CE - Sentencia 25000233700020200016401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto de renta año 2016. Rechazo de inventarios y costos de ventas. Irregularidades en la contabilidad. Simulación de operaciones. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 3 de mayo de 2017 , la sociedad Ziggurat Arquitectura S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2016, en la que liquidó un saldo a pagar.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 3 de mayo de 2017 , la sociedad Ziggurat Arquitectura S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2016, en la que liquidó un saldo a pagar. Previa expedición del requerimiento espec ial y respuesta de la demandante al mismo, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 322412019000368 del 13 de noviembre de 2019 , que modificó la declaración en el sentido de desconocer inventarios y, costos de ventas y de prestación de servicios, lo que llevó a aumentar el impuesto a cargo, e imponer sanción por inexactitud y por irregularidades en la contabilidad. El contribuyente prescindió del recurso de reconsideración y presentó demanda per saltum. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones2:

1 SAMAI Tribunal. Índice 20. 2 SAMAI Tribunal. Índice 4«1ED_EXPEDIENTE_01DEMANDA(.PDF) NroActua 4».Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 322412019000368 del 12 (sic)

www.consejodeestado.gov.co 1.1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 322412019000368 del 12 (sic) de noviembre de 2019, por medio de la cual se pretende desconocerle a la sociedad ZIGGURAT ARQUITECTURA SAS (ANTES ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA) NIT (…), unos inventarios así como unos costos de ventas y de prestación de servicios y sancionarla por inexactitud e irregularidades en la contabilidad. 1.2. Que se declare la firmeza de la Declaración de Renta y complementarios presentada por la sociedad ZIGGURAT ARQUITECT URA SAS (ANTES ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA) NIT 900.089.230-5, correspondiente al año gravable 2016. 1.3. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 83 y 363 de la Constitución Política; 3, 42 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 164, 165, 167, 173 y 176 del Código General del Proceso; y 647, 654, 655, 683, 742, 743, 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario. Sostuvo que la liquidación oficial de revisión es nula porque se fundamentó en una investigación tributaria realizada por “la División de Gestión de Fiscalización para Personas Naturales y Asimiladas”, que no tenía competencia funcional para investigar a personas

Sostuvo que la liquidación oficial de revisión es nula porque se fundamentó en una investigación tributaria realizada por “la División de Gestión de Fiscalización para Personas Naturales y Asimiladas”, que no tenía competencia funcional para investigar a personas jurídicas; lo cual configura la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 730 del Estatuto Tributario. Cuestionó que, para la DIAN, las operaciones realizadas en el 2016 entre Ziggurat Arquitectura S.A.S. y la sociedad Carrillo Alonso S.A.S son “presuntamente simuladas”, al considerar que no estaban respaldadas en documentos internos ni externos , desconociendo que los registros realizados en la cuenta de inventarios y costos estaban debidamente soportados y obran en el expediente. Manifestó que el acto acusado desconoce la contabilidad con fundamento en los artículos 3, 4, 11, 12, 15, 39, 53, 57 , 133 y 134 del Decreto 2649 de 1993, no obstante que, desde la expedición de la Ley 1314 de 2009, la norma aplicable era las NIIF, salvo en lo no regulado . Resaltó que la mayoría de dichos artículos se encuentran derogados, entonces, la DIAN decidió con base en normas inexistentes, configurando un defecto material o sustantivo que compromete la legalidad del acto administrativo. Discutió que, la administración desconoció las notas de contabilidad, pese a que se trata de un documento interno de la empresa que fue utilizado para ajustar “errores presentados en las cuentas de inventarios, obligaciones financieras, proveedores, impuesto de renta, otros pasivos y en los gastos”, además, no requieren firma de contador o revisor fiscal ni de otro documento soporte.

presentados en las cuentas de inventarios, obligaciones financieras, proveedores, impuesto de renta, otros pasivos y en los gastos”, además, no requieren firma de contador o revisor fiscal ni de otro documento soporte. Resaltó que la DIAN rechazó las operaciones con el proveedor y el inventario de la sociedad de manera injustificada, alegando que aquel no tenía capacidad operativa ni cumplía deberes formales y presentaba inconsistencias en los ingresos y costos declarados, haciendo responsable al demandante de las acciones cometidas por ese tercero. Que, a pesar de que el proveedor, tenía RUT y resolución de facturación, la administración pretende castigar a la demandante por presuntas omisiones del proveedor, desconociendo la presunción de inocencia, la prohibición de responsabilidad objetiva, y los principios de equidad y justicia.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionó que la DIAN no sancionó al proveedor; y tampoco tuvo en cuenta que los inventarios desconocidos corresponden a materiales comprados al tercero, que fueron utilizados en una obra culminada y entregada conforme al contrato firmado con la Universidad Distrital y el Consorcio ZGC El Porvenir; todo lo cual se corrobora en las actas de finalización de la obra y de entrega y recibo final. Señaló que la administración también desconoce que, desde el mes de octubre de 2016, el proveedor poseía el establecimiento de comercio “CARRILLO ALONSO DEPOT”, que ahí

actas de finalización de la obra y de entrega y recibo final. Señaló que la administración también desconoce que, desde el mes de octubre de 2016, el proveedor poseía el establecimiento de comercio “CARRILLO ALONSO DEPOT”, que ahí se comercializaban materiales de construcción y de ferretería, y se despacharon los materiales requeridos por Ziggurat Arquitectura S.A.S. para adelantar el proyecto de obra civil firmado con el Consorcio ZGC El Porvenir 013. De manera que, no es cierta la afirmación de la DIAN de que el proveedor no tenía depósito u otras sedes o bodegas que permitieran llevar a cabo su objeto social, mucho menos cuando la entidad omitió realizar una visita a dicho establecimiento de comercio, pese a conocer de su existencia. Advirtió que, conforme con el artículo 742 del Estatuto Tributario, la DIAN tiene la obligación de probar que las transacciones fueron simuladas, por lo que no debió sustentarse en meras suposiciones. Argumentó que la acusación según la cual Ziggurat Arquitectura S.A.S. habría recurrido a la simulación de operaciones para obtener una disminución del tributo a pagar, y que ello constituye un fraude fiscal, carece de todo fundamento, pues el demandante declaró la totalidad de sus ingresos, y por ello, resulta improcedente que se pretenda desconocer los costos asociados a los mismos. Agregó que, si se rechazan los costos también deberían desconocerse los ingresos, pues la valoración de la prueba no puede ser sesgada. Sostuvo que los pagos efectuados al proveedor se encuentran debidamente soportados en las facturas, las cuales cumplen los requisitos exigidos por la normativa tributaria. Que,

sesgada. Sostuvo que los pagos efectuados al proveedor se encuentran debidamente soportados en las facturas, las cuales cumplen los requisitos exigidos por la normativa tributaria. Que, además, estos pagos fueron contabilizados mediante comprobantes de recibo de caja y algunos se reflejan en los extractos bancarios entregados en la visita de verificación. Adujo que la afirmación de que no se entregaron los libros de contabilidad, no es correcta, pues durante la inspección contable de la que fue objeto se hizo entrega una memoria USB con los libros mayor y balance, diario e inventario y balance del año 2016. Consideró que es improcedente la sanción por inexactitud, pues demostró que los inventarios y costos declarados son veraces, y que la DIAN los pretende desconocer con meras suposiciones. Que tampoco tiene lugar la sanción por irregularidades en la contabilidad impuesta con fundamento en el literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario, pues no existe prueba en el expediente que acredite que los libros contables no permiten determinar los factores necesarios para liquidar el impuesto, más cuando solo fueron cuestionados los renglones relacionados con el mencionado proveedor, y no el resto de la contabilidad. Oposición de la demanda La DIAN3 se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: En cuanto al cargo de competencia funcional, aclaró que los jefes de las direcciones seccionales pueden delegar en sus subalternos funciones, y que el acto cuestionado

3 SAMAI Tribunal. Índice 11. «16_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION(.ZIP) NroActua 11»Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

3 SAMAI Tribunal. Índice 11. «16_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION(.ZIP) NroActua 11»Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co informa que los artículos 560, 691, 702, 710 y 712 del Estatuto Tributario, 39, 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, y las resoluciones 7 y 9 de 2008, y 4491 de 2011 y 8093 de 2016, otorgaron facultades a los funcionarios para expedir el requerimiento especial y la liquidación oficial. Frente a la procedencia de los inventarios y costos , dijo que la administración verificó la realidad de las operaciones, mediante autos de verificación y cruce, así como una inspección contable, encontrando que el demandante no presentó los documentos soporte, pese a tener la carga de la prueba. Precisó que Ziggurat Arquitectura S.A.S. hace parte del Consorcio ZGC El Porvenir 013 con una participación del 30%, el cual celebró con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el contrato 1063 del 27 de diciembre de 2013 para la construcción de la sede u niversitaria Ciudadela El Porvenir -Bosa. En ejercicio de las facultades de fiscalización, la DIAN ordenó visita de verificación, sin que durante dicha diligencia o con ocasión a la respuesta al requerimiento especial se allegaran las actas de corte de obra ni otros soportes de la misma, en la medida que solo se

las facultades de fiscalización, la DIAN ordenó visita de verificación, sin que durante dicha diligencia o con ocasión a la respuesta al requerimiento especial se allegaran las actas de corte de obra ni otros soportes de la misma, en la medida que solo se aportó el otrosí del contrato y 6 actas de recibo parcial, algunos de estos en forma ilegible, y los demás, no demuestran el avance por concepto de mano de obra. Adicionó que, la demandante tampoco aportó los documentos soporte y las actas de recibo parcial de obra respecto de su proveedor Carrillo Alonso S.A.S. , lo que impidió verificar la realidad de esas operaciones. Que, la administración estableció que este proveedor tenía un capital irrisorio y declaró costos menores frente a los ingresos reportados, sumado a que no tenía infraestructura para la comercialización de materiales para construcción, y no presentó la información exógena ni soportes que probaran la ejecución real de los servicios facturados. Señaló que también visitó al C onsorcio Unidistrital, interventor del contrato 1063, para verificar los servicios prestados por Z iggurat Arquitectura S.A.S. a través del proveedor, pero no fue posible realizar la diligencia en la medida que el representante legal no compareció ante la DIAN . Destacó que dicho consorcio también registra como proveedor a la sociedad Carrillo Alonso S.A.S. Como irregularidades en la contabilidad, adujo que la sociedad registró con el proveedor contrato de mano obra civil, “sin que en momento alguno el demandante aporte los contratos laborales, que pudiera haber efectuado con la sociedad Carrillo Alonso S.A.S., como quiera que ese no es su objeto social”. Que, en el libro auxiliar de terceros, en la cuenta

proveedor contrato de mano obra civil, “sin que en momento alguno el demandante aporte los contratos laborales, que pudiera haber efectuado con la sociedad Carrillo Alonso S.A.S., como quiera que ese no es su objeto social”. Que, en el libro auxiliar de terceros, en la cuenta proveedores nacionales registró al débito la misma cuantía que cancela el pasivo registrado con el proveedo r. No obstante, los ajustes contables presentados carecen de soportes que acrediten el pago, no hay evidencia de entrada o salida de inventarios, y las notas contables no están firmadas por contador o revisor fiscal ni respaldadas con facturas, recibos o pruebas bancarias que justifiquen los registros. Manifestó que, el hec ho de que el demandante no hubiere aportado los libros de contabilidad constituye un indicio en su contra, al no contar con las pruebas idóneas para demostrar la realidad de las operaciones. Enfatizó que no fundamentó el acto demandado exclusivamente en lo s incumplimientos del proveedor, sino en un conjunto de pruebas que desvirtuaron la contabilidad del demandante y evidenciaron que las operaciones registradas por la eran inexistentes o simuladas.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, sostuvo que la sanción por inexactitud es procedente pues el contribuyente incluyó en su declaración costos e inventarios sin el debido sustento probatorio, lo que derivó en un menor impuesto a pagar ; y que también procede la

De otra parte, sostuvo que la sanción por inexactitud es procedente pues el contribuyente incluyó en su declaración costos e inventarios sin el debido sustento probatorio, lo que derivó en un menor impuesto a pagar ; y que también procede la sanción por irregularidades en la contabilid ad, dado que, durante la inspección contable realizada, el actor no presentó los libros ni los soportes contables cuando fueron solicitados por la administración. Sentencia apelada El Tribunal 4 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, de conformidad con las siguientes consideraciones. En cuanto al cargo de competencia funcional, dijo que, contrario a lo señalado por la demandante, los actos preparatorios del proceso de fiscalización, así como el acusado, fueron expedidos por la dependencia de gestión de fiscalización de personas jurídicas y asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con fundamento en las facultade s conferidas en los artículos 560, 684, 688, 702, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario, y 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008. Sobre el desconocimiento de inventarios y costos , indicó que la DIAN sustentó el acto acusado en pruebas recaudadas en ejercicio de sus facultades de fiscalización, como la inspección contable y cruces de información, que permitieron concluir que las operaciones realizadas por el contribuyente con el proveedor Carillo Alonso S.A.S. y los terceros C onsorcio El Porvenir 013 y Consorcio Unidistrital fueron simuladas, al no estar respaldadas con documentos internos ni externos válidos. Precisó que, la administración valoró los soportes aportados por la demandante

S.A.S. y los terceros C onsorcio El Porvenir 013 y Consorcio Unidistrital fueron simuladas, al no estar respaldadas con documentos internos ni externos válidos. Precisó que, la administración valoró los soportes aportados por la demandante (balance de prueba, libro auxiliar de t erceros, y facturas) , y que si bien , estos formalmente registran las operaciones , se desvirtúan con los indicios recaudados en la investigación, como la falta de ubicación del proveedor en la dirección informada en el RUT, y que no existían movimientos financieros significativos comparados con las compras reportadas por el contribuyente , ni soportes de pagos, como tampoco las actas de corte de la obra contratada, entre otros. Y, advirtió que, durante la etapa administrativa, el contribuyente no informó que las operaciones con Carrillo Alonso S.A.S. se hubieran realizado en la dirección carrera 96 I 15 B 44, pues solo lo indicó en la demanda. Concluyó que la falta de prueba por parte del proveedor constituye un indicio contra la demandante, a quien correspon día demostrar la existencia real de las operaciones cuestionadas. Consideró que debe mantenerse la sanción por inexactitud dado que la demandante declaró costos inexistentes . Y d e igual manera, procede la sanción por irregularidades en la contabilidad, dado que en la diligencia de inspección contable el contribuyente no aportó los libros de contabilidad ni los documentos internos y externos requeridos. Dispuso no condenar en costas, por no estar probada su causación. Recurso de apelación La demandante5 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

4 SAMAI Tribunal. Índice 20.

Recurso de apelación La demandante5 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

4 SAMAI Tribunal. Índice 20. 5 SAMAI Tribunal. Índice 22.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente al cargo de competencia funcional, aclaró que lo que discute es que la liquidación oficial de revisión indique en la página 36: “dentro de la investigación tributaria realizada por la División de Gestión de Fiscalización Para Personas Naturales y Asimiladas, y conforme a las pruebas allegadas al proceso, permitieron a la Administración Tributaria ll egar al convencimiento de la inexistencia de las transacciones mercantiles registradas durante el año gravable 2016 con el proveedor CARRILLO ALONSO SAS”. Agregó, en el expediente no obra auto de traslado de pruebas mediante el cual dicha división hubiera remitido la información a la división de gestión de fiscalización para personas jurídicas y asimiladas. Que, por tanto, la actuación partió de una investigación adelantada por una división sin competencia funcional para fiscalizar a personas jurídicas. En cuanto a la procedencia de inventarios y costos , cuestionó que el fallo omitió valorar los fundamentos expuestos en la demanda , y las pruebas aportadas, en lo que se refiere a la realidad económica de las operaciones, y que se concretan en los siguientes.

valorar los fundamentos expuestos en la demanda , y las pruebas aportadas, en lo que se refiere a la realidad económica de las operaciones, y que se concretan en los siguientes. Explicó que Ziggurat Arquitectura S.A.S. subcontrató a la sociedad Carrillo Alonso S.A.S. para cumpli r el contrato celebrado con el Consorcio ZGC El Porvenir 013, relacionado con la construcción de la sede universitaria Ciudadela El Porvenir-Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Etapa I. Sostuvo que las transacciones realizadas con Carrillo Alonso S.A.S. se encuentran conforme con la normativa aplicable a las constructoras, que permite que los gastos incurridos por el desarrollo de la obra se lleven a la cuenta de inventarios, el ingreso se reconozca según el porcentaje de avance de la obra, y que se registren los costos que cumplan con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Advirtió que en la investigación no se encontraron inconsistencias que justifiquen el rechazo de los inventarios y costos, por lo que se basó en presunciones. Que se desconoce, que el proveedor “prestó a la demandante servicios que no implican una entrada de mercancías al inventario, y parte de los servicios prestados por tal sociedad se llevaron al inventario como obras de construcción en curso”. Y, contrario a lo señalado por el Tribunal, el hecho de que el proveedor no hubiere acreditado las operaciones no significa que sean simuladas, pues en la diligencia de registro que le fue practicada se estableció que había realizado transacciones con la demandante. Reiteró que el proveedor sí contaba con un establecimiento de comercio denominado “Carrillo Alonso Depot ” ubicado en la Carrera 96 I 15 B 44 . Resaltó que

que había realizado transacciones con la demandante. Reiteró que el proveedor sí contaba con un establecimiento de comercio denominado “Carrillo Alonso Depot ” ubicado en la Carrera 96 I 15 B 44 . Resaltó que esta información fue mencionada en la respuesta al requerimiento especial , y que la ubicación de ese establecimiento también era conocida por la DIAN, de manera que, el hecho de que no figurara en el RUT de esa compañía no constituye óbice para desconocer la realidad económic a de las operaciones. Y que se deben tener en cuenta “las condiciones de tiempo, modo y lugar y no partir de lo encontrado posteriormente porque se estaría partiendo de una premisa errada”. Sostuvo que el Tribunal omitió valorar los siguientes elementos probatorios, que demuestran la realidad de los servicios prestados por Carrillo Alonso S.A.S: i) Corte - Acta de recibo parcial de obra 01 del 5 de abril de 2016; ii) Corte - Acta de recibo parcial de obra 02 del 13 de mayo de 2016 ; iii) Corte - Acta de recibo parcial de obra 03 del 16 de agosto de 2016; iv) Corte - Acta de recibo parcial de obra 04 del 14 de octubre de 2016; v) Corte - Acta de recibo parcial de obra 05 del 28 de octubre de 2016; y vi) Corte - Acta de recibo parcial de obra 06 del 19 de diciembre de 2016. Adicionalmente, afirmó que la DIAN y el a quo vulneraron los principios de equidad y justicia tributaria, al imponerle una carga impositiva superior a la legalmente debida;Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

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justicia tributaria, al imponerle una carga impositiva superior a la legalmente debida;Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así como también se infringió el principio de prevalencia del derecho sustancial, al dar prioridad a formalismos contables sobre la realidad económica demostrada, desconociendo que todo ingreso declarado y gravado debe aparejar su correspondiente costo o gasto. Finalmente, indicó que no procede la sanción de inexactitud dado que los inventarios y costos declarados corresponden a op eraciones reales, sin que exista simulación, fraude, abuso del derecho ni intención de disminuir la carga fiscal. Además, argumentó que la sanción por irregularidades en la contabilidad carece de sustento, dado que no se ha probado que los libros contables impidan verificar los factores necesarios para determinar la base del impuesto de renta de 2016. Oposición a la apelación La parte demandada guardó silencio. Intervención del Ministerio Público El Ministerio Público no rindió concepto. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sección decidir la legalidad del acto acusado, mediante el cual la DIAN modificó la declaración del impuesto de renta del año fiscal 2016, presentada por Ziggurat Arquitectura S.A.S.

1. Cuestión previa Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala debe pronunciarse sobre el impedimento para conocer del proceso manifestado por el magistrado Luis Antonio

por Ziggurat Arquitectura S.A.S.

1. Cuestión previa Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala debe pronunciarse sobre el impedimento para conocer del proceso manifestado por el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño6, con fundamento en el numeral 2º del artículo 141 del Código

General del Proceso7. Para la Sección, el impedimento manifestado es procedente porque el magistrado conoció del proceso en la primera instancia 8 por lo que quedará separad o del presente asunto. Con todo, existe quorum para decidir, razón por la cual, la Sala se pronunciará sobre el litigio planteado por las partes.

2. Problema jurídico En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si: i) se configura la causal de nulidad por falta de competencia funcional; ii) si son procedentes las sumas registradas como inventarios y costos de ventas declarados, iii) hay lugar a las sanciones por inexactitud y, iv) por irregularidades en la contabilidad.

3. Competencia funcional Según el apelante, la liquidación oficial de revisión es nula porque en la página 36 indica que se fundamenta en una investigación tributaria realizada por “la División de Gestión de

6 SAMAI, Índice 29 7 “ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: (…) 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”. 8 SAMAI Tribunal. Índice 20.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

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de sus parientes indicados en el numeral precedente”. 8 SAMAI Tribunal. Índice 20.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00164-01 (27882)

Demandante: ZIGGURAT ARQUITECTURA S.A.S.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Fiscalización para Personas Naturales y Asimiladas”, la cual no tiene competencia funcional para investigar a personas jurídicas; y por tanto, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 730 del Estatuto Tributario. Agregó que, dicha investigación no fue incorporada al expediente mediante un auto de traslado de pruebas. Al respecto, la Sala aclara que, es improcedente la causal de nulidad invocada por el demandante, consistente en la falta de competencia funcional, en la medida que sus cuestionamientos no están dirigidos a las facultades del funcionario que expidió la liquidación oficial , sino a una de las investigaciones tributarias que le sirven de sustento, lo que constituye un debate sobre un aspecto probatorio. Verificado el expediente se encuentra que, si bien, en la página 36 de la liquidación oficial de revisión 9 se concluyó que “Dentro de la investigación tributaria realizada por la División de Gestión de Fiscalización Para Personas Naturales y Asimiladas, y conforme a las pruebas allegadas al proceso, permitieron a la Administración Tributaria llegar al convencimiento de la inexistencia de las transacciones mercantiles registradas durante el año gravable 2016 con el proveedor CARRILLO ALONSO SAS”, también lo es que previamente en las páginas 1 a

inexistencia de las transacciones mercantiles registradas durante el año gravable 2016 con el proveedor CARRILLO ALONSO SAS”, también lo es que previamente en las páginas 1 a 3, 8, 10 a 35 de dicho acto10, se había informado y detallado que la investigación y las pruebas que sustenta n la actuación administrativa fueron practicadas por la división de gestión de fiscalización para personas jurídicas y asimiladas, todo lo cual se constata en el e xpediente administrativo . De manera que, lo advertido por el demandante se trata de un error de trascripción del acto que no vicia su contenido. En todo caso, la Sección pone de presente que las pruebas que recaudó la DIAN en desarrollo de sus facultades de fiscalización se encuentran en el expediente administrativo, y al requerimiento especial se anexó el acta de inicio y cierre de la inspección contable como parte de dicha actuación 11. De manera que, el contribuyente tuvo la oportunidad de desvirtuar las pruebas con ocasión de l requerimiento especial, que es el acto con el que se vincul a al proceso al investigado. Por lo anterior no prospera el cargo.

4. Procedencia de inventarios y costos de venta En el acto acusado, la DIAN rechazó inventarios y costos de ventas en relación con las operaciones realizadas por Ziggurat Arquitectura S.A.S. con el proveedor Carrillo Alonso S.A.S. por concepto de un contrato de obra civil, con fundamento en las irregularidades advertidas en el tercero relativas a la ausencia de infraestructura física, logística y de personal, así como la falta de suministro de información y documentos contables, que desvirtúan los soportes allegados por el contribuyente.

irregularidades advertidas en el tercero relativas a la