CE - Sentencia 25000233700020190024701 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Demandada: Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda

Temas: Pago de lo no debido. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la sentencia del 09 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:

Primero. Declarar la nulidad la Resolución n°. DDI041019 de 27 de septiembre de 2017, por medio del cual la oficina de cuentas corrientes de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá -DIB da cumplimiento a lo ordenado en el fallo de recursos Resolución DDI040668 y/o cordis 2017EE162870 y la Resolución nº. DDI058933 de 02 de noviembre de 2018, a través de la cual la … DIB confirmó

cumplimiento a lo ordenado en el fallo de recursos Resolución DDI040668 y/o cordis 2017EE162870 y la Resolución nº. DDI058933 de 02 de noviembre de 2018, a través de la cual la … DIB confirmó la anterior al desatar el recurso de reconsideración de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho ordénese estarse a lo resuelto en numeral 2 de la sentencia del 03 de diciembre de 2020 proferida por el tribunal de Cundinamarca bajo radicado 25000233700020180007400; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. No se condena en costa s por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. …

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

En cumplimiento de un acto administrativo que reconoció la configuración de un silencio administrativo positivo [Resolución DDI040668 del 21 de septiembre de 2017] , la demandada profirió la Resolución DDI041019, del 27 de septiembre de 2017, mediante la cual rechazó « en forma definitiva » una solicitud de devolución y/o compensación presentada por la actora , que se fundó en el presunto pago no debido del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (I CA) en los años 2010 (bimestres 5 y 6), 2011 (bimestres 1 a 6) y 2012 ( bimestres 1 a 3), toda vez que una solicitud en tal sentido, había sido resuelta mediante un acto administrativo «en firme y (…) ejecutoriado» negando la

(bimestres 1 a 6) y 2012 ( bimestres 1 a 3), toda vez que una solicitud en tal sentido, había sido resuelta mediante un acto administrativo «en firme y (…) ejecutoriado» negando la procedencia de los valores solicitados en reintegro. Tras recurrirse la decisió n demandada, esta fue confirmada, a través de la Resolución DDI058933 , del 02 de

1 Samai CE, índice 3, certificado 0E93AAFB8B3419C7 470F3ACDB38887A9 39046407DED0FDB5 7A82E294F5FB807F (pdf), p. 1. 2 Samai tribunal, índice 23, certificado DE1C1502159ED80A 37BDC609EDD3BFE7 DB0452FD191DFBE2 B4CAB704AE0704B8 (pdf), pp. 26 a 27.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 noviembre de 20183.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones4:

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No DDI041019 del 27 de septiembre de 2017, por medio de la cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de Recursos Resolución DDI040668

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No DDI041019 del 27 de septiembre de 2017, por medio de la cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de Recursos Resolución DDI040668 y/o cordis 2017EE162879.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 058933 del 2 de noviembre de 2018, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración No. 2017ER122625 del 12 de diciembre de 2017.

3. En consecuencia, como restablecimiento del derecho:

1. Que se declare el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de devolución de ICA para los periodos 5 y 6 de 2010, 1 al 6 del 2011 y 1 al 3 del 2012.

1. Se ordene a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá devolver la suma de $111.228.000 por concepto de [Ica], avisos y tableros correspondiente a los bimestres 5, 6 de los años 2010, 2011 y los bimestres 1, 2 y 3 del año 2012 más los intereses que corresponda por constituir pago de lo no debido.

Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 1626 y 2313 del Código Civil (Ley 84 de 1873); 85 del CPACA; 303 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012); 565, 566, 569, 570, 730.3, 732, 734, 850, 851 y 857 del ET (Estatuto Tributario);

5.1 de la Ley 57 de 1887 ; 32 y 39.2 (letra d.) de la Ley 14 de 1983; 11 de la Ley 50 de 1984; 111 de la Ley 788 de 2002; 6 del Decreto 807 de 1993, en los siguientes términos5:

Contextualizó que su contraparte expidió la Resolución DDI 006626 del 25 de febrero de 2016, notificada el 02 de marzo de tal año, r echazándole la solicitud de devolución por pago no debido del ICA de los bimestres 5 y 6 de 2010, 1 a 6 de 2011 y 1 a 3 de 2012 , presentada el 07 de diciembre de 2015 , decisión contra la cual, interpuso recurso de reconsideración que fue resuelto el 31 de marzo de 2017 mediante la Resolución DDI 026841 confirmando el rechazo de la devolución, acto que le fue notificado el 03 de mayo de 2017 -por fuera del término legal-.

Por lo anterior, radicó una petición el 1 de septiembre de 2017 solicitando el reconocimiento del silencio administrativo positivo , la cual fue resuelta mediante la Resolución DDI04668 del 21 de septiembre de 2017 en el sentido de acceder al reconocimiento del silencio positivo, revocando las anteriores resoluciones y ordenando el « estudio y trámite » de la solicitud de devolución y/o compensación presentada por la actora el 07 de diciembre de 2015 ; acto contra el cual no procedía recurso alguno. En línea con lo anterior, el municipio demandado , profirió la Resolución DDI 041019 del 27 de septiembre de 2017, por la cual “se da cumplimiento a lo ordenado en la … Resolución DDI04668

línea con lo anterior, el municipio demandado , profirió la Resolución DDI 041019 del 27 de septiembre de 2017, por la cual “se da cumplimiento a lo ordenado en la … Resolución DDI04668 … del 21 de septiembre de 2017”, en el sentido de rechazar en forma definitiva la solicitud de devolución y/o compensación. Contra tal decisión, la demandante interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto mediante la Resolución DDI 058933 del 02 de noviembre de 2018 confirmando el rechazo definitivo de la devolución. Para la actora, lo anterior contravino el debido proceso, porque en vez de ordenarse la devolución se ordenó de nuevo su estudio. A los efectos anteriores, presentó los siguientes

3 Samai CE, índice 2, certificado 2DE90CC40C195437 5FB29158CA711C73 F12B4DA855F5A471 2FE219E7C44A2E96 (pdf), pp. 19 a 29 y 30 a 35. 4 Samai CE, índice 2, certificado 21EC821D9B72C353 203B0C5C4748531F 00BE5D7B011E7BAC FC825215EADDCF64 (pdf), p. 6. 5 Samai CE, índice 2, certificado 21EC821D9B72C353 203B0C5C4748531F 00BE5D7B011E7BAC FC825215EADDCF64F (pdf), pp. 6 a 31.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

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Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

fundamentos:

-Configuración del s ilencio administrativo positivo . La DIB 6 contraviene el principio de legalidad al no darle efectos al artículo 734 ET. Los actos demandados son nulos por cuanto contravienen el acto ficto de carácter positivo surgido el 2 de mayo de 2017 . Persistió en la configuración del acto ficto en la actuación administrativa que le negó la devolución del ICA de los bimestres 5 y 6 de 2010, 1 a 6 de 2011 y 1 a 3 de 2012 , dado que la notificación de la resolución que desató el recurso de reconsideración que confirmó el rechazo, fue extemporánea, al ser desfijado el edicto el 03 de mayo de 2017, p uesto que a ese momento había transcurrido más de un año desde la interposición del recurso, que ocurrió el 02 de mayo de 2016.

A los fines anteriores, destacó la remisión que hacía el artículo 6 del Decreto 807 de 1993 a los artículos 565, 566, 569 y 570 del ET, dentro de los cuales se regulaba la notificación por edicto, la cual solo se entend ía surtida a la desfijación del mismo, conforme lo ha precisado esta corporación. Así, como esto ocurrió con posterioridad a l vencimiento del año para decidir el recurso, se había configurado el silencio positivo, lo que implicaba que se tuviesen por aceptados los fundamentos del recurso y se conced ieran las

precisado esta corporación. Así, como esto ocurrió con posterioridad a l vencimiento del año para decidir el recurso, se había configurado el silencio positivo, lo que implicaba que se tuviesen por aceptados los fundamentos del recurso y se conced ieran las pretensiones, figura que no se sujetaba a la protocolización regulada por e l artículo 85 del CPACA, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sección y la DIAN en oficio 061123 de 2014 , por cuanto las disposiciones especiales como las fiscales prevalecen sobre las generales.

En el marco anterior, planteó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración y que fue notificada tardíamente era nula, porque vulneraba los artículos 730.3, 732 y 734 ídem, y subrayó que existía una falta de competencia temporal de la Administración al resolver el recurs o y por ello procedía que se declarara la nulidad de los actos demandados que fueron proferidos en cumplimiento de la Resolución DDI04668 que reconoció el silencio positivo [por los cuales se rechazó en forma definitiva la solicitud de devolución].

-La DIB viola el principio de legalidad y el derecho al debido proceso comoquiera que no reconoce de manera efectiva el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 734 ET. Luego de destacar que, en virtud del debido proceso los funcionarios están sometidos a la ley para el cumplimiento de la función administrativa en garantía de los derechos de los administrados, y en desarrollo del principio de legalidad, adujo que el demandado vulneró el citado principio, en ta nto, no reconoció «de manera efectiva » el silencio administrativo positivo, pues pese a que reconoció su ocurrencia, no ordenó la devolución

vulneró el citado principio, en ta nto, no reconoció «de manera efectiva » el silencio administrativo positivo, pues pese a que reconoció su ocurrencia, no ordenó la devolución de los valores pagados por concepto de ICA, sino que ordenó que se estudiara de nuevo la solicitud de devolución, motivo por el cual, la Resolución demandada (DDI041019 del 27 de septiembre de 2017) negó nuevamente a devolución, desconociendo los efectos del silencio positivo ya reconocido por la Administración, lo que evidenciaba la incorrecta aplicación del artículo 734 del ET por parte de los actos impugnados al analizar de nuevo la solicitud, lo que comportaba la necesidad de considerar el perjuicio causado a la actora, lo que la legitimaba para presentar la demanda.

-La DIB no dio aplicación al silencio administrativo positivo entendido como decisión que se concreta en un acto ficto en que se dan por aceptados los fundamentos de derecho formulados en el recurso y se conceden las pretensiones contenidas en este. Señaló que la « pretensión principal» del recurso de reconsideración contra la resolución que negó la petición de devolución era la revocatoria de esa decisión y, en consecuencia, la devolución de «$111.228.000 por concepto de [ICA], avisos y tableros correspondiente a los bimestres

6 Dirección de Impuestos de Bogotá.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 5, 6 de los años 2010, 2011 y los bimestres 1, 2, 3 del año 2012 con los intereses que correspondan, toda vez que constituyen pago no debido ». Así, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional, el silencio administrativo implicaba la aceptación de los fundamentos del recurso y de las pretensiones allí contenidas. Con fundamento en ello , argumentó que, como consecuencia del silencio positivo declarado, l os actos demandados debieron ordenar la devolución de lo solicitado por concepto de pago no debido, y no proceder a resolver de fondo.

-Procedencia de la (…) devolución del pago no debido por no sujeción de la [demandante] al ICA, con ocasión del silencio administrativo positivo . Sobre ese particular, anotó que, si bien, la norma reguladora de los pagos no debidos era el artículo 850 del ET, a cuyos efectos el artículo 851 ídem remitía a los trámites que reglamentara el Gobierno Nacional, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que tal disposición debe aplicarse e interpretarse en forma concordante con la naturaleza de la solicitud. Seguidamente, defendió la observancia de la jurisprudencia de esta Sección respecto del ICA «en el sector salud», con independencia de que los efectos fueran interpartes, pues en virtud del principio de igualdad, ante las mismas situaciones de hecho cabían las mismas consideraciones de derecho, sobre todo cuando era la propia ley la que contemplaba la

salud», con independencia de que los efectos fueran interpartes, pues en virtud del principio de igualdad, ante las mismas situaciones de hecho cabían las mismas consideraciones de derecho, sobre todo cuando era la propia ley la que contemplaba la prohibición de gravar con ICA, y no la jurisprudencia. A ese fin, invocó la sentencia del 5 de mayo de 2005 (exp. 14442, CP: María Inés Ortiz Barbosa), que avaló la configuración de un pago indebido por parte de una «clínica», habida consideración de que el artículo 39.2 de la Ley 14 de 1983 , numeral 2 literal d) determinaba como no gravados a los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, y por ese motivo, ordenó a la entidad territorial verificar los desembolsos «en el término respecto del cual procedía la correspondiente devolución» sin necesidad de exigir la corrección de los denuncios privados.

En cuanto a la firmeza de las declaraciones privadas ante situaciones jurídicas consolidadas, describió que esta corporación se había pronunciado en dos sentencias, precisando que la situación jurídica consolidada se presentaba e n las declaraciones en dos eventos: (1) por el vencimiento del plazo para modificar la autoliquidación (2 años), y ( 2) cuando fueran objeto de devolución al cierre de ese término; de manera que, mientras no prescribiera la oportunidad para presentar la solicitud de devolución por pago no debido no existía una situación jurídica consolidada. A continuación, explicó que esta corporación había diferenciado distintos supuestos en los que procedía la devolución de pagos no debidos, estos eran: (i) pagos realizados por no obligados a declarar que se hacían por error ; o (ii) casos donde había una «exoneración» y, se pagaba p or error,

pagos no debidos, estos eran: (i) pagos realizados por no obligados a declarar que se hacían por error ; o (ii) casos donde había una «exoneración» y, se pagaba p or error, supuesto en el que se enmarcaba este caso, pues la actora no estaba sujeta a pagar ICA por los recursos percibi dos destinados al servicio público de salud , como «lo admitió el tribunal en el fallo que se apela». En tal contexto, adujo que no era dable exigirle a un «ente no sujeto o excluido » el cumplimiento de obligaciones formales o sustanciales , pues ello conllevaría el desconocimiento del artículo 228 constitucional que establecía la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal . Así, como la actora no era sujeto pasivo del ICA, no estaba obligada a presentar declaración ni a corregir , pues esto no resultaba armónico con un ente no sujeto o excluido de la obligación sustancial, de modo que se trataba de un pago no debido, a cuya devolución tenía derecho.

-Legitimación en la causa . Con ocasión del silencio administrativo positivo se debe reconocer el derecho subjetivo a la devolución del pago no debido (…). Explicó que el pago solo podía efectuarse por el obligado a una prestación, de manera que, si se realizaba un pago sin existir obligación, este era no debido. Anotó que, sobre tal tema, el artículo 2313 del Código Civil era una referencia obligada, el cual determinaba la posibilidad de recuperar lo pagado cuando est e se hacía por error, toda vez que esto suponía un enriquecimiento sin causa por quien lo recibía (particular o entidad

artículo 2313 del Código Civil era una referencia obligada, el cual determinaba la posibilidad de recuperar lo pagado cuando est e se hacía por error, toda vez que esto suponía un enriquecimiento sin causa por quien lo recibía (particular o entidad administrativa) lo que vulneraba los principios generales del derecho , y a tales fines,Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 describió los presupuestos de dicha figura según la Corte Suprema de Justicia y esta corporación, seguido de lo cual, puntualizó su alcance en materia fiscal y sostuvo que tanto la «obligación impositiva » como las «otras obligaciones legales » dependían de que se verificara un hecho jurídico, de ahí que si la Administración exigía un gravamen sin la configuración del respectivo supuesto fáctico se generaba una tributación sin causa u objeto, lo que originaba el pago indebido.

Explicó que en su caso, se cumplían todos los elementos que configura ban el pago no debido, así: (i) haber realizado el pago: como constaba en las copias de las declaraciones del ICA de los bimestres 5 y 6 de 2010, 1 a 6 de 2011 y 1 a 3 de 2012 ; (ii) ausencia de causa legal para pagar : puesto que era una entidad privada que formaba parte del sistema de salud, cobijada por un supuesto de no sujeción subjetivo; (iii) error de hecho o derecho al momento del pago : debido a las modificaciones al contenido de la

causa legal para pagar : puesto que era una entidad privada que formaba parte del sistema de salud, cobijada por un supuesto de no sujeción subjetivo; (iii) error de hecho o derecho al momento del pago : debido a las modificaciones al contenido de la disposición «adscrito o vinculado al sistema nacional de salud», pues se generaron «discusiones» que llevaron a concluir que era sujeto pasivo; y (iv) ausencia de obligación que permitiera retener el pago : en la medida que no realizó el «supuesto de hecho » que configuraba el «hecho generador» del ICA, no estaba sujeta al impuesto, de manera que no tenía deudas por tal concepto, y seguidamente hizo referencia a un certificado de revisor fiscal, según el cual la totalidad de sus ingresos se derivaron de la «prestación de servicios de salud».

-Con ocasión del silencio administrativo positivo se debe reconocer que [la demandante] no es sujeto pasivo del ICA en el Distrito Capital en virtud de la exclusión de tipo subjetivo en relación con el ICA respecto de las entidades pertenecientes al siste ma general de seguridad social en salud. Reiteró que no estaba obligada a pagar el ICA en virtud de la no sujeción del literal d. del artículo 39.2 de la Ley 14 de 1983 y literal c. del artículo 36 del Decreto 352 de 2002 que la exoneraba de cualquier prestación a título del ICA, por lo que procedía la devolución del monto pagado por tal concepto. A continuación, describió la estructura del hecho generador del ICA con especial referencia al régimen del impuesto en el sector salud. Así, adujo que los artículos 32.2 de la Ley 14 de 1983 y 111 de la Ley 788 de 2022 prohibieron a los municipios gravar «los ingresos percibidos por toda entidad pública

en el sector salud. Así, adujo que los artículos 32.2 de la Ley 14 de 1983 y 111 de la Ley 788 de 2022 prohibieron a los municipios gravar «los ingresos percibidos por toda entidad pública o privada que preste servicios de salud».

Luego, invocó las sentencias del 24 de mayo de 2012, 16 de agosto de 2012 (exps. 17914 y 18114, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y del 19 de julio de 2012 (exp. 18029, CP: William Giraldo Giraldo) que, e ntre otr as cosas precisaron que: (i) el Sistema Nacional de Salud del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 fue reemplazado por el Sistema de Salud, conformado por «el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud» (art. 4 de la Ley 10 de 1990) ; (ii) la letra d. del artículo 39.2 de la Ley 14 de 1983 estableció una prohibición subjetiva «al definir que no se gravan los servicios prestados por los hospitales y clínicas»; (iii) el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 excluyó de la base gravable del ICA los recursos de las entidades que integraban el Sistema de Seguridad Social en Salud ; y (iv) las mencionadas disposiciones eran complementarias.

Adujo que, en ese orden, el literal d) numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 constituía una prohibición legal, general, obligatoria que formaba parte de la estructura del ICA, y difería de las exenciones, l o que no podía ser desconocid o por el distrito; de manera que, como bien lo había señalado esta corporación, las entidades que estuvieran

del ICA, y difería de las exenciones, l o que no podía ser desconocid o por el distrito; de manera que, como bien lo había señalado esta corporación, las entidades que estuvieran organizadas como clínicas u hospitales no debían cumplir ninguna obligación formal o sustancial. Agregó que la sentencia del 06 de agosto de 2014 (exp. 17594, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) había señalado que la Ley 14 de 1983 y el Decreto 352 de 2002 incluían tanto a las entidades públicas como privadas prestadoras del servicio de salud y además que eran exentos los servicios ofrecidos por esas entidades , estuvieran o no en el Plan Obligatorio de Salud.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Igualmente, argumentó la vigencia de la no sujeción al ICA de los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud consagrada en el literal d. del artículo 39.2 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 39 del Decreto 352 de 2002. Seguidamente, insistió en que como la actora era una entidad integrante del sistema general de seguridad social en salud, no era sujeto pasivo del ICA.

Reiteró que el “sistema nacional de salud ” vigente para la época de la expedición de la Ley 14 de 1983 fue cambiado por el “sistema de salud” que trajo la Ley 10 de 199 0, lo que dio

Reiteró que el “sistema nacional de salud ” vigente para la época de la expedición de la Ley 14 de 1983 fue cambiado por el “sistema de salud” que trajo la Ley 10 de 199 0, lo que dio lugar a un debate sobre qué entidades conformaban dicho sistema, lo cual fue decantado por el Consejo de Estado, precisando que acorde con el artículo 4 de la ley antes señalada, formaban parte del sistema tanto las entidades públicas y privadas del sector salud, como las entidades de otros sectores que incidieran en los factores de riesgo para la salud . Agregó que, el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 había señalado que los recursos de las entidades integrantes del sistema general de seguridad social no formaban parte de la base gravable del ICA por su condición de recursos de la seguridad social, y que, con la Ley 100 de 1993 se reorganizó nuevamente el sector salud bajo el nombre “sistema de seguridad en salud”, que incluía las EPS e IPS, estas últimas conformadas por entidades oficiales y mixtas, entre otras. Adujo que con esa normativa esta corporación concluyó que a los municipios y distritos les estaba prohibido gravar con ICA a las entidades que integraban el Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que comprendía las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componían el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así, señaló que, atendida la normativa fiscal referenciada, se podía concluir que no se había hecho distinción a efectos de la no sujeción al ICA para las actividades de salud (pág. 25).

Igualmente, señaló que el supuesto de no sujeción tenía un carácter subjetivo, esto es

que no se había hecho distinción a efectos de la no sujeción al ICA para las actividades de salud (pág. 25).

Igualmente, señaló que el supuesto de no sujeción tenía un carácter subjetivo, esto es en consideración a la calidad de la entidad prestadora de los servicios de salud y, en consecuencia, los recursos percibidos por las entidades que integraban el sistema general de seguridad social en salud, como clínicas y hospitales, no eran susceptibles de gravarse con ICA, salvo respecto de las actividades industriales y comerciales que no se relacionaban con el desarrollo de su objeto social, las cuales si estaban gravadas (art. 1 Ley 50 de 1984).

En ese orden, destacó que la actora había sido constituida como una persona jurídica de derecho privado dedicada a la prestación de servicios de salud , quien en desarrollo de su objeto social prestaba servicios de salud médicos y paramédicos, practicaba exámenes médicos o de laboratorio en el territorio nacional , para lo cual podía realizar todas las a ctividades científicas, docentes, experimentales y aquellas propias de «las instituciones de salud », además de servicios particulares como IPS a personas afiliadas a una EPS con la que tuviera convenio, de modo que era una entidad idónea para suministrar servicios de salud en los términos de las leyes 10 de 1990, 100 de 1993 y 715 de 2001, y, por tanto, no era sujeto pasivo del ICA.

Precisó que la «exclusión» del ICA a las entidades que integraban el Sistema General de Seguridad Social en Salud exigía tener en cuenta lo señalado en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, que prevé la «protección integral», lo que involucra las fases de prevención,

Seguridad Social en Salud exigía tener en cuenta lo señalado en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, que prevé la «protección integral», lo que involucra las fases de prevención, diagnóstico y tratamiento, entre otras, con calidad y eficiencia conforme a lo establecido en el artículo 162 sobre el POS. Así, al ser la compañía beneficiaria de la no sujeción al ICA, no solo no estaban gravados los ingresos por los servicios de laboratorio, sino también aquellos que tenían una relación directa con la prestación del servicio de salud. Adicionalmente, cuestionó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración no se pronunció sobre «la calidad o no de sujeto pasivo » ni sobre la exclusión que hacía el artículo 39 del Decreto 352 de 2002 de las entidades que pertenecientes al sistema deRadicado: 25000-23-37-000-2019-00247-01 (27378)

Demandante: García Pérez Médica y Compañía SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 salud. Agregó que la sociedad tenía como objeto la prestación de los servicios como consulta externa en cardiología, cirugía cardiovas cular y apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (hemodinamia, electro fisiología, marcapasos y arritmias cardiacas).

En esa línea, insistió en que, conforme con el certificado de revisoría fiscal adjunto a la demanda, los ingresos operacionales obtenidos por la actora provenían de las prenotadas actividades, de suerte que dicho documento constituía , en los términos del artículo 777 del ET, prueba contable y demostraba que aun cuando su objeto social era

demanda, los ingresos operacionales obtenidos por la actora provenían de las prenotadas actividades, de suerte que dicho documento constituía , en los términos del artículo 777 del ET, prueba contable y demostraba que aun cuando su objeto social era amplio como lo afirmaba la DIB, la fuente de sus ingresos era la prestación de servicios de salud, los cuales estaban exentos de ICA.

-Los actos (…) demandados desconocen los artículos 857 del ET y 303 del CGP. Adujo que la DIB había señalado en los actos acusados que no procedía la solicitud porque «el saldo (…) ya había sido objeto de devolución», lo cual no correspondía al caso concreto, pues el valor objeto de solicitud no ha bía sido devuelto, compensado o imputado con antelación, de modo que lo procedente era que se aceptara su solicitud y se le devolviera el valor pagado. Luego, descartó la configuración de cosa juzgada, pues to que no se daban los elementos de esta, dado que las vigencias del tributo objeto de devolución y/o compensación eran diferentes a l as señaladas por la demandada como « solicitadas anteriormente», y existían hechos no conocidos por la DIB respecto de las fuentes de los recursos -servicios de saludconforme lo señalaba el certificado de Cámara de Comercio, no eran servicios mercantiles como se determinaba anteriormente . En suma, se trataba de hechos y conductas diferentes a las conocidas por la DIB que no habían sido valoradas por la demandada; de modo que el proceso conocido anteriormente por la DIB fue decidido co