CE - Sentencia 25000233700020180072601 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

Demandante: Alange Energy Corp. Sucursal Colombia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

Demandante: Alange Energy Corp. Sucursal Colombia

Demandado: DIAN

Temas: Renta. 2013. Procedimiento administrativo de revisión. Suspensión del plazo para proferir el acto definitivo. Costos. Estimación indirecta.

Sanción por inexactitud. Sanción por no informar.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y su coadyuvante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (f. 739):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 312412017000061, del 17 de agosto de 2017 (ff. 3706 a 3735 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 presentada por la actora, para rechazar parte del costo de ventas y del costo de las ganancias ocasionales, e imponer las sanciones por inexactitud y por no enviar información. Esa decisión fue confirmada por la Resolución 005564, del 19 de julio de 2018 (ff. 3888 a 3915 caa).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones ( ff. 3 y 4):

Primera: Que se declare la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de Revisión 312412017000061, del 17 de agosto de 2017, y (ii) la Resolución 005564, del 19 de julio de 2018.

Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a la compañía, al declarar que:Radicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

a) No resulta procedente la multa y la sanción de desconocimiento de costos y gastos que fueron impuestas en la liquidación oficial y en la resolución del recurso en aplicación de lo previsto en las letras a. y b. del artículo 651 del Estatuto Tributario. De manera que tampoco resulta procedente la liquidación de mayores impuestos, intereses, sanciones o actualizaciones.

b) En todo caso, la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios de la compañía para el año gravable 2013 ha quedado en firme y, por lo mismo, no se tiene que realizar ningún pago adicional a la DIAN por concepto de impuestos, anticipos, sanciones, actualizaciones o intereses moratorios.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29 constitucional; 82, 564, 647, 651, 684, 710, 711 y 779 del ET (Estatuto Tributario); 264 de la Ley 223 de 1995; 26 y 30 de la Ley 1369 de 2009; 3.° y 50 del CPACA; 197 de la Ley 1607 de 2012; y 3.° de la Resolución 724 de 2010, con el siguiente concepto de violación (ff. 8 a 25 vto.):

Planteó que la demandada perdió la potestad para revisar la declaración cuestionada porque profirió la liquidación oficial por fuera de plazo límite que, en su criterio, se cumplía el 25 de mayo de 2017. Argumentó que el término no fue suspendido por la inspección

porque profirió la liquidación oficial por fuera de plazo límite que, en su criterio, se cumplía el 25 de mayo de 2017. Argumentó que el término no fue suspendido por la inspección tributaria cuya práctica se notificó el 15 de junio de 2017, cuando había fenecido el plazo. Alegó que la notificación por aviso de la decisión de llevar a cabo al inspección tributaria no surtió efectos porque la notificación subsidiaria suponía realizar el envío del acto por correo, lo que estima que no ocurrió porque, pese a que se remitió a las tres direcciones postales informadas en la respuesta al requerimiento especial, en una de estas se recibió por una compañía diferente y en las otras se devolvió por la causal «no reside», sin que la demandada hiciera verificaciones adicionales o intentara nuevamente su entrega, pese a que en antes había surtido actuaciones en esas direcciones. Sostuvo que tampoco se dio la notificación en las tres direcciones electrónicas informadas en la referida respuesta al acto previo, ni en la dirección física inscrita en el Registro Único Tributario (RUT).

Respecto al fondo de la decisión, relató que, con el requerimiento especial, su contraparte propuso sancionarla por no enviar la información que le requirió y, por tanto , planteó rechazar parte del costo declarado, con fundamento en la letra b) del artículo 651 del ET (en la redacción vigente para la época), y multarla con el 5% del monto de la información no aportada, sin superar 15.000 UVT, de acuerdo con lo previsto en la letra a) ibidem.

Señaló que al contestar el acto preparatorio entregó la información solicitada, con lo cual

no aportada, sin superar 15.000 UVT, de acuerdo con lo previsto en la letra a) ibidem.

Señaló que al contestar el acto preparatorio entregó la información solicitada, con lo cual regularizó la conducta que había motivado el rechazo de los costos declarados, según lo previsto en el artículo 651 del ET, que establecía expresamente que «no habrá lugar a aplicar la sanción» siempre que sea subsanada la omisión antes de la notificación de la liquidación oficial de revisión. Por ende, afirmó que la actuación de la demandada vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y los principios de tipicidad y congruencia propios del derecho administrativo sancionador, al desconocer que la entrega de la información excluía la imposición de la referida «sanción». Indicó que en la liquidación oficial acusada la demandada rechazó los costos declarados alegando inconsistencias entre la información brindada y las pruebas recaudadas en la práctica de la inspección tributaria después de la respuesta al requerimiento especial ; así como la presunta falta de contabilidad y de sus soportes. Argumentó que, dado que estos hechos configuraban una infracción distinta a la que motivó el acto previo, se debía ampliar el requerimiento especial para fundamentar el desconocimiento de los costos en los nuevos hechos . Sostuvo que, en cualquier caso, las inconsistencias en los libros contables solo podrían sancionarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 655 del ET.

También afirmó que los actos acusados fueron indebidamente motivados porque, al

invocar la letra b) del artículo 651 del ET, la demandada siguió un a vía que le relevabaRadicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de plantear los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaban la improcedencia de cada costo revisado; y planteó que, si la autoridad consideraba que no había pruebas directas del costo de los activos enajenados, debía determinarlo según e l artículo 82 ejusdem, en el monto declarado por la venta de activos similares o, subsidiariamente, en el 75% del valor de enajenación.

Alegó que su contraparte transgredió la prohibición de concurrencia de sanciones, toda vez que, fundándose en un único hecho (i.e. no enviar la información requerida sobre los costos declarados) le impuso las sanciones por inexactitud y por no informar ; y añadió que la sanción por inexactitud era improcedente, pues el rechazo de los costos basado en la letra b) del artículo 651 del ET no correspondía a una conducta tipificada como sancionable. Finalmente, señaló que, si se juzgase procedente la multa por no informar, habría lugar a su graduación por cuenta de la regularización de la conducta con la respuesta al requerimiento especial.

Coadyuvante de la demandante

La sociedad garante de la devolución del saldo a favor que autoliquidó la actora en la declaración revisada, en calidad de tercero interviniente, coadyuvó los argumentos de la

respuesta al requerimiento especial.

Coadyuvante de la demandante

La sociedad garante de la devolución del saldo a favor que autoliquidó la actora en la declaración revisada, en calidad de tercero interviniente, coadyuvó los argumentos de la demanda, insistiendo en cada uno de los cargos formulados (ff. 604 a 648).

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 555 a 581 vto.), para lo cual planteó que la liquidación oficial de revisión se profirió dentro del término legal que, si bien fenecía el 25 de mayo de 2017, se suspendió por tres meses a partir del 17 de mayo de 2017, fecha en la que notificó el auto mediante el cual decretó una inspección tributaria de oficio. Explicó que envió ese acto por correo a las direcciones procesales informadas por la actora en la respuesta al requerimiento especial y , como fue devuelto de dos de esas direcciones, procedió a su notificación mediante aviso publicado el 24 de mayo de 2017; y relató que al practicar visitas de inspección en esas tres direcciones le informaron que no cono cían a la actora, pero en actuaciones posteriores su representante legal confirmó que eran las direcciones dispuestas para notificaciones y se constató que se trataba de las oficinas de la compañía adquirente de la contribuyente. Manifestó que esas circunstancias evidenciarían la falta de lealtad procesal de su contraparte y le restaban validez al alegato sobre la indebida notificación del acto.

Alegó que los actos acusados respetaron las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa de la demandante y eran congruentes, pues, desde el inicio de la actuación

validez al alegato sobre la indebida notificación del acto.

Alegó que los actos acusados respetaron las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa de la demandante y eran congruentes, pues, desde el inicio de la actuación administrativa, se propuso rechazar los costos respecto de los cuales se omitió aportar la información solicitada mediante requerimiento ordinario y sancionar la omisión de l deber de informar, en la medida en que esa renuencia impidió ejerc er la potestad de revisión. Señaló que, aunque en el curso del procedimiento, la actora aportó la relación de las operaciones solicitada al inicio de la actuación administrativa y algunas facturas relacionadas con esas operaciones, esas pruebas eran insuficientes para acreditar los costos rechazados, toda vez que eran inconsistentes , no se a portó la prueba de su contabilización, ni los soportes pertinentes, junto a lo cual la demandante aceptó, en las visitas efectuadas, que no tenía acceso a la prueba contable ni a sus soportes.

Se opuso al planteamiento de su contraparte en el sentido de que se requería ampliar el requerimiento especial, porque el acto definitivo se refirió a la misma cuestión propuesta en el requerimiento especial, i.e. el rechazo de los costos a partir de qu e la actora no aportó los medios probatorios que los soportaban. Al respecto, rec alcó que el objeto de la inspección tributaria consistió en que la demandante a llegara la contabilidad y susRadicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 soportes, pero que su contumacia impidió constatar la realidad y la procedencia fiscal de los costos. Por otra parte, negó que procediera la estimación de los costos, toda vez que el costo no se rechazó en su totalidad sino en la parte que omitió comprobar la declarante; que, en cualquier caso, no podría suplir su inactividad probatoria con los mecanismos de estimación previstos en el artículo 82 del ET.

Arguyó no haber desatendido la prohibición de non bis in idem al sancionar por inexactitud y por no informar, porque alegó la existencia de conductas infractoras diferentes; planteó la procedencia de la sanción por inexactitud afirmando que la actora incurrió en el hecho sancionable de declarar erogaciones improcedentes ; y se opuso a la graduación de la sanción por no informar, porque la infractora no regularizó la conducta dado que no aportó la información requerida, ni aceptó y pagó el monto de la multa reducida.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenarla en costas (f. 739). Juzgó que la liquidación oficial de revisión fue oportuna, por cuanto el plazo para expedirla se suspendió con la práctica de la inspección tributaria, cuyo decreto se le notificó la actora en las tres direcciones procesales informadas en la respuesta al requerimiento especial. Indicó que una de esas comunicaciones fue recibida sin plantear ningún reparo y las otras

suspendió con la práctica de la inspección tributaria, cuyo decreto se le notificó la actora en las tres direcciones procesales informadas en la respuesta al requerimiento especial. Indicó que una de esas comunicaciones fue recibida sin plantear ningún reparo y las otras dos fueron devueltas, habilitando a la demandada para publicarla mediante aviso. Señaló que, contrariamente a lo alegado por la actora, la demandada no estaba obligada a enviar el acto a la dirección del RUT o a hacer otras verificaciones, ya que se le habían informado unas direcciones prevalentes para efectuar notificaciones en el procedimiento de revisión.

Consideró que guardaban correspondencia el acto previo y el acto definitivo porque en ambos se indicó el rechazo de los costos que no estaban debidamente soportados, una multa por inexactitud y otra por no enviar información. Relató que, con la respuesta al requerimiento especial, la actora entregó la relación de los costos cuestionados, lo cual conllevó verificaciones adicionales sobre su contabilización y los respectivos soportes, en el marco de una inspección tributaria , pero la investigada omitió entregar la información contable requerida; razones por las que la autoridad tributaria procedió al rechazo de los costos que no estaban debidamente soportados y a la imposición de las sanciones a partir de lo que se había advertido desde el acto previo: la falta de prueba de las expensas que integraban el costo de ventas y de las ganancias ocasionales. Por otro lado, estimó que en el sub lite no se cumplió el supuesto de hecho previsto en el artículo 651 del ET para admitir la procedencia de los costos, porque la actora no entregó completamente la documentación que había sido requerida.

que en el sub lite no se cumplió el supuesto de hecho previsto en el artículo 651 del ET para admitir la procedencia de los costos, porque la actora no entregó completamente la documentación que había sido requerida.

Agregó que tampoco se configuró la indebida motivación de los actos alegada, porque la demandada valoró las pruebas que obraban en el expediente y concluyó que no acreditaban la realidad, ni los requisitos del artículo 107 del ET para la procedencia fiscal de los costos, planteamientos que no desvirtu ó la demandante. Además rechazó la estimación indirecta y la estimación objetiva de los costos debatidos, señalando que esos dispositivos no proceden cuando el interesado ha desatendido su carga probatoria.

Por lo expuesto avaló las multas impuestas. Al efecto, juzgó que no se transgredió el non bis in idem, porque concurrían hechos sancionables diferentes: de un lado la sanción por inexactitud reprimía la infracción al deber de declarar correctamente, mientras que la multa por no informar obedecía a la infracción al deber de entregar la información que fue requerida por la Administración . Señal ó que la demandante incurrió en inexactitud al declarar costos que no estaban soportados, los cuales generaron un mayor saldo a favor. Finalmente, juzgó que, aun graduando la multa por no informar en el menor porcentaje establecido en la sentencia de unificación 2019CE-SUJ-4-0102, del 14 de noviembre deRadicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 2019, i.e. en el 0,5% de la información afectada con la infracción, el monto de la multa superaría el límite de 15.000 UVT impuesta en los actos.

Recurso de apelación

La actora apeló la decisión del a quo (índice 2), para lo cual insistió en que la demandada perdió competencia temporal para modificar la autoliquidación revisada, porque habría notificado por fuera del plazo límite la liquidación oficial. En sustento del argumento afirmó que la práctica de la inspección tributaria no suspendió ese término, toda vez que el auto que la decretó fue notificado el 15 de junio de 2017, cuando había expirado. Explicó que, al contestar el requerimiento especial, informó tres direcciones físicas y tres electrónicas en las cuales efectuar las notificaciones del caso y, pese a que admitió que la demandada remitió los correos de notificación a las tres direcciones postales, aseguró que en una de ellas el correo fue entregado a otra compañía, en una oficina distinta a la informada, lo cual constaría en el certificado de la empresa de mensajería; y en las otras dos los envíos fueron devueltos con la anotación «no reside». Censuró que la demandada no intentara en la entrega, ni realizara otras verificaciones, pese a que con anterioridad había surtido actuaciones en esas direccione s; y sostuvo que el acto no se remitió a las direcciones

en la entrega, ni realizara otras verificaciones, pese a que con anterioridad había surtido actuaciones en esas direccione s; y sostuvo que el acto no se remitió a las direcciones electrónicas informadas, ni a la reportada en el RUT. Todas esas circunstancias, a su juicio, invalidaron las notificaciones por correo y por aviso que sirvieron de sustento a la decisión adoptada por el a quo.

Reiteró que los actos demandados serían nulos por desconocer el debido proceso y los principios de legalidad, tipicidad y congruencia propios del derecho sancionador. Expuso que, mediante requerimiento ordinario, la demandada le solicitó una relación detallada de una parte de los costos declarados y que, por no entregar dicha información, le profirieron requerimiento especial en el que se planteó sancionarla por no informar, invocando la letra b) del artículo 651 del ET (entonces vigente), mediante el rechazo de dichos costos, y con la imposición de una multa equivalente al 5% del valor de la información omitida, limitada a 15.000 UVT, conforme a la letra a) de la misma disposición. Aseguró que, una vez entregó la información requerida con la respuesta al requerimiento especial, procedía levantar la sanción consistente en el desconocimiento de los costos ; pero que, en lugar de eso, la demandada le impuso la sanción en la liquidación oficial con fundamento en hechos distintos a los señalados en el acto preparatorio, concretamente: la entrega de información presuntamente inconsistente con la recaudada en la inspección tributaria practicada, la omisión en la entrega de la información contable solicitada en esa misma oportunidad y la falta de la contabilidad y sus soportes, circunstancias que, según la

información presuntamente inconsistente con la recaudada en la inspección tributaria practicada, la omisión en la entrega de la información contable solicitada en esa misma oportunidad y la falta de la contabilidad y sus soportes, circunstancias que, según la demandada, impedían verificar la realidad de las operaciones y la procedencia fiscal de los costos.

Censuró que el a quo avalara esa decisión y juzgara que se respetó la correspondencia de los actos porque se trataba de la misma glosa propuesta en el requerimiento especial, i.e. el rechazo de los costos. Planteó que, al tratarse de una consecuencia de carácter punitivo, el análisis debía ser más estricto, por lo que sería improcedente sancionar con fundamento en hechos que no fueron planteados en el acto preparatorio. Por ende, reiteró que como subsanó la infracción mediante la entrega de la relación de costos en un a hoja de cálculo, procedía admitir los costos declarados. Agregó que, si la autoridad tributaria estimaba procedente la consecuencia punitiva de la letra b) del artículo 651 del ET, con fundamento en hechos distintos, debió ampliar el requerimiento especial para incluirlos, considerando que, en todo caso, la inexistencia de libros de contabilidad constituía una conducta cuya consecuencia jurídica era la sanción prevista en el artículo 655 ejusdem.

Por otra parte, alegó que, si la demandada consideraba que no había pruebas directas suficientes para la comprobación de los costos, debió estimarlos conforme a lo previstoRadicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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suficientes para la comprobación de los costos, debió estimarlos conforme a lo previstoRadicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 en el artículo 82 del ET, esto es, tomando en consideración los costos incurridos por otros contribuyentes que realizaron operaciones de venta de activos similares en el periodo gravable o, en su defecto, en el 75% del valor de la enajenación.

Señaló que con la sanción por inexactitud se desconoció la prohibición de non bis in idem, porque se impuso esa sanción sobre el mayor impuesto determinado por el rechazo de los costos que se sustentó en la consecuencia punitiva dispuesta en la letra b) del artículo 651 del ET. Añadió que, en cualquier caso, el desconocimiento de costos como sanción por no informar no estaba previsto como una conducta sancionable por inexactitud. Finalmente, en lo que respecta a la multa por no enviar información, equivalente a 15.000 UVT, planteó que había lugar a su graduación, pues regularizó la conducta al contestar el acto previo.

Coadyuvante de la demandante

La sociedad garante de la devolución del saldo a favor que autoliquidó la demandante en la declaración revisada, en calidad de tercero interviniente, coadyuvó cada uno de los cargos de apelación que formuló esa parte (índice 2).

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada solicitó confirmar la sentencia y reiteró los argumentos expuestos en las

cargos de apelación que formuló esa parte (índice 2).

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada solicitó confirmar la sentencia y reiteró los argumentos expuestos en las etapas procesales previas (índice 15). Agregó que la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, de manera que no existen razones para revocar la sentencia apelada. El ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1Contando con cuórum para decidir1, la Sala juzga la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por la demandante y su coadyuvante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. En primer lugar, se analizará si la demandada perdió competencia temporal para modificar la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 por la notificación extemporánea de la liquidación oficial de revisión. Si lo anterior se resolviera e n contra de las apelantes, correspondería determinar si la demandada transgredió el debido proceso y los principios de legalidad, tipicidad y congruencia propios del derecho sancionador, al imponer a l a actora la consecuencia jurídica prevista en la letra b) del artículo 651 del E T (vigente para la época de los hechos ) consistente en el desconocimiento de los costos, con fundamento en hechos distintos a aquellos que motivaron el acto preparatorio. De ser el caso, deberá definirse si en el sub lite procedía la estimación del costo de los activos enajenados según lo previsto en el artículo 82 del

desconocimiento de los costos, con fundamento en hechos distintos a aquellos que motivaron el acto preparatorio. De ser el caso, deberá definirse si en el sub lite procedía la estimación del costo de los activos enajenados según lo previsto en el artículo 82 del ET; si se vulneró la prohibición de non bis in idem al imponer la sanción por inexactitud sobre el mayor impuesto a cargo que se generó por el rechazo de los costos sustentado en la consecuencia de la letra b) del artículo 651 del ET (entonces vigente) y si, en todo caso, era improcedente la sanción por inexactitud toda vez que ese hecho no estaba previsto como conducta sancionable. Finalmente, se establecerá si debía graduarse la multa por no informar impuesta.

1 Mediante auto del 11 de septiembre de 2025 (índice 38), la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por escrito el consejero de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño, toda vez que conoció el proceso en el trámite de la primera instancia; por ende fue separado del conocimiento del presente asunto.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00726-01 (26962)

Demandante: Alange Energy Corp. Sucursal Colombia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 2El extremo activo sostiene que la demandada perdió competencia temporal para modificar la liquidación privada del impuesto, por haber notificado la liquidación oficial de revisión fuera del plazo legal. Argumenta que la práctica de la inspección tributaria no suspendió dicho término, pues el auto que la ordenó se notificó extemporáneamente, el

modificar la liquidación privada del impuesto, por haber notificado la liquidación oficial de revisión fuera del plazo legal. Argumenta que la práctica de la inspección tributaria no suspendió dicho término, pues el auto que la ordenó se notificó extemporáneamente, el 15 de junio de 2017, cuando su representante legal recibió copia en las instalaciones de la entidad. Al respecto, aduce que, al responder el requerimiento especial, i nformó tres direcciones físicas y dos electrónicas para efectos de notificación en el procedimiento de revisión. Aunque reconoce que la demandada remitió los correos de notificación a las tres direcciones físicas, señala que en una de ellas se entregó a ot ra compañía y en una oficina distinta a la informada, según consta en el certificado de la empresa transportista; y en las otras dos, los envíos fueron devueltos con la anotación « no reside». Reprocha que, frente a estos hechos, la demandada no reintentara la entrega ni realizara verificaciones adicionales, pese a haber adelantado previamente actuaciones en esas mismas direcciones. Asimismo, reprueba que tampoco enviara el acto a las direcci ones electrónicas informadas o a la registrada en el RUT. A juicio de la apelante, todas estas irregularidades invalidaron las notificaciones por correo y por aviso que sirvieron de fundamento a la decisión de primer grado.

A lo anterior se opone la demandada quien sostiene que profirió la liquidación oficial de revisión dentro del plazo legal, el cual, si bien inicialmente vencía el 25 de mayo de 2017, se suspendió por tres meses a partir del 17 de mayo de ese año, fecha en la que notificó por correo el auto por medio del cual decretó de oficio una inspección tributaria. Precisa

se suspendió por tres meses a partir del 17 de mayo de ese año, fecha en la que notificó por correo el auto por medio del cual decretó de oficio una inspección tributaria. Precisa que ese auto se remitió a través de una entidad de mensajería especializada a las tres direcciones procesales informadas por la actora en la respuesta al requerimiento especial y como el envío fue devuelto de dos de esas direcciones, procedió a su notificación por aviso publicado el 24 de mayo de 2017. Explica que, en visitas de inspección a esas mismas direcciones, verificó que esas oficinas corresponden a la compañía que adquirió a la contribuyente, aunque le informaron que no la conocían. A su juicio, estas circunstancias dan cuenta de una falta de lealtad procesal por parte de la actora y desvirtúan sus alegaciones sobre la indebida notificación del acto.

En esos términos, corresponde a la Sala determinar si la demandada perdió competencia temporal para proferir la liquidación oficial de revisión, en la medida en que la inspección tributaria decretada de oficio no tuvo la virtualidad de suspender el término para su notificación. Para ello, deberá establecerse si el auto que ordenó la práctica de dicha prueba fue notificado en forma extemporánea.

2.1Sobre la cuestión debatida, el artículo 710 del ET establece que la liquidación oficial de revisión debe notificarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según sea el caso. Pero «cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término … se suspenderá por tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete », siempre que esta se

para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según sea el caso. Pero «cuando se practique inspección tributaria de oficio, el t