CE - Sentencia 25000233700020190040501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948) Demandante YUMA HOLDING S.A.S. Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Desconocimiento de costos. Diferencia contable y fiscal. Operaciones simuladas. Realidad de las operaciones. Necesidad, causalidad y proporcionalidad. Sanción por inexactitud. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 02 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Yuma Holding S.A.S., conforme la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 8 de abril de 2014, Yuma Holding S.A.S. (YUMA) presentó la declaración del

motiva de la presente providencia. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 8 de abril de 2014, Yuma Holding S.A.S. (YUMA) presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del período gravable 2013, con saldo a pagar.2 Esta declaración fue objeto de solicitud de corrección3, la cual fue aceptada por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), a través de la liquidación oficial de corrección 312412015000057 del 7 de mayo de 20154, en la que se declaró, entre otros: i) costos de ventas (renglón 49) por $1.556.338.000; ii) gastos operacionales de administración (renglón 52) por $689.200.000; iii) otras deducciones (renglón 55) por $172.604.000; y iv) un saldo a favor por $138.589.000. Después de una investigación previa, el 13 de diciembre de 2016, la Administración emitió un emplazamiento para corregir5 considerando que detectó inexactitudes relacionadas con intereses presuntos, costos de ventas, gastos operacionales de administración y otras deducciones. Con ocasión de este, el 15 de enero de 2017, YUMA presentó una nueva declaración de corrección en la que modificó los valores de los renglones señalados así: i) costos de ventas (renglón 49) por $1.543.338.000; ii) gastos operacionales de administración (renglón 52) por $513.205.000; iii) otras deducciones (renglón 55) por $73.577.000; y iv) un saldo a favor por $50.814.0006.

1. gastos operacionales de administración (renglón 52) por $513.205.000; iii) otras deducciones (renglón 55) por $73.577.000; y iv) un saldo a favor por $50.814.0006. 1 Samai Tribunal, índice 23. 2 Folio 9, Caa. 3 Proyecto de corrección, folio 231, Caa. 4 Folio 10, Caa. 5 Folio 2061, Caa. 6 En Folio 2207, Caa, se ve con fecha del 15 de enero (formulario presentado en banco), pero en Folio 2440, Caa, aparece con fecha del 16 de enero (formulario descargado por DIAN). Respuesta al emplazamiento en Folio 2066, Caa.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previa emisión del requerimiento especial7 y su respuesta8, la DIAN formuló la liquidación oficial de revisión 312412018000008 del 31 de enero de 20189, a través de la cual desconoció parcialmente costos de ventas10 y otras deducciones11 e impuso sanción por inexactitud a la tarifa del 100%. YUMA interpuso recurso de reconsideración12, el cual fue resuelto con la resolución 000588 del 28 de enero de 201913 que confirmó la liquidación oficial de revisión. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones14:

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 000588 del 28 de enero de 2019 proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica - de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), notificada el día 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se resuelve negativamente el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión del Impuesto de Renta del año 2013

No. 312412018000008 del 31 de enero de 2018 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

2. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión del Impuesto de Renta del año 2013 No. 312412018000008 del 31 de enero de 2018 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes - de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3. Que como consecuencia de Io anterior, se ordene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, archivar el proceso de determinación del tribute y dejar en firme la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2013.

4. Que se condene en costas.

5. Que se profiera la sentencia dentro de los parámetros establecidos en el Capítulo VI de

declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2013.

4. Que se condene en costas.

5. Que se profiera la sentencia dentro de los parámetros establecidos en el Capítulo VI de la Ley 1437 de 2011.

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 83, 84 y 363 de la Constitución Política, 263 del Código General del Proceso, 27 del Código Civil, 26 de la Ley 1430 de 2010 y 683, 771-2 y 742 del Estatuto Tributario, con sustento en las siguientes inconformidades:

1. Prevalencia de las pruebas directas sobre los indicios y presunciones Señaló que, si bien los indicios son un tipo de prueba admisible tributariamente, estos requieren de conexidad con otros medios para ser contundentes15 y que, en este caso, la demandada expidió los actos con base en simples pruebas indiciarias y presunciones, sin tomar en cuenta la contabilidad, las facturas, los contratos y 7 Folio 2375, Caa. 8 Folio 2399, Caa. 9 Folio 2516, Caa. 10 Porque se llevó un mayor valor en la declaración frente al contabilizado y no se pudo establecer la trazabilidad o

7 Folio 2375, Caa. 8 Folio 2399, Caa. 9 Folio 2516, Caa. 10 Porque se llevó un mayor valor en la declaración frente al contabilizado y no se pudo establecer la trazabilidad o comprobar la efectiva prestación de servicios por parte de 4 supuestos proveedores. 11 Diferencia en cambio relacionada con los costos de venta que se le rechazó a Yuma con uno de los proveedores. 12 Folio 2553, Caa. 13 Folio 2589, Caa. 14 Samai, índice 13. 15 Citó la sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 22154, C.P. Milton Chaves García del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demás documentos aportados que, en su concepto, demuestran las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las operaciones que dieron origen a los costos. Alegó que se vulneró el debido proceso y se impusieron sanciones en forma arbitraria. Observó que la DIAN deslegitimó los documentos contables con base en valoraciones subjetivas, haciendo referencia a pruebas de terceros que comprueban circunstancias que le son ajenas, pues se refieren al cumplimiento de obligaciones de estos. Es decir, no se puede inferir un actuar fraudulento o inexacto de su parte por el hecho de no ubicar a los terceros proveedores; que estos no tuviesen establecimientos abiertos al público; que hubiese ocurrido su disolución y liquidación; que no reportaran información exógena completa ; que pagaran

de su parte por el hecho de no ubicar a los terceros proveedores; que estos no tuviesen establecimientos abiertos al público; que hubiese ocurrido su disolución y liquidación; que no reportaran información exógena completa ; que pagaran transacciones en efectivo o tuviesen resoluciones de facturación vencidas. Insistió en que aportó todas las pruebas documentales contables y financieras y respondió los diversos requerimientos de información, y que no puede darse prevalencia a los indicios ante la existencia de pruebas directas.

2. Improcedencia del rechazo del costo de ventas En cuanto al rechazo del supuesto mayor valor declarado versus el contabilizado en costo de ventas, explicó que, si bien la cuenta 6155 no generó movimiento desde octubre a diciembre de 2013, ello obedeció a una reclasificación de $41.917.000 de la cuenta de gastos operacionales a la de costos de venta s, que se generó al presentar la declaración de renta. Presentó cuadro con el movimiento y adujo que lo anterior estaba demostrado en la conciliación contable y fiscal y que el movimiento no generó diferencia en la renta líquida gravable, de forma que el desconocimiento del costo no era procedente.

Anotó que la DIAN no desvirtuó que las erogaciones correspondientes al anterior valor no fueran deducibles por incumplimiento de requisitos, sino que se limitó a indicar que carecían de soporte por la falta de coincidencia entre lo contabilizado y lo declarado, diferencia explicada en la conciliación fiscal. Con respecto a los servicios prestados por los proveedores colombianos, advirtió que desde la respuesta al emplazamiento para corregir demostró la realidad de las operaciones efectuadas y que la prestación del servicio se evidencia de los

Con respecto a los servicios prestados por los proveedores colombianos, advirtió que desde la respuesta al emplazamiento para corregir demostró la realidad de las operaciones efectuadas y que la prestación del servicio se evidencia de los entregables y las comunicaciones intercambiadas entre las partes. Agregó que los servicios fueron indispensables para cumplir los contratos suscritos por ella con las cámaras de comercio de Medellín, Bucaramanga y Cali. Acusó entonces a la Administración de contradecirse, dado que cuestionó los servicios que se le prestaron, pero manifestó que era clara su vinculación con las cámaras de comercio, lo cual implica reconocer que se prestó servicios. Sobre la imposibilidad de ubicar a la empresa In Tech Security Sistem Ltda, anotó que las operaciones se desarrollaron en 2013 y que, si en la actualidad no se pudo contactar al tercero, ello no quiere decir que no se haya tenido contacto con la empresa para la época de los hechos, ni resta validez a los documentos aportados. Insistió en que el que el tercero no esté ubicado en la dirección informada en el RUT y la Cámara de Comercio y hubiese incumplido con otras obligaciones tributarias, son situaciones que escapan de su órbita. En lo que atañe al proveedor Colombian Cargo Group S.A.S. en Liquidación, acotó que el hecho de que esa sociedad no hubiese registrado el ingreso del dinero enRadicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectivo por la prestación de sus servicios, ni hubiese probado contratación y pagos de personal es una situación que escapa de su control y, por tanto, no puede la consecuencia de esto no puede ser el desconocimiento de la operación. Argumentó que su contabilidad y soportes son prueba suficiente, más aún cuando este tercero reconoció la transacción efectuada, y que el pago se realizó en efectivo, como se pactó en el contrato. Estimó que la relación entre el contador de Yuma y de Carga Internacional S.A. y Colombian Cargo Group S.A.S. en Liquidación no impide la realización de negocios jurídicos entre las sociedades. Hizo hincapié en que a los documentos aportados no se les dio ningún valor probatorio (sobre estos no se hizo mención), tales como los entregables, el pacto de pago en efectivo y la explicación del flujo de caja del accionista. Presentó una tabla explicativa con criterios de fecha, evento y soporte documental en la que mostró las actividades desarrolladas y la ejecución de los contratos con In Tech Security Sistem Ltda, Soluciones y Carga internacional S.A. y Colombian Cargo Group S.A.S. en Liquidación, por un lado, y, por el otro, con las cámaras de comercio. Reparó en que para efecto de prestar sus servicios debía tabular información de cerca de 3621 empresas, para lo cual requería de los servicios prestados por los terceros. Precisó que, si bien la DIAN señala que no se evidencia el pago a los proveedores porque estos se debitaron de un pasivo que tenía el socio Eduardo Salazar con

prestados por los terceros. Precisó que, si bien la DIAN señala que no se evidencia el pago a los proveedores porque estos se debitaron de un pasivo que tenía el socio Eduardo Salazar con YUMA, esa operación era plenamente posible, en la medida en que para el 2013 ese accionista tuvo que sufragar esos pagos, pues al ser una compañía nueva no podía acceder a créditos del sistema financiero y por tanto no tenía flujo de caja, mientras que el señor Salazar, como accionista, sí tenía capacidad de endeudamiento. Indicó que dio a conocer el flujo de caja del accionista para demostrar que él disponía de los recursos para realizar los pagos a los proveedores, los cuales se hicieron todos en efectivo. Explicó que la Administración trató de desconocer esto, a partir de la diferencia entre los ingresos brutos declarados por el señor Salazar en 2013 y el monto mostrado como flujo total, revelando que la diferencia entre los ingresos de la declaración y el flujo de caja obedecían al pago de una cuenta por cobrar de 2012 y de un anticipo de $943.248.640 que recibió de YUMA, montos que no eran ingreso tributario. Añadió que aportó las facturas emitidas por estos tres proveedores, que cumplen los requisitos para que se reconozcan los costos y deducciones, siendo pruebas suficientes e idóneas. Observó que no es obligación del adquirente del servicio verificar que el emisor de la factura cuente con una resolución de facturación vigente y que dicho incumplimiento es responsabilidad de este último y no puede afectar al primero. Acotó que las facturas emitidas por In Tech Security Sistems Ltda y Soluciones y Carga Internacional S.A.S. sí mostraban un orden cronológico.

y que dicho incumplimiento es responsabilidad de este último y no puede afectar al primero. Acotó que las facturas emitidas por In Tech Security Sistems Ltda y Soluciones y Carga Internacional S.A.S. sí mostraban un orden cronológico. Resaltó que los costos declarados eran deducibles bajo el artículo 107 del Estatuto. Indicó que la gran cantidad de información que se debía tabular y procesar, a efectos de ejecutar los contratos con las cámaras de comercio, hacía necesaria e indispensable la contratación de los proveedores. Que, igualmente, los costos eran proporcionales, considerando la relación de estos versus el ingreso que se generó con ellos, y, frente al nexo de causalidad, afirmó que era claro que se requirió de personas externas, que colaboraran con la tabulación y presentación de laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co información para poder realizar los estudios del proyecto contratado, sin los cuales no se podría haber generado la renta declarada. Explicó que los límites para el reconocimiento de pagos en efectivo establecidos por el artículo 771-5 del Estatuto Tributario entraron en vigor en 2014 y no aplicaban en 201316 y que en los contratos con esos 3 proveedores se pactó expresamente el pago en dicha modalidad. Frente al servicio prestado por la compañía española Cluster Development S.L., aseveró que este fue necesario para el cumplimiento del contrato suscrito con la Cámara de Comercio de Medellín, porque este contemplaba la necesidad de hacer

pago en dicha modalidad. Frente al servicio prestado por la compañía española Cluster Development S.L., aseveró que este fue necesario para el cumplimiento del contrato suscrito con la Cámara de Comercio de Medellín, porque este contemplaba la necesidad de hacer uso de metodologías acordes a las tendencias mundiales, y Cluster Development S.A.S. tenía amplia experiencia en ese aspecto (aumento de competitividad regional). Adujo que el proveedor fue avalado por la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Medellín y, por ello, se suscribió otro sí al contrato, situación que además se evidencia en la certificación de la cámara de comercio. Relató que la sociedad española facturó directamente los honorarios a YUMA y que el costo era necesario para prestar los servicios, pues sin el tercero no se hubiese podido concretar el negocio que generó el ingreso. Alegó que el costo era proporcional, pues se generó un ingreso considerable, y que existió una relación de causalidad, cumpliéndose los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Así mismo, expuso que los gastos de viajes y alquiler de pisos se justificaron en el desplazamiento de personal del proveedor español, de forma que los costos tienen relación directa con la actividad generadora de renta. En cuanto a otras deducciones, añadió que la diferencia en cambio rechazada es deducible ya que deviene de un concepto deducible, esto es, el servicio pagado a Cluster Development en España. Se refirió al debido proceso y la valoración probatoria, para concluir que los medios de prueba aportados son conducentes, al ser idóneos para demostrar que los servicios prestados cumplían los requisitos de deducibilidad; pertinentes y útiles.

Cluster Development en España. Se refirió al debido proceso y la valoración probatoria, para concluir que los medios de prueba aportados son conducentes, al ser idóneos para demostrar que los servicios prestados cumplían los requisitos de deducibilidad; pertinentes y útiles. Recalcó que no es responsable por el incumplimiento de obligaciones de terceros y que no está obligada a lo imposible. Desestimó el fraude fiscal porque no violentó de manera directa ni indirecta le ley, pues las operaciones se realizaron conforme con su realidad económica y siguiendo los lineamientos fiscales, lo cual se demostró. Agregó que no se obtuvo ninguna aminoración de la carga tributaria. Se opuso a la sanción por inexactitud dado que se cuenta con los soportes que acreditan la realidad de las operaciones y la información declarada es real, cierta, completa y no fue desfigurada. Subrayó que efectivamente incurrió en todos los costos y gastos declarados. Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda17. En cuanto al mayor valor declarado como costo versus el contabilizado, se refirió a la definición de costos y gastos, al principio de asociación y a la obligación de utilizar 16 Sobre el tema citó las sentencias C-076 de 2012 y C-932 de 2014 de la Corte Constitucional. 17 Samai, índice 13.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la dinámica contable establecida en el plan único de cuentas. Observó que YUMA

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la dinámica contable establecida en el plan único de cuentas. Observó que YUMA registró un costo de ventas inferior en la cuenta PUC 6155500, frente al registrado en el renglón 49 de la declaración, diferencia que no fue justificada con pruebas o soportes. Adujo que la simple explicación de la reclasificación del costo al gasto no otorga el derecho a reconocer ese monto como deducible, más cuando se genera duda sobre la confiabilidad de esos registros, toda vez que solo hasta el momento de presentar la declaración se advirtió la presunta incongruencia. Insistió en lo procedente era registrar en la declaración el valor contable. Con respecto a los costos de servicios prestados por proveedores colombianos, acotó que, pese a que la factura es soporte formal de las operaciones que dan lugar a costos y deducciones, la Administración puede comprobar la realidad de estas a través de otros medios probatorios, y desconocerlas de ser el caso, de forma que el argumento sobre la existencia de las facturas era insuficiente. Consideró que el indicio podía fungir como prueba 18 y reseñó los siguientes hallazgos de su investigación: • In Tech Security Sistem Ltda: no se pudo ubicar a la empresa en la dirección registrada en el RUT, la persona que atiende la visita manifestó estar viviendo allí desde el 2013. El tercero no cumplió sus obligaciones desde 2013 y se le pagó en efectivo, lo cual, si bien no es ilegal, sí es inusual para cuantías tan altas. Adicionalmente, las facturas se emitieron sin una resolución

cumplió sus obligaciones desde 2013 y se le pagó en efectivo, lo cual, si bien no es ilegal, sí es inusual para cuantías tan altas. Adicionalmente, las facturas se emitieron sin una resolución de autorización vigente y la última que se profirió a nombre de In Tech fue en 2008. • Colombian Cargo Group S.A.S.: sociedad disuelta y en estado de liquidación, cuya actividad era la prestación de servicios de comercio exterior y, en visita, el representante legal dijo no recordar a YUMA. Así mismo, se advirtió que el servicio presuntamente contratado, tabulación de información, no tenía que ver con el objeto de Cargo Group que era la importación y exportación de bienes y servicios y, pese a que recibió el pago en efectivo, el monto recibido difiere del registrado en la declaración y en la contabilidad no se afectó la cuenta de caja sino la de deudas con accionistas o socios. • Soluciones y Carga Internacional S.A.S.: las facturas se soportaban en una resolución de autorización no vigente, no se pudo ubicar a la sociedad en la dirección registrada en el RUT. Igualmente, al entrevistar a un miembro de la junta directiva este manifestó que no recordaba el manejo de empleados, ni de clientes de la sociedad, ni haber suscrito transacciones con YUMA. Además, el suplente del representante legal era el contador de YUMA y los miembros de la junta directiva tenían relación como representantes legales de otros proveedores de la demandante. El tercero no cumplió tributarias obligaciones desde 2012. • Inconsistencias comunes a los tres: el contador de la demandante manifestó que el representante legal realizaba pagos en efectivo para ganarse un plus con los proveedores y porque los bancos le prestaban más fácilmente dinero a él. No obstante, se verificó la

• Inconsistencias comunes a los tres: el contador de la demandante manifestó que el representante legal realizaba pagos en efectivo para ganarse un plus con los proveedores y porque los bancos le prestaban más fácilmente dinero a él. No obstante, se verificó la declaración del representante legal y se evidenció que los ingresos eran inferiores a los montos pagados en efectivo y, adicionalmente, no se reconoció ningún pasivo en la información exógena de YUMA en su favor, ni se evidenciaron los soportes de la deuda en la contabilidad.

A partir de lo expuesto, concluyó que las operaciones eran simuladas y que su legalidad formal no implicaba su efectiva realización. Extrañó la justificación comercial de las operaciones. En lo que respecta a los pagos a Cluster Development S.A.S., relató que se desconocieron por cuanto correspondían a viajes y alquileres de vivienda del representante legal del tercero, los cuales se justificaron en la suscripción de un presunto contrato con Cluster Development SL, España, el cual fue solicitado sin 18 A partir de la sentencia 22503, C.P. Milton Chaves García del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se evidenciara su efectiva celebración, ni otros documentos que dieran fe de la prestación de servicios por parte de la sociedad española. Agregó que la DIAN solicitó copia de los contratos a la Cámara de Comercio de Antioquia y evidenció que ni Cluster Colombia ni Cluster España estuvieron

prestación de servicios por parte de la sociedad española. Agregó que la DIAN solicitó copia de los contratos a la Cámara de Comercio de Antioquia y evidenció que ni Cluster Colombia ni Cluster España estuvieron vinculados a dichos acuerdos. Así mismo, evidenció que en el RUT de Cluster Colombia no se registraron socios ni accionistas, pero su contador certificó que era controlada por Cluster España y YUMA. Sostuvo que los pagos los recibió directamente el representante legal sin que mediara contrato ni servicio, de forma que se trató de una operación intercompañía sin justificación ni análisis funcional. Acotó que la diferencia en cambio de dichos pagos no podía ser reconocida, dado que estos pagos carecen de soportes y causalidad. Estimó procedente la sanción por inexactitud dada la inclusión de costos irreales e improcedentes soportados en operaciones simuladas. Consideró improcedente la condena en costas dado que la Administración actuó con apego a las normas y sin acción temeraria o desleal y, en todo caso, en el proceso se ventila un interés público. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en las siguientes consideraciones:19 Reseñó las actuaciones del proceso administrativo. Respecto de la reclasificación de los costos, señaló que esta no estaba acreditada con los comprobantes correspondientes, estando el contribuyente llamado a probar. Frente al rechazo de los costos por la prestación de servicios y la valoración probatoria, resaltó que la Administración no debe aceptar incondicionalmente la apariencia de las condiciones tributarias de las operaciones de los contribuyentes y

Frente al rechazo de los costos por la prestación de servicios y la valoración probatoria, resaltó que la Administración no debe aceptar incondicionalmente la apariencia de las condiciones tributarias de las operaciones de los contribuyentes y que, si bien, existe la libertad contractual, la DIAN puede estudiar de fondo las operaciones comerciales y sus consecuencias fiscales. Se refirió a los medios de prueba y a los indicios20 y mencionó que la Administración no pudo constatar la trazabilidad de las operaciones con In Tech Security Systems Ltda para verificar los pagos realizados en efectivo, que no se pudo ubicar al tercero en la dirección registrada en el RUT, que esa sociedad no cumplió sus obligaciones desde 2012 y que las facturas soporte de los costos se emitieron sin resolución de autorización vigente. Respecto de Colombian Cargo Group S.A.S., subrayó que el representante legal manifestó que la sociedad estaba disuelta y que no recordaba haber tenido operaciones con YUMA. Reparó en que la DIAN encontró que la factura registraba un servicio de apoyo y tabulación de información, mientras el objeto social del tercero era importar y exportar bienes y/o servicios y que el registro contable del servicio en la cuenta 4155 “actividades inmobiliarias, e mpresariales y de alquiler”, no correspondía a la realidad de este, pese a que se entregó copia del acta de entrega 19 Samai Tribunal, índice 23. 20 A partir de las sentencias del 8 de octubre de 2020, exp. 23557, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 21 de junio

de 2018, exp. 22154, C.P. Milton Chaves García del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00405-01 (27948)

Demandante: Yuma Holding S.A.S.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a satisfacción del servicio. Añadió que, a pesar de que el pago se realizó en efectivo, no se afectó la cuenta de caja, sino que este se contabilizó en la cuenta 2344 “deudas con accionistas o socios” y que el tercero cumplió obligaciones tributarias hasta 2013. Sobre Soluciones y Carga Internacional S.A.S. dijo que las facturas que soportaban el costo no contaban con autorización vigente y que el miembro de junta directiva entrevistado, representante legal también de Colombian Cargo Group S.A.S., no tenía claridad sobre la operación del tercero ni recordaba haber realizado transacciones con la demandante. Acotó que el representante legal suplente del tercero era el contador de la empresa encargada de la contabilidad de YUMA. Afirmó que el reconocimiento de las relaciones entre la demandante y las cámaras de comercio de Medellín y Bucaramanga no desvirtúa las glosas y que la DIAN analizó la contabilización de las facturas, su pago, que fue acreditado solamente mediante nota de contabilidad, y el hecho de que el representante legal hubiese efectuado pagos en efectivo por encima de sus ingresos declarados en renta, los cuales además no se reportaron en la información exógena. Precisó que la demandante no cumplió con la carga de demostrar la realidad material de las operaciones y que la demandada recabó indicios graves sobre la

cuales además no se reportaron en la información exógena. Precisó que la demandante no cumplió con la carga de demostrar la realidad material de las operaciones y que la demandada recabó indicios graves sobre la inexistencia de las relaciones económicas. Expuso que, si bien las pruebas aportadas por la demandante pretendían demostrar el debido manejo de la con