CE - Sentencia 25000233700020190047801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Demandada: UGPP

Temas: Contribuciones al SSSI (enero a diciembre de 201 4). Notificación electrónica. Aportes a pensión de beneficiarios de asignación de retiro de las fuerzas militares. Aplicación IBC - artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Costos y gastos declaración de renta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia de 11 de noviembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativ o contenido en la Resolución No. RDO-2018-00080 del 18 de enero de 2018 , mediante la cual la UGPP profirió liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación e inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los periodos de enero a diciembre de 2014 y sancionó por las conductas de omisión e inexactitud al señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez; y la Resolución

de Seguridad Social Integral por los periodos de enero a diciembre de 2014 y sancionó por las conductas de omisión e inexactitud al señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez; y la Resolución No. RDC-2019-00155 del 14 de febrero de 2019, confirmatoria del acto anterior.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez no está obligado a cancelar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y FSP por los periodos entre enero a diciembre de 2014, así como tampoco hay lugar al pago de la sanción por omisión impuesta.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas. (…)».

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) profirió la Liquidación Oficial RDO-2018-00080 de 18 de enero de 2018 por omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) en los subsistemas de salud y pensión, a cargo de Jairo Roberto Arciniegas Martínez por los periodos de enero a diciembre de 2014 , por la suma de $54.235.700. Y lo sancionó

1 Índice 24 de SAMAI del tribunal.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

periodos de enero a diciembre de 2014 , por la suma de $54.235.700. Y lo sancionó

1 Índice 24 de SAMAI del tribunal.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 por la conducta de omisión por la suma de $89.306.000 y por inexactitud por $12.654.6602. El acto fue objeto del recurso de reconsid eración, decidido con la Resolución RDC-2019-00155 de 14 de febrero de 2019 , en el sentido de confirmarlo en todas sus partes3.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 d e la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante formuló las siguientes pretensiones4:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad de Liquidación Oficial Resolución No. RDO -2018-00080 del 18 de enero de 2018, proferida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en adelante “LA DEMAN DADA”, “LA UNIDAD”, o “UGPP”, en contra de mi poderdante al interior del expediente 20161520058001269 por la conducta de omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes e inexactitud de las liquidaciones y pagos de los aportes al

interior del expediente 20161520058001269 por la conducta de omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes e inexactitud de las liquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en el Subsistema de Salud y pensión, y se sanciona por la conducta de omisión en los periodos comprendidos entre enero a diciembre del año 2014.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDC -2019-00155 del 14 de fe brero de 2019 “por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto”, proferida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en adelante “LA DEMANDADA”, “LA UNIDAD”, o “UGPP”, por medio de la cual se profirió REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR (sic) en el expediente 2016 1520058001269 por la conducta de omisión en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los period os comprendidos entre enero a diciembre del 2014.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a LA DEMANDADA a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, a reliquidar los aportes determinados en contra de mi poderdante a través de la Liquidación Oficial No. RDO-2017-01000 del 31 de mayo de 2017 y en la Resolución No. RDC-548 de 20 de septiembre de 2018 (sic), que modificó s ólo de manera parcial los aportes, de manera que se calcule el IBC teniendo en cuenta todos los gastos y costos reportados y declarados de acuerdo con lo siguiente

que modificó s ólo de manera parcial los aportes, de manera que se calcule el IBC teniendo en cuenta todos los gastos y costos reportados y declarados de acuerdo con lo siguiente

(…) -Se inserta cuadro en el que se observan 5 filas: costos y gastos totales, total de ingresos, la utilidad neta, IBC 40% y los aportes a salud; y 13 columnas en las que se incluyen las cifras correspondientes, incluido el total de cada fila.

CUARTA: En caso de no concederse las peticiones anteriores, se reliquiden el valor de los aportes a cargo y por concepto de sanción por mora determinados en contra de mi poderdante a través de la Resolución No. RDC-2019-00155 del 14 de febrero de 2019 “por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto”, y la Liquidación Oficial Resolución No. RDO-2018-00080 del 18 de enero de 2018 , con base en lo que resultare probado y/o la s apreciaciones que realice el Honorable Juez a través del Desarrollo del presente proceso.

QUINTA: Que se condene a LA DEMANDADA en costas del proceso y agencias en derecho».

Invoca como vulnerados los artículos 6, 29, 217 y 363 de la Constitución Política (CP); 107, 777 y 583 del Estatuto Tributario (ET), 18 de la Ley 1122 de 20075; 17 de la Ley 100 de 1993; 3, 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 33 de la Ley 1438 de 2011,

135 de la Ley 1753 de 2015 y 1 del Decreto 510 de 2003, así como la Ley 352 de 1997.

2 Índice 2 de SAMAI. ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEMANDAPD(.pdf) NroActua 2. 3 Índice 2 de SAMAI. ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEMANDAPD(.pdf) NroActua 2. 4 Índice 2 de SAMAI. ED_ESCRITODE_03DEMANDA(.pdf) NroActua 2. 5 Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Como concepto de violación la parte demandante planteó lo siguiente6:

Costos y gastos deducibles . No existe regulación de presunción de ingresos y la declaración del afiliado es presunción legal de buena fe en cuanto a los ingresos que efectivamente percibe. En el ingreso base de cotización la entidad solo tiene en cuenta los ingresos reportados en la declarada en renta de 2014, mas no los costos y gastos también declarados, que gozan de presunción de veracidad. Además, omitió valorar los soportes de los costos y el certificado del contador público, que constituye plena prueba de la realidad de las operaciones , las que guardan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad de abogado. Pese a que la UGPP cuenta

los soportes de los costos y el certificado del contador público, que constituye plena prueba de la realidad de las operaciones , las que guardan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad de abogado. Pese a que la UGPP cuenta con la facultad de realizar comprobaciones pertinentes, no lo hizo, lo que no se suplía con el requerimiento de información.

Aplicación de la constitución del IBC sobre el 40% del ingreso realmente percibido. Se desconoce el principio de favorabilidad al no aplicarse en la conducta de omisión por la vigencia de 2014, el ingreso base de cotización del 40%, previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Régimen especial prestacional. La entidad desconoció que la realidad jurídico prestacional del aportante es que desde 2004 se le concedió la asignación de retiro por haber laborado más de 25 años en la Armada Nacional, entidad integrante de las Fuerzas Militares de Colombia, de ahí que no le apliquen las disposiciones que rigen para los particulares. En todo caso, conforme a la sentencia C-432 de 2004 de la Corte Constitucional, la asignación de retiro se asimila a la pensión de vejez que se otorga a los trabajadores que se rigen por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La Ley 352 de 1997, en observancia del artículo 216 de la C onstitución Política (CP), excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, por lo que, si se reciben los servicios de salud a través del régimen de excepción, no

Militares y de la Policía Nacional y al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, por lo que, si se reciben los servicios de salud a través del régimen de excepción, no se puede exigir la afiliación a una EPS.

Se desconoció el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, en cuanto a la obligatoriedad de las cotizaciones, porque desde el 04 de septiembre de 2004, con 52 años, le fue reconocida la asignación de retiro, que como ya se indicó, se asimila a la pensión de vejez. Además, desde el 08 de junio de 2014 cumplió 62 de años, lo que significa que, de estar obligado a cotizar para pensión solo sería desde el 01 de enero de 2014 hasta el 07 de junio del mismo año.

Irretroactividad de la norma. El artículo 583 del ET no facultó a la UGPP para la revisión, modificación o fiscalización de lo expresado en la declaración de renta como declaración juramentada, por lo que con la actuación de esa entidad de desconocieron los principios de reserva legal, legalidad y debido proceso.

Debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa. La notificación del requerimiento de información , del requerimiento para declarar y/o corregir y de la liquidación oficial se realizó a través de aviso, en la medida en que la dirección a la que fue remitida la correspondencia era distinta a la que obra ba en los documentos oficiales, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la UGPP.

6 Escrito de demanda. Páginas 9 a 26.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

oficiales, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la UGPP.

6 Escrito de demanda. Páginas 9 a 26.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Como no se autorizó la notificación por medio electrónico -art. 56 CPACAy tampoco se diligenciaron formatos o formularios ante la UGPP con ese fin, las comunicaciones se debían surtir en la dirección física, pese a lo cual no se hizo, lo que además afectó el derecho a la defensa, al tener que acercarse directamente ante la entidad para conocer los actos administrativos proferidos en su contra.

En aplicación del principio de legalidad, previsto en los artículos 6 de la CP y 3 del CPACA, es necesario que en la actuación administrativa se le precisen al particular los móviles que causan la responsabilidad que se le imputa.

Contestación de la demanda

La UGPP contestó la demanda y se opuso a las pretensiones , con fundamento en lo siguiente7:

El requerimiento de información y el requerimiento para declarar y/o corregir se notificaron por correo certificado enviado a la dirección registrada en el RUT y, la resolución mediante la cual se expidió la liquidación oficial se notificó por correo electrónico en consideración a la autorización hecha por la parte demandante, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues al aportante se le permitió conocer el inicio, desarrollo y culminación del proceso de fiscalización.

electrónico en consideración a la autorización hecha por la parte demandante, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues al aportante se le permitió conocer el inicio, desarrollo y culminación del proceso de fiscalización.

Por tratarse de contribuciones parafiscales, que son tributos de causación inmediata, no se pude aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de manera retroactiva.

Los trabajadores independientes están obligados a realizar aportes a salud y pensión, siempre que tengan capacidad de pago . En este caso, con la declaración de renta, está probado que en el período en discusión el demandante percibió ingresos, por lo que debe contribuir con sus aportes al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social.

Conforme al artículo 746 del ET, los ingresos y costos registrados en la declaración de renta gozan de presunción de veracidad, lo que no exime al contribuyente de demostrar los hechos declarados . Para efectos del cálculo del IBC, no basta con el denuncio privado para probar los costos y gastos, pues además se debe probar que las expensas en las que se incurrió para la obtención de los ingresos producto de la actividad económica cumplen los requisitos establecidos en el artículo 107 ib.

En el caso en concreto, la entidad aceptó costos por valor de $31.973.220, que fueron debidamente acreditados según la actividad productora de renta del trabajador independiente. Los demás costos y gastos no se tuvieron en cuenta , porque varios documentos no correspondían a la anualidad fiscalizada o los soportes allegados no lograron acreditar la ocurrencia del costo.

Para probar los costos y gastos de la actividad económica no basta con la expedición

documentos no correspondían a la anualidad fiscalizada o los soportes allegados no lograron acreditar la ocurrencia del costo.

Para probar los costos y gastos de la actividad económica no basta con la expedición de la certificación del contador público y revisor fiscal. Además, la aportada al proceso no se soporta en documento que reúna las características establecidas en el artícu lo 771-2 del ET.

7 Índice No. 2 de SAMAI. ED_CONTESTACI_09CONTESTACIONDEMA(.pdf) NroActua 2.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 La asignación de retiro no se asimila a la pensión de vejez, la que se adquiere como consecuencia del cumplimiento de determinada edad y tiempo de servicio . Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 no contempla la exoneración de aportes para quienes perciben pagos por concepto de dicha asignación, por l o que era obligatorio para el demandante efectuar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Pensiones.

La entidad tiene la facultad de desplegar todas las acciones necesarias para determinar la omisión, la mora y la inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de La Protección Social, y si es del caso, puede analizar la procedencia de los costos y gastos para los fines de su competencia. En este caso, se adelantó el cruce de información con la DIAN y se obtuvo pruebas de la existencia de ingresos durante el

La Protección Social, y si es del caso, puede analizar la procedencia de los costos y gastos para los fines de su competencia. En este caso, se adelantó el cruce de información con la DIAN y se obtuvo pruebas de la existencia de ingresos durante el año 2014, por lo que el demandante debía cotizar.

Sentencia apelada

El tribunal anuló parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho declaró que Jairo Roberto Arciniegas Martínez no está obligado a cancelar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y FSP por los períodos entre enero a diciembre de 2014, así como tampoco hay lugar al pago de la sanción por omisión impuesta. Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.

En cuanto a la notificación de los actos administrativos proferidos por la UGPP, advierte que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó por correo certificado enviado y recibido en dirección física . Que, con la respuesta a dicho requerimiento, el 29 de septiembre de 2017, el aportante informó una dirección físicala registrada en el RUTy una electrónica, por lo que en atención al artículo 312 de la Ley 1819 de 2016 y conforme al certificado de entrega de Certimail, la notificación de la liquidación oficial de 18 de enero de 2018 se surtió de forma electrónica el 08 de febrero de 2018 , con lo cual se descarta la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso. Por el contrario, está probado que, en las oportunidades procesales se dio respuesta al acto previo y se interpuso el recurso de reconsideración contra el acto definitivo.

debido proceso. Por el contrario, está probado que, en las oportunidades procesales se dio respuesta al acto previo y se interpuso el recurso de reconsideración contra el acto definitivo.

Respecto de la obligación del actor de cotizar al sistema general de pensiones, se refirió a los artículos 19 de la Ley 4 de 1992 -prohibición para desempeñar simultáneamente más de un empleo público o de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público-, 36 del Decreto 4433 de 2004 -compatibilidad de la asignación de retiro y pensionesy 17 de la Ley 100 de 1993 -obligatoriedad de las cotizaciones -, así como a las sentencias de la Corte Constitucional T -261 de 2019, MP: José Fernando Reyes Cuartas y de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 22 de octubre de 2009, exp. 2005 -02568-01, CP: Víctor Hernando Alvarado Ardila, luego de lo cual concluyó que la asignación de retiro a los miembros de la Fuerza Pública se asimila a una pensión de vejez, razón por la cual los afiliados podrán cotizar de forma voluntaria al Sistema de Seguridad Social en Pensiones los tiempos en servicio, con el propósito de lograr el reconocimiento de una pensión de jubilación.

Pone de presente que la obligación de realizar aportes al subsistema pensional cesa cuando se han cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez o la asignación de retiro, al tratarse de prestaciones sociales que se asemejan en cuanto a su naturaleza y finalidad.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

naturaleza y finalidad.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Como está probado que el demandante cuenta con un a prestación social vitaliciaasignación de retiro - que se asimila a una pensión de vejez, la cual viene percibiendo desde el año 2004 por un valor mensual de $6.823.597 , no se le considera como cotizante obligatorio al sistema en los términos del artícul o 17 de la Ley 100 de 1993, por lo que no le asiste razón a la entidad al determinar que durante el año 2014 debía efectuar la afiliación y pago de aportes pensionales , razón por la cual se dispone eliminar los ajustes a los aportes al sistema pensional y al fondo de solidaridad pensional por valor de $33.144.600, igualmente, se elimina la sanción por omisión en la suma de $89.306.300.

Indica que en atención al principio de irretroactividad de la norma tributaria , no es posible extender los efectos de la base de cotización establecida en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 como lo pretende el demandante , porque el proceso de fiscalización adelantado por la UGPP , que derivó en la expedición de los actos administrativos demandados , surgió con o casión de la conducta de omisión en las autoliquidaciones y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por los períodos de enero a diciembre de 2014, es decir, sobre una vigencia concluida y anterior a la

administrativos demandados , surgió con o casión de la conducta de omisión en las autoliquidaciones y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por los períodos de enero a diciembre de 2014, es decir, sobre una vigencia concluida y anterior a la promulgación de la citada ley. En todo caso, la aplicación del principio de favorabilidad opera únicamente en materia penal y sancionatoria, no en materia sustancial tributaria.

En lo que tiene que ver con el IBC aplicable para liquidar los aportes, con fundamento en los artículos 3 del Decreto 510 de 2003, 15 de la Ley 100 de 1993 -modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 -, 6 de la Ley 797 de 2003, 1 ° parágrafo 1 del Decreto 510 de 2003 y 33 de la Ley 1438 de 2011, normas vigentes para el periodo en discusión, concluye que los trabajadores independientes con capacidad de pago deberán cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral de forma obligatoria sobre los ingresos efectivamente percibidos, con las deducciones que prevé el artículo 107 del ET, en relación con las expens as necesarias para desarrollar su desarrollar su actividad económica.

Para el caso, está probado que en la declaración de renta del año gravable 2014 , el demandante registró que devengó por concepto de honorarios, comisiones y servicios la suma de $402.9 34.000, correspondiente al ejercicio de su actividad económica como abogado, por lo que se infiere que estaba obligado a declarar y pagar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al superar la base mínima de ingresos establecida por la ley para afiliarse al régimen contributivo, en tanto le era aplicable la

como abogado, por lo que se infiere que estaba obligado a declarar y pagar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al superar la base mínima de ingresos establecida por la ley para afiliarse al régimen contributivo, en tanto le era aplicable la presunción de capacidad de pago por ser declarante de renta, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

En lo que atañe a la procedencia de los costos alegados para depurar la base de cotización de aportes, si bien se aportó un certificado suscrito por contador públic o para soportar los costos y gastos incurridos en 2014 para el ejercicio de su actividad económica, y como anexo a la misma un archivo excel denominado anexos gastos renta JRA 2014, donde se detallan mensualmente el concepto de cada gasto en que se incurrió, se echa de menos el soporte o comprobante externo que dé cuenta de las erogaciones reportadas. Adicionalmente, se evidencia que para la e stimación de los costos y gastos totales por $364.439.368, se incluyeron expensas correspondientes a ejercicios fiscales de 2012 y 2013 -según cuadro inserto en la página 27 de la sentencia , las únicas erogaciones por 2014 corresponderían a $196.051.310, que carecen de soportes-.

Destaca que en el archivo SQL del acto que resolvió el recurso de reconsideración, se evidencia que el demandante llevó costos por valor de $136.404.343, de los cuales laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

evidencia que el demandante llevó costos por valor de $136.404.343, de los cuales laRadicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 UGPP aceptó la suma de $31.973.220 y rechazó la diferencia en tanto según esa entidad correspondían a periodos no fiscalizados de años 2012 y 2013, circunstancia que también se evidencia en la certificación contable aportada en sede judicial para el reconocimiento de los gastos.

Si bien el valor total certificado contablemente por el período 2014 es de $364.439.368, dicha suma no concuerda con el archivo detallado que adjunta el demandante, por las razones antes advertidas, lo que da cuenta de una irregularidad en las pruebas para efectos de aminorar la base de cotización de los aportes en salud.

Así, a nte la falta de certeza de la existencia de los costos alegados por la parte demandante, se mantiene su rechazo.

Recurso de apelación

La UGPP apeló la sentencia de primera instancia, por incurrir en defecto sustantivo al decidir el cargo de exclusión de la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones, por contar el demandante con la asignación de retiro8:

Cuestiona que el tribunal asimile la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública con la pensión de vejez y, por ende, considerara que la cotización al Sistema

Pensiones, por contar el demandante con la asignación de retiro8:

Cuestiona que el tribunal asimile la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública con la pensión de vejez y, por ende, considerara que la cotización al Sistema de Seguridad Social e ra voluntaria. Todo porque, en virtud de los artículos 163 del Decreto 1211 de 1990 -asignación de retiro - y, 33 y 64 de la Ley 100 de 1993 -requisitos para obtener la pensión de vejez en régimen de prima media y ahorro individual con solidaridadse trata de dos prestaciones diferentes en cuanto a normas, origen, beneficiarios, requisitos y recursos. Además, conforme al artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, las asignaciones de retiro y pensiones previstas en ese decreto son compatibles con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad militar o policial, por movilización o llamamiento colectivo al servicio y con las pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

Así las cosas, la asignación de retiro no impide que, como ocurre en este caso, en su calidad de independiente, el demandante tenga la capacidad económica, evento en el cual está en la obligación de afiliarse y pagar aportes sobre esos ingresos, en acatamiento a lo previsto en el artículo 48 de la CP y por no estar relevado de la obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento de su argumento, transcribió apartes de los conceptos del Ministerio de la Protección Social 113854 28 de abril y 211469 de junio, ambos de 2008,

Como fundamento de su argumento, transcribió apartes de los conceptos del Ministerio de la Protección Social 113854 28 de abril y 211469 de junio, ambos de 2008, conforme con los cuales : (i) la asignación de retiro prevista en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 no constituye una pensión cuando se trata de las que reconoce el Sistema General de Pensiones y (ii) la pensión de jubilación y la asignación por retiro son prestaciones diferentes q ue no se deben asimilar, por lo que quien recibe una asignación de retiro y suscribe un contrato laboral debe continuar cotizando para cubrir los riesgos de vejez, invalide z y muerte, al no existir incompatibilidad entre esas prestaciones y tener capacidad de pago.

Las personas que tengan asignación de retiro no están excluidas del sistema general de pensiones y deben cotizar a dicho subsistema cuando perciben ingresos como

8 Índice No. 28 de SAMAI del tribunal.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)

Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 trabajadores independientes y tengan capacidad de pago, como es el caso del demandante, quien tiene la obligación de afiliarse y pagar aportes al sistema de la protección social en pensiones.

El demandante apeló la sentencia de primera instancia en lo desfavorable a sus pretensiones -notificación, base de cotización y determinación del IBC -9, por las siguientes razones:

En el trámite administrativo no se autorizó ni diligenció formulario o formato para que

pretensiones -notificación, base de cotización y determinación del IBC -9, por las siguientes razones:

En el trámite administrativo no se autorizó ni diligenció formulario o formato para que la UGPP realizara la notificación de sus actuaciones por correo electrónico -art. 67 CPACA-, y que, pese a conocer la dirección física en la que se habían recibido notificaciones, de manera arbitraria cambió dicho canal de comunicación «sin siquiera asegurarse de que mi mandante recibiera las comunicaciones y requerimientos emitidos, contrariando los postulados que guían la actuación administrativa», lo que desconoció el derecho de defensa y debido proceso, por cuanto la indebida notificación de los actos limitó la posibilidad de dar respuesta clara, cierta y oportuna a los requerimientos y solicitudes de la entidad.

Si una norma referida a un impuesto de per íodo establece un beneficio tributario o reduce la carga tributaria al contribuyente, puede aplicarse en per íodo diferente al de la creación del tributo, siempre que los hechos económicos gravados no se hayan consolidado. Así, en consideración a que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 resulta más favorable para la situación en particular y reduce la carga como contribuyente, en aplicación del principio de favorabilidad se deben reliquidar las sanciones por omisión e inexactitud determinadas en los actos enjuiciado s. En caso contrario, solicita se aplique el esquema de presunción de ingresos para trabajadores independientes , establecido en el Decreto 1601 de 2022.

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