CE - Sentencia 25000233700020180067401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante HELMER DOUGLAS ROBAYO CARDOZO

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes. Sujeción pasiva de rentistas de capital. Base gravable. Mensualización de ingresos SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que decidió1: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Acuerdo No. PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, del Consejo Superior de la Judicatura, NOTIFÍQUESE electrónicamente la presente providencia (…).

CUARTO: REMÍTASE copia de esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

del 7 de mayo de 2020, del Consejo Superior de la Judicatura, NOTIFÍQUESE electrónicamente la presente providencia (…).

CUARTO: REMÍTASE copia de esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al correo (…).

QUINTO: Se informa que, para la radicación de los memoriales (…) SEXTO: En firme el presente proveído, y hechas las anotaciones correspondientes archívese el expediente. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2017-02883 del 27 de octubre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), expidió la resolución RDO 2018-02323 del 9 de julio de 2018, por medio de la cual liquidó los aportes al sistema de la protecci ón social a cargo del demandante por los períodos de enero a diciembre de 2015, y lo sancionó por inexactitud2.

1 Samai del Tribunal, Índice 60. 2 Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en Samai. Índice 2. Expediente digital. 21ED_1CD FOLIO_1CDFOLIO92rar(rar.). Se advierte que el actor demandó en per saltum por haber atendido el requerimiento para declarar y/o corregir.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

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ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3: Primero. Declarar la nulidad de la Resolución No. RDO -2018-02323 de fecha 9 de julio d e 2018 proferida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPPque modificó las liquidaciones privadas contenidas en las planillas únicas de autoliquidación de aportes PILA de H elmer Douglas Robayo Cardozo identificado con C.C. (…) por todos los meses del año gravable 2015. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, confirmar en todas sus partes las declaraciones tributarias denominadas Planilla Ü Única de Liquidación de Aportes PILA los meses de enero a diciembre de 2015 de Helmer Douglas Robayo Cardozo identificado con C.C. (…). Tercero.- Condenar en costas a la parte demandada. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 15, 29, 338 y 363 de la Constitución Política; 683, 704, 711, 742 y 746 del Estatuto Tributario; y los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

Tributario; y los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera: El demandante afirmó que se trataba de un rentista de capital con capacidad de pago y que desde el año 2007 ha sido cotizante al sistema de salud y pensión, tal como lo verificó la UGPP. Propuso la excepción de inconstitucionalidad argumentando que el Decreto 575 de 2013 asignó a la demandada las facultades de investigación y solicitud de documentos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social, así como efectuar cruces de información, generar reportes, entre otros; todo lo cual implicaba la revelación de datos económicos que eran reservados para los aportantes. No obstante, con la citada norma se establecieron una serie de disposiciones que afectan el derecho a la intimidad de las personas ( artículo 15 de la Constitución) al asumir funciones e xclusivas del legislador que no podían ser asignadas en un decreto reglamentario. Precisó que el Decreto Ley 169 de 2008 fue expedido por e l gobierno en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para que asignara las funciones y competencias para adelantar las acciones de fiscalización, pero en ningún aparte de dicho decreto se otorgaron competencias en las dependencias de la entidad, solo se asignaron con el Decreto 5021 de 2009, que no tiene fuerza de ley. Esta última disposición fue derogada por el Decreto 575 de 2013, expedido en uso de las facultades del artículo 189 de la Constitución Política, sin embargo, esta se expidió por fuera del término que le otorg ó el

que no tiene fuerza de ley. Esta última disposición fue derogada por el Decreto 575 de 2013, expedido en uso de las facultades del artículo 189 de la Constitución Política, sin embargo, esta se expidió por fuera del término que le otorg ó el Congreso al Gobierno para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por lo que debe inaplicarse. Adujo que para el período fiscalizado (2015), aún no se había reglamentado el ingreso base de cotizac ión a cargo de los rentistas de capital , razón por la cual

3 Índice 2 de Samai. Expediente digital. PDF demandaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluso la DIAN y el Ministerio de Trabajo insistían en la falta de obligación de pago para este tipo de sujetos. Sostuvo que la Ley 1753 de 2015 era inaplicable a la vigencia fiscalizada por cuanto no señala de manera imperativa que la base de cotización para los rentistas era del 40% de sus ingresos mensuales, norma que solo regulaba la situación de los independientes que prestan servicios y no para los que reciben rentas pasivas y, en todo caso, tampoco podía aplicarse en virtud del principio de irretroactividad. Además, el Decreto 1273 de 2018 hizo referencia a las cotizaciones de los trabajadores independientes, sin que mencionaran el pago mensualizado de las rentas de capital o rentas pasivas. Reprochó la determinación del IBC por parte de la UGPP, comoquiera que el 97% de

trabajadores independientes, sin que mencionaran el pago mensualizado de las rentas de capital o rentas pasivas. Reprochó la determinación del IBC por parte de la UGPP, comoquiera que el 97% de los ingresos fiscalizados se obtuvieron por el pago de dividendos, los cuales no son constitutivos de renta por disposición del artículo 4 8 del Estatuto Tributari o. Esa naturaleza no puede ser desconocida en la liquidación de los apor tes so pena de desconocer el principio de irretroactividad de la ley y afectar situaciones jurídicas consolidadas. Explicó que su renta líquida se determinó por el sistema de renta presuntiva, siendo inviable que la demandada le cobrara las contribuciones por valores no grava dos, que no son producto del esfuerzo humano ni de la prestación de servicios, contrariando así el principio de justicia. Indicó que con el requerimiento para declarar y/o corregir la UGPP propuso una sanción y en la liquidación oficial aumentó su valor, contrariando así el principio de correspondencia que debe existir entre dichas actuaciones. Agregó que no obraba prueba alguna que diera cuenta de que los dividendos para el año 2015 se generaron mensualmente y tampoco el valor recibido para cada período, desconociendo lo dispuesto en el artículo 742 del Estatuto Tributario. En la declaración presentada se observa sin lugar a duda que los dividendos recibidos se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para lo cual citó el artículo 746 ibidem. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, por lo que pasa a exponerse4:

consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para lo cual citó el artículo 746 ibidem. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, por lo que pasa a exponerse4: Frente a la excepción de inconstitucionalidad expresó que el Decreto 575 de 2013 de ninguna manera es contrario, incompatible o violatori o de la Constitución Política, por el contrario, está revestido de presunción de legalidad y plena validez. Esto por cuanto modificó la estructura de la UGPP y determinó las funciones de sus dependencias. Señaló que el demandante no refirió de manera precis a los preceptos constitucionales que fueron quebrantados por el mencionado decreto y que permitieran su confrontación con la Carta Política, por lo que tal excepción no debía prosperar ante el incumplimiento de los requisitos y presupuestos establecidos en la norma y jurisprudencia5.

4 Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF contestación. 5 Refirió procesos en los cuales se había negado la excepción de inconstitucionalidad.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la conformación del IBC explicó que por mandato de la Ley 100 de 1993, los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1999, todos los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital , que cuenten con capacidad de pago, son aportantes obligatorios al sistema de seguridad social.

los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1999, todos los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital , que cuenten con capacidad de pago, son aportantes obligatorios al sistema de seguridad social. Al efecto, por disposición de los artículos 19 de la Ley 100 de 1993 y 1º del Decreto 510 de 2013, para los períodos de enero a junio de 2015 la base de cotización correspondía a los ingresos efectivamente percibidos, es decir, previa de puración de los costos y gastos que cumplieran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario; mientras que, a partir de julio a diciembre de 2015, correspondía al 40% de lo percibido. Destacó que como el demandante no entregó soportes de los cost os y gastos fue imposible reconocer dichas expensas. Puso de presente que en la liquidación oficial fueron aplicados los pagos efectuados. Afirmó que tampoco se vulneró el principio de correspondencia al momento de liquidar la sanción, comoquiera que, al haber incurrido en la conducta de inexactitud, debía liquidarse sobre los mayores valores determinados, así, en la etapa del requerimiento para declarar y/o corregir se aplicó el 35%, luego, teniendo en cuenta que no se aceptaron los ajustes por inexactitud, en el acto oficial de la sanción se determinó en un 60%, siendo en todo caso la misma conducta. Finalmente, afirmó que la liquidación oficial fue expedida con fundamento en los hechos que aparecieron demostrados en el expediente, tal como lo exigía el artículo 742 del Estatuto Tributario , más cuando el demandante no alleg ó soporte de s us afirmaciones. Sentencia apelada

hechos que aparecieron demostrados en el expediente, tal como lo exigía el artículo 742 del Estatuto Tributario , más cuando el demandante no alleg ó soporte de s us afirmaciones. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda por lo siguiente6: Por mandato de la Ley 100 de 1993, los Decretos 1406 de 1999 y 806 de 1998, así como la sentencia C -578 de 2009, los trabajadores independientes activos económicamente, como el actor, tienen la obligación de afiliarse y pagar los aportes al sistema de seguridad social por el período 2015, comoquiera que para esa vigencia existían fundamentos normativos que permitían determinar la base gravable. Explicó que, con fundamento en la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008, los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, la UGPP tenía competencia funcional para solicitar la información que estimara conveniente para determinar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones relativas a contribuciones parafiscales, así como la expedición de requerimientos, liquidaciones y demás actos de determinación, y la imposición de las respectivas sanciones. Resaltó que para los períodos de enero a junio de 2015 el IBC de los trabajadores independientes corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, con las deducciones que prevé el artículo 107 del Estatuto Tributario, los cuales deben guardar correspondencia con los realmente percibidos. Mientras que, para los meses de julio a diciembre de 2015, se debe atender el 40% del valor mensualizado

deducciones que prevé el artículo 107 del Estatuto Tributario, los cuales deben guardar correspondencia con los realmente percibidos. Mientras que, para los meses de julio a diciembre de 2015, se debe atender el 40% del valor mensualizado

6 Samai del Tribunal. Índice 60.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de lo recibido, con la posibilidad de deducir las erogaciones necesarias para la realización de la actividad generadora de la renta. Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió que la liquidación oficial dispuso la base gravable de manera correcta para cada uno de los períodos fiscalizados del a ño 2015. Agregó que la UGPP, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, podía tomar la declaración de renta presentada por el actor para el año 2015 con el fin de determinar los ingresos efectivamente percibidos, como en efecto lo hizo, por cuanto los aportes al sistema deben ajustar se a los valores declarados por los contribuyentes ante la DIAN en los eventos en que los independientes no se encuentren afiliados y coticen de manera voluntaria; información que en todo caso se presume veraz y admite pruebas en contrario. Señaló que, para el presente caso, el demandante acreditó los ingresos y «con las pruebas aportadas al proceso la Unidad liquidó los costos de cada pe riodo», estableciendo los ingresos efectivamente percibidos en cada mes. Consideró que la sanción por inexactitud no vulneró el principio de correspondencia,

pruebas aportadas al proceso la Unidad liquidó los costos de cada pe riodo», estableciendo los ingresos efectivamente percibidos en cada mes. Consideró que la sanción por inexactitud no vulneró el principio de correspondencia, pues desde el inicio del proceso de fiscalización la conducta sancionada fue la misma. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas por no encontrarlas causadas en el proceso. Recurso de apelación El demandante apeló la sentencia de primera instancia de conformidad con lo que pasa a exponerse7: Reiteró que para los períodos fiscalizados no estaba reglamentado el IBC para los rentistas de capital , en consecuencia, era improcedente tomar todos los ingresos reportados en el denuncio rentístico y promediarlos para efectos de determinar la base gravable. Señaló que todas las normas referidas como IBC eran para contratistas o prestadores de servicios y él se desempeñó como rentista. Además, la UGPP desconoció tanto el contenido del concepto del Ministerio de Trabajo 200042 de 2014 como los conceptos de la DIAN que se refieren específicamente a pagos mensualizados recibidos de personas naturales por concepto de contrato de prestación de servicios. Reprochó el ejercicio realizado por la UGPP en la liquidación oficial al tomar todos los ingresos de la declaración de renta, pues una parte de estos correspondían a dividendos provenientes de inversiones bursátiles, los cuales no podían equipararse a un contrato que generara ingresos mensuales, pues su causación por disposición legal se da el 31 de diciembre de cada añ o, momento en el cual la asamblea de accionistas decide abonarlos en cuenta ; sumado a que no podían gravarse por tratarse de ingresos no constitutivos de renta por disposición del artículo 48 del

legal se da el 31 de diciembre de cada añ o, momento en el cual la asamblea de accionistas decide abonarlos en cuenta ; sumado a que no podían gravarse por tratarse de ingresos no constitutivos de renta por disposición del artículo 48 del Estatuto Tributario. De manera que la única ganancia susceptible de ser fiscalizada era lo percibido por arrendamientos. Destacó que so lo fue hasta la expedición de la Ley 1753 de 2015 que se reguló

7 Samai del Tribunal. Índice 63Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integralmente el ingreso base de cotización para los independientes, limitándolo al 40% de l o percibido, norma declarada inexequible de manera diferida en la sentencia C-219 de 2019 de la Corte Constitucional. Esto implicaba la reviviscencia del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, el cual hizo referencia a los ingresos mensualizados recibidos por contratistas independientes, es decir, una condición ajena a los rentistas de capital como es el caso del actor. Por lo anterior, el Tribunal debió anular la liquidación oficial demandada y aplicar el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 «ordenando modificar únicamente el mes de diciembre de 2015 periodo en el cual se causaron los dividendos o, en su de fecto, si confirma la forma errónea en que se determinó el ingreso mensual con base en el promedio del ingreso anual, disponer con fundamento en el art. 18 de la Ley 1122

si confirma la forma errónea en que se determinó el ingreso mensual con base en el promedio del ingreso anual, disponer con fundamento en el art. 18 de la Ley 1122 de 2007 tomar como IBC $12.962.433 equivalente al 40% del promedio determinado en cuantía de $32.406.083 ». Esto teniendo en cuenta la relación directa entre los ingresos devengados de los trabajadores independientes y, en consecuencia, lo dispuesto en la Ley 1122 debía interpretarse en consonancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 797 de 2003. Puso de presente que el Consejo de Estado 8 ha declarado la nulidad de las liquidaciones oficiales cuando se promedia el ingreso mensual con base en los ingresos anuales recibidos por dividendos, ordenando a la UGPP modificar solamente el IBC para el mes de diciembre. Oposición a la apelación La entidad guardó silencio. Intervención del Ministerio Público El agente del Ministerio Público9 solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que los trabajadores independientes y rentistas de capital se encontraban obligados a cotizar al sistema de seguridad social, para lo cual debía tenerse en cuenta la presunción de capacidad de pago que se predicaba de las personas naturales declarantes del impuesto de renta, IVA e ICA. A su vez, la base de cotización para los períodos de enero a junio de 2015 estaba regulada por los artículos 19 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003), que corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, es decir, con la posibilidad de deducir las expensas que cumpl an con los requisitos exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

la Ley 797 de 2003), que corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, es decir, con la posibilidad de deducir las expensas que cumpl an con los requisitos exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Mientras que para los meses de julio a diciembre el IBC se encontraba determinado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, norma que dispuso la aplicación del 40% sobre el valor mensualizado de lo percibido. Lo anterior descartaba la falta de regulación sobre la materi a para los rentistas de capital, tal como lo resolvió el a quo.

8 Citó la sentencia de la Sección Cuarta proferida en el proceso 26641, C.P. Milton Chaves García. 9 Samai. Índice 21.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sala 10 resolver el recurso de apelación presentado por el demandante contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la resolución RDO 2018-02323 del 9 de julio de 2018, por medio de la cual la UGPP profirió liquidación oficial por inexactitud en los pagos al sistema de seguridad social durante todos los meses del año 2015 y le impuso una sanción por la misma conducta. En los términos del recurso de apelación le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre: i) la obligación de realizar aportes al s istema de seguridad social por parte

conducta. En los términos del recurso de apelación le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre: i) la obligación de realizar aportes al s istema de seguridad social por parte de los rentistas de capital; ii) la regulación de la base gravable para este tipo de sujetos y iii) la mensualización de los ingresos. Análisis del caso concreto

1. De la sujeción pasiva de los independientes y rentistas de capital El demandante señala que la obligación de realizar aportes al sistema se predica de los independientes que prestan servicios , más no para los rentistas de capital que obtenían sus ingresos a partir rentas pasivas.

Para resolver este asunto se pone de presente que la Sección ya se pronunció sobre el tema, razón por la cual se reiterará en lo pertinente el criterio de decisión adoptado11. Según los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 2 y 3 de la Ley 797 de 2003 12), tanto los trabajadores dependientes como independientes deben afiliarse de manera obligatoria al subsistema de pensión. A su vez, los artículos 156 y 15713 de la misma normativa dispusieron que todos los habitantes del territorio debían estar afiliados al subsistema de salud en condición de afiliados al régimen contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como participantes vinculados y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los trabajadores independientes con capacidad de pago. Mandato que posteriormente fue reglamentado en el Decreto 806 de 1998 14, artículo 26 literal d) incluyendo de manera expresa a los rentistas de capital, como obligados a afiliarse en calidad de cotizantes.

fue reglamentado en el Decreto 806 de 1998 14, artículo 26 literal d) incluyendo de manera expresa a los rentistas de capital, como obligados a afiliarse en calidad de cotizantes. En igual sentido los artículos 1 y 16 literal c del Decreto 1406 de 1999, reglamentario de la Ley 100 de 199315, señalaron como aportantes al Sistema de Seguridad Social

10 Mediante auto del 11 de septiembre de 2025 se acept ó el impedimento presentado por el Consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño. Samai. Índice 29. 11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp 24719, reiterada en sentencias del 7 de septiembre de 2023, exp 26481, y del 26 de junio de 2025, exp 29580 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello 12 Mediante sentencia C-1089 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 3 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, en la sentencia C-259 de 2009, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “trabajadores independientes” contenida en el literal a) del artículo 2 y en el numeral 1 de artículo 3 de la Ley 797 de 2003. 13 Declarado exequible en la sentencia C-663 de 1993. 14 Si bien el Decreto 2353 de 2015 derogó el Decreto 806, la nueva normativa de igual manera replicó en el artículo 34, que los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las personas residentes en el País debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y cuando sus ingresos fueron iguales o superiores

los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las personas residentes en el País debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y cuando sus ingresos fueron iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente esta disposición se encuentra compilada en el Decreto 780 de 2016, artículo 2.1.4.1 numeral 4. 15 Compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 780 de 2016.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a los rentistas de capital, trabajadores independientes y demás personas con capacidad de contribuir financieramente. A su vez el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 dispuso que se presumía con capacidad de pago y, por ende, como obligados a afiliarse al régimen contributivo, las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios. Ahora, ca be mencionar que de una interpretación amplia a la expresión «trabajadores independientes» contenida en el numeral 1, literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, podía entenderse incluidos a los rentistas de capital como sujetos obligados a realizar aportes a salud16. También se pone de presente que esta Sala al estudiar la legalidad del artículo 26 del Decreto 806 de 1998 17,señaló que «no solo deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas las personas naturales residentes en el país que no tengan

del Decreto 806 de 1998 17,señaló que «no solo deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas las personas naturales residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador.». Igualmente, se mencionó en la providencia que se reitera18 que frente a «los aportes a pensión se tiene que aplicar las mismas razones, pues los principios de solidaridad y universalidad se predican de todo el Sistema General de Seguridad Social, incluido el de pensiones, por lo que todas las personas con capacidad económica deben contribuir con su financiamiento». Así las cosas, dentro de la expresión trabajadores independientes se ubican aquellos que no cuentan con contrato de trabajo, relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago, tales como los rentistas de capital, comerci antes, trabajadores por cuenta propia, entre otros. En el sub examine no es objeto de discusión que el actor es rentista de capital y que además contaba con capacidad de pago según los ingresos declarados en renta , razón suficiente para determinar que estaba obligado a realizar aportes al Sistema de la Protección Social en salud y pensión. Además, dicha obligatoriedad se deriva de la ley, y el demandante no probó que su actuación estuviere amparada en un concepto por lo que no hay lugar a dicho análisis. No prospera lo relacionado con este cargo.

2. Base gravable El demandante señala que , para la época de los hechos fiscalizados, 2015, no existía base gravable clara para determinar los aportes a salud y pensión. Además, afirma que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible por la

existía base gravable clara para determinar los aportes a salud y pensión. Además, afirma que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que resultaba procedente aplicar el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. Para resolver, se pone de presente que la base gravable de los independientes sin contrato de prestación de servicios ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta Sala, razón por la cual se reiterará el precedente que al respecto se ha fijado19.

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp 23379, C.P. Milton Chaves García. 17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp 25056 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 18 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp 24719, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 19 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp 26001,.reiterada en varias sentencias, como la del 26 de junio de 2025, exp 29580 con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez ArgüelloRadicado: 25000-23-37-000-2018-00674-01 (28821)

Demandante: Helmer Douglas Robayo Cardozo

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos: ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones PARÁGRAFO 1o. En el caso de los