CE - Sentencia 25000233700020200018501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825) Demandante JARDINES DEL APOGEO S.A. Demandado DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE HACIENDA Temas Impuesto predial. Excepción de inconstitucionalidad. Límite artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002. Información catastral. Realidad jurídica, física y económica del predio. Sanción por inexactitud. Diferencia de criterios. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dispuso lo siguiente1: PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de Liquidación Oficial de Revisión No. 2545DDI005564 del 1º de marzo de 2019, mediante la cual se modificó la declaración del Impuesto Predial Unificado correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP por la vigencia 2017 y; de la Resolución No. DDI003595 del 09 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió un (1)

correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP por la vigencia 2017 y; de la Resolución No. DDI003595 del 09 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió un (1) recurso de reconsideración en contra de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2545DDI005564 del 1º de marzo de 2019, modificando el acto recurrido, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE la firmeza de la declaración privada del impuesto predial del inmueble identificado con el CHIP AAA0047EKEP presentada el 16 de junio de 2017 con el formulario No. 2017301010009637903.

TERCERO: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Secretaría de Hacienda del distrito de Bogotá (en adelante distrito de Bogotá) expidió la resolución 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, en la que modificó la declaración privada del impuesto predial unificado del año 2017, presentada por Jardines del Apogeo S.A. con relación al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP e impuso sanción por inexactitud. La sociedad presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión, la cual fue resuelta por la entidad territorial con la resolución DDI003595 del 9 de marzo de 2020, que accedió parcialmente a la impugnación disminuyendo el valor del impuesto a cargo y de la sanción por inexactitud. 1 Samai del tribunal, índice 36, páginas 24 y 25.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

impuesto a cargo y de la sanción por inexactitud. 1 Samai del tribunal, índice 36, páginas 24 y 25.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

Demandante: Jardines del Apogeo S.A.

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ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones en la demanda2: Primera pretensión: Que se declare la nulidad total de los actos administrativos contenidos en la Resoluciones Nos. 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial de Revisión y No. DDI003595 del 9 de marzo de 2020 por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración; Segunda pretensión: Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare la firmeza de la declaración del impuesto predial unificado presentada por La Sociedad para la vigencia fiscal 2017, mediante formulario No. 2017301010009637903. A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 58, 95 y 363 de la Constitución Política; 4 de la Ley 1437 de 2011 y 20, 21, 22, 27 y 36 del Decreto Distrital 352 de 2002. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

95 y 363 de la Constitución Política; 4 de la Ley 1437 de 2011 y 20, 21, 22, 27 y 36 del Decreto Distrital 352 de 2002. Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera: Expuso que la autoridad tributaria desconoció la realidad física del inmueble, porque determinó la base gravable del impuesto desatendiendo su área real. Precisó que, desde la adquisición del inmueble objeto de debate y para el momento de causación del tributo, se presentaron más de 34.874 desenglobes, expropiaciones, cesiones, entre otros, que dieron lugar a 229.024,58 metros cuadrados que no deben ser considerados para efectos del tributo. Adujo que la demandada violó el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma. Destacó que era responsabilidad del distrito de Bogotá, como sujeto activo del tributo, corroborar la realidad física y el área del inmueble sobre el cual debía calcular el gravamen. No obstante, producto de la omisión por parte de la autoridad, la determinación del impuesto predial por la vigencia 2017 fue errada y desbordó la capacidad contributiva de la sociedad. Manifestó que hubo una indebida valoración probatoria y reprochó que la demandada liquidara el impuesto teniendo en cuenta únicamente la información reportada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en adelante Catastro Distrital), pese a que en muchas ocasiones lo reportado por esta entidad estaba desactualizado, no reflejaba la realidad y las características de los inmuebles. En su lugar, consideró que la entidad debió valorar los documentos aportados por la sociedad, tales como escrituras públicas, folios de matrículas

estaba desactualizado, no reflejaba la realidad y las características de los inmuebles. En su lugar, consideró que la entidad debió valorar los documentos aportados por la sociedad, tales como escrituras públicas, folios de matrículas inmobiliarias y certificaciones, que daban cuenta de las segregaciones de las que fue objeto el inmueble. Destacó que la jurisprudencia ha sido enfática en aceptar que los contribuyentes pueden probar, con otros documentos, las mutaciones o cambios en relación con los elementos jurídicos, físicos o económicos que sufran los predios, permitiendo de esta manera que la administración se aparte de la información reportada en las 2 Samai del tribunal, índice 1, pdf de la demanda, página 4.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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oficinas de catastro y liquide el gravamen de conformidad con la realidad física del inmueble, so pena de la vulneración al debido proceso. Consideró vulnerados los principios de buena fe y confianza legítima, para lo cual explicó que, para liquidar el impuesto predial del año 2017 , la sociedad confió legítimamente en la determinación efectuada por la Administración para el período 2016, de modo que calculó el gravamen sin exceder el doble del pagado en el año inmediatamente anterior, tal como lo permitía el artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002. De manera que era incorrecto que la demandada refutara la liquidación del impuesto luego de reconocer y determinar, para el período 2016, el gravamen

inmediatamente anterior, tal como lo permitía el artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002. De manera que era incorrecto que la demandada refutara la liquidación del impuesto luego de reconocer y determinar, para el período 2016, el gravamen en las mismas condiciones y dando aplicación al límite previsto en el artículo 27 referido, desconociendo con ello el principio de buena fe que rige las actuaciones de los administrados. Y, si bien en el ámbito tributario no existen derechos adquiridos, lo cierto es que la norma aplicable al impuesto predial no ha sido modificada . Así, el actuar de la entidad resulta caprichoso al interpretar las disposiciones sobre la materia, pasando por alto los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica. De igual forma, indicó que fueron violados los principios de equidad y capacidad contributiva, ya que la demandada pretende la satisfacción de una obligación tributaria cuya base gravable no se ajusta a la realidad física, jurídica, económica y fiscal del inmueble, lo que implica una carga tributaria excesiva, confiscatoria y desproporcionada para la sociedad, situación que se encuentra prohibida por mandato constitucional. Indicó que era improcedente la sanción por inexactitud, pues no se presentó ninguno de los requisitos que exige el artículo 36 del Decreto Distrital 362 de 2002 para imponer la aludida sanción, toda vez que la sociedad liquidó y pagó el impuesto conforme a la realidad física del inmueble. Agregó que la actuación de la empresa se ajustó a lo previsto en los artículos 20, 21, 22 y 27 del Decreto Distrital 352 de 2002, los cuales regulan la base gravable

conforme a la realidad física del inmueble. Agregó que la actuación de la empresa se ajustó a lo previsto en los artículos 20, 21, 22 y 27 del Decreto Distrital 352 de 2002, los cuales regulan la base gravable del impuesto, la vigencia y reajuste de los avalúos catastrales. Así mismo, la posición asumida esta jurídicamente soportada en las normas que regulan la materia, en ese orden, era viable levantar la sanción ante la disparidad de criterios en la interpretación y el alcance dado por la autoridad. Oposición de la demanda El Distrito Capital se opuso a las pretensiones de la actora. En cuanto a la realidad fáctica del inmueble, sostuvo que, por mandato legal, Catastro Distrital es la encargada de fijar los avalúos, señalar los usos y destinos de los predios y efectuar las revisiones o modificaciones a estos. Por tanto, las dudas de la demandante sobre el avalúo del inmueble debían ser elevadas ante la autoridad catastral, para que dicha entidad procediera al respectivo estudio y, de ser el caso, mediante una mutación sin efectos retroactivos, generara las actualizaciones correspondientes. Precisó que el formulario enviado a la demandante , donde la administración reconoció para el año 2016 un impuesto sobre el límite máximo del 100%, obedeció a las prácticas irregulares de la sociedad al declarar el año 2015. De esta manera, si hubiera actuado conforme a la norma, el documento sugerido también reflejaría la realidad física, económica y jurídica del inmueble, permitiendo la aplicación del artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

la realidad física, económica y jurídica del inmueble, permitiendo la aplicación del artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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Indicó que, a lo anterior, debía sumarse que los formularios enviados a los contribuyentes no constituyen un acto de administrativo que defina una situación jurídica y que deba ser cumplido, sino que se trata de formatos que buscan facilitar el pago de la obligación. Explicó que, consultado el Registro de Información Tributaria (RIT), así como el certificado catastral que expide Catastro Distrital, se pudo verificar que el inmueble de propiedad de la actora tenía como destino el «66, Dotacional Privado» con uso comercial, iglesias, oficina, consultorios, depósitos de almacenamiento y bodega económica. Además, consideró aplicable una tarifa del 6.5 por mil, por lo que la sociedad debía ser consecuente y pagar conforme a la información que ella misma aceptó en la declaración. Por otro lado, afirmó que, de conformidad con las pruebas aportadas por la actora, en efecto se reconoció la apertura de 7.134 tumbas en el predio matriz, segregadas a nombre de terceros y con matrícula inmobiliaria. Sin embargo, fue imposible hacer lo mismo respecto de otras 27.347 tumbas, las cuales no contaban con la respectiva matrícula y, por consiguiente, era inviable su segregación del predio de mayor extensión.

lo mismo respecto de otras 27.347 tumbas, las cuales no contaban con la respectiva matrícula y, por consiguiente, era inviable su segregación del predio de mayor extensión. Puso de presente que, con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se hizo una deducción de las zonas de reserva con que contaba el predio, de lo cual daba cuenta la resolución 2482 del 18 de mayo de 2005 y la escritura pública 1747 del 19 de mayo de 2008, pruebas que observaban la exclusión de un metraje de 36.900 metros cuadrados, información que no fue actualizada por la demandante. Afirmó que la tasación de la sanción por inexactitud derivó de las malas prácticas desarrolladas por la sociedad, al pretender aplicar a lo largo de las vigencias 2008 a 2017, el tope en forma irregular en sus declaraciones privadas del impuesto predial, lo cual a su vez atentó contra el principio de lesividad. Respecto de la aplicación de las normas tributarias, explicó que, desde el año 2008, la sociedad ha declarado de manera irregular y arbitraria el impuesto predial, situación que, si bien no fue fiscalizada, deja en evidencia la conducta reprochable al no utilizar el avalúo efectuado por Catastro Distrital para determinar el tributo. Indicó que, como la administración no estableció el monto del impuesto por las vigencias anteriores al 2017, el contribuyente no podía aplicar el límite del 100% del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 partiendo del impuesto liquidado desde años anteriores a su discreción y por un menor valor al procedente. Insistió en que el impuesto autoliquidado por 2015 no refleja la realidad del predio,

artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 partiendo del impuesto liquidado desde años anteriores a su discreción y por un menor valor al procedente. Insistió en que el impuesto autoliquidado por 2015 no refleja la realidad del predio, por lo que aplicar el límite referido daría lugar a inexactitudes en los periodos posteriores. Entonces, verificados los estados de cuenta del contribuyente, se determinó que incurrió en conductas lesivas que lo hicieron perder el derecho de aplicar el artículo 27 referido e hicieron procedente la imposición de la sanción por inexactitud para el 2017. Expuso que, cuando la administración establece que un contribuyente incurrió «en una conducta, en desequilibrio de los principios de equidad, justicia y solidaridad, podrá buscar el restablecimiento de estos, proponiendo al contribuyente las acciones de ajuste o corrección pertinentes, tal y como se le indicó en el Requerimiento Especial […]»3. 3 Samai del tribunal, índice 16, PDF de oposición a la demanda, página 15.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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Propuso las excepciones que denominó «carga de la prueba», en la medida que la actora no logró demostrar la indebida actuación por parte de la entidad territorial y la extensión del terreno; «la legalidad de los actos administrativos», porque la demandada cumplió a cabalidad con las formalidades para la expedición de éstos; y, finalmente, la «genérica». Sentencia apelada

la extensión del terreno; «la legalidad de los actos administrativos», porque la demandada cumplió a cabalidad con las formalidades para la expedición de éstos; y, finalmente, la «genérica». Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, accedió a las pretensiones de la demanda, exponiendo que, de conformidad con el artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002, el impuesto predial en un período fiscal no puede exceder el doble del monto establecido en el año inmediatamente anterior, limitación que no era aplicable para terrenos urbanizables no urbanizados o de urbanizados no edificados, ni para los eventos en que existiera mutación del predio. A su vez, en criterio del Consejo de Estado4, dicha norma indica que, para liquidar el gravamen en cuestión, se debe tomar como referencia el valor del impuesto predial declarado en la vigencia precedente, máxime si dicha declaración se encuentra en firme, caso en que es inmutable, por lo que la administración y el contribuyente no puedan cuestionar lo reportado allí, so pena del desconocimiento al principio de seguridad jurídica. Observó que, en el presente caso, la demandante presentó la declaración del impuesto predial del inmueble objeto de discusión por el 2017 liquidando una suma a pagar de $15.164.000, atendiendo el límite del artículo 27 del Decreto 352 de 2002, pues para el período 2016 pagó por ese mismo gravamen $7.782.000. Advirtió que, en los actos acusados, el distrito de Bogotá liquidó un impuesto por $1.896.747.000; es decir, por un valor mayor al doble del tributo liquidado en el año

Advirtió que, en los actos acusados, el distrito de Bogotá liquidó un impuesto por $1.896.747.000; es decir, por un valor mayor al doble del tributo liquidado en el año anterior, sumado a que no demostró la existencia de mutaciones en el inmueble para el período objeto del litigio, ni que se trata de un terreno urbanizable no urbanizado o urbanizado no edificado. Refirió que, según la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, el predio demandado tenía como destino el «66 – Dotacionales» con una tarifa del 0.00065 y un avalúo catastral de $291.803.379.000, lo cual ratificaba la inexistencia de mutaciones y de las restricciones previstas en el aludido artículo 27 de la norma distrital para aplicar el incremento del 100% del impuesto pagado en la vigencia inmediatamente anterior, información que era congruente con lo reportado en la oficina de catastro. El tribunal afirmó que las autoliquidaciones del impuesto predial de los años anteriores estaban en firme, por tanto, era improcedente que, en este caso, donde se debate la declaración del impuesto predial 2017, la administración cuestionara las vigencias anteriores, incluida la del 2016, ya que era inmodificable. Concluyó que lo expuesto es suficiente para que prosperen las pretensiones de la demanda, de modo que se relevó de estudiar los demás cargos de nulidad propuestos por la actora. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no fueron demostradas.

demanda, de modo que se relevó de estudiar los demás cargos de nulidad propuestos por la actora. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no fueron demostradas. 4 Citó la sentencia del 22 de octubre de 2020, exp 24168, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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Recurso de apelación La demandada sustentó su impugnación en que el límite del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 debe ser inaplicado en virtud de la excepción de inconstitucionalidad. Sostuvo que la interpretación por parte del tribunal de esa norma causa un perjuicio a los principios que rigen el sistema tributario, pues mantiene el error en la declaración del impuesto predial del año anterior, lo que le permite a la sociedad tributar sobre un valor irrisorio al que le corresponde. Por lo anterior, consideró que la disposición referida «conlleva a un perjuicio al Estado Colombiano y vulnera el principio de justicia tributaria, equidad y capacidad contributiva, toda vez que “el impuesto debe ser justo y (…), debe responder en la medida de la capacidad del contribuyente”5»6. Indicó que, una interpretación sistemática del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 y la Constitución permite concluir que el límite fijado en ella opera, siempre y cuando la declaración previa que se encuentre en firme atiende la situación física

Indicó que, una interpretación sistemática del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 y la Constitución permite concluir que el límite fijado en ella opera, siempre y cuando la declaración previa que se encuentre en firme atiende la situación física real del inmueble. De este modo, indicó que «para este caso en concreto resulta inconstitucional aplicar esa norma con los alcances dados en la sentencia objeto de discusión, porque va en contra de los principios del sistema tributario y abre la posibilidad de que los contribuyentes al presentar su liquidación privada de manera equívoca, la cual quedó en firme, se siga presentando de dicha manera manteniendo la inexactitud en el tiempo de manera indefinida generando un daño en la administración tributaria y en consecuencia en la sociedad»7. Afirmó que, así como el contribuyente podía demostrar en sede judicial que la realidad jurídica y física del inmueble no corresponde a lo determinado por Catastro Distrital o que la liquidación efectuada por la administración es incorrecta, también la autoridad tributaria podía comprobar que la información consignada en la declaración privada no era real. De esta manera, sostuvo que el hecho de que el distrito de Bogotá no hubiere controvertido la declaración previa al período fiscalizado antes de que cobrara firmeza, no justificaba que el error en el pago del impuesto se mantuviera en el tiempo de manera indefinida. Resaltó que la responsabilidad de presentar la declaración del impuesto era del contribuyente, y que en el trámite administrativo y judicial se acreditó que la conducta de la demandante desconoce los principios de equidad, justicia y solidaridad, aspecto sobre el cual no se pronunció el a quo.

contribuyente, y que en el trámite administrativo y judicial se acreditó que la conducta de la demandante desconoce los principios de equidad, justicia y solidaridad, aspecto sobre el cual no se pronunció el a quo. Reprochó que, conforme la providencia impugnada, la entidad territorial debe adherirse a las liquidaciones irregulares de los años previos y permitir la inexactitud que se sigue generando. Indicó que el tribunal desatendió la realidad fáctica del predio objeto del litigio, pues no analizó la información reportada por Catastro Distrital, la cual daba cuenta del uso del inmueble objeto de discusión, así como tampoco fue verificad o que la apertura de 27.347 predios (tumbas) no contaran con matrícula inmobiliaria a la fecha y, por consiguiente, tampoco podían ser segregados del predio de mayor extensión, lo cual se mostró en el desenglobe presentado por la accionante. 5 En este punto realizó la siguiente cita “Fajardo, Santa y Ríos, 2016, p. 24”. 6 Samai del Tribunal, índice 39, página 5. 7 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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A la par de lo anterior, indicó que la demandante efectuó una deducción con ocasión a las zonas de reservas con las que contaba el bien, de lo cual daban cuenta la resolución 2482 del 18 de mayo de 2005 y la escritura pública 1747 del 19 de mayo

a las zonas de reservas con las que contaba el bien, de lo cual daban cuenta la resolución 2482 del 18 de mayo de 2005 y la escritura pública 1747 del 19 de mayo de 2008, pruebas que condujeron a excluir un total de 36.900 metros cuadrados de la determinación del tributo, información que no fue actualizada por la demandante y que corresponde a la realidad física del predio. Oposición al recurso La demandante guardó silencio. Concepto del ministerio público El agente del ministerio público tampoco se pronunció en esta oportunidad. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de la resolución 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, por medio de la cual el distrito de Bogotá profirió liquidación oficial de revisión del impuesto predial correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP por la vigencia 2017 a cargo de Jardines del Apogeo S.A., y de la resolución DDI003595 del 9 de marzo de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad contribuyente. Para estos efectos, la sala estudiará, en primer lugar, la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la apelante. De no prosperar, en segundo lugar, verificará cuál es el alcance del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 con el fin de determinar si, como lo indicó el tribunal, los actos acusados son nulos por no respetar el límite allí dispuesto. Si el anterior estudio da lugar a revocar la

con el fin de determinar si, como lo indicó el tribunal, los actos acusados son nulos por no respetar el límite allí dispuesto. Si el anterior estudio da lugar a revocar la sentencia impugnada, en tercer lugar, se analizarán los cargos de nulidad que no fueron estudiados por el a quo, en aras de garantizar el derecho al debido proceso de la demandante. Finalmente, si no prospera ninguno de los cargos de la demanda con relación a la determinación del tributo, se analizará la procedencia de la sanción por inexactitud. Análisis del caso concreto

1. Excepción de inconstitucionalidad En el recurso de apelación, el distrito de Bogotá propuso la excepción de inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002, pues considera que su aplicación causa un perjuicio al recaudo de tributos para el funcionamiento del Estado y lesiona los principios que rigen el sistema tributario, en la medida que permite que los contribuyentes presentaran sus declaraciones privadas con errores que se mantienen en el tiempo y, a su vez, el pago del gravamen sobre un valor inferior al que legalmente corresponde.

Para resolver, se pone de presente que la excepción de inconstitucionalidad tiene fundamento en el artículo 4 superior, según el cual «La Constitución es norma de normas.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)

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En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las

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En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales». La Sección precisó, en sentencia del 15 de octubre de 20218, que ésta figura constituye un tipo de control que puede realizar el juez «o la autoridad administrativa cuando se tenga que aplicar una norma jurídica en un caso concreto». En línea con lo anterior, la sentencia del 13 de diciembre de 2017 9 consideró contradictorio que una entidad pública trate de defender la legalidad de su acto administrativo invocando la excepción de inconstitucionalidad de una norma que debe acatar. De este modo, indicó que «Lo pertinente sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (artículo 6 de la Constitución Política)». Esta tesis también fue acogida por la sala en sentencia del 30 de marzo de 202310. Por lo anterior, la sala considera que la invocación de la excepción de inconstitucionalidad por parte del distrito de Bogotá es improcedente. No obstante, se observa que, como fundamento de la excepción, la demandada propone una interpretación del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 que podría dar lugar a revocar la sentencia impugnada. En consecuencia, estos argumentos serán estudiados, a continuación11.

2. Alcance del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002

El distrito de Bogotá aseguró que el límite previsto en esta norma solo es aplicable cuando no exista un error o inexactitud en las declaraciones presentadas por los

2. Alcance del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002

El distrito de Bogotá aseguró que el límite previsto en esta norma solo es aplicable cuando no exista un error o inexactitud en las declaraciones presentadas por los contribuyentes por los periodos anteriores, pues de lo contrario se perjudicaría el recaudo necesario para el cumplimiento de las funciones del Estado y se desconocerían los principios de justicia y equidad tributaria. Con el fin de verificar la procedencia de dicha interpretación, la Sección pone de presente que el artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 establece respecto del impuesto predial lo siguiente: Artículo 27. Límite del impuesto a pagar. Si el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido en el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una suma igual al cien por ciento (100%) del impuesto predial del año anterior. La limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en el inmueble, ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Como se observa, la norma bajo análisis establece una garantía para los contribuyentes del impuesto predial en Bogotá , pues señala que no podrá incrementarse el tributo de forma tal que supere el doble del periodo anterior. Y, solo impide su aplicación cuando el incremento tiene origen en mutaciones del inmueble, u ocurre por cualquier motivo frente a terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Pese a lo anterior, no puede perderse de vista que el límite del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 constituye una garantía y, en cuanto tal, el incremento abrupto del tributo frente al cual se protege al contribuyente no puede tener origen

Pese a lo anterior, no puede perderse de vista que el límite del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 constituye una garantía y, en cuanto tal,