CE - Sentencia 25000233700020200058501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2020-00585-01 (28527) Demandante LINAMPLAST S.A.S Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Renta 2015. Rechazo de costos de ventas y de prestación de servicios. Irregularidades en la contabilidad. Carga probatoria. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección A1, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 26 de abril de 2016, la sociedad LINAMPLAST SAS presentó la declaración del Impuesto sobre la renta del año gravable 20152, en la que el saldo a pagar y el saldo a favor fueron reportados en cero ($0). Posteriormente presentó varias correcciones,

El 26 de abril de 2016, la sociedad LINAMPLAST SAS presentó la declaración del Impuesto sobre la renta del año gravable 20152, en la que el saldo a pagar y el saldo a favor fueron reportados en cero ($0). Posteriormente presentó varias correcciones, siendo la última aquella reportada el 26 de abril de 2018, en la que determinó un saldo a pagar3. Previa expedición del requerimiento especial4 y su correspondiente respuesta 5, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, profirió la liquidación oficial de revisión 322412019000058 del 5 de marzo de 20196, en la que disminuyó los pasivos, los costos de ventas , los gastos operacionales de administración, y, en consecuencia, aumento la renta líquida del ejercicio. También adicionó rentas gravables, liquidando un mayor impuesto a pagar. Impuso sanciones de inexactitud y por irregularidades en la contabilidad. Mediante la resolución 992232020000002 del 27 de febrero de 2020 7 la DIAN resolvió el recurso de reconsideración8, modificando la glosa referente a la adición de renta

1 SAMAI Tribunal. Índice 37. 2 Folio 7, Carpeta 1, Caa. 3 La última declaración de corrección se ve en folio 1634, Carpeta 9, Caa. Esta declaración se presentó después de un proceso de investigación de la DIAN que inició en 2017 e incluyó varios requerimientos ordinarios, cruces de información e inspecciones. 4 Folio 2423, Carpeta 13, Caa. 5 Folio 3020, Carpeta 16, Caa. 6 Folio 3120, Carpeta 16, Caa. 7 Folio 3584, Carpeta 18, Caa.

4 Folio 2423, Carpeta 13, Caa. 5 Folio 3020, Carpeta 16, Caa. 6 Folio 3120, Carpeta 16, Caa. 7 Folio 3584, Carpeta 18, Caa. 8 Folio 3157, Carpeta 16, Caa.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gravable, en el sentido de disminuir el monto que había agregado, porque encontró que se había incluido una cifra mayor a la de los pasivos que fueron desconocidos. Esto disminuyó proporcionalmente la renta liquida, el impuesto a cargo y la sanción por inexactitud liquidadas en la liquidación oficial de revisión. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones9:

1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000058 del 5 de marzo de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 992232020000002 del 27 de febrero de 2020, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión

de Impuestos de Bogotá.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 992232020000002 del 27 de febrero de 2020, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la cual se modificó la Liquidación Oficial De Revisión proferida.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se confirme la liquidación privada de la Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios presentada por LINAMPLAST SAS el 28 de abril de 2018, mediante el Formulario No. 1111606683991 y radicado electrónico No. 91000486910591, con la cual se calculó el valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($9.302.000) en impuesto de renta por el periodo correspondiente al año gravable 2015.

4. Que como consecuencia de la pretensión anterior, se ordene la devolución de las sumas que, al momento de proferir el fallo, haya cancelado la demandante en virtud de los procesos administrativos y/o de jurisdicción coactiva que se estén adelantando o se hayan adelantado para el pago de los actos demandados, en contra de LINAMPLAST SAS o en contra de VÍCTOR REINEL GARZÓN ROJAS identificado con cédula de ciudadanía (...) y o de JULY PAOLA CASTAÑO GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía (...) en calidad de socios de LINAMPLAST SAS y deudores solidarios.

5. Se ordene el cumplimiento de la Sentencia dentro del término establecido por los magistrados.

6. Que se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, como entidad demandada, al pago de costas y agencias en derecho.

magistrados.

6. Que se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, como entidad demandada, al pago de costas y agencias en derecho.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 83, 228, 333, 363 de la Constitución Política y 1, 742, 745, 746 y 772 del Estatuto Tributario. Sustentó la infracción normativa de la siguiente manera. Indicó en términos generales que con los actos acusados la Administración incurrió en una violación del derecho al debido proceso , dado que los mismos se expidieron trasgrediendo normas de carácter sustancial y procesal. Argumentó que los actos acusados son nulos por falsa motivación , ya que desconocen la realidad de las operaciones de compra con sus proveedores, con base en una indebida valoración probatoria y sin aplicar las normas vigentes al caso. Para esto, indicó que aportó múltiples pruebas para demostrar la existencia y ejecución de las operaciones, e incluyó en su escrito un cuadro comparativo de los indicios utilizados por la DIAN para soportar su glosa versus las pruebas que considera los controvierten.

9 SAMAI Tribunal. Índice 2«2 ED_02ExpedienteJuzgado.pdf(.PDF) NroActua 2». P 5.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que los indicios utilizados se sustentan en hechos ajenos a su conducta o

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que los indicios utilizados se sustentan en hechos ajenos a su conducta o en interpretaciones erradas, y que la Administración aplicó de manera parcial la presunción de buena fe, omitiendo elementos probatorios que acreditaban la realidad de las transacciones. Insistió en que la prueba indiciaria requiere estar debidamente probada para ser eficaz y que, en este cas o, la DIAN se limitó a construir supuestos sin soporte procesal válido. Dijo que en la sede administrativa no se investigó el contexto en el que se desarrollan las operaciones de la demandante, limitándose a testimonios sumarios y cruces de información realizados años después, para desconocer pasivos, costos y gastos.10 Finalmente, resaltó que la legislación tributaria es clara en que toda duda sobre la conducta del contribuyente debe resolverse a su favor, máxime cuando se han aportado pruebas que demuestran la realidad de las operaciones desconocidas. Afirmó que los medios de prueba utilizados por la DIAN eran insuficientes para desconocer los costos por compras, que eran reales y estuvieron soportadas en pruebas. Indicó que sus facturas y soportes contables demuestran la realidad de las operaciones realizadas con los proveedores POLÍMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES, MODERPLAST, FERRYPLÁSTICOS Y COMERCIALIZADORA GERC y que estos no fueron declarados como ficticios. Sobre los pagos efectuados a distintos proveedores, precisó que fueron realizados mediante transferencias electrónicas , cheques o efectivo, mecanismos legales y

declarados como ficticios. Sobre los pagos efectuados a distintos proveedores, precisó que fueron realizados mediante transferencias electrónicas , cheques o efectivo, mecanismos legales y usuales en la práctica comercial, por lo que no pueden considerarse como indicios de fraude. Específicamente sobre los pagos a POLÍMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES , en los que los cheques que fueron cobrados por personas naturales, resaltó que el cheque, al ser un título valor puede ser endosado o girado a terceros, lo cual no desvirtúa la realidad de la operación ni permite calificarla como ficticia o simulada. Explicó que para el año gravable 2015 los pagos en efectivo eran válidos y con reconocimiento fiscal pleno, conforme al artículo 771 -5 del Estatuto Tributario en concordancia con la Ley 31 de 1992, y que le correspondía a la DIAN demostrar que los pagos no se realizaron, y no trasladar esa carga de la prueba al contribuyente. Argumentó que la DIAN le dio valor de prueba a simples indicios sin desplega r una actividad probatoria real que justificara el desconocimiento de las erogaciones y explicó que los cruces de información con terceros no constituyen prueba plena sino simples mecanismos de verificación11. Explicó que la sanción por inexactitud es improcedente, pues no se configuró ninguno de los hechos previstos como sancionables según el artículo 647 del Estatuto Tributario12. Argumentó que la Administración fundamentó la sanción en la supuesta inclusión no procedente de pasivos, costos y gastos que, según afirmó, generaban un menor saldo a pagar. Señaló que, sin embargo, está probado en el expediente que efectuó las compras y pagó el IVA correspondiente, por lo que tenía

supuesta inclusión no procedente de pasivos, costos y gastos que, según afirmó, generaban un menor saldo a pagar. Señaló que, sin embargo, está probado en el expediente que efectuó las compras y pagó el IVA correspondiente, por lo que tenía derecho a incluirlos en su declaración de renta del año gravable 2015.

10 Citó la Sentencia del 7 de mayo de 2009, exp. 16846, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en la que el Consejo de Estado precisó: “ Esta Corporación observa que la realidad negocial puede ser demostrada a través de otros medios probatorios que le permitan a la Administración tener certeza de la operación y de su cuantía”. 11 Recordó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sent. 9 de diciembre de 1986 , exp. 1323), dichos cruces no son en sí mismos una prueba, sino procedimientos que pueden conducir a la obtención de pruebas válidas si se sujetan a las normas jurídicas aplicables. 12 Citó la sentencia del 16 de marzo de 1990. M.P Jaime Abella Zárate.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo una diferencia de criterios jurídicos respecto a la procedencia de los costos y gastos declarados, dado que las operaciones fueron reales, los datos declarados fueron completos y veraces, y en ninguna etapa del procedimiento admin istrativo se probó que su actuación causó daño alguno a la Administración. En cuanto a la sanción por irregularidades en la contabilidad , explicó que, si

fueron completos y veraces, y en ninguna etapa del procedimiento admin istrativo se probó que su actuación causó daño alguno a la Administración. En cuanto a la sanción por irregularidades en la contabilidad , explicó que, si bien la DIAN identificó errores contables, estos fueron corregidos siguiendo las instrucciones impartidas en las actas de inspección y que las correcciones jamás alteraron las cifras, pues se limitaron únicamente a reclasificaciones de cuentas o a la redistribución de estas. Señaló que por ello resulta desproporcionada e inconstitucional la conclusión de la Administración de que existió una “manipulación artificiosa de los registros contables” , cuando lo cierto es que tal manipulación nunca fue probada. Agregó que la controversia se enmarca en el postulado contable de asociación, definido en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, frente al cual incluso la propia DIAN incurrió en contradicciones al afirmar que los estados financieros y libros contables presentaban irregularidades que dificultaban la validación de ciertas cifras en la declaración de renta, lo que dista sustancialmente de catalogar la situación como una manipulación artificiosa, lo cual además no fue probado. Precisó que como se hicieron correcciones las cifras iniciales no coincidían con las verificadas por la DIAN. Dijo que esas correcciones se efectuaron con el propósito de que estuvieran acordes con los parámetros del Decreto 2649 de 1993, vigente para la época de los hechos , y precisó que, conforme a estándares internacionales y locales, cuando un hecho económico material no es reconocido en la contabilidad o se registra de manera errónea, y ya se han emitido los estados financieros, es

la época de los hechos , y precisó que, conforme a estándares internacionales y locales, cuando un hecho económico material no es reconocido en la contabilidad o se registra de manera errónea, y ya se han emitido los estados financieros, es procedente corregir los registros para emitir nuevo s informes, lo cual no puede considerarse sospechoso ni negativo, pues ello contraría el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución . Añadió que según el artículo 106 del Decreto 2649 de 1993 vigente para la época de los hechos, los errores de periodos anteriores, existentes al momento de emitir la información financiera, deben reconocerse en los resultados del periodo en que se adviertan.13 Precisó que las actuaciones de su representada no encuadran en los supuestos del artículo 654 del Estatuto Tributario, dado que corregir la información contable con la finalidad de reflejar correctamente la realidad económica no impide que la información sea comparable. Oposición de la demanda La DIAN 14 se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos. Para controvertir la falsa motivación, inició por mencionar en términos generales las normas y jurisprudencia en las cuales se basaron los mismos, haciendo referencia a la competencia y facultades que tiene la Administración, la naturaleza del proceso de fiscalización, que las decisiones deben fundarse en hechos probados

13 Indicó que el Concepto 376 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública previó que, en tales casos, la entidad debe preparar y presentar nuevos estados financieros para su aprobación, reflejando fielmente la situación económica. También

13 Indicó que el Concepto 376 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública previó que, en tales casos, la entidad debe preparar y presentar nuevos estados financieros para su aprobación, reflejando fielmente la situación económica. También citó la Orientación Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que indica que tanto las NIIF completas como la NIIF para la PYMES establecen que la corrección de errores materiales conduce a la re expresión retroactiva de la de la información financiera y se remitió a la NIC 8 y Sección 10 de la NIIF para las PYMES . 14 SAMAI Tribunal 15. «22_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.ZIP) NroActua 15»Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y la idoneidad de los medios de prueba. Posteriormente, profundizó en cada uno de los aspectos glosados, con aras a insistir en la debida valoración probatoria, la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios de prueba utilizados. Explicó que en aplicación del artículo 239 -1 del Estatuto Tributario, desconoció pasivos declarados por la demandante y adicionó dicha suma como renta líquida gravable en la declaración de renta del año 2015. Manifestó que la demandante no discutió esta glosa ni en sede administrativa ni en el recurso de reconsideración, por lo que procedió a mantener la adición efectuada, sin perjuicio de que aclaró en sede administrativa el monto adicionar. Indicó que no procede entonces debate en sede

discutió esta glosa ni en sede administrativa ni en el recurso de reconsideración, por lo que procedió a mantener la adición efectuada, sin perjuicio de que aclaró en sede administrativa el monto adicionar. Indicó que no procede entonces debate en sede judicial sobre este punto. En cuanto al rechazo de los costos, adujo que su facultad de investigación no se limita a verificar formalmente facturas o comprobantes de contabilidad, sino que debe establecer la realidad de las operaciones cuando existan indicios de su inexistencia o simulación. Sostuvo que, a pesar de que LINAMPLAST aportó facturas y comprobantes de egreso, se encontraron irregularidades en la contabilidad, modificaciones en los registros y la existencia de indicios graves que dejó en duda la veracidad de las operaciones. Recordó que, según los artículos 772 y 774 de l Estatuto Tributario, la contabilidad solo constituye prueba a favor del contribuyente si está llevada en debida forma, respaldada por comprobantes internos y externos , y no desvirtuada por otros medios probatorios. Explicó entonces que, en este caso, una vez desvirtuada la contabilidad, se le trasladó la carga de la prueba a la demandante, quien no probó en contra, por lo que se concluyó que las deducciones declaradas no se ajustaban a la realidad. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se sostiene que un conjunto de indicios puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, incluso sin la necesidad de una declaratoria formal de proveedor ficticio, e indicó que los indicios recaudados en la investigación, sumados a las irregularidades contables detectadas, resultaron suficientes para rechazar los costos y deducciones reportados por la demandante.

proveedor ficticio, e indicó que los indicios recaudados en la investigación, sumados a las irregularidades contables detectadas, resultaron suficientes para rechazar los costos y deducciones reportados por la demandante. Para efectos de demostrar que las pruebas que utilizó eran suficientes, se refirió a cada una de las operaciones controvertidas. Así, r especto del proveedor POLÍMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES , indicó que el requerimiento de información fue contestado por una persona diferente al representante legal de dicha sociedad y que las citaciones realizadas en enero y junio de 2018 no fueron atendidas. También que los cheques girados a este fueron cobrados por personas naturales distintas al proveedor, y que en los testimonios practicados estas personas manifestaron no tener vínculo alguno con esa sociedad. También adujo que en la contabilidad de la LINAMPLAST se evidenciaron inconsistencias (cambios entre el auxiliar del movimiento del tercero y el libro auxiliar). Sobre MODERPLAST, señaló que, si bien las operaciones figuraban registradas en la contabilidad de la demandante y se aportaron las facturas correspondientes, la contabilidad no puede fungir como prueba pues no fue llevada en debida forma. Respecto de FERRYPLÁSTICOS, señaló que, aunque se tenía un cálculo de operaciones por valor de $46.463.260, únicamente se verificó una transferencia electrónica por $10.000.000. Además, que se identificaron inconsistencias entre los ingresos y costos registrados en la información exógena y los r eportados en las declaraciones de IVA y renta.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

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ingresos y costos registrados en la información exógena y los r eportados en las declaraciones de IVA y renta.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la COMERCIALIZADORA GERC, manifestó que este proveedor señaló que no podía entregar la información contable debido al fallecimiento de su representante legal en 2015 y al hurto de un computador po rtátil en 2017 que contenía dicha información , con lo cual fue imposible verificar la realidad de las operaciones. En todo caso, resaltó que a través del expediente IH 2014-2017-758 se inició un proceso de calificación de proveedor ficticio, declarándolo como tal , mediante Resolución No. 900061 del 26 de octubre de 2017, para la misma época en que se realizaron las operaciones con la demandante. Sostuvo que la sanción por inexactitud es procedente pues la demandante incluyó en su declaración conceptos sin sustento real que distorsionaron la base gravable, lo cual constituye inexactitud sancionable conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario. Afirmó que también procede la sanción por irregularidades en la contabilidad como quiera que no fue posible verificar lo registrado en los libros y la contabilidad, pues se presentaron en estos hechos que no son reales, de conformidad con lo establecido en los artículos 654 y 655 del Estatuto Tributario. Sentencia apelada El Tribunal15 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, de conformidad con las siguientes consideraciones.

conformidad con lo establecido en los artículos 654 y 655 del Estatuto Tributario. Sentencia apelada El Tribunal15 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, de conformidad con las siguientes consideraciones. Señaló que en materia tributaria rige la presunción de veracidad de las declaraciones, lo que implica que, en principio, la carga de la prueba corresponde a la Administración (artículos 742 y 746 del Estatuto Tributario). No obstante, precisó que dicha carga no es absoluta, pues se invierte en cabeza del contribuyente cuando la DIAN solicita una comprobación especial o cuando la ley así lo dispone. En este sentido, recordó que una vez la Administración logra desvirtuar la presunción inicial, corresponde al contribuyente acreditar los hechos constitutivos que dan origen a los costos y deducciones que pretende hacer valer16. Agregó que, para efectos de lo anterior, cobra especial relevancia los indicios como medio de prueba válido en el ámbito tributario, y que, de conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso, estos permiten al juez deducir un hecho desconocido a partir de otro demostrado, y deben ser apreciados en conjunto con los demás elementos probatorios. También resaltó que los indicios pueden incluso desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración y generar la inversión de la carga de la prueba, trasladan do al contribuyente la obligación de demostrar la existencia real de las operaciones cuestionadas17. A partir de lo anterior, precisó para el caso específico que, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión , los indicios señalaban la inexistencia material de las operaciones realizadas por la demandante con las

A partir de lo anterior, precisó para el caso específico que, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión , los indicios señalaban la inexistencia material de las operaciones realizadas por la demandante con las sociedades MP MODERPLAST SAS , POLÍMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES SAS , COMERCIALIZADORA GERG SAS y FERRIPLÁSTICOS SAS. Al respecto relacionó apartes de hechos que consideró relevantes de los actos de determinación, así:

I. COMERCIALIZADORA GERG SAS: Su RUT fue objeto de suspensión y posterior levantamiento; en 2017 se le expidió pliego de cargos por proveedor ficticio; no contaba con capacidad instalada

15 SAMAI Tribunal Índice 37. 16 Citó varias sentencias, entre ellas la de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 31 de mayo de 2018, exp.20813, con ponencia de Julio Roberto Piza Rodríguez. 17 Citó la sentencia del 3 de mayo de 2018 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. 20727, C.P. Stella Jeannette

Carvajal Basto.Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el domicilio registrado (tamaño de domicilio vs operaciones); los ingresos y gastos reportados por terceros para el año gravable 2015 no eran comparables con las cifras de la declaración de la demandante y los terceros informan direcciones múltiples sobre este mismo proveedor; y que las personas relacionadas carecían de vinculación real, destacando que

reportados por terceros para el año gravable 2015 no eran comparables con las cifras de la declaración de la demandante y los terceros informan direcciones múltiples sobre este mismo proveedor; y que las personas relacionadas carecían de vinculación real, destacando que Víctor Julio Serrano Morales se encontraba privado de la libertad desde el 2013 y que este había negado cualquier vínculo con la demandante.

II. FERRIPLÁSTICOS SAS: Su RUT fue suspendido y, después de visitas, autos de verificación y requerimientos de información no fue posible ubicarla ni que esta aportara información del año gravable 2015, por lo que se presumió como proveedor ficticio.

III. MP MODERPLAST SAS: El libro auxiliar del tercero aportado por la demandante para el 2015 fue modificado; en las visitas a los domicilios registrados se encontró un lugar desocupado , sin capacidad operativa y otra direcc ión donde ahora funcionaba una cooperativa; esa sociedad no respondió a los requerimientos de la DIAN; y uno de los supuestos proveedores, el señor Henry López Rodríguez, declaró bajo juramento que la empresa que supuestamente le vendía a esta nunca fue manejada por él, que solo prestó su nombre y que la sociedad realmente era administrada por terceros.

IV. POLÍMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES SAS: El representante legal citado explicó que solo ejerció hasta marzo de 2015, reconoció haber firmado cheques en blanco y desconocía a los proveedores; dijo que por esa razón no atendió los requerimientos de la DIAN, además en las visitas al domicilio informado se constató que funcionaba un taller y en otro no había nadie, lo que evidenció la falta de capacidad operativa y la inexistencia real de las operaciones.

proveedores; dijo que por esa razón no atendió los requerimientos de la DIAN, además en las visitas al domicilio informado se constató que funcionaba un taller y en otro no había nadie, lo que evidenció la falta de capacidad operativa y la inexistencia real de las operaciones. Dijo que si bien con el recurso de reconsideración la demandante aportó documentos respecto de cada uno de los terceros, los cuales fueron valorados por la DIAN, con estos se confirmó las inconsistencias encontradas e indicó que en la vía jurisdiccional la demandante no aportó pruebas idóneas u otras pruebas, que permitieran una comprobación especial de la realidad material de las operaciones que fueron rechazadas. Concluyó entonces que la DIAN efectuó un despliegue investigativo competente y suficiente respecto de las operaciones cuestionadas en los actos demandados y que por ende no hubo una falsa motivación. Explicó que debe mantenerse la sanción por inexactitud dado que la demandante no aportó razones ni pruebas que justificaran el aumento de los costos de ventas y prestación de servicios, por lo que su argumentación sobre una diferencia de criterios resultó insuficiente para levantar la sanción por inexactitud. Asimismo, señaló que las irregularidades evidenciaron que la contabilidad no reflejaba la realidad de las operaciones, situación que fue demostrada por la DIAN en su labor investigativa, motivo por el cual también se mantuvo la sanción por irregularidades en la contabilidad. Dispuso no condenar en costas, por no estar probada su causación. Recurso de apelación La demandante18 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, indicando que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas

Dispuso no condenar en costas, por no estar probada su causación. Recurso de apelación La demandante18 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, indicando que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas aportadas, lo que configuró un defecto fáctico en la sentencia de primera instancia. Explicó que el fallo se limitó a reproducir extractos de los actos administrativos demandados, sin realizar un análisis propio frente a los argumentos de la demanda, con lo cual el Tribunal basó su decisión únicamente en la presunción de legalidad de los actos administrativos y en extractos de los mismos, sin efectuar un estudio real del material probatorio allegado y sin reconocer el contexto econ ómico del mercado de plásticos.

18 SAMAI Tribunal. Índice 40. «55_RECIBEMEMORIALES_20231107RECURSODE(.pdf) NroActua 40»Radicado: 25000-23-37-000-2020-00585-01(28527)

Demandante: Linamplast S.A.S

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que entre las pruebas omitidas se encontraba la declaración extra juicio de Sandra Milena Castaño Garzón, directora administrativa y financiera de LINAMPLAST, la cual describía el funcionamiento de las compras y ventas y las relaciones comerciales durante el año 2015 con cada uno de