CE - Sentencia 25000233700020190006001 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

Demandante: Concesionaria Panamericana S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

Demandante CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S.

Demandado DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE HACIENDA Temas Estampillas departamentales. Silencio administrativo positivo. Hecho generador. Devolución. Compensación. Enriquecimiento sin justa causa. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dispuso lo siguiente1: “PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de artículo segundo de la Resolución No. 1605 del 4 de agosto de 2017, por medio de la cual le fue rechazada a la demandante una solicitud de devolución de lo recaudado por estampillas departamentales, y de la Resolución No. 2392 del 1° de octubre de 2018 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior,

devolución de lo recaudado por estampillas departamentales, y de la Resolución No. 2392 del 1° de octubre de 2018 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE que el recurso de reconsideración interpuesto por la CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S., se entiende fallado favorablemente, y en esa medida, era procedente la devolución de la suma de $1.203.379.600, junto con el reconocimiento de los correspondientes intereses moratorios causados, tal como fue solicitado en el recurso de reconsideración.

TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

(…).” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El Departamento de Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana S.A. suscribieron el Contrato de Concesión Nro.121 el 16 de diciembre de 1997, en el que acordaron, entre otr as cosas, ejecutar los estudios, diseños, obras de rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación del proyecto Corredor Vial del Centro Occidente de Cundinamarca. El artículo 270 del Decreto Ordenanzal 26 0 de 2008 dispuso que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (en adelante ICCU ) asumiera la ejecución de los proyectos de infraestructura vial del departamento. En consecuencia, ICCU y la parte actora suscribieron el “CONTRATO ADICIONAL No. 28 AL

ejecución de los proyectos de infraestructura vial del departamento. En consecuencia, ICCU y la parte actora suscribieron el “CONTRATO ADICIONAL No. 28 AL CONTRATO DE CONCESIÓN OJ-0121-97”2 del 18 de diciembre de 2009.

1 Samai del Tribunal, índice 51, páginas 35 a 36. 2 Samai. Índice 2. Expediente digital. Cuaderno de antecedentes 1. Páginas 59 y siguientes del PDF.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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La demandante solicitó a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, el 23 de diciembre de 2016, la devolución de la suma de “$1.883.964.505”3, por concepto de retenciones en la fuente practicadas en los años 2013 y 2014, a título de estampillas pro cultura, pro desarrollo, pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, pro electrificación y pro hospitales. Posteriormente, el 10 de mayo de 2017, la demandante radicó otra petición solicitando el reintegro de “$537.244.440”4 por la retención a título de la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca de los años 2013 a 2016. La demandada decidió las peticiones mediante la Resolución Nro. 1605 del 4 de agosto de 2017, que en el artículo primero ordenó la “devolución” de “$1.217.829.345”5,

La demandada decidió las peticiones mediante la Resolución Nro. 1605 del 4 de agosto de 2017, que en el artículo primero ordenó la “devolución” de “$1.217.829.345”5, y el artículo segundo decidió rechazar la petición por valor de “$1.203.379.600 M/CTE, por haber sido procedente y válido el recaudo de estampillas departamentales para las vigencias 2013 y anteriores (…)”6. Previa interposición del recurso de reconsideración, la Resolución Nro. 2392 del 1 de octubre de 2018 , modificó el artículo primero de la resolución recurrid a para ordenar la “compensación” de “$1.234.932.745”7. De otro lado , en el artículo segundo dispuso “CONFIRMAR íntegramente el artículo SEGUNDO, en el sentido de rechazar la solicitud de devolución por la suma de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.219.472.200) M/CTE, por ser valedero el recaudo (…).”8 ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante en el escrito de reforma formuló las siguientes pretensiones9: “PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 1605 de 2017, confirmado por el artículo segundo de la Resolución 2392 de 2018, proferidas por las Subdirecciones de Atención al Contribuyente y de Recursos Tributarios de la Dirección de

confirmado por el artículo segundo de la Resolución 2392 de 2018, proferidas por las Subdirecciones de Atención al Contribuyente y de Recursos Tributarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, respectivamente, mediante el cual se rechazó la solicitud de devolución de la suma de mil doscientos diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos pesos ($1.219.472.200) , moneda legal colombiana, correspondiente a estampillas departamentales, solicitada mediante radicaciones números 2016260956 de 23 de diciembre de 2016 y 2017061652 de 10 de mayo de 2017.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 2392 del 1 de octubre de 2018, proferida por la Subdirección de Recursos Tributarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en cuanto confirmó en su integridad el artículo segundo de la Resolución 1605 del 4 de agosto de 2017, también impugnado en la pretensión anterior.

TERCERA: Que se declare la nulidad del artículo primero de la Resolución 2392 de 1 de octubre de 2018, proferida por la Subdirección de Recursos Tributarios de la Dirección de

3 Ibidem. Página 10. 4 Samai. Índice 2. Expediente digital. Cuaderno de antecedentes 2. Página 5 del PDF. 5 Ibidem. Página 25. 6 Ibidem. 7 Ibidem. Página 90. 8 Ibidem.

4 Samai. Índice 2. Expediente digital. Cuaderno de antecedentes 2. Página 5 del PDF. 5 Ibidem. Página 25. 6 Ibidem. 7 Ibidem. Página 90. 8 Ibidem. 9 Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF reforma demanda. Páginas 6 a 8 del PDF. La reforma fue admitida por el Tribunal mediante auto del 30 de enero de 2020, el cual puede ser consultado en el mismo link del expediente digital.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, mediante el cual se modificó el artículo primero de la Resolución 1605 de 2017 en el sentido de ordenar la compensación de la suma de mil doscientos treinta y cuatro millones novecientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($1.234.932.745), correspondiente a estampillas departamentales cuyas retenciones en la fuente fueron solicitadas en devolución mediante escritos radicados bajo los números 2016260956 de 23 de dicie mbre de 2016 y 2017061652 de 10 de mayo de 2017.

CUARTA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se declare la nulidad del artículo cuarto de la Resolución 2392 del 1 de octubre de 2018, proferida por la Subdirección de Recursos Tributarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secreta ría de

artículo cuarto de la Resolución 2392 del 1 de octubre de 2018, proferida por la Subdirección de Recursos Tributarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secreta ría de Hacienda de Cundinamarca, en cuanto ordenó remitir copia del proceso administrativo a la Gerencia del ICCU para que procediera a la compensación ordenada en el artículo primero de la citada Resolución 2392 de 2018.

QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca efectuar el pago, a favor de la sociedad demandante, de las sumas solicitadas en devolución mediante escritos radicados bajo los números 2016260956 de 23 de diciembre de 2016 y 2017061652 de 10 de mayo de 2017, cuyo monto total asciende a la suma de dos mil cuatrocientos veintiún millones doscientos ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($2.421.208.945), moneda legal colombiana.

SEXTA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca el pago, a favor de la sociedad demandante, de los intereses legales causados a la tasa del 6% anual, o la que se encuentre determinada por la jurisprudenci a vigente en la fecha de la sentencia, si fuere mayor, entre la fecha en que se realizaron las retenciones en la fuente por concepto de estampillas departamentales y la fecha de radicación de las correspondientes solicitudes de devolución.

SÉPTIMA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a pagar, a favor de la sociedad demandante, la actualización con

de las correspondientes solicitudes de devolución.

SÉPTIMA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a pagar, a favor de la sociedad demandante, la actualización con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de las sumas solicitadas en devolución, en los términos del último inciso del artículo 187 del CPACA, entre el día siguiente a las fechas de radicación de las solicitudes de devolución y las fechas de vencimiento de los plazos para devolver, respecto de cada solicitud de devolución; o, en subsidio , que se condene a la Secretaría de Hacienda a pagar, a favor de la sociedad demandante, la actualización de las sumas solicitadas en devolución en la forma que determine el Tribunal.

OCTAVA: Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a efectuar el pago a favor de la sociedad demandante, de intereses moratorios causados desde el día siguiente a las fechas de vencimiento de los plazos para devolver respecto de cada solicitud de devolución, previstos en los artículos 863

(inciso tercero) y 864 (inciso primero) del Estatuto Tributario y liquidados a la tasa señalada en el artículo 635 del mismo Estatuto, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación o, en lo que es igual, hasta la fecha del pago total de la obligación o en la que se realice la devolución efectiva.

OCTAVA SUBSIDIARIA A: Si no prospera la pretensión Octava, solicito, en subsidio, que ésta se lea así: OCTAVA A. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Secretaría de

OCTAVA SUBSIDIARIA A: Si no prospera la pretensión Octava, solicito, en subsidio, que ésta se lea así: OCTAVA A. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a efectuar el pago, a favor de la sociedad demandante, de intereses moratori os sobre la suma cuya devolución reconoció y ordenó la Secretaría ($1.217.829.345), previstos en los artículos 863 (inciso tercero) y 864 (inciso primero) del Estatuto Tributario y liquidado a la tasa señalada en el artículo 635 del mismo Estatuto, desde la fecha de notificación de la Resolución 1605 de 2017 y hasta la fech a del giro del cheque, emisión del título o consignación, o, lo que es igual, hasta la fecha del pago total de la obligación o en la que se realice la devolución efectiva; más, Intereses corrientes sobre las sumas cuya devolución rechazó la Secretaría ($1.203.379.600), desde la fecha de notificación del acto que negó la devolución (Resolución 1605 de 2017) y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, previstos en los artículos 863 (inciso segundo) y 864 (inciso segundo) del Estatuto Tributario; y luego los intereses moratorios en los términos de los artículos 192 (inciso tercero) y 195 (numeral 4) del CPACA, a partir de la fecha de ejecutoria dela sentencia y hasta la fecha en la que la Secretaría efectúe el pago total de la obligación o realice la devolución efectiva.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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obligación o realice la devolución efectiva.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

Demandante: Concesionaria Panamericana S.A.S.

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OCTAVA SUBSIDIARIA B: Si no prospera la pretensión Octava, ni la Octava A, solicito, en subsidio, que ésta se lea así: OCTAVA B. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a efectuar el pago, a favor de la sociedad demandante, de intereses corrientes sobre el monto total de las dos (2) solicitudes de devolución (2.421.208.945), desde la fecha de notificación del acto que negó la devolución y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, previstos en los artículos 863 (inciso segundo) y 864

(inciso segundo) del Estatuto Tributario; y luego los intereses moratorios en los térm inos de los artículos 192 (inciso tercero) y 195 (numeral 4) del CPACA, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha en la que la Secretaría efectúe el pago total de la obligación o realice la devolución efectiva. O, en subsidio, de todas las pretensiones octavas anteriores, que se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca al pago de los intereses corrientes y/o moratorios, en favor de la sociedad demandante, en la forma que determine el Tribunal.

NOVENA: Que, como consecuencia de la prosperidad de todas o algunas de las anteriores

de Hacienda de Cundinamarca al pago de los intereses corrientes y/o moratorios, en favor de la sociedad demandante, en la forma que determine el Tribunal.

NOVENA: Que, como consecuencia de la prosperidad de todas o algunas de las anteriores declaraciones, se condene a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca al pago de las costas procesales, incluyendo las agencias en derecho.” A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 4 y 29 de la Constitución Política; 1714 y 1715 del Código Civil; 831 del Código de Comercio; 565, 566-1, 569, 732, 736, 815, 850, 855 y 861 del Estatuto Tributario; y, 87-3 y 97 de la Ley 1437 de 2011; del Decreto 1222 de 1986; de las Leyes 397 de 1997; 645 de 2001; 788 de 2002; y, 1230 de 2008; y de las Ordenanzas 24 de 1997, 29 de 2001, 48 de 2002; 39 de 2009 y 216 de 2014.

La reforma de la demanda, que integró la demanda inicial, formuló el siguiente concepto de violación.

1. Infracción de las normas en que debía fundarse Manifestó que las estampillas objeto de la petición de devolución son de naturaleza documental, por lo que solo se configura su hecho gravable ante la emisión de determinados documentos. Sin embargo, entre 2013 y 2016, no fue emitido escrito alguno que diera lugar a la configuración de la obligación fiscal.

Para el año 2013 y , conforme la Ordenanza 24 de 1997 , planteó que el hecho

determinados documentos. Sin embargo, entre 2013 y 2016, no fue emitido escrito alguno que diera lugar a la configuración de la obligación fiscal. Para el año 2013 y , conforme la Ordenanza 24 de 1997 , planteó que el hecho generador de la estampilla pro desarrollo, era la expedición de actos administrativos y de cuentas a cargo del tesoro departamental o de sus entidades descentralizadas. Agregó que la Ordenanza 39 de 2009 dispuso que el hecho generador de la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca se configura con las cuentas a cargo de esas mismas dependencias. Alegó que no participó en la expedición de ningún acto administrativo ni radicó cuenta s de cobro para ese periodo. Precisó que aun cuando la Administración le hubiere asignado el carácter de “cuentas de cobro” a los comprobantes contables producidos internamente por el ICCU, en ellos no constaba la adhesión o anulación física o virtual del gravamen , conforme lo exigían las ordenanzas departamentales. Manifestó que como no se realizó el hecho generador de la estampilla pro desarrollo, tampoco los demás tributos que remiten a ella, como es el caso de las estampillas pro electrificación rural, pro cultura y pro hospitales universitarios. Explicó que para los años 2014 a 2016, tampoco realizó el hecho generador previsto en las Ordenanzas 207 de 2013 y 216 de 2014, que diera lugar al cobro de las estampillas, dado que las parte s no suscribieron adición alguna al contrato de concesión, aspecto que incluso fue aceptado por la Secretaría de Hacienda en laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

estampillas, dado que las parte s no suscribieron adición alguna al contrato de concesión, aspecto que incluso fue aceptado por la Secretaría de Hacienda en laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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Resolución Nro. 1605 de 2017 (acto acusado), por lo que era viable la devolución de las sumas reclamadas.

2. Falta de competencia De conformidad con el artículo 855 del Estatuto Tributario Nacional, norma aplicable por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Administración debe devolver, previas las anotaciones a que haya lugar, los saldos a favor dentro de los 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.

Indicó que radicó las solicitudes de devolución el 23 de diciembre de 2016 y el 10 de mayo de 201 7, de manera que el p lazo de 50 días referido empezó a correr desde el 26 de diciembre de 2016 hasta el 6 de marzo de 2017, para la primera petición, y desde el 11 de mayo de 2017 hasta el 26 de julio del mismo año, para la segunda. Por lo anterior, la entidad debió devolver el monto solicitado en dicho término. Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, se causaron los intereses moratorios del artículo 863 del Estatuto Tributario , y se dio la pérdida de competencia temporal de la Administración para adoptar decisiones diferentes a la

término. Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, se causaron los intereses moratorios del artículo 863 del Estatuto Tributario , y se dio la pérdida de competencia temporal de la Administración para adoptar decisiones diferentes a la de efectuar el reintegro. Por ende, se configuró la causal de nulidad prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Reprochó que, según la Administración, con ocasión de la acumulación de las solicitudes, el plazo debía contabilizarse a partir de la última fecha de radicación , porque la integración de los expedientes no estaba prevista en la ley ni se expidió acto administrativo alguno en ese sentido. Manifestó que, aun cuando fuera posible, conforme los artículos 36 de la Ley 1437 de 2011 y 149 del Código General del Proceso, ello solo procede en el expediente más antiguo y no para el segundo. Alegó que el acto que negó la devolución data del 4 de agosto de 2017, esto es , más de 50 días desde la presentación de la segunda petición el 10 de mayo del mismo año. Destacó que la Administración no podía invocar la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas para vulnerar el derecho al debido proceso.

3. Configuración del silencio administrativo positivo Adujo que , para el año 2018, aún no estaba regulada la notificación electrónica prevista en el artículo 566 -1 del Estatuto Tributario, razón por la cual era improcedente que la Administración comunicara por ese medio la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

En su lugar, debió atender lo previsto en el artículo 565 ibidem que prevé la notificación personal o por aviso de los actos que decidan recursos . Sin embargo,

resolvió el recurso de reconsideración. En su lugar, debió atender lo previsto en el artículo 565 ibidem que prevé la notificación personal o por aviso de los actos que decidan recursos . Sin embargo, como ello no ocurrió debía entenderse que el recurso de reconsideración fue resuelto de manera extemporánea, contrariando lo dispuesto en el artículo 732 del Estatuto Tributario. En consecuencia, hubo lugar a la configuración d el silencio administrativo positivo a favor de la demandante, siendo procedente el reintegro de las sumas pedidas en devolución.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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4. Modificación orden de devolución Adujo que la sociedad no recurrió el artículo primero de la Resolución Nro. 1605 de 2007, que ordenó la devolución de $1.217.829.345, por lo cual se consolidó una situación jurídica a favor de la demandante , de conformidad con el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 . Destacó que este derecho no podía ser modificado o desconocido sin autorización expresa de la parte interesada , como lo prevé el artículo 97 de la misma normativa.

Planteó que era improcedente que al momento de resolver el recurso de reconsideración, la Administración asumiera que dicha suma ya no sería objeto de devolución, sino de compensación.

5. Compensación Explicó que el acto que decidió el recurso de reconsideración ordenó la

reconsideración, la Administración asumiera que dicha suma ya no sería objeto de devolución, sino de compensación.

5. Compensación Explicó que el acto que decidió el recurso de reconsideración ordenó la compensación afirmando que el tributo fue erróneamente liquidado , como si se hubiera expedido un documento con cuantía, debiendo ser sin cuantía.

Indicó que lo anterior era improcedente, pues la concesionaria no era deudora del Departamento de Cundinamarca ni del ICCU por obligaciones de plazo vencido correspondientes a impuestos, lo cual conllevaba a concluir que la decisión de modificar la orden de devolución de las retenciones indebidamente practicadas era producto de una interpretación errónea del artículo 855 del Estatuto Tributario.

7. Enriquecimiento sin justa causa Explicó que la demandada recibió del ICCU las sumas retenidas por concepto de estampillas, por tanto, la única deudora frente a la concesionaria es la primera de dichas entidades. De esta manera, la compensación ordenada en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración modific ó estructuralmente el vínculo obligacional y administrativo al pretender subrogar en un tercero, en este caso el ICCU, la responsabilidad por el pago de dineros que son competencia exclusiva del nivel central del Departamento de Cundinamarca.

Puso de presente que el ICCU tampoco debió ser parte de las actuaciones administrativas que surgieron con ocasión de las solicitudes de devolución presentadas ante la Secretaría de Hacienda, toda vez que no fue vinculado como parte interesada en el trámite. En consecuencia, la orden impartida en el acto que resolvió el recurso de reconsideración era contraria al debido proceso, so pena de

presentadas ante la Secretaría de Hacienda, toda vez que no fue vinculado como parte interesada en el trámite. En consecuencia, la orden impartida en el acto que resolvió el recurso de reconsideración era contraria al debido proceso, so pena de incluirlo en el proceso judicial como demandado o llamado en garantía.

8. Restablecimiento del derecho Explicó que debió devolverse $369.516.241 por concepto de estampilla pro cultura de los años 2013 y 2014; $775.421.482 por estampilla pro desarrollo de los mismos periodos; $6.300 por la estampilla pro electrificación año 2013; $739.008.482 de la estampilla pro hospitales de 2013 y 2014; $12.000 por la primera petición de devolución de la estampilla pro Universidad de Cundinamarca de esos años; y $537.244.440 en cuanto a la segunda solicitud de devolución de la estampilla pro Universidad de Cundinamarca, para un total de $2.421.208.945.

Manifestó que lo anterior debía ser acompañado del pago de intereses legales del artículo 1617 del Código Civil desde la práctica de las retenciones y hasta laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

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presentación de las solicitudes de devolución, que según sus cálculos da lugar a un valor de $313.624.453 por la primera petición , y de $83.933.815 para la segunda, para un total de $397.558.268. Indicó que el monto solicitado en devolución debía ser actualizado conforme el

valor de $313.624.453 por la primera petición , y de $83.933.815 para la segunda, para un total de $397.558.268. Indicó que el monto solicitado en devolución debía ser actualizado conforme el índice de precios al consumidor (en adelante IPC), tal como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que para el momento de la presentación de la demanda da lugar al reconocimiento del pago de $39.058.950. Solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario a partir del vencimiento del término para devolver y hasta el momento del pago efectivo. Sin embargo, indicó que el cálculo efectuado para el 30 de septiembre de 2019 da lugar al pago de $1.261.154.099 para la primera petición y de $333.520.154 para la segunda. En cuanto a las pretensiones subsidiarias, señaló que, si únicamente se accede a la devolución de la suma reconocida por los actos acusados, los intereses moratorios correspondientes se calculan en $740.310.678 y en $522.373.713, para cada petición. Finalmente, señaló que el cálculo de los intereses corrientes desde la notificación del acto que negó las devoluciones y hasta la ejecutoria de la sentencia, con corte al 30 de septiembre de 2019, se determinan en $1.051.019.901. Oposición de la demanda La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda inicial y de la reforma de la demanda con argumentos similares. En consecuencia, ambos documentos serán resumidos conjuntamente a continuación.

Oposición de la demanda La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda inicial y de la reforma de la demanda con argumentos similares. En consecuencia, ambos documentos serán resumidos conjuntamente a continuación. Indicó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, fue notificada el 1 de octubre de 2018 al correo contacto@cpanamericana.com.co, el cual fue informado por la actora. Alegó que el recurso fue resuelto dentro del término dispuesto en el artículo 732 del Estatuto Tributario , y conforme a la autorización dada en su oportunidad por la sociedad demandante, siendo improcedente el silencio administrativo positivo. Frente a los cargos de nulidad, adujo que p or autorización constitucional , el Departamento reguló las estampillas “Pro Desarrollo Departamental” , “Pro Electrificación Rural”, “Pro Cultura” , “Pro Hospitales Universitarios de Cundinamarca” , “Pro Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca UDEC” , y “para el bienestar del adulto mayor” , cuyo hecho generador era la “expedición de actos o documentos gravados en los cuales participen o intervengan las dependencias o entidades del Departamento de Cundinamarca”, y con causación inmediata. Sostuvo, reiterando lo expuesto en los actos acusados, que el Contrato de Concesión Nro. 121 de 1997 y sus modifica ciones, originaron los pagos de estampillas por el año 2013, pues el hecho generador se realizó con las cuentas a cargo del tesoro departamental o sus entidades descentralizadas. Respecto a las retenciones practicadas en los años 2014 a 2016, determinó que se

estampillas por el año 2013, pues el hecho generador se realizó con las cuentas a cargo del tesoro departamental o sus entidades descentralizadas. Respecto a las retenciones practicadas en los años 2014 a 2016, determinó que se había configurado un pago de lo no debido y, por esta razón, el ICCU debía procederRadicado: 25000-23-37-000-2019-00060-01 (29077)

Demandante: Concesionaria Panamericana S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

a realizar la compensación respectiva. Explicó que dicha compensación obedecía a las facultades con que contaba la entidad para acudir a mecanismos de pago en los términos del artículo 861 del Estatuto Tributario, lo que de ninguna manera implicaba hacer más gravosa la situación de la actora. Sostuvo que l as solicitudes de devolución presentadas por la demandante se resolvieron en los términos fijados en los artículos 855 y 857 -1 del Estatuto Tributario, disposiciones aplicables para el caso de las compensaciones por pago de lo no debido o pago en exceso. A su vez, los intereses de mora se causaban solo a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial que así lo ordenara. Propuso la excepción de “falta de integración del litisconsorcio necesario” , por cuanto el ICCU debía ser vinculado al presente proceso, comoquiera que en virtud del Convenio Nro. 406 de 2009, suscrito entre esa entidad y el Departamento de Cundinamarca,