ - Zona Centro, y los predios que resultaren de estos por segregación o englobe.

CUARTA PRETENSIÓN : A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL abstenerse de exigir el pago de las sumas liquidadas en la Resolución No. 0766 del 25 de junio de 2018, sobre el predios [sic] identificados con los folios de matrícula inmobiliaria n œmeros 50C-1908512 (matriz) y 50C1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ – Zona Centro y los predios que resultaren de estos por segregación o englobe.

1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ – Zona Centro y los predios que resultaren de estos por segregación o englobe.

QUINTA PRETENSIÓN : A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL devolver los dineros que el demandante le haya pagado o llegare a pagar con ocasión de la liquidación del efectivo plusvalía realizada a travØs de la Resolución No. 0766 del 25 de junio de 2 018, sobre el predios [sic] identificados con los folios de matrícula inmobiliaria nœmeros 50C-1908512 (matriz) y 50C-1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ - Zona Centro y los predios que resultaren de estos por segregación o englobe.

SEXTA PRETENSIÓN: Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL a pagar costas y agencias en derecho, de conformidad con l o establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LAS PRETENSIONES PR IMERA Y SEGUNDA PRINCIPAL: En caso que se declare que, sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria nœmeros 50C1908512 (matriz) у 50С -1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ – Zona Centro, que forman parte del Plan Parcial Procables, si se generó el hecho generador contenido en el numeral 3” del artículo 74 de la Ley 388 de

Instrumentos Pœblicos de BogotÆ – Zona Centro, que forman parte del Plan Parcial Procables, si se generó el hecho generador contenido en el numeral 3” del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, reliquidar el efecto plusvalía para los inmuebles identificados con los f olios de matrícula inmobiliaria nœmeros 50C-1908512 (matriz) y 50C-1111907 (matriz) de la Oficina de Registro de

2 SAMAI del Tribunal, índice 2.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Instrumentos Pœblicos de BogotÆ – Zona Centro, conforme a los parÆmetros establecidos e n la Ley 388 de 1997 y la Resolución No. 620 de 2008 - IGAC. La demandante invocó como normas violadas los artículos 38, 74, 77 y 80 de la Ley 388 de 1997; 6 del Decreto distrital 020 de 2011; 4 , 11 y 14 de la resolución 620 de 2008; 2 y 6 de la Ley 1673 de 2013; y 2.2.2.17.2.2. del Decreto nacional 1074 de 2015. El concepto de violación se resume así: Sostuvo que Catastro Distrital carece de competencia temporal . Expuso que los artículos 6 del Decreto distrital 010 de 2011 y 80 de la Ley 388 de 1997 establecen

2015. El concepto de violación se resume así: Sostuvo que Catastro Distrital carece de competencia temporal . Expuso que los artículos 6 del Decreto distrital 010 de 2011 y 80 de la Ley 388 de 1997 establecen que el trÆmite inicia con la solicitud que eleva el alcalde al competente (en el caso de BogotÆ, por medio de la Secretaría Distrital de Plan eación ( SDP) a Catastro Distrital) para que estime el mayor valor por metro c uadrado en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias y, desde ese momento , se contabiliza un tØrmino de 60 días hÆbiles para establecer el plusvalor. Par a el demandante, el tØrmino de 60 días es preclusivo, de modo que su vencimiento d a lugar a la pØrdida de competencia3. Consideró acreditado que la SDP solicitó la liquidación del efecto plusvalía para el plan parcial Procables el 19 de may o de 2017, de modo que el plazo para realizar el cÆlculo finalizó el 22 de ago sto del mismo aæo. Pese a esto, la resolución del cÆlculo se expidió el 25 de junio de 2018, es decir, 14 meses despuØs de la solicitud. Manifestó que Catastro Distrital interpretó indebidam ente los artículos 38, 74 y 77 de la Ley 388 de 1997, al concluir erróneamente que se realizó el hecho generador del tributo por el incremento del aprovechamiento del suelo, deri vado de la autorización de una mayor Ærea edificable en el Decr eto distrital 576 de 2015. Sostuvo que la mayor edificabilidad generada no se or iginó en una decisión

del tributo por el incremento del aprovechamiento del suelo, deri vado de la autorización de una mayor Ærea edificable en el Decr eto distrital 576 de 2015. Sostuvo que la mayor edificabilidad generada no se or iginó en una decisión unilateral de la administración (acción urbanística), sino en la asunción de cargas generales por parte del propietario del suelo, las cu ales no son obligatorias para desarrollar el proyecto urbanístico. Enfatizó en que el hecho generador del tributo no puede realizarse a partir de una inversión o esfuerz o privado, sino que siempre debe provenir de una decisión pœblica del Estado, en su calidad de orientador del desarrollo urbano. Indicó que, conforme la Ley 388 de 1997, el mayor ap rovechamiento urbanístico debe producirse dentro del sistema de reparto equitat ivo de cargas y beneficios, garantizando el principio de igualdad ante las carg as pœblicas. Expuso la definición de cargas generales segœn el artículo 39 ibidem (costos que se distribuyen entre todos los propietarios del Ærea beneficiada y se recuperan vía tarifas, valorización, plusvalía u otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y benefici os y que corresponden a costos de infraestructura vial principal o arterial, redes matric es de servicios pœblicos, y, en general, lo no clasificado como carga loca l) y de cargas locales ( obligaciones de inversión impuestas a urbanizadores y/o titulares de derechos reales sobre inmue bles sujetos a desarrollo, bien sea a travØs de licencias de urbanización, Plan Parcial o Unid ades de Acción Urbanística, consistentes en

urbanizadores y/o titulares de derechos reales sobre inmue bles sujetos a desarrollo, bien sea a travØs de licencias de urbanización, Plan Parcial o Unid ades de Acción Urbanística, consistentes en la cesión gratuita y adecuación de zonas verdes locales o zonales, infraestructura vial peatonal y vehicular, entre otros) y explicó que solo este œltimo concepto es obligat orio. Luego, manifestó que los Decretos distritales 576 de 2015 y 208 de 2017, con base en los cuales se calculó la plusvalía en el caso concreto, adoptaron el principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios.

3 Citó la sentencia del del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, del 09 de agosto de 2018 rad. 11001333704320150006301, M.P. Gloria CÆceres Martínez; y del 31 de agosto de 2017, rad. 25000233700020150030800, M.P. JosØ Antonio Molina Torres.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que el artículo 37 del Decreto 576 estableció el suelo de carga general en 5.433,02 metros cuadrados y que el artícu lo 42 definió la edificabilidad resultante del plan parcial, asociada a los productos inmobiliarios desarrollados en las Unidades de Gestión o Actuaciones Urbanísticas 1 y 2 del plan y seæaló que esa edificabilidad se garantiza con el aporte de la cesi ón del suelo y el pago

resultante del plan parcial, asociada a los productos inmobiliarios desarrollados en las Unidades de Gestión o Actuaciones Urbanísticas 1 y 2 del plan y seæaló que esa edificabilidad se garantiza con el aporte de la cesi ón del suelo y el pago compensatorio del componente general. Así, se previó q ue uno de los elementos que compone el «índice resultante» es la cesión del suelo correspondiente a las cargas generales, que para el producto inmobiliario vivien da tipo 5 es de 1.667 metros cuadradas por hectÆrea neta urbanizable. Entonces, p ara acceder al aprovechamiento urbanístico del índice resultante, s e estableció que debía entregarse el 25% del Ærea neta urbanizable y 22.354, 54 metros cuadrados de suelo de carga general. De este modo, concluyó que estÆ de mostrado que la edificabilidad resultante corresponde al sistema de reparto de cargas y beneficios, haciendo improcedente reconocer una retribución adicional a trav Øs de la participación en plusvalía. Manifestó que el artículo 43 del plan parcial ordena entregar al distrito un total de 28.342,45 metros cuadrados, los cuales, sumados a l as cargas generales para edificabilidad resultante, dan como resultado un to tal de 50.696,98 metros cuadrados. Pero, precisó que, conforme con la solicitud de liquidación con radicado 1-2017-67393 de 2017 ante la SDP, de ese total, 5.433,02 metros cuadrados corresponden al Æmbito del plan parcial, y los 45.263, 96 metros cuadrados restantes no. Por ello, concluyó que, para obtener los aprovechamie ntos urbanísticos del plan

corresponden al Æmbito del plan parcial, y los 45.263, 96 metros cuadrados restantes no. Por ello, concluyó que, para obtener los aprovechamie ntos urbanísticos del plan parcial, los propietarios de los predios debían hacer entrega de suelos de carga general al Distrito, por lo que la edificabilidad es un resultado del reparto de cargas y beneficios y no de una decisión unilateral del Esta do que dØ lugar a la plusvalía. Sostuvo que, si en gracia de discusión se aceptara q ue sí se realizó el hecho generador del efecto plusvalía, Catastro Distrital in currió en un indebido cÆlculo del efecto de plusvalía, pues desconoció los artículos 4 y 14 de la resolución 620 de 2008 del Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi ( IGAC), que son las normas que regulan la tØcnica residual para los avalœos ordenados en la Ley 388 de 1997. Manifestó que la demandada, al efectuar el cÆlculo u tilizando el mØtodo residual, incluyó erróneamente las cargas generales como costo s del proyecto al calcular el valor del suelo despuØs de la acción urbanística, pu es, dichas cargas no debieron considerarse un costo del proyecto y, por ende, tampo co debían influir en la determinación del valor inicial del suelo; aclaró q ue es un costo que le corresponde asumir al Distrito. Destacó que el artículo 14 de la resolución 620 desarrolló la noción de “costos total es” que deben descontarse del valor de ventas totales para determinar el valor residual del suelo, en los cuales no se incluyó el ítem de cargas generales. De este modo, resaltó que, segœn lo demos tró el dictamen pericial

de “costos total es” que deben descontarse del valor de ventas totales para determinar el valor residual del suelo, en los cuales no se incluyó el ítem de cargas generales. De este modo, resaltó que, segœn lo demos tró el dictamen pericial aportado con la demanda, «el valor de la plusvalía debe ser calculado sin descontar como costo indirecto del urbanismo las cargas generales […], por el contrario, se deben descontar del valor de la participación en el efecto plusvalía, que es la suma a la que tiene derecho el [d]istrito en el caso hipotØtico sobre la edificabilidad mÆxima» 4. Seæaló que esta metodología de cÆlculo se ha reconoci do en otros casos, para lo cual puso como ejemplo el Decreto distrital 088 de 2017 «Por medio del cual se establecen las normas para el Æmbito de aplicación del P lan de Ordenamiento Zonal del Norte

4 Samai, índice 2, PDF de la demanda, pÆgina 39.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Ciudad Lagos de Torca” y se dictan otras disposiciones» , del cual citó el artículo 217 que definió la participación en plusvalía, y de manera e xpresa excluyó las cargas generales. Aseguró que Catastro Distrital desconoció las reglas sobre causación del tributo. Para esto, explicó que el artículo 82 de la Constituci ón Política establece que las

generales. Aseguró que Catastro Distrital desconoció las reglas sobre causación del tributo. Para esto, explicó que el artículo 82 de la Constituci ón Política establece que las entidades pœblicas participarÆn en la plusvalía que generan sus acciones urbanísticas. Por su parte, el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 identifica como acciones urbanísticas que desarrollan el hecho generador, y el artículo 83 identifica los momentos en que el tributo es exigible. Expuso que, para el caso revisado, Catastro Distrital re alizó el cÆlculo del efecto plusvalía sin considerar si se habían obtenido licen cias urbanísticas que materializan el hecho generador. Destacó que, para e l momento del cÆlculo, œnicamente se había aprobado el proyecto urbanístico general y la licencia de urbanización de la etapa 1 de la Unidad de Gestión 1 del desarrollo denominado Procables Unidad de Gestión 1 etapas 1, 2 y 3, por lo que, a su juicio, la demandada desconoció que no hubo materialización del hecho gen erador respecto de toda la Unidad de Gestión 1, pues para cada etapa se debía solicitar y expedir una licencia urbanística5. Destacó que lo anterior desconoció la jurisprudencia , conforme a la cual el hecho generador de la participación en plusva lía requiere de una acción urbanística y de una autorización específica que lo concrete 6. Adujo que el cÆlculo del efecto plusvalía fue elaborado por una persona que no estaba habilitada para realizar el avalœo, pues no estaba inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores, conforme los artículos 1, 2, 3 y 6 de la Ley 1673 de 2013 y

estaba habilitada para realizar el avalœo, pues no estaba inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores, conforme los artículos 1, 2, 3 y 6 de la Ley 1673 de 2013 y el artículo 2.2.2.2.17.2.2. del Decreto 1074 de 2015. Así, se desconoció el mandato del artículo 80 de la Ley 388 de 1997, conforme al c ual el efecto plusvalía se debe adelantar por el IGAC o por los peritos tØcnicos debidamente inscritos en l as lonjas o instituciones anÆlogas. Oposición de la demanda Catastro Distrital solicitó negar las pretensiones de la demanda. Para esto, sostuvo que no incurrió en falta de competencia temporal, pues el trÆmite de liquidación del efecto plusvalía siguió lo previsto en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997 y 4, 6 y 7 del Decreto distrital 020 de 2011. Luego, precisó q ue el tØrmino de 60 días para realizar el cÆlculo es perentorio, pero no es preclusiv o, por lo cual su incumplimiento no conlleva una pØrdida de la competencia 7. Respecto a la mayor edificabilidad por la asunción de cargas generales, explicó que el artículo 51 del Decreto distrital 208 de 2017, que modificó el plan parcial Procables, estableció que la adopción del plan config uraría el hecho generador del tributo por incremento de edificabilidad, conforme al estudio tØcnico y anÆlisis comparativo del 15 de diciembre de 2016. De esta forma, afirmó que la identificación

Procables, estableció que la adopción del plan config uraría el hecho generador del tributo por incremento de edificabilidad, conforme al estudio tØcnico y anÆlisis comparativo del 15 de diciembre de 2016. De esta forma, afirmó que la identificación del hecho generador no es competencia de Catastro Distrital, sino la SDP, al expedir el estudio. De otro lado, indicó que los predios objeto de cont roversia se encuentran en tratamiento de desarrollo; es decir, estÆn constituidos como predios urbanizables

5 Citó el artículo 2.2.6.1.2.4.3. del Decreto 1077 de 2015. 6 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuart a, del 04 de febrero de 2016, exp. 21149, C.P. Mart ha Teresa Briceæo de Valencia. 7 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cu arta del 30 de agosto de 2017, exp. 20805; y del 25 de julio de 2019, exp. 22268, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co localizados en suelo de expansión y que se incorpor a al suelo urbano, por lo que debía adelantar un proceso de desarrollo ( adelantar obras adicionales como infraestructura de redes, vías locales, parques, entre otros ) para su urbanización. De allí que en el momento del cÆlculo del valor del suelo se deban ten er en cuenta los regímenes de

debía adelantar un proceso de desarrollo ( adelantar obras adicionales como infraestructura de redes, vías locales, parques, entre otros ) para su urbanización. De allí que en el momento del cÆlculo del valor del suelo se deban ten er en cuenta los regímenes de las cargas locales y generales. AdemÆs, recalcó que la jurisprudencia 8 seæaló que no se genera doble tributación al liquidar la partici pación en plusvalía y la cesión de terrenos a causa de un proceso de urbanización. De cara al cargo de indebida liquidación del tributo , explicó que se estableció la diferencia en el valor del suelo por metro cuadrado ante s y despuØs de la acción urbanística, y la diferencia resultante determinó que el cambio normativo si causó un plusvalor 9. Indicó que, conforme los Decretos 576 de 2016 y 2 08 de 2017, se aplicó los índices de construcción condicionados al pago de las cargas, de modo que para ese escenario se incluyeron como un costo a sociado al proyecto. Afirmó que el modelo residual de la resolución 620 de 2008 del IGAC tiene en cuenta, entre otros, los costos que incluyen las cargas. Así , para el plan parcial Procables, se tuvo en cuenta la edificabilidad alcanzada asoci ada a dichas cargas generales, pues constituyen un requisito para la aplicación nor mativa e impactan negativamente el valor final del terreno. Entonces, da do que el resultado fue positivo, el valor de las cargas no anuló el efecto p lusvalía. Frente a la causación del tributo, reiteró que la competencia en la determinación de los hechos generadores le corresponde a la SDP, y que las licencias de urbanismo

positivo, el valor de las cargas no anuló el efecto p lusvalía. Frente a la causación del tributo, reiteró que la competencia en la determinación de los hechos generadores le corresponde a la SDP, y que las licencias de urbanismo y construcción, entre otros actos jurídicos, no cons tituyen el hecho generador de la plusvalía, sino que determinan la exigibilidad de l a obligación 10. Sobre la habilitación de la funcionaria de Catastro Distrital, seæaló que los funcionarios pœblicos de planta que realizan las fu nciones contempladas en el artículo 4 de la Ley 1673 de 2013 y las personas que hayan concursado en convocatoria pœblica con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 y se hubieren posesionado para el cargo, en encuentran exentos de inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, de conformida d con el artículo 2.2.2.17.2.9. del Decreto 1074 de 2015. Para el caso particular, indicó que la funcionaria firmó de acuerdo con las funciones definidas por Catastro Di strital, y no a nombre propio. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección C uarta, Subsección A negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena e n costas, conforme al siguiente anÆlisis: Descartó la falta de competencia temporal , pues el tØrmino de 60 días para establecer el efecto plusvalía es perentorio, pero no preclusivo, por lo que su incumplimiento no conlleva a invalidar la actuación surtida por fuera del plazo 11. Resolvió conjuntamente los tres cargos relacionados co n la realización del hecho

incumplimiento no conlleva a invalidar la actuación surtida por fuera del plazo 11. Resolvió conjuntamente los tres cargos relacionados co n la realización del hecho generador, la causación del tributo y el cÆlculo del efecto plusvalía . Para esto, citó

8 Citó la sentencia del 08 de junio de 2017, exp. 21 001, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Citó el literal c) del artículo 1 del Decreto 1788 d e 2004; y el artículo 5 del Acuerdo Distrital Nro. 118 de 2003. 10 Sentencia del 25 de julio de 2019. Exp. 22268, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta , del 12 de abril de 2012, exp. 17497, C.P. Hugo Fer nando Bastidas BÆrcenas; del 25 de julio de 2019, exp. 222 68, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 30 de novie mbre de 2023, exp. 26966, C.P. Milton Chaves García.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la sentencia de unificación del 3 de diciembre de 202012, con base en la cual seæaló que el hecho generador se realiza, previa adopción de la participación en la respectiva entidad territorial, por el inicio de la vi gencia de una acción urbanística

la sentencia de unificación del 3 de diciembre de 202012, con base en la cual seæaló que el hecho generador se realiza, previa adopción de la participación en la respectiva entidad territorial, por el inicio de la vi gencia de una acción urbanística que autorice un uso mÆs rentable o incremente el apro vechamiento del suelo, bajo cualquiera de las modalidades previstas por el legi slador. Destacó que la causación del tributo ocurre desde el m omento en que cambian los usos del suelo y los índices de edificabilidad a unos potencialmente mÆs favorables, con independencia de que sean aprovechados por el pr opietario del inmueble. Aæadió que la expedición de la licencia de construcc ión constituye œnicamente el momento de exigibilidad del efecto plusvalía. Con e llo, indicó que no puede interpretarse que la licencia urbanística hace parte de l hecho generador, pues no tiene la finalidad de ordenar el territorio, sino que sirve para concretar las modificaciones que se pretenden sobre los predios. Manifestó que, en el caso de BogotÆ, los artículos 32 y 34 del Decreto distrital 190 de 2004 prevØn los eventos en que se deben adoptar lo s planes parciales, y definen las cargas generales. Seæaló que, con fundamento en e ste marco normativo, se emitió el Decreto 576 de 2015, el cual es el acto a dministrativo que contiene la acción urbanística en este caso. Así, adujo que la inclusión de las cargas generales en la liquidación del efecto plusvalía obedeció a l o dispuesto en los decretos referidos, que mantienen su presunción de legalidad p orque no han sido objeto de

acción urbanística en este caso. Así, adujo que la inclusión de las cargas generales en la liquidación del efecto plusvalía obedeció a l o dispuesto en los decretos referidos, que mantienen su presunción de legalidad p orque no han sido objeto de control judicial y que ordenaron expresamente que e stas serían recuperadas a travØs de este mecanismo. El tribunal indicó que, al haberse constatado la realización del hecho generador, la demandada aplicó el mØtodo residual de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, acorde con el cual el costo de urbanismo es equivalente a l a suma de los costos para habilitar el suelo a usos específicos e incluye las cargas asociadas a su desarrollo, entre ellas las cargas generales. Sobre la habilitación de la funcionaria para realizar el cÆlculo del efecto plusvalía, el a quo precisó que el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 prevØ que la determinación del efecto plusvalía debe realizarse por parte del IGAC o la entidad correspondiente, supuesto que en este caso hace referencia a Catastro Distrital. Finalmente, no impuso condena en costas por no estar probadas. Recurso de apelación La demandante solicitó revocar la sentencia impugnada, para lo cual insistió en que no se realizó el hecho generador de la participación en plusvalía. Al respecto, sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta las condiciones n ormativas establecidas antes y despuØs del Decreto 576 de 2015, modificado por el De creto 208 de 2017, y que concluyó erróneamente que la acción urbanística corresp ondió al plan parcial Procables. Reiteró que la participación en plusvalía solo ocurre por la expedición de acciones

concluyó erróneamente que la acción urbanística corresp ondió al plan parcial Procables. Reiteró que la participación en plusvalía solo ocurre por la expedición de acciones urbanísticas que generan beneficios por el mejor aprovec hamiento del suelo. No obstante, en este caso, la mayor edificabilidad deriv ó de la asunción voluntaria de cargas generales (cesión de suelo), no por una decisión unilateral del Estado.

12 2020CE-SUJ-4-006 dictada en el exp. 23540, C.P. Jul io Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00671-02 (29387)

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que el