CE - Sentencia 25000233700020200027901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495) Demandante GIRAG S.A. Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Firmeza declaración con pérdidas fiscales. Alcance del proceso de reorganización empresarial. Deducción castigo de cartera. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: NIEGANSE las pretensiones de la demanda por las que la sociedad solicitó que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000378 del 29 de noviembre de 2018, por la cual la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN liquidó oficialmente a GIRAG S.A, el impuesto de renta y complementarios del año gravable 2013, y de la Resolución 992232019000179 del 26 de noviembre de 2019, por la cual

• DIAN liquidó oficialmente a GIRAG S.A, el impuesto de renta y complementarios del año gravable 2013, y de la Resolución 992232019000179 del 26 de noviembre de 2019, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante en contra del acto administrativo de liquidación; de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: Por no haberse causado, no se condena en costas. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 21 de abril de 2014, Girag S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del período gravable 2013, con pérdida líquida y saldo a favor, el cual fue objeto de solicitud de devolución y/o compensación radicada el 21 de agosto de 2014 y resuelta con resolución 54876 del 31 de octubre de 2014 que ordenó su devolución.

Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la administración expidió la liquidación oficial de revisión 322412018000378 del 29 de noviembre de 2018 que adicionó ingresos brutos no operacionales, rechazó costos y gastos operacionales de administración, reliquidó el impuesto a cargo e impuso sanciones por inexactitud y rechazo de pérdidas, determinando saldo a pagar. La sociedad interpuso recurso de reconsideración el 4 de febrero de 2019, el cual fue resuelto mediante resolución 992232019000179 del 26 de noviembre de 2019 que confirmó la liquidación oficial.

1 Samai Tribunal, índice 38.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

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que confirmó la liquidación oficial.

1 Samai Tribunal, índice 38.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones2:

1. Que se declare la Nulidad total de la Liquidación oficial No. 322412018000378 del 29 de noviembre de 2018.

2. Que se declare la Nulidad total de la Resolución Número 992232019000179 del 26 de noviembre de 2019, notificada personalmente el 03 de diciembre de 2019, mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración.

3. A título de restablecimiento del derecho se tengan como válidas y en firme las declaraciones del impuesto sobre la renta presentada por GIRAG S.A., correspondientes al periodo gravable del 2013.

4. A título de restablecimiento del Derecho, se declare la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN.

5. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, se ordene el archivo del expediente seguido en contra de GIRAG S.A., por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN.

6. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores

demandados, se ordene el archivo del expediente seguido en contra de GIRAG S.A., por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN.

6. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare que mi representada no adeuda suma alguna ni por concepto de impuesto sobre la renta, ni por sanción de inexactitud, ni por intereses moratorios correspondiente en la citada vigencia fiscal.

7. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN a pagar a mi representada la indemnización integral de los perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la cuantía que sea probada en el presente proceso.

8. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN a pagar las costas del presente proceso. Igualmente, solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas procesales.

El demandante invocó como violados los artículos 2, 29, 209 y 363 de la Constitución Política; 263 del Código General del Proceso; 27 del Código Civil; 195, 709 y 745 del Estatuto Tributario; 176 y 264 de la Ley 1564 de 2012; y 79 del Decreto 187 de 1975, a partir del siguiente concepto de violación:

1. Violación al debido proceso Relató que, desde el 28 de mayo de 2014, la sociedad fue admitida en un proceso de reorganización empresarial, y que el saldo a pagar determinado por la DIAN en los actos demandados pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo de reorganización del 2015 aprobado por la Superintendencia de Sociedades y por los

de reorganización empresarial, y que el saldo a pagar determinado por la DIAN en los actos demandados pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo de reorganización del 2015 aprobado por la Superintendencia de Sociedades y por los acreedores, incluyendo la DIAN, el cual es de obligatorio cumplimiento conforme con el artículo 40 de la Ley 1116 de 2006. Sostuvo que la administración omitió incluir dentro del proceso de reorganización todas las acreencias dentro de la oportunidad de la Ley 1116 de 2006, pues los actos determinan un impuesto anterior a la aprobación del acuerdo. Lo anterior, pese a que la DIAN tenía conocimiento de dicho proceso desde el año 2014, y, no obstante, guardó silencio frente al mismo en la actuación acusada.

2 Samai Tribunal, índice 1.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Notificación extemporánea del requerimiento especial Conceptualizó que, conforme con el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término de firmeza cuando hay una solicitud de devolución y/o compensación, es de tres años contados desde la presentación de la solicitud. Relató que la declaración de renta registró una pérdida fiscal y saldo a favor, y que el 21 de agosto de 2014 la sociedad presentó solicitud de devolución, de tal forma que, la administración tenía hasta el 21 de agosto de 2017 para notificar el requerimiento especial; plazo que no respetó pues lo comunicó el 14 de marzo de 2018.

sociedad presentó solicitud de devolución, de tal forma que, la administración tenía hasta el 21 de agosto de 2017 para notificar el requerimiento especial; plazo que no respetó pues lo comunicó el 14 de marzo de 2018. Reparó en que, si bien, la declaración presentaba una pérdida fiscal, el artículo 705 ibidem no excluye dicha circunstancia de su aplicación, ni hay una prescripción normativa que en tal evento otorgue un plazo mayor para notificar el requerimiento especial, de manera que, al tratarse de un “proceso sancionatorio” está vetada la analogía. Descartó la aplicación del artículo 147 del Estatuto Tributario que regula la firmeza en declaraciones con pérdidas, pues en este caso se presentó la circunstancia especial de que se solicitó en devolución el saldo a favor, con lo cual la norma aplicable es el citado artículo 705.

3. Indebida apreciación de la prueba Cuestionó que la administración afirmara que la sociedad castigó la cartera sin realizar un proceso de cobro serio y de conciliación de las cuentas contables, desconociendo que el mismo se encuentra soportado documentalmente.

Referenció las pruebas con las que se decidió el castigo de cartera, las cuales no fueron desvirtuadas: la certificación de la representante legal que denota el intento de comunicación con los clientes morosos en 2013, las notificaciones realizadas a éstos en 2013 y 2014, los conceptos de los abogados en virtud de los cuales se procedió con el castigo, el acta 57 de 2014 de la junta directiva que autorizó al comité financiero a analizar el castigo de cartera, y el acta de dicho comité de 26 de

procedió con el castigo, el acta 57 de 2014 de la junta directiva que autorizó al comité financiero a analizar el castigo de cartera, y el acta de dicho comité de 26 de marzo de 2014 que analiza las cartas de recomendación al castigo, así como los radicados de circularización a los deudores de la sociedad. Reprochó que la autoridad tributaria extrañara soportes de gestiones para el cobro de cartera, siendo que existen varias comunicaciones enviadas en 2013. Dijo que lo anterior configura una grave apreciación de la prueba, pues arbitrariamente se admiten algunas y otras se omiten sin sustento legal. Reparó en que la certificación de los asesores jurídicos evidencia que el proceso de cobro se adelantó desde inicios de 2013 y que, el hecho de que haya comunicaciones firmadas en diciembre de ese año no implica que el proceso iniciara en esta última fecha, lo cual tampoco es óbice para negar el castigo. Insistió en que no se analizaron las pruebas en conjunto y en que el concepto de la firma de abogados es prueba conducente y pertinente, sin que se requiera de formalidades especiales, la cual debió desvirtuarse por la DIAN para acreditar que el cobro se realizó solo desde diciembre de 2013. Invocó jurisprudencia del Consejo de Estado3 para advertir que hay diversas alternativas para acreditar la procedencia del castigo de una cartera que supera la insolvencia de los deudores o las gestiones consideradas por la administración

3 Sentencias del 17 de noviembre de 2011, exp. 18100, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 24 de julio del 2003,

insolvencia de los deudores o las gestiones consideradas por la administración

3 Sentencias del 17 de noviembre de 2011, exp. 18100, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 24 de julio del 2003, exp. 13443, C.P. Ligia López Díaz y del 12 de mayo de 2010, exp. 16448, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como pertinentes. Agregó que, la DIAN pretende establecer requisitos adicionales y un procedimiento pétreo para considerar irrecuperable un crédito, sin tener en cuenta el extenso tiempo en el que se ha intentado cobrar sin éxito. Aseveró que la demandada debía desvirtuar los medios probatorios aportados por la sociedad, so pena de aplicar el principio de in dubio pro-contribuyente. Observó que el Decreto 187 de 1975 no establece que las razones para no recuperar la cartera deban darse por escrito en el mismo período gravable, lo cual es ilógico dado que no es posible tener certeza de que, con posterioridad a la certificación, las cuentas por cobrar de ese mismo año serán irrecuperables. Es decir, que las explicaciones deben ser posteriores a la fecha del corte contable, esto es, el 31 de diciembre de 2013. Alegó que, aun si las cartas estuvieran fechadas en enero de 2014, ello no significa que para 31 de diciembre de 2013 no se tuviera certeza de la pérdida de las deudas,

2013. Alegó que, aun si las cartas estuvieran fechadas en enero de 2014, ello no significa que para 31 de diciembre de 2013 no se tuviera certeza de la pérdida de las deudas, pues no es la fecha del concepto jurídico lo que da dicha certeza sino el fondo. Reiteró que la administración no tomó en cuenta las certificaciones de cada uno de los clientes que dan cuenta, de forma individualizada, las razones para el castigo.

4. Improcedencia de la sanción por inexactitud Estimó improcedente la sanción por inexactitud dado que los hechos y cifras declarados fueron completos y verdaderos, y no hubo ánimo defraudatorio. Alegó una diferencia de criterios, a partir de su argumentación sólida y correcta de la deducción de la deuda manifiestamente pérdida.

Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda4. En cuanto a la violación al debido proceso, aclaró que la reorganización empresarial no impide que la administración modifique la declaración con los actos acusados, en la medida que conforme con el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 (régimen de insolvencia empresarial) a partir de la iniciación de ese proceso lo que no puede admitirse son demandas ejecutivas -nuevas o en cursoen contra del deudor. Situación que no se presenta en el caso analizado, pues apenas se está declarando la existencia de una obligación tributaria. Alegó que la administración no vulnera el debido proceso en la etapa de reorganización empresarial, porque los actos demandados fueron posteriores a este y la sociedad conserva su capacidad jurídica para cumplir con las obligaciones tributarias surgidas luego de la reorganización. Precisó que los actos tienen la

reorganización empresarial, porque los actos demandados fueron posteriores a este y la sociedad conserva su capacidad jurídica para cumplir con las obligaciones tributarias surgidas luego de la reorganización. Precisó que los actos tienen la naturaleza de gastos de administración que deben pagarse en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, esto es, de preferencia sobre las que son objeto del acuerdo. Afirmó que, según la Superintendencia de Sociedades5 no se menoscaba la autonomía de los entes jurídicos para adquirir derechos y obligaciones con las restricciones previstas en el régimen de insolvencia. Manifestó que el término de firmeza es de cinco años previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario, en la medida que la declaración registró una pérdida fiscal. De

4 Samai Tribunal, índice 19. 5 Citó el concepto de la Superintendencia de Sociedades 220-114429 de 2018.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ahí que no fuera aplicable el artículo 705 ibidem que contiene una regla general de firmeza. Manifestó que la sociedad no demostró que la cartera castigada a 31 de diciembre de 2013 correspondiera a deudas manifiestamente perdidas o incobrables, pues no se registró su provisión en los estados financieros y la dedujo sin cumplir los requisitos de los artículos 79 y 80 del Decreto 178 de 1975. Indicó que las facturas

se registró su provisión en los estados financieros y la dedujo sin cumplir los requisitos de los artículos 79 y 80 del Decreto 178 de 1975. Indicó que las facturas que generaron la cartera castigada no tenían un año de vencidas, que no cumplían el requisito del numeral 2 del artículo 80 del Decreto 187 de 1975 y que en el año 2014 hubo acuerdo de pago con los clientes GHI Services Panamá, Girac Panamá, GHI Hermanos S.A.S. y Familiares Giraldo Panamá. Así mismo, argumentó que algunos clientes ya habían pagado, que en otros casos terceros manifestaron no haber recibido servicios y que, si bien no hay tarifa legal para demostrar que la deuda es pérdida o sin valor, los documentos allegados no demuestran tal circunstancia. Por el contrario, de ellas se concluye que la gestión del cobro se realizó en diciembre de 2013 y 2014, fechas en la que se enviaron comunicaciones. Que la certificación aportada no tiene detalle de clientes y facturas, que la solicitud del abogado es de febrero de 2014 y no existe conciliación de la cartera ni un proceso integral de cobranza que incluya cruces con bases de datos, envíos de correspondencia, gestión telefónica, entre otros. Estimó que la demandante no demostró actuaciones encaminadas a lograr el pago de las facturas y que la certificación de que adelantase el cobro jurídico no es medio apropiado de prueba. Consideró procedente la sanción por inexactitud por incluir deducciones que no cumplen los requisitos y, por tanto, descartó la diferencia de criterios. Sentencia apelada El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en las siguientes consideraciones:6

cumplen los requisitos y, por tanto, descartó la diferencia de criterios. Sentencia apelada El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en las siguientes consideraciones:6 Explicó que el término de firmeza depende del contenido de la declaración y que, si el contribuyente registra pérdidas fiscales, este es de 5 años, pues opera el plazo especial de forma preferente7. Relató que la sociedad presentó declaración el 21 de abril de 2014 y solicitó la devolución del saldo a favor registrado en ella el 21 de agosto de 2014. Empero, como el denuncio registró pérdida líquida, la firmeza era de cinco años que vencían el 21 de abril de 2019. En consecuencia, concluyó que la notificación del requerimiento especial el 14 de marzo de 2018 fue oportuna. Conceptualizó el proceso de reorganización y narró que la Superintendencia de Sociedades admitió la apertura de este el 28 de mayo de 2014 y que el acuerdo de reorganización se confirmó en auto del 14 de septiembre de 2015, documento que no fue aportado al trámite administrativo ni al proceso judicial, de forma que no fue posible identificar los créditos pactados por la demandante. Precisó que las deudas que se incluyen en estos acuerdos son las de plazo vencido, esto es, aquellas que se han hecho exigibles por cumplimiento del término y que son cobrables. Así, la determinación del impuesto contenida en la liquidación

6 Samai Tribunal, índice 38. 7 Citó en apoyo la sentencia del 15 de octubre de 2021, exp. 23803, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de

6 Samai Tribunal, índice 38. 7 Citó en apoyo la sentencia del 15 de octubre de 2021, exp. 23803, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada del 29 de noviembre de 2018 no era una deuda cuyo pago fuese exigible y la DIAN no podía presentarla en el proceso de reorganización. En consecuencia, el hecho de que la obligación tributaria discutida no hubiese sido objeto del acuerdo, no invalida la liquidación de revisión pues a la fecha de este no se expedía el acto acusado. Reparó en que la glosa de gastos operacionales de administración, además de la deducción por castigo de cartera, incluía modificaciones a cuentas de salarios, asesoría financiera y otras provisiones que no fueron controvertidas por el demandante. Presentó cuadro con los valores rechazados por concepto de castigo de cartera y precisó: frente a las diez acreencias rechazadas por el incumplimiento del artículo 80 del Decreto 187 de 1975, el cual exige que hubiesen sido tomadas para calcular la renta en períodos anteriores o se deriven de créditos que la produjeran, sostuvo que la autoridad tributaria las rechazó dado que las facturas eran del año 2013, argumento que no desvirtuó el actor. Hizo referencia a las facturas expedidas por Airseatrans, Sport Import International Orgisa

que la autoridad tributaria las rechazó dado que las facturas eran del año 2013, argumento que no desvirtuó el actor. Hizo referencia a las facturas expedidas por Airseatrans, Sport Import International Orgisa S.A.S., Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A., todas de 2013, y al concepto jurídico de Díaz Camargo Abogados que recomendó castigar la cartera debido a los requerimientos sin respuesta y por no existir bienes que respaldasen el cobro ejecutivo; para evidenciar que no se demostró que estas deudas generaran renta o se consideraran en períodos anteriores. Señaló que el certificado del revisor fiscal confirmó que las acreencias produjeron renta en el período fiscal de expedición de la factura, y que los conceptos jurídicos tampoco acreditaron que la hubiese generado en períodos previos. En lo que atañe a las deudas cuya realidad se cuestionó, aseveró que el tercero Pacific Sport Colombia Ltda manifestó haber pagado sus acreencias de lo cual consta correo dirigido a la sociedad demandante de 14 de enero de 2014, pese a existir requerimiento previo del 10 de diciembre de 2013. Cuestionó que para demostrar la existencia de la deuda se allegara certificado de revisor fiscal que identificó las facturas que la originaron, prueba que no era suficiente. Complementó que el tercero Avianca S.A. expresó que las facturas que allegó el demandante no correspondían a servicios prestados por la aerolínea. Concluyó que las deudas no eran deducibles al no ser reales. Por último, frente a la acreencia con GIH Service Panamá, acotó que el 7 de febrero de 2014 el deudor suscribió un acuerdo de pago con el demandante por 36 meses sin

las deudas no eran deducibles al no ser reales. Por último, frente a la acreencia con GIH Service Panamá, acotó que el 7 de febrero de 2014 el deudor suscribió un acuerdo de pago con el demandante por 36 meses sin intereses, pese a lo cual el concepto de Díaz Camargo Abogados recomendó castigar la cartera dado que el deudor no había reconocido la totalidad de la deuda y ante la falta de pruebas para ejecutar al cliente. Resaltó que el demandante no aportó pruebas tendientes a acreditar que era imposible lograr el pago efectivo de los valores facturados, ni hay una trazabilidad del proceso de cobro, como tampoco del acuerdo de pago para establecer si las acreencias no fueron totalmente aceptadas por el deudor. Añadió que el ánimo de conciliación entre deudor y acreedor pone en entredicho la imposibilidad de pago de la deuda. Subrayó que las certificaciones del revisor fiscal, las actas de junta directiva y los conceptos jurídicos tampoco acreditan dicha circunstancia.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la deuda de Spirit Airlines INC, relató que el tercero explicó que había pagado la mayoría de las facturas, salvo cinco dada la ausencia de registro de las facturas, es decir, por desconocimiento de la existencia de la obligación y ausencia de soporte. Dijo que la manifestación del deudor cuestiona el crédito total castigado pues la

mayoría de las facturas, salvo cinco dada la ausencia de registro de las facturas, es decir, por desconocimiento de la existencia de la obligación y ausencia de soporte. Dijo que la manifestación del deudor cuestiona el crédito total castigado pues la mayoría de las facturas se pagaron y se allegaron soportes del egreso y, al aceptar la inexistencia del soporte de la transacción, no existe prueba del porqué la demandante declaró la deducción sin intentar el cobro. En ese sentido, el descargo de la deuda no estaba demostrado, ni tampoco la existencia de la obligación o las razones para considerar la deuda perdida. A partir de lo anterior, confirmó el rechazo de gastos de las deudas cuestionadas. Estimó procedente la sanción por inexactitud dada la declaración de gastos improcedentes. Y, No condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente. Recurso de apelación La demandante apeló la decisión de primera instancia8, con fundamento en lo siguiente: Sostuvo que la sentencia desconoció el procedimiento de reorganización empresarial, dado que no tuvo en cuenta que la DIAN omitió reclamar la deuda tributaria que determina en los actos acusados, y que el acuerdo con todos los acreedores ya fue aprobado. Advirtió que la DIAN aceptó como cierta la admisión al proceso de reorganización empresarial de la demandante, hecho que también se desprende del certificado de existencia y representación legal. Reprochó que el tribunal afirmara que no se aportó el acuerdo confirmatorio del proceso administrativo, lo cual es contradictorio con lo dicho en la demanda y la contestación. Ilustró que, pese a que el expediente

existencia y representación legal. Reprochó que el tribunal afirmara que no se aportó el acuerdo confirmatorio del proceso administrativo, lo cual es contradictorio con lo dicho en la demanda y la contestación. Ilustró que, pese a que el expediente administrativo constaba de 12 carpetas con 2230 folios, solo se aportaron 3 de estas, de manera que el Tribunal solo analizó 512 folios, lo cual vulneró el debido proceso de la sociedad. Mencionó que el acuerdo fue aprobado e inscrito en el registro mercantil desde el 9 de octubre de 2015 produjo efectos frente a todos los acreedores, incluyendo la DIAN, a quien correspondía demostrar que no fue notificada del proceso de reorganización o que las acreencias no se calificaron en debida forma. Estableció que el artículo 846 del Estatuto Tributario dispone que la administración tributaria no debe cobrar solo las deudas de plazo vencido, sino todas las surgidas, esto es causadas u originadas, hasta el momento de la liquidación, incluidas las fiscales. En consecuencia, debían incorporarse en el acuerdo las acreencias causadas en la declaración de renta de 2013 y hacia atrás, y la autoridad tributaria debió hacerse parte del proceso para cobrarlas, so pena de que no pueda hacerlo posteriormente. Clarificó que el término de firmeza aplicable era de tres años contados desde la solicitud de devolución del saldo a favor, el cual puede presentarse haya o no pérdida fiscal, por lo que este vencía el 21 de agosto de 2017. Estimó que el requerimiento especial fue extemporáneo al comunicarse el 14 de marzo de 2018, que la hipótesis de la pérdida fiscal no se excluye de la firmeza en caso de existir

requerimiento especial fue extemporáneo al comunicarse el 14 de marzo de 2018, que la hipótesis de la pérdida fiscal no se excluye de la firmeza en caso de existir

8 Samai Tribunal, índice 45.Radicado: 25000-23-37-000-2020-000279-01 (28495)

Demandante: Girag S.A.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un saldo a favor y que no existen prescripciones normativas que permitan ampliar el plazo para notificar el acto preparatorio, al estar proscritas las analogías. Concluyó que el término de firmeza ante la solicitud de devolución es especial y prevalente frente al del artículo 147 del Estatuto Tributario. Frente a las deducciones rechazadas, indicó que las 14 deudas reseñadas por el tribunal arrojan un valor de $758.842.278 y no de $1.542.862.395, de manera que hay una suma de $748.020.117 que no se cuestionó ni identificó por la demandada en el proceso administrativo, ni se confirmó o rechazó en la sentencia de primera instancia. Precisó que los artículos 146 del Estatuto Tributario y 1.2.1.18.24 -numeral 5del Decreto 1625 de 2016 solo mencionan que el descargo de las deudas manifiestamente perdidas o sin valor debe justificarse, sin indicar que deben hacerse llamadas telefónicas, ni que deban intervenir abogados o presentarse demandas judiciales. Relacionó las pruebas aportadas para justificar el castigo de cartera tales como la certificación del representante legal del envío de comunicaciones a clientes morosos

hacerse llamadas telefónicas, ni que deban intervenir abogados o presentarse demandas judiciales. Relacionó las pruebas aportadas para justificar el castigo de cartera tales como la certificación del representante legal del envío de comunicaciones a clientes morosos y el envío de correspondencia, con las respectivas guías de envío y sello de recibido o notas de devolución. Precisó que dichas comunicaciones fueron firmadas por el representante legal, identificaron la razón social del deudor y la totalidad de la suma adeudada. Aseguró que aportó conceptos jurídicos individualizados de la firma Díaz Camargo Abogados que contienen los datos de cada deudor, el monto de la deuda y la recomendación legal de dar de baja la cartera, así como de demandar. Que allegó acta de la junta directiva que autorizó análisis del comité financiero para castigar la cartera y las recomendaciones de éste del 26 de marzo de 2014, así como certificación consolidada de los abogados que acredita la gestión jurídica para el cobro. A partir de lo anterior, argumentó que el tribunal no consideró que la firma de abogados sí indicó de manera individualizada y consolidada las razones para dar de baja la cartera, y justificó el castigo de esta, con lo cual incurrió en un error de interpretación. Solicitó que, en caso de conceder el rechazo, se disminuya el valor desconocido a $758.842.278. Se opuso a la sanción por inexactitud dada la procedencia de las deducciones. Que la sanción tiene un carácter accesorio pues se relaciona con los datos contenidos en la declaración, y no sobre las cifras arrojadas en el denuncio derivadas de la

Se opuso a la sanción por inexactitud dada la procedencia de las deducciones. Que la sanción tiene un carácter accesorio pues se relaciona con los datos contenidos en la declaración, y no sobre las cifras arrojadas en el denuncio derivadas de la interpretación que realice el contribuyente. Estimó que no era dable castigar las diferencias de criterio de interpretación, en este caso, de las pruebas allegadas por las partes. Acotó que la argumentación de la sociedad