CE - Sentencia 25000233700020200013201 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Demandado: UGPP

Temas: Aportes al SPS 2013. Firmeza. Determinación del IBC. Pagos no retributivos. Cooperativas de trabajo asociado. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por las partes contra la sentencia, del 10 de agosto de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDO-2018-04709, del 15 de diciembre de 2018, por la cual, [la demandada] profirió liquidación oficial de los aportes al sistema de la protección social y contribuciones parafiscales a SENA e ICBF de los periodos comprendidos entre enero y diciembre

por la cual, [la demandada] profirió liquidación oficial de los aportes al sistema de la protección social y contribuciones parafiscales a SENA e ICBF de los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2013 a Conesad CTA, y de la resolución RDC-2019-02955, del 27 de diciembre del 2019 , que resolvió el recurso de reconsideración, por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho se ordena a [la demandada]:

-Eliminar todos los ajustes que versan sobre los periodos de enero, febrero, marzo y abril del año 2013, conforme a lo expuesto en la providencia.

-Reliquidar los aportes a los subsistemas de salud, pensión, FSP, ARL, CCF, SENA e ICBF de los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2013, de acuerdo con lo señalado en la sentencia.

-Recalcular los montos de las sanciones por inexactitud y omisión, en los términos establecidos en la providencia.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. No se condena en costas.

ANTECEDENTES Actuación administrativa

La demandada mediante la Resolución RDO-2018-04709, del 15 de diciembre de 2018, reliquidó el IBC (Ingreso Base de cotización) y los aportes al SPS (Sistema de Protección Social) y aportes parafiscales, a cargo de la actora correspondientes a periodos de enero

reliquidó el IBC (Ingreso Base de cotización) y los aportes al SPS (Sistema de Protección Social) y aportes parafiscales, a cargo de la actora correspondientes a periodos de enero

1 Samai Tribunal, índice 30, certificado 7311795B69BD000D F19D22FB8FD8777E 29952AC98F66A458 C713C99154A94801 (pdf), pp. 32 a 34. 2 Samai Tribunal, índice 30, certificado 7311795B69BD000D F19D22FB8FD8777E 29952AC98F66A458 C713C99154A94801 (pdf), pp. 32 a 34.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 a diciembre de 2013, junto con los respectivos intereses moratorios, e impuso sanciones por inexactitud y omisión 3. Dicha decisión fue modificad a parcialmente a través de la Resolución RDC-2019-02955, del 27 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de reconsideración, excluyendo de la determinación de los aportes al SENA e ICBF , los pagos por auxilio de transporte4.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Pretensión principal:

el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Pretensión principal:

Se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución No. RDO-2018-04709, del 15 de diciembre de 2018 (…).

2. Resolución RDC-2019-02955, del 27 de diciembre del 2019 (…).

Pretensiones subsidiarias:

A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total de los anteriores actos, solicitamos se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo desfavorable a mi poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la nulidad parcial de [los actos demandados].

B. De igual forma, señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso se obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente que se le exonere del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi representando por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicial.

Sobre el restablecimiento del derecho:

A. Sobre el daño emergente:

1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en la defensa

de sentencia judicial.

Sobre el restablecimiento del derecho:

A. Sobre el daño emergente:

1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la UGPP y para interponer la presente demanda de nulidad y restablecimiento. Los valor es de los gastos incurridos son por un valor de [$8.778.030], los cuales se prueban con los contratos de prestación de servicios suscritos y que se allegan en el acápite de pruebas de la presente demanda.

2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados, solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados por concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado, respe cto al capital, intereses moratorios y/o sanciones por omisión, inexactitud o mora.

Condena en costas: Solicito que se condene en costas a la [demandada], de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Invocó como vulnerados los artículos 29, 48 y 338 de la Constitución; 708 y 730 del ET (Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989) ; 9 del CST (Código Sustantivo del Trabajo,

3 Samai Tribunal, índice 6, certificado 30064B5CF5479B93 9971A13B8BCF1C6F B9230ACD6F919A05 2708B4F1AB9D8AA0 (zip), 9 (folder) (pdf), pp. 2 a 23.

2 a 23. 4 Samai Tribunal, índice 6, certificado 30064B5CF5479B93 9971A13B8BCF1C6F B9230ACD6F919A05 2708B4F1AB9D8AA0 (zip), 11 (folder) 4 (pdf), pp. 1 a 33. 5 Samai CE, índice 2, certificado D5C4A19692935387 4F2F911EE61C74F3 1E93AFACC98C7457 C8AD8B356F8526C8 (zip) 2 (folder) (pdf), pp. 2 a 4.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Decreto 2663 de 1950); 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 50 de la Ley 1739 de 2014; y 21 del Decreto 575 de 20136:

-Aplicación de la c aducidad de la potestad fiscalizadora de los periodos de enero a diciembre de 2013 . Solicitó decretar la caducidad de la potestad de la UGPP para fiscalizar los periodos de enero a diciembre de 2013. A tales efectos, sostuvo que, según lo previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 y lo señalado por la demandada en un pronunciamiento previo emitido con ocasión de la resolución de un recurso a otro administrado, el término para el ejercicio de la fiscalización de la Administración, era de

un pronunciamiento previo emitido con ocasión de la resolución de un recurso a otro administrado, el término para el ejercicio de la fiscalización de la Administración, era de cinco años desde el momento en que el aportante debió declarar y no declaró o lo hizo, pero por valores inferiores a los que correspondía , hasta la notificación de la liquidación oficial, sin que tal término de caducidad se suspendiera con la notificación del requerimiento de información, pues en la redacción de la disposición, la referencia a tal acto se separó con una coma. Así, como la liquidación oficial demandada fue notificada el 21 de diciembre de 2018, se configuró la caducidad respecto de todos los periodos de enero a diciembre de 2013.

-Falsa motivación por deuda incierta - la liquidación oficial no se emitió en forma completa conforme lo ordena la Ley 1151 de 2007 y violación del derecho de defensa e imposibilidad de conocer el monto real de la liquidación oficial . Sostuvo que, al tenor del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, uno de los elementos que debía contener el acto de determinación oficial era la liquidación expresa y concreta de los intereses moratorios causados por los aportes al SPS objeto de revisión; sin embargo, estos no se incluyeron en la resolución ni en el CD que hace parte integral de la misma . En consecuencia, los actos estaban indebidamente motivados e incurrieron en falsa motivación, pues al quedar ejecutoriada la liquidación oficial no cumplía con las condiciones de ser clara, expresa y exigible, como se requ ería para que un acto administrativo « … pueda convertirse en título valor». Añadió que, al no cumplirse los elementos de los actos administrativos, entre ellos,

exigible, como se requ ería para que un acto administrativo « … pueda convertirse en título valor». Añadió que, al no cumplirse los elementos de los actos administrativos, entre ellos, la motivación, carecía de validez y eficacia y adicionalmente vulneraba el derecho de defensa y del debido proceso, lo que comportaba su nulidad.

-Pagos no retributivos de trabajo no se pueden clasificar como compensaciones extraordinarias. Adujo que el Decreto 3553 de 2008 no prohibía que las cooperativas de trabajo asociado incluyeran en su régimen, pagos no retribu tivos d el servicio ; por el contrario, las normas que regulan la actividad de estos entes, les permite pactar libremente tales aspectos en sus estatutos y en el régimen de trabajo asociado, como lo hizo la actora. En ese sentido, cuestionó que la demandada considerara como prohibido el concepto de «no compensaciones», pues la prenotada disposición no determinaba que solo existieran compensaciones ordinarias y extraordinarias, por el contrario, las definía y las condicionaba a que retribuyeran el servicio. Por ello, el régimen de compensaciones permitía pactar pagos no retributivos de la prestación del servicio , los cuales no se enmarcaban como compensaciones ordinarias o extraordinarias que sí tenían implícita la retribución directa del servicio . En tal contexto, señaló que era equivocado incluir los pagos por «compensación semestral », « compensación anual diferida » y el «interés por la compensación anual diferida » para calcular el valor de los aportes al sistema de seguridad social, dado que no retribuían el trabajo realizado.

Adujo que sí, como lo había señalado la Corte Constitucional con ocasión del análisis del

compensación anual diferida » para calcular el valor de los aportes al sistema de seguridad social, dado que no retribuían el trabajo realizado.

Adujo que sí, como lo había señalado la Corte Constitucional con ocasión del análisis del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, las compensaciones de los trabajadores asociados por las labores realizadas debían estar acordes con lo regulado en el Código Sustantivo

6 Samai CE, índice 2, certificado D5C4A19692935387 4F2F911EE61C74F3 1E93AFACC98C7457 C8AD8B356F8526C8 (zip) 2 (folder) (pdf), pp. 13 a 31.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 del Trabajo , entonces los pagos antes identificados , que eran asimilables a las prestaciones sociales, no integrarían el IBC para los aportes al SPS, ya que no retribuían los servicios prestados por los asociados ; esto en concordancia con el artículo 339 del CST que señala que las cooperativas deben a sus trabajadores las mismas prestaciones que las empresas . Seguidamente, advirtió que aportaba un e xcel identificando los conceptos que debían excluirse por no ser compensatorios, y finalizó concluyendo que los actos acusados incurrían en falsa motivación y, por eso, debían anularse.

-Principio de legalidad que cubre el régimen de compensaciones: Señaló que los artículos

los actos acusados incurrían en falsa motivación y, por eso, debían anularse.

-Principio de legalidad que cubre el régimen de compensaciones: Señaló que los artículos 7 y 25 del Decreto 4588 de 2006 preveían que las cooperativas deb ían contar con la autorización del régimen de trabajo y de compensación por parte del Ministerio de Protección Social, y establecían el contenido mínimo del régimen de compensaciones, el cual no prohíbe realizar pagos que no tengan como finalidad la retribución del servicio , sino que correspondan a garantías sociales, lo que se ha llamado «no compensaciones», lo que para el caso se integraba con los siguientes conceptos: “compensación semestral», «compensación anual diferida », « intereses por la compensación anual diferida », « ayuda para el transporte (subsidio de transporte) », « cuentas contables de cafetería, transportes fletes y acarreos, papelería y útiles de oficina, gto viáticos y otros» y «descanso anual compensado».

Arguyó que al modificar la Administración la naturaleza de estos pagos «no compensatorios» desconocía la voluntad de los asociados plasmada en el régimen de compensaciones, a tal punto que se desconocía l a autorización del Ministerio del Trabajo, pronunciamiento que configuraba un acto administrativo « … revestido del principio de legalidad », el cual anexaba como prueba, y que no podía ser desvirtuado con la liquidación oficial, pues esto vulneraría el principio de confianza legítima, comoquiera que era el mismo Estado el que había avalado las «no compensaciones». Agregó que los pagos por concepto de «auxilio de transporte» así como los correspondientes a «cafetería, transportes fletes y acarreos, papelería y

había avalado las «no compensaciones». Agregó que los pagos por concepto de «auxilio de transporte» así como los correspondientes a «cafetería, transportes fletes y acarreos, papelería y útiles de oficina, gto viáticos y otros» debían excluirse del cálculo del IBC al no retribuir servicios prestados por los asociados. Los primeros porque eran herramientas para la movilización y los segundos porque eran para el desarrollo normal de la cooperativa . Finalmente, sostuvo que la demandada carecía de competencia para cambiar la naturaleza de la compensación, convertir pagos no compensatorios en compensación extraordinaria, pues dicha facultad se encontraba reservada al juez natural.

-La clasificación de las cuentas contables según la Superintendencia Solidaria permite establecer que los pagos no compensaciones no son tomados para el IBC. Sostuvo que, según la doctrina de la Superintendencia Solidaria, las cooperativas de trabajo asociado no tienen una prohibición respecto de pagos que no retribuy an el servicio de los asociados, lo que se evidencia en la prenotada doctrina, al señalar unas cuentas contables especiales correspondientes a pagos que no t ienen como finalidad la retribución del trabajo, de las cuales destacó:

Pagos efectuados Pagos similares Compensación anual diferida Cesantías consolidadas Compensación Semestral Prima de Servicios Descanso anual compensado Vacaciones Compensación Extraordinaria Bonificaciones (…)

Bajo tal ilación, subrayó que el propio órgano de control de las cooperativas aceptaba que existían pagos similares a los entregados en una relación laboral que no retribuían el servicio . Así, los actos debían anularse al «… haber cambiado la naturaleza de las no

que existían pagos similares a los entregados en una relación laboral que no retribuían el servicio . Así, los actos debían anularse al «… haber cambiado la naturaleza de las no compensaciones» y asimilarlas indebidamente a las compensaciones extraordinarias.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 -Cálculos errados en el descanso anual por terminación del contrato y error en el descanso anual compensado en tiempo: Planteó que, a partir ¿de la premisa de que las cooperativas debían asimilar su contabilidad y pagos de seguridad social a los parámetros de una empresa regida por el régimen ordinario laboral, la demandada había errado por lo siguiente: (i) sobre los pagos por concepto de «descanso anual compensado por terminación del contrato » no debían realizarse aportes al SPS , solo deb ían efectuarse aportes parafiscales, pues conforme al artículo 17 de la Ley 21 de 1982, estas compensaciones t enían la misma finalidad que las vacaciones por liquidación del contrato; y (ii) sobre los pagos por concepto de «descanso anual compensado en tiempo » no debían realizarse aportes al subsistema de riesgos laborales, pues este concepto equivalía a las vacaciones compensadas en dinero, y bajo el régimen ordinario no existía obligación de realizar aportes al subsistema AR L dado que durante ese periodo no se prestaba servicio.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora , por considerarlas

obligación de realizar aportes al subsistema AR L dado que durante ese periodo no se prestaba servicio.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora , por considerarlas improcedentes. A tales efectos, argumentó que su actuación se ajustó a las facultades , funciones y competencias establecidas en la ley7. Manifestó que la demandante no determinaba con exactitud y claridad cuál era la supuesta infracción o quebrantamiento en que incurrió la entidad al expedir los actos demandados, pues solo hacía una enunciación de las normas sin efectuar un análisis pormenorizado de estas.

Arguyó que la demandante no efectuó correctamente la liquidación de los aportes de sus trabajadores, incurrió en omisión en su afiliación , presentó mora en el pago de sus aportes y cometió inexactitudes en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al SPS de los periodos enero a diciembre de 2013. En esa línea, se opuso a las pretensiones de la indemnización por daño emergente, costas y agencias en derecho, al considerar que se comprobó que la actora incurrió en las irregularidades determinadas en los actos administrativos. Frente a la indemnización por daño emergente, sostuvo que la demandante no probó la causación del perjuicio . En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho, alegó que resultaban improcedentes porque se debatía un asunto de interés general (art. 188 del CPACA ). También aseguró que no vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa . A continuación se refirió a los cargos de la demandada, así:

Respecto de la «caducidad de la potestad fiscalizadora», precisó que la entidad contaba con el

proceso ni el derecho a la defensa . A continuación se refirió a los cargos de la demandada, así:

Respecto de la «caducidad de la potestad fiscalizadora», precisó que la entidad contaba con el término de cinco años para adelantar las acciones de determinación de las contribuciones al SPS, el cual comenzaba a correr desde el momento en que el aportante no declaró o declaró por valores inferiores a los debidos, el cual se interrumpía con la notificación del requerimiento de información , surtida el 12 de marzo de 2014 , por lo que el plazo de firmeza fenecía «… en el año 2019 », lapso dentro del cual se efectuó la actuación administrativa. Lo anterior, debido a que los periodos fiscalizados se regían por el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, al corresponder a periodos posteriores a su entrada en vigor.

En cuanto a la « falsa motivación por deuda incierta » y a la «violación al derecho de defensa e imposibilidad de conocer el monto real de la liquidación oficial », defendió que la liquidación oficial contenía acápites como: «considerando…oportunidad, marco legal, fundamentos de derecho, aspectos que incidían en la determinación de las contribuciones de la protección social , análisis y conclusiones» y bajo tal ilación destacó que los actos relacionados con la determinación de las contribuciones al SPS se componían de dos elementos que conformaba un solo acto

7 Samai Tribunal, índice 6, certificado ECAF0527FC656806 A96B88982B51C38B C665D0CEC4688873 31CFE5C24989D83E (zip) 2 (pdf), pp. 1 a 41.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 integral: (i) la p arte argumentativa : que exponía toda la motivación normativa y jurisprudencial que sustentaba el ejercicio de determinación y (ii) la parte liquidatoria: que se concretaba en un archivo Excel (SQL) que presentaba el análisis numérico detallado del caso concreto , documentos que eran complementarios . Añadió que los actos demandados contenían un resumen de los valores determinados, extraídos del citado SQL. En ese contexto, a seguró que los actos en cuestión estaban debida y completamente motivados, pudiendo observarse en ellos, cada uno de los trabajadores, el concepto de incumplimiento, la tarifa para cada subsistema, y el correspondiente ajuste.

Finalmente, frente a la liquidación de los intereses, sostuvo que estos no formaban parte del aporte, ya que se determina ban definitivamente al momento del pago de estos, por mes o fracción , desde que estos se hicieron exigibles , de m odo que no resulta ba procedente su liquidación en los actos demandados. A partir de ello, se evidenciaba que los actos habían sido proferidos en cumplimiento de un deber legal y se le permitió al aportante controv ertirlos, de manera que no se configuró una falsa motivación por el hecho de no incluir los intereses.

Sobre la validez y eficacia de los actos administrativos, señaló que estos existían desde su expedición, ya que fueron emitidos observando los requisitos, formalidades y exigencias establecidas en la Ley. Asimismo, aseguro que eran eficaces, pues fueron

Sobre la validez y eficacia de los actos administrativos, señaló que estos existían desde su expedición, ya que fueron emitidos observando los requisitos, formalidades y exigencias establecidas en la Ley. Asimismo, aseguro que eran eficaces, pues fueron notificados a la demandante, quien «… interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, obviando presentar el recurso de reconsideración ». En consecuencia, dichos actos gozaban de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada ni durante la actuación administrativa ni con la presente acción.

Frente a los cuestionamientos respecto de que los « … pagos no retributivos de trabajo no se pueden clasificar como compensaciones extraordinarias » para la determinación del IBC de los asociados, y al «principio de legalidad que cobija el régimen de compensaciones », sostuvo que contrario a lo señalado por la actora, si se tuvo en cuenta lo dispuesto en los estatutos y en el régimen de trabajo asociado. Añadió que no transgredió las normas que regulaban las cooperativas de trabajo asociado, pues los actos proferidos se encontraban ajustados a la ley. Seguidamente, reprodujo los artículos 59 de la Ley 79 de 1988; 10, 11, 13 y 25 del Decreto 4588 de 2006; 3 y 6 de la Ley 1233 de 2008; y 1 del Decreto 3553 de 2008, para seguidamente señalar que el acuerdo cooperativo obligaba al asoc iado a cumplir con los estatutos y el régimen de trabajo y de compensaciones , y que, e l régimen de compensaciones aplicable a tales entidades abarcaba «… todas las sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no

compensaciones aplicable a tales entidades abarcaba «… todas las sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no constituyen salario», y debía detallar con claridad las condiciones de las mismas, acorde con lo establecido por los estatutos.

Asimismo, advirtió que dada la particular característica de las cooperativas, en que los aportantes eran al mismo tiempo asociados y trabajadores, el régimen de seguridad social era el establecido en los estatutos y reglamentos que se originaban en el acuerdo cooperativo, y por consiguiente no estaban sujetos a la regulación laboral ordinaria aplicable a los trabajadores independientes.

Luego, resaltó que acorde con el Decreto 3553 de 2008 artículo s 1 y 2 , las compensaciones se divid ían en ordinarias y extraordinarias , entendidas las primeras, como aquellas que el asociado percibía mensualmente a título de retribución por su actividad, mientras que las extraordinarias eran los demás pagos adicionales a la compensación ordinaria -exceptuados los pagos realizados con cargo a los fondos de educación y/o solidaridad-. Así, conforme a lo previsto en los artículos 1, 2 y 6 de la LeyRadicado: 25000-23-37-000-2020-00132-01 (28300)

Demandante: Conesad CTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 1233 de 2008, el IBC de los trabajadores asociados para los aportes al SPS (salud, pensiones y riesgos) y a las Cajas de Compensación Familiar, debía calcularse con base

www.consejodeestado.gov.co 7 1233 de 2008, el IBC de los trabajadores asociados para los aportes al SPS (salud, pensiones y riesgos) y a las Cajas de Compensación Familiar, debía calcularse con base en las compensaciones ordinarias y extraordinarias , mientras que los aportes al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) e ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) se efectuaban solo sobre las compensaciones ordinarias.

Luego, arguyó que acorde con lo previsto en la Ley 79 de 1988, artículo 59, la fuente de derecho de las cooperativas eran sus estatutos, ahora, su autonomía estatutaria, aunque amplia, no era absoluta, sino limitada por las normas superiores , por ello era claro que aún aun si los estatutos contaban con la autorización del Ministerio de la Protección Social, lo allí contenido no producía ningún efecto en todo aquello que contrariara o desmejorara los derechos y las protecciones establecidas en el ordenamiento jurídico que regula la materia y que benefici ara a los trabajadores asociados. Esto, sin perjuicio de la creación de fondos con los excedentes, para distintos fines, como educación y solidaridad, cuyos pagos no constituían compensaciones.

Al hilo de lo anterior, señaló que en la fiscalización realizada a la actora, se estableció que los pagos efectuados por la actora a sus asociados por concepto de: compensación anual diferida, Intereses compensación anual diferida, compensación semestral, descanso anual compensado, cafetería, transportes, fletes y acarreos, papelería y útiles de oficina, Viáticos, otros y demás pagos que no constituyen compensación, fueron realizados directamente por la cooperativa, sin

compensado, cafetería, transportes, fletes y acarreos, papelería y útiles de oficina, Viáticos, otros y demás pagos que no constituyen compensación, fueron realizados directamente por la cooperativa, sin que esta hubiera constituido un fondo para la cobertura de dichos conceptos, de manera que se debían considerar como compensaciones extraordinarias . Agregó que, acorde con lo señalado por esta corporación8, si bien el Ministerio de trabajo había autorizado el régimen de trabajo y de compensaciones, el ente fiscalizador no estaba sujeto a lo allí establecido, puesto que debían analizarse elementos como la permanencia, habitualidad y periodicidad para establecer la naturaleza del pago, y para el caso se observa ba que las compensaciones de los trabajadores en algunos casos eran permanentes y en otros habituales y periódicas.

Seguidamente, adujo que el Ministerio había señalado en el concepto 5117 de 2009 que: «todo lo que recibe el trabajador asociado como contraprestación por sus servicios, se denomina Compensación, luego la norma no contempla el pago de auxilio alguno, sino que todo pago será una Compensación», razonamiento que compartía, de m odo que la cooperativa no podía excluirlos de las compensaciones ordinarias o extraordinarias, bajo la premisa de ser «no compensación». Así, los ajustes efectuados en los actos demandados observaban plenamente la normativa aplicable de las cooperativas de trabajo asociado , de m anera que tampoco se había vulnerado el principio de legalidad.

En relación c on las cuentas contables que deb ían utilizar las cooperativas de trabajo asociado, específicamente de la cuenta «5105 Gastos de Personal », anotó que ninguna se denominaba «… “no compensación” ni mucho menos “pagos que no constituyen compensación ”», de

En relación c on las cuentas contables que deb ían utilizar las cooperativas de trabajo asociado, específicamente de la cuenta «5105 Gastos de Personal », anotó que ninguna se denominaba «… “no compensación” ni mucho menos “pagos que no constituyen compensación ”», de modo que contrario a lo señalado por la actora, era claro que la Supersolidaria no describía cuentas que se excluyeran de ser compensaciones , tal como lo señaló el Ministerio en el concepto antes citado.

Igualmente, acotó que las normas propias de los trabajadores independientes eran inaplicables a las cooperativas, y añadió que, ante la inexistencia de un vínculo laboral, no se generaba el pago de prestaciones sociales ni las demás prerrogativas propias de

8 Sentencia del 18 de junio de 2014, exp 92