CE - Sentencia 25000233700020210001401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACÍFICO S.A.S.

Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes. Competencia de los funcionarios de la UGPP. Caducidad potestad de fiscalización. Error de digitación. Devolución de aportes. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 8 de mayo de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente1: PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la Liquidación Oficial nro. RDO-2019-00965 de 1º de abril de 2019 y en la Resolución nro. RDC-2020-00584 del 18 de agosto de 2020, proferidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, con fundamento en las razones expuestas en la motiva de la presente providencia.

DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, con fundamento en las razones expuestas en la motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de las declaraciones privadas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2013 por haber acontecido el fenómeno de la caducidad de la facultad fiscalizadora de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

En consecuencia, ORDENAR a la UGPP ajustar proporcionalmente las sanciones impuestas con base en los períodos no caducados.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- No CONDENAR en costas, por no encontrarlas causadas. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previa requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2018-01413 del 10 de octubre de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la resolución RDO 2019-00965 del 1 de abril de 2019, por medio de la cual profirió liquidación oficial a la parte demandante por mora e inexactitud en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en los períodos de enero a diciembre de 2013 y la sancionó por ésta última conducta. La demandante presentó el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la resolución RDC 2020-00584 del 18 de agosto de 2020, en el sentido de reducir el

ésta última conducta. La demandante presentó el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la resolución RDC 2020-00584 del 18 de agosto de 2020, en el sentido de reducir el 1 Samai del Tribunal. Índice 29Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co monto de los aportes y la sanción2. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3: PRETENSIONES PRINCIPALES: Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos: - ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:

1. Liquidación Oficial RDO-2019-00965 del primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019), “Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la (sic) SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO S.A.S., identificada con NIT. (…), por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos de enero a diciembre de 2013, determinando un valor por la suma de NOVENTA Y

autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos de enero a diciembre de 2013, determinando un valor por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($98.748.941) y se sanciona por inexactitud por valor de CINCUENTA Y OCHO

MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

($58.623.864).

2. Resolución RDC-2020-00584 del dieciocho (18) de agosto del dos mil veinte (2020) “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución número Oficial RDO-2019-00965 del primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019), a través de la cual se profirió liquidación oficial a SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO S.A.S. con NIT. (…), por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social en los periodos de enero a diciembre de 2013, determinando una deuda por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO M/CTE ($94.925.971) y se sanciona por inexactitud por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

($56.341.783).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de no

($56.341.783).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y

restablecimiento del derecho:

 ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD

1. Liquidación Oficial RDO-2019-00965 del primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019)

(…)

2. Resolución RDC-2020-00584 del dieciocho (18) de agosto del dos mil veinte (2020) (…)  SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:  Por concepto de daño emergente : 2 Los antecedentes administrativos obran en el Samai del Tribunal. Índice 14. 3 Samai del Tribunal. Índice 2. Expediente digital. PDF demanda.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACÍFICO S.A.S., por mora en la afiliación y pago en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos de enero a diciembre de 2013, sumas que deberán ser indexadas y con intereses, de acuerdo con su demostración.

2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante el proceso administrativo.

3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal de servicio auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización adelantado por la Unidad Administrativa Especial “ UGPP”, toda vez que la sociedad SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACÍFICO S.A.S., apoyó la defensa jurídica con capital humano durante un año. Estos gastos obedecen a 25 SMMLV, otorgado mensualmente durante la vigencia del año 2019, correspondientes a la prestación de servicios personales de la persona que preparo (sic) la información para el agotamiento de la vía administrativa y la preparación de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo del proceso judicial que da inicio con la radicación de la presente demanda.  CONDENA EN COSTAS Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL

judicial que da inicio con la radicación de la presente demanda.  CONDENA EN COSTAS Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 23, 29, y 338 de la Constitución Política; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 5, 7 y 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 59 de la Ley 4 de 1913; 30 de la Ley 1393 de 2010; 50 de la Ley 1739 de 2014; 311 de la Ley 1819 de 2016; y 19 y 21 del Decreto 575 de 2013. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Aporte correcto. Error de digitación formato de nómina Señaló que, si bien la administración puede fiscalizar el pago correcto de los aportes y determinar las conductas en que incurran los aportantes, lo cierto es que debe hacerlo con fundamento en la realidad de las relaciones laborales, esto es, tomando los valores efectivamente pagados a sus trabajadores, lo cual se encontraba reflejado en los desprendibles de nómina.

Advirtió que cometió una serie de errores en el diligenciamiento del formato de nómina, lo que llevó a que la UGPP aumentara el IBC, sin embargo, era su deber establecer el hecho generador de las relaciones laborales con el pago de los conceptos salariales y los que no lo eran. Así, debían verificarse las situaciones de

nómina, lo que llevó a que la UGPP aumentara el IBC, sin embargo, era su deber establecer el hecho generador de las relaciones laborales con el pago de los conceptos salariales y los que no lo eran. Así, debían verificarse las situaciones de cada uno de los empleados relacionados en el Excel anexo a la demanda.

2. Presunción de días. Novedades Manifestó que en la expedición del requerimiento para declarar y/o corregir, se desconocieron las distintas situaciones que modifican los extremos de la relación laboral, como el ingreso, retiro, incapacidades y licencias no remuneradas, dando lugar a deudas inexistentes con el sistema. Solicitó la revisión de los trabajadores señalados en el Excel de la demanda, junto con las pruebas aportadas al respecto.

3. Error en la digitación del número de la cédulaRadicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que al momento de diligenciar la PILA indicó un número de cédula errado de uno de los trabajadores, por lo que era deber de la entidad solicitar la corrección de esa información y no asumir la existencia de una deuda. Puso de presente que había solicitado a las administradoras del sistema el cambio del número de identificación a fin de que los aportes fueran destinados a la persona correcta.

4. Ajustes sin vínculo laboral Adujo que la UGPP solicitaba la corrección de aportes sobre números de cédula de personas con las cuales la empresa no tenían vínculo laboral. En el Excel de la

4. Ajustes sin vínculo laboral Adujo que la UGPP solicitaba la corrección de aportes sobre números de cédula de personas con las cuales la empresa no tenían vínculo laboral. En el Excel de la demanda enlistó los casos.

5. Novedad de retiro Por disposición de los artículos 17 de la Ley 100 de 1993, 2 de la Ley 1562 de 2012 y 16 del Decreto 1295 de 1994, la obligación de realizar los aportes es por el tiempo que dure la relación laboral, siendo improcedente la liquidación de obligaciones con posterioridad a la terminación del vínculo contractual. En el cuadro de la demanda señaló las personas frente a las cuales alegaba la situación.

6. Novedades en el mismo mes. Doble pago Advirtió que la UGPP no tenía en cuenta la totalidad de los registros de ingreso y retiro que se presentan en las PILAS, pues varios trabadores presentaron doble línea en una misma planilla debido a la existencia de suspensiones y/o licencia no remunerada. Por otro lado, se presentarán pagos en dos planillas dentro del mismo período debido a que un empleado en misión presenta retiro y posterior ingreso en el mismo mes. Sin embargo, la demandada tomó de manera errónea un solo pago e ignoró la segunda línea, y en otros casos desconoció las planillas.

7. Falta de competencia de los funcionarios de la UGPP Si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de control, fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de forma precisa quién debían desempeñar cada una de las etapas del proceso de fiscalización o sancionatorio.

Tampoco indicó la manera en que se podía solicitar la información para la

precisa quién debían desempeñar cada una de las etapas del proceso de fiscalización o sancionatorio. Tampoco indicó la manera en que se podía solicitar la información para la determinación de las obligaciones, el funcionario que tenía esa facultad, ni reguló la sanción por no entrega completa de la información de períodos previos a la creación de la Ley 1607 de 2012. En el desarrollo de los procesos de fiscalización los aportantes se ven obligados a presentar documentos privados que están protegidos por mandato constitucional, por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, puede establecer las competencias y procedimientos para el control de las contribuciones. Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el Decreto Ley 169 de 2008, pero omitió asignar competencias en cabeza de algún funcionario. Esto solo se dio con el Decreto 5021 de 2009, sin embargo, éste no tenía fuerza de ley al haber sido expedido con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le otorgó el congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por ende, tampoco debía tenerse en cuenta este proceso.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de los aportantes, dado que permitía solicitar información y documentos privados, por

Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de los aportantes, dado que permitía solicitar información y documentos privados, por lo que no podía ser aplicado al ser contrario a la Constitución.

8. La UGPP asume competencias de los jueces laborales De conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia para determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de seguridad social radican exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose de conceptos que la demandad estableció como salariales, «siendo más precisos en el sub-examine al pretender determinar bonificaciones salariales cuando se estipulo (sic) que eran no salariales», así como en los casos en los en que de manera unilateral mutó los conceptos de salario.

Revisadas las funciones del artículo 21 del decreto 575 de 2013, no se encontró que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como ocurrió en los actos demandados, puesto que a su libre albedrío modificaron los extremos laborales y establecieron como factor salarial valores que no hacen parte del IBC para los aportes.

9. Creación de tercera norma La demandada, de manera improvisada, expidió los actos demandados combinando los procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que dio lugar a la figura denominada «Tercera Norma y/o Lex Tertia», situación que impide que los sujetos de las investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la defensa, contradicción y debido proceso.

Destacó que la competencia de los funcionarios y los actos administrativos se

los sujetos de las investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la defensa, contradicción y debido proceso. Destacó que la competencia de los funcionarios y los actos administrativos se adelantó con fundamento en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 575 de 2013, sin embargo, en la liquidación oficial se señaló «LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES (…). En uso de sus facultades legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario Nacional (…)» es decir, empleó procedimientos contenidos en dos normas diferentes para expedir el acto de determinación.

10. Caducidad de la facultad de fiscalización. Firmeza de las declaraciones Según el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la demandada contaba con el término de 5 años para fiscalizar las conductas de omisión, mora y/o omisión, so pena de que operara la caducidad y firmeza de las liquidaciones privadas, el cual no se interrumpe con la notificación del requerimiento de información.

Precisó que, en este caso, las autoliquidaciones estaban en firme por cuanto el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 18 de octubre de 2018, es decir, «CINCO (05) AÑOS después, de la fecha en que el aportante debió declarar y presuntamente

requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 18 de octubre de 2018, es decir, «CINCO (05) AÑOS después, de la fecha en que el aportante debió declarar y presuntamente no declaró y TRES (03) AÑOS después de la oportunidad legal que tenía para adelantar su proceso de determinación de obligaciones, de conformidad con el artículo 714 del Estatuto Tributario (…)»Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la demandada no debió acudir a la Ley 1607 de 2012, sino al Estatuto Tributario, puesto que sus efectos solo eran hacía el futuro atendiendo el principio de irretroactividad de la ley tributaria. Agregó la necesidad de que los actos administrativos estén debidamente motivados para garantizar el debido proceso de los aportantes. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente4: Frente al primer cargo señaló que los aportes se establecieron conforme a la información contable arrimada al proceso, sin embargo, fueron los errores de la demandante los que conllevaron a mantener, disminuir o modificar el monto de algunos ajustes una vez revisado este asunto al resolver el recurso de reconsideración. Para el segundo cargo, ejemplificó un caso con fundamento en el cual sostuvo que la base de cotización fue correctamente determinada, pero al ajuste se generó al

algunos ajustes una vez revisado este asunto al resolver el recurso de reconsideración. Para el segundo cargo, ejemplificó un caso con fundamento en el cual sostuvo que la base de cotización fue correctamente determinada, pero al ajuste se generó al encontrarse que la sociedad no efectuó los pagos que le correspondían, dando como resultado la mora, más cuando se tomaron los días reportados en la PILA. Sobre el tercer cargo precisó que los valores liquidados obedecieron a las diferencias encontradas entre lo que debía pagar la sociedad y lo que en realidad aportó, que para ese caso fueron valores inferiores. Además, el ajuste persistió porque no se aportó prueba de la corrección de la cédula. En lo que refiere al cuarto cargo adujo que con ocasión de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se corrigió el número de cédula del trabajador alegado por la demandante, con todo, los ajustes permanecieron debido a que los aportes no se realizaron por el total del sueldo que se reportó en la contabilidad. En cuanto al quinto cargo manifestó que luego de revisadas las pruebas aportadas por la interesada, se disminuyó el ajuste destacando que la demandante realizó pagos inferiores a lo que le correspondía. Frente al sexto cargo puso de presente que al resolver el recurso de reconsideración se disminuyó el ajuste de conformidad con las pruebas de incapacidad, empero, el aporte pagado por la sociedad es menor al que estaba obligada. Respecto al séptimo cargo expuso que, por disposición de la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008, el Decreto 5021 de 2009, entre otros, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP es quien debe proferir los

Decreto Ley 169 de 2008, el Decreto 5021 de 2009, entre otros, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP es quien debe proferir los requerimientos, las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación; a su vez, le corresponde a la Dirección de Parafiscales resolver los recursos de reconsideración por tratarse del superior jerárquico. En todo caso, la entidad contaba con competencias amplias para adelantar los procesos de fiscalización, así como las investigaciones pertinentes para establecer la correcta liquidación y pago de las contribuciones parafiscales. Sobre el octavo cargo señaló que el legislador le otorgó a la UGPP facultades para 4 Samai del Tribunal. Índice 14. PDF contestación.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitar los empleadores la información que considerara necesaria en materia de parafiscales y, a partir de ella, establecer la existencia de obligaciones con el sistema de seguridad social. De manera que, en este caso, se tomó precisamente las pruebas arrimadas por la interesada al proceso de fiscalización, sin que ello implicara asumir competencias de los jueces laborales. Además, no se modificó la naturaleza de los conceptos reportados por la demandante. En el noveno cargo resaltó que no combinó disposiciones normativas, sino que atendió la Ley 1607 de 2012 que consagra el procedimiento aplicable en la determinación de las contribuciones parafiscales. Así mismo, la interesada tuvo la

En el noveno cargo resaltó que no combinó disposiciones normativas, sino que atendió la Ley 1607 de 2012 que consagra el procedimiento aplicable en la determinación de las contribuciones parafiscales. Así mismo, la interesada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa con el envío de pruebas y la interposición de los recursos. En cuanto al décimo cargo indicó que, por disposición del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la UGPP cuenta con el término de 5 años para fiscalizar las conductas reprochadas por el ordenamiento jurídico, norma que era de aplicación inmediata. En este caso era imposible aplicar la remisión al Estatuto Tributario, puesto que se trataba de un asunto que reñía con la naturaleza de las contribuciones parafiscales. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró la nulidad parcial de los actos demandados por lo siguiente5:

1. De la competencia de la UGPP Por disposición de las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012; el Decreto Ley 169 de 2008, y el Decreto 575 de 2013; la demandada tiene la facultad para adelantar las acciones de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales sin requerir actuaciones previas y persuasivas por parte de las administradoras. Además, era función de la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP proferir los requerimientos, liquidaciones y en general los actos de determinación de acuerdo con la ley; así mismo, la Dirección de Parafiscales debe resolver los recursos de reconsideración. De manera que la intervención de los funcionarios que profirieron los actos demandados estaba conforme a las normas que regulan la materia.

con la ley; así mismo, la Dirección de Parafiscales debe resolver los recursos de reconsideración. De manera que la intervención de los funcionarios que profirieron los actos demandados estaba conforme a las normas que regulan la materia. De igual forma, indicó que la demandada contaba con facultades para la valoración de las pruebas que allegaran los aportantes, tales como los contratos y sus cláusulas con el fin de establecer los factores salariales que deben integrar el ingreso base de cotización, sin que ello implicara asumir las competencias de los jueces laborales.

2. De la creación de la tercera norma Expuso que la mención que en los actos acusados se hizo de las normas no podía entenderse como la conjugación de procedimientos sino como la determinación del marco normativo de las facultades con que contaba la entidad para proferir sus decisiones.

3. De la firmeza de las autoliquidaciones. Caducidad facultad fiscalizadora Sostuvo que como en este caso los períodos fiscalizados correspondieron a los 5 Samai del Tribunal. Índice 29Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co meses del año 2013 era aplicable la Ley 1607 de 2012 que consagra un término de 5 años para desplegar las acciones de determinación. Además, el acto encargado de afectar la firmeza de las declaraciones privadas era el requerimiento para declarar y/o corregir, el cual fue notificado el 18 de octubre de 2018. En consecuencia, una vez determinada la fecha de presentación de cada

de afectar la firmeza de las declaraciones privadas era el requerimiento para declarar y/o corregir, el cual fue notificado el 18 de octubre de 2018. En consecuencia, una vez determinada la fecha de presentación de cada autodeclaración, estimó que la UGPP no se encontraba facultada para revisar las correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2013, puesto que al momento de la notificación del requerimiento para declarar y/o corregir, transcurrieron más de los 5 años que determinó la mencionada norma.

4. Cargos sustanciales Puso de presente que, si bien la demandante planteó varios reparos sobre la determinación del IBC por los casos de ingresos percibidos, vinculación laboral novedades y error de digitación de cédula para los trabajadores Eliécer Valencia Asprilla (junio, julio); Pedro Alomia Garzón (mayo); Víctor Manuel Bonilla (agosto);

Sledge Hammer Flórez Mideros (junio) y Juan Bautista Santiesteban Hurtado (junio), debía relevarse de su estudio por cuanto obedecían a períodos respecto de los cuales se declaró la caducidad. Hizo referencia al principio de justicia rogada y manifestó que, si en gracia de discusión se aceptara revisar al azar algunos de los otros registros referenciados en la demanda, lo cierto era que el cargo denominado «aportes correctos» no aparece en ninguna de las pestañas del Excel; de modo que no se cumplió con la carga argumentativa por parte de la interesada. En todo caso los demás registros se trataron de períodos que estaban en firme. Precisó que la sanción impuesta en los actos de determinación debía ser ajustada

argumentativa por parte de la interesada. En todo caso los demás registros se trataron de períodos que estaban en firme. Precisó que la sanción impuesta en los actos de determinación debía ser ajustada como consecuencia de las modificaciones ordenadas en la sentencia. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la demandante ante la inexistencia de pruebas que lo justificaran. Tampoco accedió al reconocimiento de erogaciones por concepto de daño emergente, gastos incurridos en la defensa jurídica y el auxiliar administrativo, por cuanto no se acreditaron sumariamente la causación de esos perjuicios, ni se allegaron medios probatorios que demostraran esas erogaciones. Recurso de apelación La demandada apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente6:

1. Error procedimental Indicó que la Ley 1607 de 2012 consagra el término con el que cuenta para ejercer su facultad de fiscalización el cual se interrumpe con la notificación del requerimiento de información, que en el caso concreto se dio el 1 de julio de 2014, por lo que no operó la firmeza para ninguno de los períodos del año 2013. Precisó que la UGPP contaba con una norma especial vigente desde el 26 de diciembre de 2012, la cual era de aplicación inmediata, y estableció el término de 5 años para que la entidad iniciara los procesos de fiscalización con la expedición y notificación del 6 Samai del Tribunal. Índice 33.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00014-01 (30251)

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Servicios Especializados del Pacífico S.A.S.

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