CE - Sentencia 25000233700020190002801 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS 2014. Trabajadores independientes. Valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la demandada contra la sentencia, del 09 de junio de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. RDO-2017-01484, del 27 de junio de 2017, por medio de la cual [la demandada], profirió liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en el subsistema de salud y pensión e impone sanción por omisión, y de la Resolución … No . RDC-2018-00760, del 03 de agosto de

vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en el subsistema de salud y pensión e impone sanción por omisión, y de la Resolución … No . RDC-2018-00760, del 03 de agosto de 2018, por medio de la cual [la demanda] resolvió el recurso de reconsideración, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho ordenar a [la demandada] que proceda a realizar una nueva liquidación considerando que el actor para los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto y octubre no debía cotizar al sistema de seguridad social y para los meses de abril, septiembre, noviembre y diciembre de la misma anualidad, debía cotizar a los ingresos efectivamente percibidos, determinados en esta providencia. En la nueva liquidación que para el efecto profiera la UGPP, la entidad deberá val orar y verificar las planillas Nos. 7170312700, 7170309807, 7170312271, 7170309238, 7170310491, 7170313049, 7170311127, 7170311240, 7170310007, 7170311682, 7170311925 y 7170312344, realizando el ajuste correspondiente y en razón de liquidación ordenada, deberá ajustarse la correspondiente sanción por omisión

Tercero. Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada m ediante la Resolución RDO-2017-01484, del 27 de junio de 2017 , determinó el IBC (Ingreso Base de cotización) y los aportes al SPS ( Sistema de Protección Social) a cargo del actor, correspondientes a los periodos de enero a

determinó el IBC (Ingreso Base de cotización) y los aportes al SPS ( Sistema de Protección Social) a cargo del actor, correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 201 4, junto con los respectivos intereses moratorios e impuso la sanción por no declarar por la conducta de omisión3. Dicha decisión fue modificada parcialmente a través de la Resolución RDC-2018-00760, del 03 de agosto de 2018 , que resolvió el

1 Samai Tribunal, índice 43, certificado B5FD35268A257E1C FF2B60705AC54594 D9D6F68A86124C77 2E8C82738CF11C44 (zip) 3 (pdf), pp. 1 a 6. 2 Samai Tribunal, índice 40, certificado 3A7C6C3DAEC306A0 44C0F29D022E6F1F 753DE760816BFDCA 54763B4F8C8CFAD1 (pdf), p. 24. 3 Samai Tribunal, índice 16, certificado E5BBB0CDEAB1FB65 362783B4E47172D6 D6C51010FA8A899C 9FD04571352142CB (zip) 8 (pdf), pp. 1 a 16.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 recurso de reconsideración , disminuyendo el IBC, y consecuencialmente los aportes al SPS y la sanción por omisión por el período de enero de 2014, al haber ajustado la base

www.consejodeestado.gov.co 2 recurso de reconsideración , disminuyendo el IBC, y consecuencialmente los aportes al SPS y la sanción por omisión por el período de enero de 2014, al haber ajustado la base al tope máximo calculado con el valor del salario mínimo legal mensual vigente, dispuesto para el año 20134.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Primera. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial RDO -2017-1484, del 27 de junio de 2017 , y la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2018-00760, del 03 de agosto de 2018.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar dejar las resoluciones sin efectos jurídicos.

Tercera. Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria y conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia, se coteje la información de forma correcta y realice las respectivas correcciones conforme a la informació n … reportada , ajustando los valores del [IBC] realmente devengados en el año 2014.

Invocó como vulnerados los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución; 137 del CPACA; y 179 de la Ley 1607 de 20126:

Preliminarmente, afirmó que los actos administrativos adolecían de vicios en su formación, ya que no correspondían a lo consignado en la declaración de renta del mismo

de la Ley 1607 de 20126:

Preliminarmente, afirmó que los actos administrativos adolecían de vicios en su formación, ya que no correspondían a lo consignado en la declaración de renta del mismo periodo gravable, por lo que adolecían de falsa motivación, puesto que se basaban en hechos no acreditados durante la actuación administrativa, apreciados indebidamente o que no se ajusta ban a la realidad. Además, señaló que la demandada incurrió en desviación de poder , al haber adoptado una decisión con una finalidad distinta a la prevista por el legislador, obedeciendo a un propósito particular o arbitrario. Sostuvo que se aplicó desproporcionadamente la facultad sancionatoria, vulnerando el ordenamiento jurídico, al imponer una sanción sin haberse garantizado su derecho de contradicción ni la posibilidad de aportar y solicitar las pruebas que permitieran esclarecer los hechos en los que debió fundarse la demandada. Finalmente, indicó que se interpretó erróneamente el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 , al haberse impuesto sanciones económicas inexistentes y carentes de fundamentación jurídica.

Específicamente, planteó los siguientes cargos de nulidad:

-Nulidad del acto administrativo por ser expedido con infracción de las normas en que deberían fundarse. Afirmó que para el año 2014 no existió el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes con contrato diferente al de prestación de servicios ni a los rentistas de capital, conforme al parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 . En respaldo de ello, citó el Concepto 164487, del 24 de

prestación de servicios ni a los rentistas de capital, conforme al parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 . En respaldo de ello, citó el Concepto 164487, del 24 de septiembre de 2014 del Ministerio del Trabajo. Añadió que el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 «intentó sin éxito» regular el IBC de dichos independientes, dado que el Gobierno nacional no expidió la reglamentación correspondiente. Recalcó que esta disposición fue derogada por la Ley 1753 de 2015.

4 Samai Tribunal, índice 16, certificado E5BBB0CDEAB1FB65 362783B4E47172D6 D6C51010FA8A899C 9FD04571352142CB (zip) 14 (pdf), pp. 1 a 16. 5 Samai CE, índice 2, certificado 2A051A5C861C317E 1025E01F19B0C460 FB4AA94F916667B8 EA65B95C3DC63AE4 (pdf), p. 7. 6 Samai CE, índice 2, certificado 2A051A5C861C317E 1025E01F19B0C460 FB4AA94F916667B8 EA65B95C3DC63AE4 (pdf), pp. 3 a 67.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En ese contexto, indicó que solo a partir del 09 de junio de 2015 se instauró un sistema

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En ese contexto, indicó que solo a partir del 09 de junio de 2015 se instauró un sistema de presunción de ingresos para los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia, que la demandada pretend ió aplicar de manera retroactiva , en contravención d el ordenamiento jurídico por cuanto las normas tributarias rigen hacia el futuro y solo excepcionalmente hacia el pasado cuando la norma le sea favorable al contribuyente , según lo expuesto en las sentencias C-430 de 2009 y C-785 de 2012.

Adujo que la Administración al haber distribuido la totalidad de los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta durante los 12 meses de la vigencia fiscalizada, demostró que no realizó un estudio exhaustivo de las pruebas y argumentos que formuló en su defensa, pues en ningún caso hubiera obtenido el mismo ingreso durante todos los meses del año. Por ello, afirmó que se le endilgó una conducta que no se compagina con la realidad y que determinó una obligación onerosa sin sustento.

-Indebida conformación del IBC . Cuestionó que la demandada constituyera un sistema de presunción de in gresos incorrecto , pues únicamente tuvo en cuenta los ingresos reportados en la declaración de renta del año gravable 2014 -$687.879.000sin haber valorado y aceptado los gastos y costos declarados . Asimismo, criticó que en los actos administrativos se cuantificara el IBC con base en el 100% del valor mensualizado de los ingresos obtenidos, omitiendo que para el caso de los trabajadores independientes dicha

valorado y aceptado los gastos y costos declarados . Asimismo, criticó que en los actos administrativos se cuantificara el IBC con base en el 100% del valor mensualizado de los ingresos obtenidos, omitiendo que para el caso de los trabajadores independientes dicha base se determina ba sobre el 40% de los ingresos mensuales efectivamente recibidos una vez deducidas las expensas y gastos. Por ello, señaló que la Administración adoptó una decisión en detrimento de su patrimonio y transgrediendo el derecho al debido proceso, empleando de manera autónoma y abusiva una metodología de presunción de ingresos que solo fue establecido a partir del 09 de junio de 2015 , conforme al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Bajo tal contexto, señaló que la liquidación correcta del IBC a su cargo, por el periodo cuestionado, era la siguiente: (i) por los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto y octubre no obtuvo ingresos ni incurrió en costos y gastos , por lo que correspondería cero; (ii) para el mes de abril obtuvo ingresos por $161.620.000 e incurrió en costos y gastos de $157.820.000 , obteniéndose como resultado $3.800.000 de IBC; (iii) para julio devengó ingresos por $111.930.000 y tuvo costos y gastos por $110.520.000, generando un IBC de $1. 410.000; (iv) para septiembre percibió ingresos de $86.044.000, costos y gastos de $83.240.000, liquidando un IBC por $2.804.000 ; (v) para noviembre obtuvo ingresos por $155. 059.000 y costos y gastos por $149.500.000 ,

de $86.044.000, costos y gastos de $83.240.000, liquidando un IBC por $2.804.000 ; (v) para noviembre obtuvo ingresos por $155. 059.000 y costos y gastos por $149.500.000 , generando un IBC $5.559.000; y (vi) para diciembre devengó ingresos por $172.956.000 e incurrió en costos y gastos $164.575.000, generando un IBC de $8.381.000.

Adicionalmente, resaltó que la demandada no analizó integralmente la información consignada en su declaración de renta del año gravable 2014, la cual se encuentra en firme según el artículo 714 del ET. Indico que no devengó los ingresos mensuales determinados en los actos demandados y señaló que la Administración no tuvo en cuenta todos los soportes de costos y gastos operacion ales que aportó, ni tampoco precisó la norma aplicable para cuantificar la base mínima o máxima de cotización para los efectos de liquidar los aportes al SPS por los periodos de enero a diciembre de 2014. Advirtió que la demandada omitió que el IBC para los trabajadores independientes debe calcularse con base en los ingresos efectivamente percibidos y las deducciones de expensas y gastos.

Así, resaltó que la demandada omitió los costos y gastos reportados en la declaración de renta. Explicó que su actividad económica consist ió en la intermediación entre la producción de cebolla y los mayoristas , la cual se desarrolla ba en los meses de abril,Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

producción de cebolla y los mayoristas , la cual se desarrolla ba en los meses de abril,Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 julio, septiembre, noviembre y diciembre, pues estos periodos corresponden al momento de producción y recolección de los cultivos. Sostuvo que para desarrollar dicha actividad debía incurrir en costos y gastos de compra de cosecha, transporte, cargue y descargue, control de plagas, limpieza, preparación y empaque, pérdidas y pago de honorarios de trabajadores. Indicó que incurrió en costos y gastos durante el 2014 por $ 665.655.000 correspondientes a los meses de abril ($157.820.000), julio ($110.520.000), septiembre ($83.240.000), noviembre ($149.500.000) y diciembre ($164.575.000). Señaló q ue dichos gastos estaban respaldados en documentos equivalentes a la factura de venta, ya que sus proveedores eran campesinos agricultores que hac ían parte del régimen simplificado -los cuales no pueden desconocerse en aplicación del artículo 3 del Decreto 522 de 2003 -. Con base en lo anterior, concluyó que , conforme con su realidad económica, resultaba evidente el «ejercicio arbitrario» de la demandada, ya que no estaba obligado a realizar aportes al SPS por los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto y octubre de 2014, dado que «… en dichos periodos hubo lugar exclusivamente al pago de costos y gastos, dejando los ingresos en cero».

agosto y octubre de 2014, dado que «… en dichos periodos hubo lugar exclusivamente al pago de costos y gastos, dejando los ingresos en cero».

Finalmente, reiteró que para el año 2014 no existía un sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes con contrato s diferentes al de prestación de servicios, por lo que los aportes calculados debieron ser liquidados con base en la renta líquida declarada para el año gravable 2014, lo que correspondía a su realidad económica. Lo anterior, a su juicio, dem ostraba que la Administración valoró sesgadamente la declaración de renta sin haber tenido en cuenta la totalidad de la información allí consignada y la normatividad aplicable. Agregó que dicha declaración es una prueba de los ingresos para los efectos del impuesto sobre la renta, más no respecto de las contribuciones al SPS, conforme al artículo 596 del ET.

-Falsa motivación . Adujo que la Administración, al expedir los actos demandados, no analizó detalladamente las circunstancias de modo y lugar en las que se generó su renta, su condición de trabajador independiente , ni los costos y gastos asociados, lo que condujo a una incorrecta determinación del IBC para los efectos de la liquidación de los aportes al SPS , lo que, en su criterio, derivó en una falsa e in debida motivación de los actos. En particular, afirmó que, conforme a los artículos 329 del ET y 1 y 3 del Decreto 3032 de 2013, la demandada omitió considerar su condición como trabajador por cuenta propia, dado que prestó sus servicios por su cuenta y riesgo , por lo que su IBC deb ió calcularse con base en su utilidad, es decir, descontando todos los costos y gastos

propia, dado que prestó sus servicios por su cuenta y riesgo , por lo que su IBC deb ió calcularse con base en su utilidad, es decir, descontando todos los costos y gastos asociados a su operación comercial.

En esa línea, reprochó que la Administración desconoció los costos y deducciones reportados en el renglón 50 de la declaración de renta del año gravable 2014, los cuales, según afirmó, «… evidentemente no fueron percibidos por mi poderdante ni enriquecieron su patrimonio…» por lo que no debieron incluirse dentro de la base para liquidar los aportes al SPS. Por tanto, sostuvo que la Administración debía recalcular de forma correcta dichos aportes y la correspondiente sanción por omisión con base en el valor real mensual y no por el valor total declarado en el impuesto sobre la renta.

Adicionalmente, sostuvo que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no estableció ninguna metodología de presunción de ingresos , ni la competencia a la demandada para establecerla, de modo que los actos cuestionados eran ilegales, pues se enc ontraban viciados de falsa motivación. En línea con lo anterior, criticó la falta de claridad y precisión en torno a cómo y por qué se determinó, para los periodos fiscalizados, el IBC en el tope máximo. Asimismo, se omitió explicar por qué no se tuvo en cuenta la normatividad vigente y el valor de los gastos, costos y deducciones , lo que afectaba la validez de los actos demandados, pues se fundamentaron en razones genéricas sin haber entrado aRadicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

actos demandados, pues se fundamentaron en razones genéricas sin haber entrado aRadicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 analizar el caso concreto, lo cual transgredió su derecho al debido proceso.

-Incorrecto cálculo de la sanción de omisión. Afirmó que la sanción por omisión se calculó erradamente, al determinarse los aportes al SPS desconociendo el monto de sus ingresos reales mensuales y sin considerar los costos y gastos. Asimismo, señaló que se incluyó arbitrariamente un mes adicional en cada uno de los periodos, con el propósito de aumentar la sanción por omisión. Explicó que, según el artículo 4 del Decreto 1670 de 2007, al terminar su número de identificación en 04, debía efectuar el pago de los aportes al SPS hasta el décimo día hábil de cada mes . Por ello, indicó que solo a partir del mes siguiente al vencimiento del plazo para declarar era procedente calcular la sanción por omisión o mora. Así, por ejemplo, para el periodo de enero de 2014, debió calcularse la sanción por omisión o mora a partir del mes de febrero.

Finalmente, solicitó tener en cuenta que, con ocasión de la presentación del recurso de reconsideración, efectuó el pago de los aportes al SPS por los doce periodos del año

2014. Por lo tanto, solicitó verificar las respectivas planillas PILA y que se apli caran los correspondientes pagos.

reconsideración, efectuó el pago de los aportes al SPS por los doce periodos del año

2014. Por lo tanto, solicitó verificar las respectivas planillas PILA y que se apli caran los correspondientes pagos.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora, argumentando que su actuación se ajustó a las facultades y funciones establecidas en la ley, y al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, afirmó que los actos demandados goza ban de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada con los hechos, fundamentos jurídicos y las pruebas que se plantearon en la demanda7.

En primer lugar, realizó un recuento del Sistema General de Seguridad Social con énfasis en la obligación de aportar al Sistema. Luego, describió los antecedentes normativos y jurisprudenciales de su creación y competencias. Posteriormente, desarrolló un recuento pormenorizado de los antecedentes administrativos del caso concreto.

Invocó, como excepción previa, la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , con fundamento en los artículos 138 y 164 del CPACA . Sostuvo que la demanda, presentada el 14 de enero de 2019 , fue extemporánea, ya que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se notificó mediante edicto fijado el 31 de agosto de 2018 y desfijado el 13 de septiembre del mismo año, debido a que el correo certificado enviado al aportante fue devuelto por la causal de dirección errada. Así, afirmó que el término de cuatro meses para interponer la acción comenzó a correr a partir del 14 de septiembre de la misma anualidad. En ese contexto, indicó que el 11 de enero de

que el término de cuatro meses para interponer la acción comenzó a correr a partir del 14 de septiembre de la misma anualidad. En ese contexto, indicó que el 11 de enero de 2019 -día hábil siguiente a la terminación de la vacancia judicial - fue el último para presentar oportunamente la demanda, al haberse reanudado las labores judiciales, pues la vacancia no suspendió ni interrumpió el término de caducidad de la acción. Finalmente, explicó que, según la jurisprudencia de esta corporación, en la contabilización de los términos de meses y años no se deben tener en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o por cualquier otra razón por la que, permanezca cerrado el despacho8.

En cuanto al «fondo del asunto y … [las] disposiciones quebrantadas», sostuvo que el demandante no expresó con exactitud y claridad las infracciones en las que incurrió la Administración en la expedición de los actos. Señaló que la demanda se limitó a enunciar las normas y jurisprudencia, sin realizar un análisis detallado de las infracciones. Adujo que la sustentación d el cargo de falsa motivación fue «… general, ambiguo, desacertado [e]

7 Samai Tribunal, índice 43, certificado 09FA7CC8E89A7CF2 4ECB8F638E58856C 9FCA1D2D3B6A675D 5A239C9DBF887716 (pdf), pp. 1 a 100.

8 La Sala advierte que la excepción previa de caducidad de la acción fue negada por el tribunal en el auto, del 03 de mayo de 2022, ya que estimó que la demanda se presentó oportunamente el 14 de enero de 2019 (Índice 33 de Samai del tribunal).Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 inentendible». Respecto de la « vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa », sostuvo que el procedimiento se surtió en debida forma, actuó dentro del marco jurídico aplicable, se guardaron las garantías procesales, se notificaron todos los actos y se garantizaron todas las oportunidades para que el actor aportara pruebas y objetara la decisión de la administración -lo cual, no se hizo en debida forma-. Destacó que no se dio respuesta al requerimiento de información , del 26 de septiembre de 2016 , y al requerimiento para declarar y/o corregir, del 22 de noviembre del mismo año. Agregó que la imposición de la sanción cuestionada no vulnera, per se, los derechos al debido proceso o defensa del actor y resaltó que los puntos discutidos por este versaban sobre interpretaciones jurídicas y no sobre el trámite adelantado -en el que se resolvieron todas las inconformidades planteadas por el demandante -. Finalmente, con relación a la «interpretación errónea de la ley y/o aplicación incorrecta de los preceptos jurídicos », afirmó que , acorde con la Ley 1151 de 2007, c ontaba con un marco legal que ampara ba sus

«interpretación errónea de la ley y/o aplicación incorrecta de los preceptos jurídicos », afirmó que , acorde con la Ley 1151 de 2007, c ontaba con un marco legal que ampara ba sus actuaciones y la facultaba para actuar, especialmente respecto de las sanciones por las infracciones asociadas a los aportes al SPS (art. 179 de la Ley 1607 de 2012).

Con relación a la inexistencia, para el año 2014, de una norma que determinara el IBC para los trabajadores independientes con ingresos distintos a l de contrato de prestación de servicios, precisó que el actor, al comercializar productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados, pertenec ía al grupo de los trabajadores independientes. En ese contexto, adujo que los ingresos efectivamente percibidos por el obligado tributario -$687.879.000-, determinados en el proceso de fiscalización, se respaldaban en la declaración de renta del periodo gravable 2014. Precisó que tales ingresos fueron tenidos en cuenta, para los efectos de la liquidación de los aportes al SPS, porque el contribuyente no suministró las pruebas que permitieran establecer los costos y gastos asociados a su actividad generadora de renta. Por ello, explicó , que dividió en doce los ingresos consignados en la declaración de renta, limitó la cuantificación del IBC a 25 smlmv -$15.400.000y liquidó los aportes sobre dicha base (16% Pensión, 12.5% salud y 2% al Fondo de Solidaridad Pensional), obteniendo como resultado un valor mensual de $4.697.000 como carga tributaria mensual.

Adicionalmente, señaló que , conforme a los artículos 15 del Decreto 3063 de 1989 ; 16

resultado un valor mensual de $4.697.000 como carga tributaria mensual.

Adicionalmente, señaló que , conforme a los artículos 15 del Decreto 3063 de 1989 ; 16 del Decreto 1406 de 1999; 15, 19 y 157 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 789 de 2002; 1 del Decreto 510 de 2003; 33 de la Ley 1438 de 2011; y la jurisprudencia constitucional, los elementos : subjetivo (sujetos) y objetivo (aspectos materiales, cuantitativos, temporales y espacial) de las contribuciones al SPS respecto de los trabajadores independientes, se encontraban claramente definidos . Así, para el año 2014, si se encontraba establecida la obligación de realizar dichos aportes para los trabajadores independientes con capacidad de pago. Adicionalmente, aclaró que, si bien se corrigió la declaración de renta, el 04 de septiembre de 2017, donde se consignaron ingresos por $58.926.000, costos y deducciones por valor de $28.140.000, y una renta líquida gravable de $30.786.000, dicha corrección no varió el valor de la renta líquida ordinaria del ejercicio y se presentó oportunamente; sin embargo, el actor no entregó los soportes contables que respaldaran la certeza de la corrección presentada, conforme a los artículos 123 del Decreto 2649 de 1993, 742 del ET, 167 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) y la jurisprudencia de esta corporación.

Agregó que el contribuyente no suministró las pruebas de los costos y deducciones en

de 2012) y la jurisprudencia de esta corporación.

Agregó que el contribuyente no suministró las pruebas de los costos y deducciones en que incurrió en el desarrollo de su actividad económica, por lo que concluyó que se debían confirmar los ajustes determinados en los actos demandados , esto es, los ingresos equivalentes a $687.879.000 cuyo IBC equivalía a $15.400.000.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00028-01 (27116)

Demandante: Carlos Julio Vargas Moreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En cuanto a la indebida conformación del IBC, sostuvo que , a la luz de los artículos 19 de la Ley 100 de 1993 , 107, 746 y 771-2 del ET, 1 del Decreto 510 de 2003 y 167 del CGP, el demandante debió pagar los respectivos aportes al SPS sobre el valor de sus ingresos mensuales, descontando las expensas que cumplieran los requisitos del artículo 107 ibidem. En ese sentido, afirmó que, aunque le dio al actor la oportunidad de aportar las pruebas a su favor , este no cumplió con esta carga, pues no respondió el requerimiento para declarar y/o corregir ni presentó pruebas con el recurso de reconsideración. Explicó que mediante un « cruce de información » con la DIAN , pudo establecer los ingresos reportados en la declaración de renta -los cuales tomó para efectos de la determinación del IBC -, pero no así los costos y gastos, pues por expreso mandato legal se exige validar el cumplimiento de los requisitos para su deducibilidad ,

establecer los ingresos reportados en la declaración de renta -los cuales tomó para efectos de la determinación del IBC -, pero no así los costos y gastos, pues por expreso mandato legal se exige validar el cumplimiento de los requisitos para su deducibilidad , amparados en soportes documentales que cumplan lo previsto en el artículo 771-2 del ET. Sostuvo que el actor, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba y dada su posición privilegiada para acreditar los hechos, debió haber aportado dichos soportes documentales junto con la demanda, lo cual no hizo , circunstancia que, justificaba la decisión adoptada en los actos cuestionados.

Adicionalmente, se refirió a la distinción entre la s causales de nulidad de los actos administrativos por la falta y falsa motivación. Tras ello, aseveró haber valorado las pruebas que le fueron entregadas durante la actuación administrativa y haber demostrado la existencia de la obligación del actor de aportar al SPS, la base de cotización de dichos aportes y las sanciones impuestas. Enfatizó que lo anterior no logró desvirtuarse; pues el actor tampoco aportó medios de conocimiento en sede judicial que así lo hiciese . En consecuencia, concluyó que los actos demandados se sustentaron en los siguientes hechos y datos, ciertos y probados: (i) que el actor no pagó los aportes correspondientes a los per íodos de enero a diciembre de 2014 y ( ii) que registró el pago de aportes por valores inferiores a los que legalmente se encontraba obligado a liquidar por los periodos cuestionados, [Al respecto, la Sala advierte que los actos sometidos a control no contienen ninguna glosa sobre la inexactitud de los aportes].

valores inferiores a los que legalmente se encontraba obligado a liquidar por los periodos cuestionados, [Al respecto, la Sala advierte que los actos sometidos a control no contienen ninguna glosa sobre la inexactitud de los aportes].

Así, afirmó que sí tuvo en cuenta la actividad generadora de renta del actor, quien