CE - Sentencia 25000233700020200052301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

Demandante INTEGRACIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S. - EN

LIQUIDACIÓN Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2015. Firmeza de la declaración. Finalidad de la inspección tributaria. Cargos demandados. Contratos de cuentas en participación. Retenciones SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La S ección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B 1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 32241 2019 000133 del 12 de abril de 2019 por medio de la cual la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015; y la Resolución 3191 del 10 de junio de 2020, que resolvió recurso de reconsideración,

NACIONALES – DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015; y la Resolución 3191 del 10 de junio de 2020, que resolvió recurso de reconsideración, por las razones expuestas en la motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 presentada por la sociedad demandante.

TERCERO: Por no haberse causado no se condena en costas. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 27 de abril de 2016, Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. presentó la declaración el impuesto sobre la renta y complementario de 2015, con saldo a favor, la cual fue objeto de corrección el 29 de junio de 2017, liquidándose saldo a pagar.

El 24 de julio de 2018, la DIAN profirió el requerimiento especial 322402018000160 que propuso : adicionar ingresos ; como rechazar parcialmente pasivos, costos, gastos operacionales de administración y retenciones ; e imponer sanción por inexactitud. El 25 de octubre de 2018 la sociedad dio respuesta al requerimiento. La demandada expidió la liquidación oficial de revisión 322412019000133 del 12 de abril de 2019, que redujo el rechazo parcial de gastos operacionales de administración, reliquidando el impuesto y la sanción por inexactitud y confirmando en lo demás el requerimiento especial.

1 Samai Tribunal, índice 22.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

Demandante: Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. en liquidación

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1 Samai Tribunal, índice 22.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

Demandante: Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. en liquidación

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El 17 de juni o de 2019 , la demandante interpuso recurso de reconsideración y la DIAN emitió la resolución 3191 del 10 de junio de 2020 que confirmó la liquidación oficial2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), l a sociedad demandante formuló las siguientes pretensiones3: PRIMERA PRINCIPAL Que son nulos los siguientes actos administrativos: 1) La Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000133 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá D.C., modificó la declaración privada del Impuesto sobre Ta renta y complementario presentada por INTEGRACIONES por el año gravable 2015. 2) La Resolución No. 3191 del 10 de junio de 2020, por medio de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica decide el Recurso de Reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000133 del 12 de abril de 2019

SEGUNDA PRINCIPAL

Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica decide el Recurso de Reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000133 del 12 de abril de 2019 SEGUNDA PRINCIPAL Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de mí representada, se declare que la Liquidación Privada presentada por Integraciones el 27 de abril de 2016 que fue objeto de la Liquidación Oficial de Revisión demandada, correspondiente al impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2015, HA QUEDADO EN FIRME, sin que haya lugar al pago de sumas por concepto de impuesto, intereses o sanciones de índole alguna. PRIMERA SUBSIDIARIA Que subsidiariamente y en caso [de] que no se acceda a nuestra pre tensión anterior, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de mí mandante, sean analizados los Argumentos esbozados en el capítulo IV. de esta demanda, mediante los cuales se demuestra el flagrante desconocimiento del acervo probatorio aportado por Mí poderdante, así como los argumentos de hecho y de derecho manifestados en sede administrativa y con base en una falsa motivación incurrida por el funcionario fiscalizador, se profiere la Liquidación Oficial de Revisión demandada, la cual es ratificada en la resolución mediante la cual falla el recurso de reconsideración, todo lo cual contribuye a que deba ser declarada la nulidad de Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000133 del 12 de abril de 2019 así como la Resolución No. 3191 del 10 de junio de 201 9, por haber sido proferidas en abierta violación de las normas tributarias y la Constitución Nacional.

SEGUNDA SUBSIDIARIA

3191 del 10 de junio de 201 9, por haber sido proferidas en abierta violación de las normas tributarias y la Constitución Nacional. SEGUNDA SUBSIDIARIA Que subsidiariamente y en caso [de] que no se acceda a nuestras pretensiones anteriores, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de mí mandante, se declare que no es procedente la sanción por inexactitud impuesta por la administración tributaria por valor de $659.572.000, por no haberse configurado el hecho sancionable al haberse configurado una diferencia de criterio entre la adminis tración tributaria y mi representada.

TERCERA SUBSIDIARIA

2 Samai Tribunal índice 12 3 Samai Tribunal, índice 1. PDF demandaRadicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

Demandante: Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. en liquidación

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que subsidiariamente y en caso en que no acceda a nuestras pretensiones anteriores, se ordene la aplicación proporcional de las retenciones efectuadas por Acción Sociedad Fiduciaria S.A practicadas a Lotes y Proyectos S.A.S. en la proporción que convino dicha empresa como socia aparente con la firma Integraciones e Inversiones Inmobiliarias, como socia oculta dentro del contrato de cuentas en participación en conformidad con las participaciones pactadas dentro de dicho contrato equivalentes al 61% y que de acuerdo con tal declaración se ordene la aplicación de la retención proporcional por la suma de

socia oculta dentro del contrato de cuentas en participación en conformidad con las participaciones pactadas dentro de dicho contrato equivalentes al 61% y que de acuerdo con tal declaración se ordene la aplicación de la retención proporcional por la suma de $238.412.000. con cargo a los impuestos de Integraciones e Inversiones S.A.S. en tanto el recaudo tota l ya fue efectuado por la administración para que la distribución entre las empresas Lotes y Proyectos S.A.S e Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. dado que la distribución de ese impuesto se halla dentro del libre ejercicio de la libertad de empresa que no concierne a la administración fiscal al ser solo las empresas vinculadas al negocio las titulares del derecho de disposición sobre su monto, al tenor de los documentos entre ellas suscritos, para que les pueda ser descontado en proporción a s u participación dentro del negocio privado, en sus respectivas declaraciones de impuestos. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6, 29, 83, 89, 123 inciso 2, 238, 333 y 338 de la Constitución Política; 1, 3, 59, 67, 84, 87, 88, 91 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 373, 647 parágrafo 2, 648 párrafo 2, 703 a 714, 772 a 776, 779 y7791 del Estatuto Tributario ; Ley 1943 de 2018, artículos 26, 27, 260 -1 literales e y g, 260-3 numeral 5 literales a y b y 283 de la Ley 2010 de 2019; 264 de la Ley 223 de

1 del Estatuto Tributario ; Ley 1943 de 2018, artículos 26, 27, 260 -1 literales e y g, 260-3 numeral 5 literales a y b y 283 de la Ley 2010 de 2019; 264 de la Ley 223 de 1995; 166, 176, 244, 246 y 250 del Código General del Proceso; 507, 510 y 514 del Código de Comercio ; 4 de la Ley 797 de 2003 ; 15 de la Ley 100 de 1993 ; 1 del Decreto 510 de 2003; 1.2.4.1.7. del Decreto 1625 de 2016 ; 3 del Decreto 1070 de 2013; 23 del Decreto 1703 de 2002 ; así como los Conceptos DIAN 17765 de 2015, 048258 de 2014, 52431 de 2014, 012887 de 2015 y 016335 de 2014.

1. Violación al principio de legalidad y firmeza de la declaración Relató que presentó la declaración de renta el 27 de abril de 2016, la cual, en principio, adquiría firmeza el 27 de abril de 2018 y que la DIAN decretó una inspección tributaria el 20 del mismo mes y año con el fin de extender dicho término, dado que toda la información solicitada y recaudada ya estaba en poder de la Administración.

Conceptualizó este medio de prueba y expuso que es una medida re vestida con cierto carácter coercitivo y es excepcional, de forma que, si se practicaron diligencias previamente, la práctica de la inspección es desproporcionada, innecesaria e injustificada. Reseñó la información y documentos solicitados a lo largo de l a investigación en

diligencias previamente, la práctica de la inspección es desproporcionada, innecesaria e injustificada. Reseñó la información y documentos solicitados a lo largo de l a investigación en cumplimiento de requerimientos de información y de la inspección contable, para reparar en que en la inspección tributaria se requirieron documentos que habían sido entregados previamente, en particular , el detalle del renglón 40 de la declaración de renta y el contrato de cuentas en participación suscrit o por la demandante, junto con documentos y certificación. Agregó que se solicitaron documentos a Acción S ociedad Fiduciaria y a Valure Capital S.A.S. que ya estaban en poder de la demandada y que, de manera inexplicable, no se decretó auto de verificación con la sociedad Lotes y Proyectos S.A.S., como socia aparente del contrato de cuentas en participación para corroborar la realidad de la operación. Así, con la inspección no se estaba verificando la exactitud de las declaraciones ni el cumplimiento de obl igaciones formales ni la existencia de hechos gravables ya que no se solicitó información a la empresa socia de la demandante, a cuyo nombreRadicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

Demandante: Integraciones e Inversiones Inmobiliarias S.A.S. en liquidación

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se hicieron las retenciones. Además, la información ya estaba en poder de la DIAN con ocasión a diligencias previas. En consecuencia, la diligencia no suspend ió los términos de firmeza de la

www.consejodeestado.gov.co se hicieron las retenciones. Además, la información ya estaba en poder de la DIAN con ocasión a diligencias previas. En consecuencia, la diligencia no suspend ió los términos de firmeza de la declaración, pues la prueba desatendió la función que le fue dada por el legislador, por lo cual el requerimiento especial notificado el 25 de julio fue extemporáneo y la declaración de renta se encuentra en firme.

2. Falsa motivación Calificó de irrazonable la actuación de la Administración al desconocer la realidad material del negocio que generó el 98% de sus ingresos, soportado en registros contables, balances de prueba, estados financieros, documentos públicos, contratos privados, rendiciones de cuentas , informes de gestión y estados de resultados. Dijo que la DIAN no aceptó los soportes internos y externos, ni entendió que dentro del contrato de cuentas en participación hay un socio gestor o aparente y un socio oculto, que era la demandante, razón por lo cual no apareció en los documentos oficiales del negocio y, por ello, su relación con este no pendía del contrato de fiducia de administración y pagos.

Reprochó que la autoridad insinuara que, al no entregarse documentos y soportes de la fiduciaria a nombre de la sociedad, no había prueba para demostrar la realidad de las operaciones. Por tanto, los actos adolecen de falsa motivación4 dado que la DIAN hace caso omiso a que la fiduciaria certificó haber practicado unas retenciones a nombre de Lotes y Proyectos S.A.S., como socio gestor y la demandante presentó el contrato de cuentas en participación que le otorga el derecho a descontarlas al reconocer e l ingreso , de lo que se desprende un actuar contradictorio de la

a nombre de Lotes y Proyectos S.A.S., como socio gestor y la demandante presentó el contrato de cuentas en participación que le otorga el derecho a descontarlas al reconocer e l ingreso , de lo que se desprende un actuar contradictorio de la demandada que no acepta la retención, pero sí el ingreso derivado del contrato, utilizando las pruebas en forma conveniente. Cuestionó que la demandada pretendiera darle un efecto diferente al negocio querido por las partes y se basara en la sentencia del 31 de mayo de 2018 del Consejo de Estado 5, la cual no era aplicable pues en ese caso no se allegaron pruebas sobre las operaciones cuestionadas, como sí ocurrió en este evento. Aclaró que la firma Lotes y Proyectos S.A.S. manifestó haber transferido a la demandante los recursos que fueron registrados como ingresos, como se deriva del informe semestral de la entidad fiduciaria y los certificados de retención en la fuente, siendo improcedente que la DIAN determine cuál es la proporción en la que las empresas deben distribuir sus cargas y beneficios en el marco de un contrato, máxime cuando la contabilidad de la sociedad al estar debidamente llevada y soportada constituye prueba a su favor. Transcribió el artículo 81 de la Ley 223 de 1995, modificado por la Ley 1607 de 2012, referido al tratamiento de la fiducia mercantil en el impuesto sobre la renta, y mencionó que en sede administrativa explicó que sus ingresos provienen de los fideicomisos El Rosal y el de administración y pagos Lotes y Proyectos S.A.S. , así como de un contrato de cuentas en participación en el que Lotes y Proyectos fungió como socio aparente e Integraciones como socio oculto y se practicaron las

fideicomisos El Rosal y el de administración y pagos Lotes y Proyectos S.A.S. , así como de un contrato de cuentas en participación en el que Lotes y Proyectos fungió como socio aparente e Integraciones como socio oculto y se practicaron las retenciones con cargo el encargo fiduciario, en cabeza del socio aparente.

4 Citó las sentencias del 2 de febrero de 2012, exp 17490, del 23 de abril de 2009, exp 16397, del 14 de agosto de 2008, exp 15871 y del 8 de febrero de 2007, exp 15298 proferidas por del Consejo de Estado. 5 Exp 20813 M.P. Julio Roberto Piza RodríguezRadicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Invocó los conceptos DIAN 076727 de 2012 y 099599 de 2006 y clarificó que, en el desarrollo de los fideicomisos y el contrato de cuentas en participación, los socios habían actuado en unas oportunidades como gestores conjuntos y en otras como gestores y comanditarios, pero en el contrato quedó pactada claramente la manera de distribución de los beneficios , por lo que Integraciones presentó la declaración aplicando las retenciones inicialmente practicadas conforme a su participación en el negocio, pese a que el manejo de las retenciones no se pactó expresamente en el contrato, pues es una consecuencia obvia y natural del mismo . Además, le explicó

aplicando las retenciones inicialmente practicadas conforme a su participación en el negocio, pese a que el manejo de las retenciones no se pactó expresamente en el contrato, pues es una consecuencia obvia y natural del mismo . Además, le explicó a la DIAN que a los particulares inactivos se les practicó la retención en la fuente utilizando la tarifa del 2.5%. Precisó que en sede administrativa remitió diversos conceptos y jurisprudencia para soportar el descuento de las retenciones, respecto de los cuales no se indicó en los actos por qué se desestimaron. Con fundamento en el concepto DIAN 016335 de 2014, 012887 del 5 de mayo de 2015 y el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, precisó que los contratos de cuentas en participación no son un contrato de prestación de servicios, ni enmarcan un contrato laboral, de tal forma que, respecto de sus pagos, no es dable exigir la afiliación y pago de aportes a seguridad social de los pa rtícipes ocultos, así sean personas naturales. Así, en estos contratos la recepción de utilidades remunera el contrato y no un servicio. Comentó que el contrato de cuentas en participación es entre dos personas jurídicas, que la obligación de hacer estaba en cabeza del socio gestor y que involucró un trabajo a riesgo y sin remuneración, fundado en la esperanza de obtener una utilidad, lo que refuerza el hecho de que no se requería el pago de seguridad social.

3. Aplicación del principio de libertad probatoria Manifestó que las normas del Código de Comercio no prevén solemnidades en torno a la formación del contrato de cuentas en participación, su objeto, forma y condiciones, de manera que existe libertad probatoria absoluta para acreditarlo.

Manifestó que las normas del Código de Comercio no prevén solemnidades en torno a la formación del contrato de cuentas en participación, su objeto, forma y condiciones, de manera que existe libertad probatoria absoluta para acreditarlo. Reprochó que la DIAN reconociera los contratos, pero negara sus efectos.

4. Indebida interpretación de las normas aplicables Recalcó que aportó todos los documentos que demuestran la existencia del contrato y sus efectos , los cuales fueron descalificados en forma caprich osa y acusó que existió una desvinculación de la realidad negocial con el fundamento legal, dado que no hubo una apreciación razonable de los hechos. Alegó una diferencia de criterio en la interpretación normativa principalmente relacionada con l a obligatoriedad de exigir el pago a la seguridad social y el reconocimiento de las retenciones.

5. Obligatoriedad de la doctrina oficial Se refirió a la obligatoriedad de los conceptos de la DIAN para sus funcionarios y a su publicidad para advertir que los invocados como fundamento normativo debían ser acatados por la demandada.

6. Violación al debido procesoRadicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que mal haría la demandada en desconocer el derecho de defensa y el debido proceso teniendo en cuenta la notificación extemporánea del requerimiento especial y la falsa motivación de los actos demandados. Improcedencia de la sanción por inexactitud

Afirmó que mal haría la demandada en desconocer el derecho de defensa y el debido proceso teniendo en cuenta la notificación extemporánea del requerimiento especial y la falsa motivación de los actos demandados. Improcedencia de la sanción por inexactitud Alegó que los costos y gastos cumplían los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que las pruebas no se valoraron bajo las reglas de la sana crítica y que se liquidó un menor impuesto por diferencias con la Administración, de forma que no hay hecho sancionable. Invocó una diferencia de criterios en el derecho aplicable a partir de las interpretaciones de los artículos 107 y 122 del Estatuto Tributario 6 y concluyó que la falta de prueba no es causal de la sanción por inexactitud, ni implica que en la declaración se hubiesen incluido costos o deducciones inexistentes. Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda7: Expuso que el término de firmeza de la declaración era de dos años y que la inspección tributaria se notificó dentro de dicho intervalo (el 20 de abril de 2018), de manera que el denuncio no estaba en firme para ese momento pues este medio de prueba suspendía el plazo fijado por el legislador por 3 meses. Indicó que la veracidad de las operaciones no fue demostrada dado que el contribuyente no realizaba un adecuado registro contable de estas. Dijo que l a parte demandante alegó nulidades que no discutió en el momento oportuno y que el rechazo de los costos se derivó de los medios de prueba utilizados por la entidad para determinar las operaciones inexistentes con sus vinculados económicos. Anotó que los val ores declarados no eran coherentes con la

oportuno y que el rechazo de los costos se derivó de los medios de prueba utilizados por la entidad para determinar las operaciones inexistentes con sus vinculados económicos. Anotó que los val ores declarados no eran coherentes con la información suministrada por los vinculados Acción Fiduciaria y Lotes y Proyectos S.A.S. Precisó que la sociedad no logró probar las deducciones no contabilizadas, y las asesorías jurídicas y técnicas que registr ó en su contabilidad, pues no allegó los soportes adecuados e idóneos para justificar la realidad económica de las compras de servicios declarados en su declaración . Anotó que el representante legal de la demandante reconoció que «en algunas oportunidades no se generaban ordenes de servicios para atender a clientes y en muchos servicios las fechas de aceptación eran anteriores a las de las órdenes y se facturaba al tercero cuando la ejecución se hacía después». Explicó que los documentos aportados no reflejab an la realidad operacional del negocio «como quiera que no sea viable inferir que haya existido materialidad económica, lo que indudablemente se evidencia es que los alegados servicios que se pretendieron hacer ver que prestó con los terceros». Respecto de los pasivos, estimó que los documentos no demostraron su realidad y que «la misma situación hace ir m[á]s allá, y eso requiere que no sean prueba idónea del origen de

6 Citó en apoyo las sentencias del 29 de septiembre de 2011, exp 18413, del 7 de octubre de 2020, exp. 16951, del 16 de

septiembre de 2010, exp. 16691 y 16969, del 2 de abril de 2009, exp. 16340, del 20 de agosto de 2009, exp. 16328 y del 3 de abril de 2008, exp. 16054 emitidas por el Consejo de Estado. 7 Samai Tribunal, índice 12.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la obligación comendo no se han demostrado circunstancias de tiempo, modo y l ugar de la realidad de la operación económica ». Expresó que los estados financieros y declaraciones no permiten tener certeza de la fidelidad de las operaciones y que las pruebas sí fueron valoradas. Consideró que no se verificó la realidad respecto de las cuentas por pagar a Marina Rubio Vargas a partir de los comprobantes internos y externos , dado que no se evidenció el desembolso de recursos ni existe congruencia con el monto del pasivo. Añadió que, frente a Valure Capital, encontró diferencias con la i nformación reportada por dicha sociedad en el movimiento de terceros y el balance de prueba, sin que se aportara otro soporte que demostrara el movimiento. Con relación a las participaciones de personas naturales subrayó que no se pudo verificar la realid ad del movimiento contable pues el contrato de cuentas en participación justifica un registro formal que no soporta el monto declarado. Además, frente a los pasivos con Acción Fiduciaria, la entidad reportó un pago por anticipo que contrasta con la contabilidad pues las notas de los estados financieros no lo

participación justifica un registro formal que no soporta el monto declarado. Además, frente a los pasivos con Acción Fiduciaria, la entidad reportó un pago por anticipo que contrasta con la contabilidad pues las notas de los estados financieros no lo demuestran. Sobre los ingresos, aclaró que la glosa se sustentó en diferencias con la declaración de IVA del período 1 de 2015. También dijo que, en el marco del contrato de cuentas en participación, no se justificaron los costos relacionados con pagos a personas naturales (terceros) que a su vez no hacen parte de dicho contrato. En lo que referente a los costos, enunció una falta de soporte de las discrepancias y, sobre los gastos operacionales, advirtió que no se acreditaron. Diferenció entre el mayor impuesto y la sanción para acotar que no se le exige dos veces la misma cifra a la demandante, que se respetaron el debido proceso y el espíritu de justicia y a que la imposición de la sanción fue imparcial, pues quedó acreditado que la actora incluyó valores inexactos , descartando la diferencia de criterio dado que la contribuyente desconoció las normas aplicables. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B declaró la nulidad de los actos demandados , con fundamento en las siguientes consideraciones8. Reseñó las actuaciones del proceso administrativo y las pruebas obrantes en el expediente. Posteriormente, c onceptualizó la firmeza de las declaraciones y el alcance de la inspección tributaria, así como las amplias facultades de fiscalización de la Administración y destacó que la sociedad presentó la declaración de renta el

expediente. Posteriormente, c onceptualizó la firmeza de las declaraciones y el alcance de la inspección tributaria, así como las amplias facultades de fiscalización de la Administración y destacó que la sociedad presentó la declaración de renta el 27 de abril de 2016 por lo que dicho denuncio quedaba en firme el 27 de abril de 2018. Ahora bien, indicó que con auto del 20 de abril de 2018, notificado el 24 del mismo mes y año, se ordenó practicar inspección tributaria y que, en la visita realizada, se solicitó expresa y únicamente «el auxiliar de la cuenta 2 pasivos y los soportes que den cuenta de la existencia de lo reportado por $7.624.743.000 », los cuales ya habían sido recaudados previamente, dado que desde el inicio de la fiscalización se allegaron los libros

8 Samai Tribunal, índice 22.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00523-01 (28786)

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contables y en respuesta del 28 de noviembre de 2017 se aportaron los soportes de los valores cuestionados. Agregó que la parte actora ya había radicado el auxiliar de todo el año fiscal a 6 dígitos, incluida la cuenta 2 de pasivos junto con el libro de movimiento de terceros de dicha cuenta , libro de mayor y de balances a 6 dígitos y libro diario de toda la vigencia cuestionada, aspecto que incluso fue reconocido por la DIAN en la visita de

de dicha cuenta , libro de mayor y de balances a 6 dígitos y libro diario de toda la vigencia cuestionada, aspecto que incluso fue reconocido por la DIAN en la visita de inspección contable. Llamó la atención sobre el hecho de que la inspección se hubiese notificado tres días antes de que la declaración quedara en firme para incorporar material probatorio que ya obraba en el expediente, de tal forma que este medio de prueba no materializó realmente la verificación directa de un hech o gravable. Concluyó que la finalidad de la inspección no puede ser simplemente la suspensión del término de firmeza de la declaración 9 y que como no se practicó realmente, el requerimiento especial se notificó por fuera de término por lo que la declaración había quedado en firme , siendo procedente declarar la nulidad de los actos demandados. Se abstuvo de condenar en costas al no encontrarlas probadas en el expediente. Recurso de apelación La demandada apeló la decisión de primera instancia. 10 Sostuvo que la sentencia incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas y concluir que la DIAN incurrió en una violación al debido proceso cuando el efecto de la inspección tributaria sí generó una suspensión del término para notific ar el requerimiento especial en el impuesto de renta. Explicó que el auto que decretó la prueba señaló el objeto de la inspección y que en el acta de finalización se realizó un recuento de las pruebas practicadas , cuyo análisis dio lugar a la expedición del requerimiento especial . Bajo la sana crítica, estimó necesario precisar el contenido de los libros previamente aportados para pasar de un análisis individual de la prueba a uno conjunto.

análisis dio lugar a la expedición del requerimiento especial . Bajo la sana crítica, estimó necesario precisar el contenido de los libros previamente aportados para pasar de un análisis individual de la prueba a uno conjunto. Agregó que el requerir nuevamente la información contable ya allegada se hizo para establecer la realidad tributaria de la sociedad y garantizar el debido proceso. Además, e xpuso que la extensión de l término de la firmeza se da por expresa disposición legal y que la inspección sirvió de base para profe