CE - Sentencia 25000233700020200007401 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Demandada: DIAN

Temas: Renta líquida por pasivos inexistentes originados en periodos no revisables. Procedencia de pasivos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación 1 interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:

Primero. Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412018000376 de 26 de noviembre de 2018 y su confirmatoria Resolución 992232019000174 del 14 de noviembre de 2019, por medio de las cuales la [DIAN] determinó oficialmente el Impuesto sobre la renta de [la demandante] por el año gravable 2015.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho declárase que la liquidación del impuesto … por

2019, por medio de las cuales la [DIAN] determinó oficialmente el Impuesto sobre la renta de [la demandante] por el año gravable 2015.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho declárase que la liquidación del impuesto … por el año … 2015 … corresponde a la incorporada en la [parte] considerativa de la presente providencia.

Tercero. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000376, del 26 de noviembre de 2018, la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015, presentada por la actora, en el sentido de adicionar rentas gravables por pasivos inexistentes de periodos fiscales no revisables , pues consideró que la contribuyente no demostró la realidad de ciertas deudas declaradas en 2014 -no incluidas en la vigencia fiscalizada [2015], que la demandante aducía como pagadas-. En consecuencia, calculó un mayor tributo a cargo e impuso sanción por inexactitud. La decisión fue confirmada con la Resolución 992232019000174, del 14 de noviembre de 20193.

1 Samai CE, índice 3, certificado 8A4A7CD76FEEC817 C802E58E2C0C8E07 8795C140093CABE0 2D6D34398909845A (pdf), p. 1. 2 Samai tribunal, índice 27, certificado A3AA6D6BA6C16976 80E69881C58188D1 511970199186B524 B9408A3086F6A080 (pdf), pp. 51 a 53.

2 Samai tribunal, índice 27, certificado A3AA6D6BA6C16976 80E69881C58188D1 511970199186B524 B9408A3086F6A080 (pdf), pp. 51 a 53. 3 Samai CE, índice 2, certificado AAEAC634C7AF2E33 84DE786585700181 ABAD6DD2C808E720 37746BAB7E1B0D25 (pdf), pp. 4 a 19 y 20 a 33.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones4:

PRIMERA PRINCIPAL

Que son nulos los siguientes actos administrativos:

a. La Liquidación Oficial de Revisión No. 322412018000376 del 26 de noviembre de 2018, por medio de la cual la [Dian] modificó la declaración privada del Impuesto sobre la renta …presentada por [la demandante] por el año gravable 2015.

b. La Resolución No. 992232019000174 "del 14 de noviembre de 2019, por medio de la cual la [Dian] decide el Recurso de Reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión …

SEGUNDA PRINCIPAL

b. La Resolución No. 992232019000174 "del 14 de noviembre de 2019, por medio de la cual la [Dian] decide el Recurso de Reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión …

SEGUNDA PRINCIPAL

Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que la liquidación privada … por el año gravable 2015 presentada por la contribuyente se ajusta al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, se encuentra en firme.

PRIMERA SUBSIDIARIA

Que subsidiariamente, se declare que no es procedente la sanción por inexactitud …

Invocó como vulnerados -por desconocimiento y falta o indebida aplicaciónlos artículos 29, 95 y 228 de la Constitución; 621 y 709 del Código de Comercio ( Decreto 410 de 1971); 239-1, 621, 632, 647, 709, 742, 767, 770 y 771 del ET (Estatuto Tributario); 264 de la Ley 223 de 1995; y la Circular 175 de 2001, bajo el siguiente «concepto de violación»5:

-Improcedencia de [la] fiscalización “indirecta” a la declaración del (…) 2014, por encontrarse en firme . Sostuvo que la autoliquidación era inmodificable desde el 06 de octubre de 2017 . Luego, manifestó que los pasivos con Patricia Sánchez, Marcelo Sánchez, Orlando Ortiz, Sindy Agudelo y Beatriz Moreno , que ascendieron a $624.000.000, fueron pagados en los plazos fijados en los pagarés que los garantizaron, por lo que no existían el 31 de diciembre de 2015 y no integraron la declaración privada

$624.000.000, fueron pagados en los plazos fijados en los pagarés que los garantizaron, por lo que no existían el 31 de diciembre de 2015 y no integraron la declaración privada de ese año. Advirtió que, si bien el auto de apertura ordenó la investigación respecto del periodo gravable 2015, todo el proceso de fiscalización indagó sobre los valores reportados en 2014 , pese a que la demandada conocía que dich a anualidad no era revisable. A continuación, indicó que la «acción de fiscalización » del artículo 239 -1 del ET solo podía ejercerse frente a declaraciones que no estuvieran en firme , de manera que la Administración excedió sus facultades porque investigó de manera indirecta un denuncio rentístico inmutable (2014), lo cual generaba la nulidad de la actuación.

-Violación al art . 29 de la Constituc ión (…). Explicó que el rechazo de las deudas tuvo origen en los pagarés que las soportaban, dado que para el fisco no constituían documentos de fecha cierta porque: (i) su presentación personal ante notario era posterior a la fecha de suscripción; y (ii) la prenotada diligencia solo tuvo la participación de la deudora, lo que contravenía las disposiciones comerciales y tributarias aplicables.

-(…) Desconocimiento del artículo 742 del ET (…). Reprochó la postura de la DIAN según la cual el rechazo de los créditos obedeció al análisis de los medios probatorios y los

4 Samai CE, índice 2, certificado E3B755D3B8B71906 E61DFE25EF9CD650 55F4DBBA56A7B329 FC4F10D728CD1C9F (pdf), pp. 1 a 2.

4 Samai CE, índice 2, certificado E3B755D3B8B71906 E61DFE25EF9CD650 55F4DBBA56A7B329 FC4F10D728CD1C9F (pdf), pp. 1 a 2. 5 Samai CE, índice 2, certificado 38F2542BC36C6496 D2F1715226414C8C D85FBFADBCFF6CE2 733AB275F8BB388D (pdf), pp. 8 a 36.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 argumentos de la respuesta al requerimiento especial. En su lugar, afirmó que el fisco no desarrolló el fundamento jurídico que avalaba la improcedencia de las pruebas. Cuestionó que, aun cuando la Administración invocó la prevalencia de la sustancia sobre la forma, ello no fue considerado en el análisis de su respuesta al acto previo, pues la demandada guardó silencio sobre su « situación económica » en 2014 y 2015 y los documentos de fecha cierta que respaldaban los pasivos a 31 de diciembre de 2014.

Criticó la vulneración al artículo 742 del ET porque su contraparte justificó la adición de renta líquida y la sanción por inexactitud a través de cruces de información -con los terceros acreedoresde los cuales no tuvo conocimiento . En esa línea, se opuso a los cuestionamientos de la DIAN sobre las diferencias entre los valores patrimoniales informados por los acreedores y los pasivos de su declaración privada, dado que no era

terceros acreedoresde los cuales no tuvo conocimiento . En esa línea, se opuso a los cuestionamientos de la DIAN sobre las diferencias entre los valores patrimoniales informados por los acreedores y los pasivos de su declaración privada, dado que no era de su «resorte» cómo estos presentaban sus denuncios rentísticos , manejaban su patrimonio o cuál era la fuente de los préstamos, máxime cuando dicha información debió obtenerse a través de requerimientos ordinarios -que según su entendimiento no fueron proferidos-, de modo que el fisco pretendió la incorporación como prueba de cruces de información que no tenían tal calidad. Además, expuso que los cruces de información eran indicios que , por sí solos, no constituían pruebas para amparar la imposición de sanciones. En consecuencia , si existía un indicio de «hecho irregular », aquel debía demostrarse con medios probatorios que confirmaran su ocurrencia, de suerte que la Administración vulneró su debido proceso, no valoró los documentos aportados y, en su lugar, tomó por ciertas suposiciones que no reflejaban la realidad de sus operaciones.

-(…) Indebida valoración de la prueba. Censuró que el fisco desconoció como prueba de los pasivos los pagarés debidamente «emitidos, firmados y con presentación personal».

-(…) Falsa motivación . Indicó que los actos contenían afirmaciones carentes de veracidad. En concreto, la DIAN aseguró que los pagarés por $704.000.000 incumplían los artículos 283, 770, 771 y 767 del ET porque no tenían la autenticación de las partes intervinientes y carec ían de fecha cierta, lo cual no era acertado dado que los títulos

los artículos 283, 770, 771 y 767 del ET porque no tenían la autenticación de las partes intervinientes y carec ían de fecha cierta, lo cual no era acertado dado que los títulos observaron los artículos 621 y 709 del Código de Comercio y tenían constancia de presentación personal ante notario. Así, el fisco omitió los medios probatorios aportados por falta de conocimiento o diligencia, motivo por el cual las decisiones eran nulas porque no explicaron las razones «efectivas y reales» para modificar su situación jurídica, sino que acudieron a razones inexistentes y otorgaron a sus pruebas una dimensión equivocada.

-Los pagarés (…) cumplen con (…) los arts. 621 y 709 ídem. Manifestó que el deudor era el creador del título y efectuaba la «promesa incondicional de pagar una suma de dinero». Por lo tanto, era innecesario que los acreedores suscribieran los documentos y los cuestionamientos a la validez o fecha cierta de los documentos por ausencia de la firma del acreedor contrariaban el artículo 710 ibidem y el concepto de « fecha cierta». Agregó que los pagarés eran títulos valores que soportaban una obligación clara, expresa y exigible, en virtud de lo cual el fisco estaba imposibilitado para fijar los requisitos que estos debían cumplir. Más adelante, hizo énfasis en el pagaré con Patricia Sánchez por $90.000.000 -con «fecha de amortización» del 10 de julio de 2015y destacó el cumplimiento a las exigencias mercantiles, de manera que los pasivos no eran inexistentes.

-Los pagarés (…) corresponden a documentos de fecha cierta . Aclaró que no tuvo la

a las exigencias mercantiles, de manera que los pasivos no eran inexistentes.

-Los pagarés (…) corresponden a documentos de fecha cierta . Aclaró que no tuvo la obligación de llevar contabilidad en 2014 y 2015, por lo que soportó sus obligaciones con Patricia Sánchez -$90.000.000-, Marcelo Sánchez -$140.000.000-, Orlando Ortiz - $200.000.000-, Sindy Agudelo -$94.000.000y Beatriz Moreno -$100.000.000con pagarés. Respecto de la «fecha cierta», trajo a colación el artículo 767 del ET y subrayó la presentación personal de los títulos ante notario entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre de 2014 . Sin embargo, el fisco desconoció esa circunstancia porque: (i) losRadicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 documentos no incorporaron la firma de los acreedores; (ii) en los casos de las deudas por $94.000.000 -contraída en 2009y $100.000.000 -asumida en 2010-, las fechas de otorgamiento y presentación personal eran diferentes [explicó que autenticó los pagarés mediante otrosí celebrado en diciembre de 2014]; y porque (iii) los pagarés expedidos en 2014 por $90.000.000, $140.000.000 y $200.000.000 presentaban valores inferiores en comparación a los declarados por los acreedores y no reflejaban los rendimientos.

2014 por $90.000.000, $140.000.000 y $200.000.000 presentaban valores inferiores en comparación a los declarados por los acreedores y no reflejaban los rendimientos.

Al r especto, señaló que la presentación personal de l título no era un requisito de existencia sino « una formalidad para otorgarle fecha cierta », de modo que la DIAN no podía reclamar coincidencia entre la fecha del otorgamiento y presentación personal , sobre todo cuando tal exigencia no figuraba en la ley. En ese orden, expuso que la presentación personal se surtió «antes del 31 de diciembre de 2014 ». A renglón seguido, subrayó que la Sección validó que la fecha de presentación personal fuera posterior a la de constitución del documento privado. Reiteró que la exigencia de la firma de los acreedores carecía de soporte legal y solo era «indispensable» la del deudor , en la medid a que cualquier incumplimiento facultaba al sujeto activo para emprender las acciones civiles pertinentes.

-La DIAN no puede considerar que [solo] puede constituir un pasivo el préstamo desembolsado a través del sistema financiero . Señaló que la entidad cuestionó la «falta de evidencia de movimientos bancarios » de sus acreedores porque impedía demostrar la trazabilidad de los préstamos, lo cual excedió sus facultades y creó cargas probatorias adicionales, dado que no existía una norma que subordinara el reconocimiento de pasivos a que los pagos de capital e intereses se canalizaran por el sistema financiero, sobre todo cuando el gravamen a los movimientos financieros desincentivaba su u so. Además, en regiones como los llanos orientales -domicilio de sus acreedores y donde

pasivos a que los pagos de capital e intereses se canalizaran por el sistema financiero, sobre todo cuando el gravamen a los movimientos financieros desincentivaba su u so. Además, en regiones como los llanos orientales -domicilio de sus acreedores y donde ejercía parte de su s actividades-, la «mayoría» de las transacciones se realizaban en efectivo. Replicó una nota periodística y la publicación de una entidad financiera sobre los altos índices de desbancarización a nivel nacional y mundial en 2014, de ahí que calificó como ilógico desestimar l os créditos por falta de trazabilidad en el desembolso del capital e intereses, toda vez que el 47% de la población estaba desbancarizada.

-Presunción de mala fe (…). Calificó como falsas las alegaciones del informe final y el requerimiento especial sobre la inclusión de pasivos inexistentes en 2014 para disminuir «su base de liquidación (…) por renta presuntiva para el (…) 2015». En ese sentido, explicó el procedimiento de depuración de la citada renta líquida especial e hizo énfasis en la imposibilidad de ejercer la posesión pacífica de algunos inmuebles de su propiedad. No obstante, el fisco rechazó tales alegaciones porque no desvirtuaban los indicios de inexistencia de los pasivos, lo cual materializó una valoración indebida de las pruebas porque la finalidad de estas consideraciones era excluir los activos en «la determinación de la base de la renta presuntiva para el (…) 2015» y acreditar la cancelación de un mayor impuesto.

-Liquidación de la renta presuntiva (…) en 2015. Concluyó que la «renta presuntiva» en el

la base de la renta presuntiva para el (…) 2015» y acreditar la cancelación de un mayor impuesto.

-Liquidación de la renta presuntiva (…) en 2015. Concluyó que la «renta presuntiva» en el año investigado fue de $34.525.986, esto es, un valor inferior al reportado en su denuncio -$102.277.000-. Después, presentó una «depuración de la base de renta presuntiva » para justificar que no tenía necesidad de incluir pasivos inexistentes debido a que su impuesto del 2015 fue « muy superior » al monto que legalmente debía cancelar -incluso con la supresión de las deudas consideradas inexistentes-. Por ello , mencionó que las afirmaciones de la DIAN atinentes a que los créditos fiscalizados «fueron creados (…) para disminuir su patrimonio bruto» eran falsas, injuriosas y quebrantaban el principio de buena fe.

-Situación económica apremiante (…) para los años 2014 y 2015. Explicó que en dichos periodos realizó «actividades inmobiliarias con bienes propios y arrendados », de ahí que sus ingresos correspondían a los frutos civiles de sus activos. Ahora bien, en atención a las condiciones de sus inmuebles -algunos poseídos de forma ilegítima por terceros o enRadicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 condiciones ruinosas-, arguyó que sus necesidades de liquidez eran «reales», por lo cual

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 condiciones ruinosas-, arguyó que sus necesidades de liquidez eran «reales», por lo cual debió endeudarse con Patricia Sánchez, Marcelo Sánchez, Orlando Ortiz, Sindy Agudelo y Beatriz Moreno . En línea con lo anterior, sostuvo que la causa de los préstamos era evidente y no correspondió a un acto fraudulento, pese a lo cual la demandada desconoció tales circunstancias en forma «intencional» y con ánimo confiscatorio. Añadió que adquirió obligaciones con Importadora Synergy Ltda. -$350.000.000-, Carlos Adolfo Castro -$624.157.000y Adidas de Colombia Ltda. -$230.000.000durante 2015 para cancelar «los pasivos del anterior ejercicio » y efectuar mejoras para el arrendamiento de un activo, lo que respaldaba tanto su «situación deficitaria» como la realidad de los préstamos.

-Ausencia de hecho sancionable. Adujo que no se configuraron los presupuestos del artículo 647 del ET para la imposición de la sanción, puesto que los pasivos incluidos cumplían los requisitos de «existencia legal» fijados en las normas comerciales y tributarias. Reiteró q ue la « fecha cierta » de los soportes de deudas para no obligados a llevar contabilidad se demostraba con la presentación de los títulos ante la autoridad competente, de ahí que soportó los créditos con documentos idóneos. Además, indicó que la DIAN desvirtuó sus medios probatorios mediante la exigencia de requisitos y

contabilidad se demostraba con la presentación de los títulos ante la autoridad competente, de ahí que soportó los créditos con documentos idóneos. Además, indicó que la DIAN desvirtuó sus medios probatorios mediante la exigencia de requisitos y condiciones adicionales como la f irma del acreedor en los pagarés , razón por la cual la citada disposición fue indebidamente aplicada y los actos incurrieron en falsa motivación.

-(…) «Diferencia de criterios» (…). Afirmó que el debate giraba en torno a la idoneidad de los pagarés. Explicó que el «error de apreciación frente al derecho aplicable » surgió por la interpretación dispar a los artículos 770 y 239-1 del ET, toda vez que el segundo impedía la fiscalización a periodos « en firme». Por consiguiente, la fiscalización « indirecta» a la declaración del 2014 -con efectos en 2015era irregular e improcedente. Agregó que los datos de su denuncio rentístico para esa vigencia no fueron falsos, desfigurados o equivocados, solo la entidad no compartía que la idoneidad y fecha cierta de los soportes de sus deudas. Finalmente, señaló que « los pasivos inexistentes » no disminuyeron el impuesto a su cargo, en la medida que lo liquidó «sobre una base presuntiva muy superior».

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora 6 porque sus decisiones observaron la Constitución y la s normas tributarias vigentes. A su juicio, el problema jurídico consistía en determinar si los actos violaron el debido proceso al apreciar el material probatorio y la situación económica de la demandante. Manifestó que su revisión

observaron la Constitución y la s normas tributarias vigentes. A su juicio, el problema jurídico consistía en determinar si los actos violaron el debido proceso al apreciar el material probatorio y la situación económica de la demandante. Manifestó que su revisión a múltiples aplicativos, la respuesta a requerimientos ordinarios y la información en medios magnéticos evidenció «inconsistencias» en la declaración del 2015. Señaló que las objeciones de la actora en la respuesta al requerimiento especial eran « apreciaciones infundadas» y acentuó el respeto a la garantía constitucional del debido proceso.

Explicó que el requerimiento especial fue notificado el 15 de junio de 2018, esto es, antes de la firmeza de la declaración investigada (2015) -que operaba el 23 de agosto de 2018- . Además, especificó que la declaración de renta del 2014 no fue objeto de investigación, sin embargo, era imposible desconocer que esta reflej ó los ingresos de la demandante «a lo largo del tiempo», de ahí que debían analizarse sus elementos para soportar la glosa.

Frente a la vulneración del artículo 742 del ET, explicó que la adición de rentas gravables obedeció a la existencia de «pasivos no revisables » con Patricia Sánchez -$90.000.000-, Marcelo Sánchez -$140.000.000y Orlando Ortiz -$200.000.000-, ya que los dos primeros carecían de capacidad económica según sus denuncios fiscales y el tercero no reflejaba «movimientos bancarios» en medios magnéticos. Asimismo, precisó que ninguno

primeros carecían de capacidad económica según sus denuncios fiscales y el tercero no reflejaba «movimientos bancarios» en medios magnéticos. Asimismo, precisó que ninguno

6 Samai tribunal, índice 8, certificado 01781D720229EE34 4F017A9C0AF02C90 04173C54ED524EDE 2A3AA05EF1290562 (zip), 2 (pdf), pp. 1 a 10.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 de los soportes de las deudas tenía fecha cierta. En relación con Sindy Agudelo - $94.000.000y Beatriz Moreno -$100.000.000-, explicó que los pagarés del 10 de diciembre de 2010 y 16 de diciembre de 2009 fueron autenticados 4 años después, esto es, el 10 de octubre de 2014 , sin perjuicio de la existencia de otrosíes que fijaron como nuevos términos para pagar las deudas los días 15 y 09 de diciembre de 2014, de modo que los créditos estaban cancelados para el 31 de diciembre de 2014. Más tarde, recalcó que «otras [deudas] inferiores a $5.000.000 (…) por un valor total de $35.365.000 » carecían de soportes. Así, defendió la valoración conjunta del material probatorio remitido por el contribuyente, los cruces con terceros y las declaraciones y extractos bancarios que reflejaban la falta de capacidad económica de los acreedores , más aún cuando la

soportes. Así, defendió la valoración conjunta del material probatorio remitido por el contribuyente, los cruces con terceros y las declaraciones y extractos bancarios que reflejaban la falta de capacidad económica de los acreedores , más aún cuando la obligada no allegó pruebas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los pasivos una vez cuestionada su veracidad, por lo que esta no honró su carga probatoria.

Mencionó que las «certificaciones» de Patricia Sánchez, Orlando Ortiz, Marcelo Sánchez y Beatriz Moreno, expedidas el 10 de julio, 06 de diciembre, 27 de julio y 29 de enero de 2015, señalaban que la actora pagó las deudas, pero no identificaron la fecha de pago del capital e intereses , el monto del pasivo a 31 de diciembre de 2014 ni demostraron que los pagarés tuvieran fecha cierta. Frente a la presentación de los pagarés ante notaría, destacó que su autenticación ocurrió «después del 10 de octubre de 2014» y el recurso de reconsideración no desvirtuó el indicio atinente a que «ello tuvo lugar después de [sus] fechas de emisión (…)». En paralelo, puntualizó que el manejo de dinero en efectivo era una costumbre mercantil que debía probarse en los términos del artículo 178 del CGP.

Finalmente, defendió la procedencia de la sanción por inexactitud , pues comprobó que «lo registrado no (…) corresp ondía de acuerdo con la investigación ». Descartó la « diferencia de criterios» porque se configuró una interpretación razonable sino el desconocimiento a las normas aplicables para justificar las operaciones que derivaron en un menor impuesto.

Sentencia apelada

criterios» porque se configuró una interpretación razonable sino el desconocimiento a las normas aplicables para justificar las operaciones que derivaron en un menor impuesto.

Sentencia apelada

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas7. En primer término, respaldó la legalidad de la inclusión como renta gravable del valor de los pasivos que la DIAN consideró inexistentes y originados en periodos no revisables (2014). Así, desestimó los reclamos sobre la fiscalización a una declaración en firme, dado que el fisco actuó con base en «las facultades otorgadas por el legislador».

De forma global, apuntó que el análisis a los pagarés reflejó que «fueron suscritos únicamente por la actora» -lo cual era suficientey detallaban: (i) nombre e identificación del acreedor; (ii) «valor año 2014»; (iii) fecha de firma; y (iv) fecha de amortización o pago . Respecto de los pagarés a favor de Sindy Agudelo y Beatriz Moreno, adujo que estos fueron suscritos en años previos, pues databan del 16 de diciembre de 2009 y el 10 de diciembre de 2010 -respectivamente-, sus fechas de cancelación eran el 10 y 15 de diciembre de 2012 y la presentación ante notario fue el 10 de octubre de 2014 , diligencia en la cual se aclaró que las nuevas fechas de amortización serían el «9 y 15 de diciembre de 2014». Advirtió que, según la demandante, las deudas estaban vigentes a 31 de diciembre de 2014 y, en apoyo a tal afirmación, destacó que los documentos tenían un sello de «cancelado» que a

según la demandante, las deudas estaban vigentes a 31 de diciembre de 2014 y, en apoyo a tal afirmación, destacó que los documentos tenían un sello de «cancelado» que a mano alzada señalaban 15 y 29 de enero de 2015 . A partir de lo anterior, concluyó que los pagarés tenían «fecha cierta» desde la presentación personal de los otrosíes , de ahí que la DIAN no podía desestimarlos por su falta de notarización al momento de la suscripción, pues no podían omitirse los otrosíes -sobre todo cuando «el pasivo cuestionado corresponde a 2014»-. En virtud del principio de literalidad, avaló la existencia de los créditos a 31 de diciembre de ese año, debido a que junto al sello de «cancelado» estaba registrado

7 Samai tribunal, índice 27, certificado A3AA6D6BA6C16976 80E69881C58188D1 511970199186B524 B9408A3086F6A080 (pdf), pp. 1 a 53.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00074-01 (27760)

Demandante: Hilda María Coy de Castro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 «15 y 29 de enero de 2015» -anotaciones que no fueron tachadas de falsas por la DIAN-, de modo que los pasivos existían el 31 de diciembre de 2015. Así, concluyó que el fisco no desvirtuó la existencia de las deudas «puesto que (…) el motivo de su censura se contrajo a que los pagarés no fueron autenticados al momento de su expedición, sino mediante otrosíes el 10 de octubre

desvirtuó la existencia de las deudas «puesto que (…) el motivo de su censura se contrajo a que los pagarés no fueron autenticados al momento de su expedición, sino mediante otrosíes el 10 de octubre de 2014, es decir, dos años después de la tenencia de la deuda, argumento que quedó desvirtuado ».

Sobre los pagarés con Marcelo Sánchez, Patricia Sánchez y Orlando Ortiz, emitidos el 28 de julio, 11 de septiembre y 07 de diciembre de 2014 y presentados ante notario el 23 de diciembre de tal año, indicó que, prima facie, cumplían los requisitos para considerarse como de fecha cierta desde que fueron autenticados, en la medida que el título solo exigía la firma de su creador (deudor). No obstante , observó que la Administración también cuestionó «la parte sustancial (…) de la transacción». Al respecto, destacó que la DIAN detectó inconsistencias entre los valores declarados por los acreedores a título de «patrimonio bruto» y los montos de los «pasivos» de la actora en 2014:

Acreedor Vr. declarado como patrimonio bruto Vr. declarado por la demandante como pasivo Patricia Sánchez 52.300.000 90.000.000 Marcelo Sánchez 120.000.000 140.000.000 Orlando Ortiz 104.000.000 200.000.000

Además, relató que los títulos pactaron el reconocimiento de intereses a una tasa mensual del 0,8%, pero Patricia Sánchez no declaró ingresos por tal concepto y Marcelo Sánchez solo reportó $1.560.000 cuando el valor correcto era $5.600.000. Igualmente, expuso que la información de los acreedores en medios magnéticos reflejó que estos no

Sánchez solo reportó $1.560.000 cuando el valor correcto era $5.600.000. Igualmente, expuso que la información de los acreedores en medios magnéticos reflejó que estos no tenían capacidad económica para « prestar sumas tan elevadas », las cuales tampoco figuraban ante entidades financieras para observar los movimientos bancarios. Por ende, como la Administración desvirtuó la veracidad de las operaciones, la contribuyente tenía que demostrar su existencia, lo cual no ocurrió. Adicionalmente, encontró que las «otras [deudas] por (…) $35.365.000» no fueron probados, de suerte que la glosa debía confirmarse.

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