CE - Sentencia 25000233700020210005901 de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2014 . Desconocimiento de costos y gastos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por el demandante contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:

Primero. Negar las pretensiones de nulidad propuestas por el señor Oscar Wilmer Benjumea Garzón en contra de la Liquidación Oficial 2017-02649 del 31 de julio 2017 y de la Resolución RDC-201800834 del 10 de agosto de 2018, a través de la cual la … UGPP determinó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los períodos de enero a diciembre del año 2014,

00834 del 10 de agosto de 2018, a través de la cual la … UGPP determinó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los períodos de enero a diciembre del año 2014, por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No se condena en costas, por no encontrarse demostradas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Por medio de la Liquidación Oficial RDO-2017-02649, del 31 de julio de 201 7, la demandada determinó los aportes a cargo del actor al Sistema de Protección Social (en adelante, SPS) -subsistemas de salud y pensiónpara los meses de enero a noviembre de 2014, con base en la mensualización de los ingresos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta del mencionado año, lo cual derivó en que el IBC correspondiera al umbral máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante, smmlv) y en la imposición de la sanción por no declarar « por la conducta de omisión » -art. 314 Ley 1819 de 2016-. Tras recurrirse la decisión, esa fue modificada por la Resolución RDC-2018-00834, del 10 de agosto de 2018 , que reliquidó los aportes para el mes de enero de acuerdo con el salario mínimo del 2013 y ajustó en forma proporcional la multa3.

1 Samai Tribunal, índice 33, certificado 1B6978CBB0248B5F E3F8E349507BFB66 B7852829B943E3AE 6396E7F224A9A11E (pdf), pp. 1 a 8

1 Samai Tribunal, índice 33, certificado 1B6978CBB0248B5F E3F8E349507BFB66 B7852829B943E3AE 6396E7F224A9A11E (pdf), pp. 1 a 8 2 Samai Tribunal, índice 29, certificado 3A3E766DF1F7AFD8 A15ECD741E5A4033 913B3C765783FB0B C6BCBFAE3ED6812B (pdf), pp. 35 a 36. 3 Samai, Tribunal, índice 2, certificado EA08CBD1C9CDB1AF 2FF9CFC7D038686C B68C1C92CA3BCC75 9609F8B3E8308B36 (pdf), pp. 12 a 28Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“Sea declarada la nulidad de la Resolución 2018-00834 de octubre 8 de 2018 y la Liquidación Oficial

No. RDO-2017-02649.”

Invocó como vulnerados los artículos 1 del Decreto 510 de 2003 ; 27 (letra a.), 87, 107, 683 y 746 del ET, bajo el siguiente concepto de violación5:

No. RDO-2017-02649.”

Invocó como vulnerados los artículos 1 del Decreto 510 de 2003 ; 27 (letra a.), 87, 107, 683 y 746 del ET, bajo el siguiente concepto de violación5:

-Ingreso base para la liquidación de prestaciones sociales . Aclaró que no discutía su obligación de afiliación y aportes a los subsistemas de salud y pensión. No obstante, adujo que la UGPP desconoció el monto y los periodos de su ingreso base de cotización, toda vez que determinó la base imponible a partir de los ingresos incluidos en su denuncio rentístico sin depurarlos. Con base en el artículo 1 del Decreto 510 de 2003, manifestó que el IBC de los trabajadores independientes correspondía a los ingresos efectivamente percibidos, entendidos como los recibidos por el aportante para su beneficio personal, por lo que no se trataba del ingreso bruto, sino de la utilidad (renta líquida) tras la depuración de los costos y gastos que tuvieran relación de causalidad con la actividad del contribuyente. Sostuvo que no podían tomarse los ingresos brutos registrados en la autoliquidación de renta y dividir los en 12 para obtener el IBC mensual , dado que la declaración incluía los ingresos anuales y no distinguía el momento de realización y, en cambio, la base de determinación de las « prestaciones sociales» era el ingreso mensual. A continuación, precisó que para el año 2014 debía llevar contabilidad, de ahí que tenía que observar las reglas de realización del ingreso del artículo 27 (letra a) del ET, el cual aclaró que este se causaba cuando surgía el derecho a exigir el pago de la obligación, lo

que observar las reglas de realización del ingreso del artículo 27 (letra a) del ET, el cual aclaró que este se causaba cuando surgía el derecho a exigir el pago de la obligación, lo cual sucedía -en la mayoría de los casoscon la expedición de la respectiva factura.

Al hilo de lo anterior , indicó que la facturación de sus ingresos ocurrió en diciembre, de ahí que la obligación sustancial surgió en ese momento. Arguyó que, si bien el denuncio rentístico reflejó los ingresos anuales, estos eran individualizados en las declaraciones de industria y comercio (Ica) y ventas (Iva). No obstante, como percibió tales valores en el último período del año fiscalizado, canceló sus aportes sobre el monto máximo legal.

-Ingresos totales vs utilidad. Reprochó el desconocimiento al parágrafo del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, pues la UGPP asumió como base gravable el 100% de los ingresos y no consideró los costos y gastos incurridos en la actividad productora, que consistía en la ejecución directa de proyectos de ingeniería . Al respecto , explicó que la declaración de renta del 2014 observó el artículo 87 del ET, que autorizó -como regla especialcostos y gastos en un 90% para los contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutadas por arquitectos o ingenieros contratistas . Igualmente, subrayó la existencia de una base gravable especial -Aiu (administración, imprevistos y utilidad) - para determinar el Iva en los contratos de construcción de inmuebles o proyectos de ingeniería. En consecuencia, expuso que el ingreso para su beneficio personal equivalía

existencia de una base gravable especial -Aiu (administración, imprevistos y utilidad) - para determinar el Iva en los contratos de construcción de inmuebles o proyectos de ingeniería. En consecuencia, expuso que el ingreso para su beneficio personal equivalía a un porcentaje que, en principio, no superaba el 10% de la renta bruta, lo que constituía el límite cuando no se facturaba la totalidad de los ingresos o estos no eran sometidos a retención en la fuente . Sin embargo, destacó la facturación de todas sus rentas y, por ende, defendió la posibilidad de aplicar lo previsto en el inciso tercero del art. 87 ídem.

4 Samai, índice 2, certificado 1C906E88E40519E7 B101DB625BE535F2 CE7F32FF098818E5 42D79913AF1F0921 (pdf), p. 3. 5 Samai, índice 2, certificado 1C906E88E40519E7 B101DB625BE535F2 CE7F32FF098818E5 42D79913AF1F0921 (pdf), pp. 4 a 13.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 -Deducibilidad de los costos y gastos del art . 107 del ET. Cuestionó que los actos demandados desconocieron los costos y deducciones de su actividad lucrativa (art. 1 del Decreto 510 del 2003), pues estos podían detraerse en las condiciones de la prenotada

demandados desconocieron los costos y deducciones de su actividad lucrativa (art. 1 del Decreto 510 del 2003), pues estos podían detraerse en las condiciones de la prenotada norma para determinar el IBC y establecer su capacidad económica, la cual debía considerarse tanto en la determinación del impuesto sobre la renta como en las contribuciones al SPS. Aseguró que la mayoría de las erogaciones incurridas en 2014 cumplían las condiciones para aminorar la base imponible, de modo que era necesario reconocer que los costos y gastos no eran erogaciones que debían detraerse del IBC. Por tanto, expresó que la demandada estaba en la obligación de tener en cuenta los ingresos depurados para calcular la base de la obligación sustancial. Colaboró los efectos del 746 del ET y señaló que la declaración de renta del 2014 estaba en firme porque no la cuestionó la autoridad tributaria, por lo que no se podía desconocer los costos y gastos allí registrados para establecer un IBC desproporcionado que obligaba al pago de «prestaciones sociales» sobre una base que no correspondía a los ingresos percibidos. Igualmente, manifestó que la actuación de la Administración debía observar el principio de buena fe y el espíritu de justicia.

-Información suministrada extemporánea. Solicitó la valoración a la información presentada por fuera del término en el proceso administrativo con el objeto de atender la realidad material, pues el único juicio de valor en la investigación fue la existencia de ingresos declarados en renta y el desconocimiento a los costos y gastos allí incorporados, lo cual derivó en una base gravable era plena que transgredía la buena fe, el espíritu de

ingresos declarados en renta y el desconocimiento a los costos y gastos allí incorporados, lo cual derivó en una base gravable era plena que transgredía la buena fe, el espíritu de justicia y afectó la determinación de un IBC real. Luego, citó múltiples sentencias que pregonaron la necesidad de considerar la información y pruebas suministradas por el obligado tributario. Por último, la Sala destaca que el actor no cuestionó la sanción.

Contestación de la demanda6

La UGPP se opuso a las pretensiones del demandante, pues actuó en ejercicio de sus facultades legales, acató las disposiciones vigentes al momento de expedir las decisiones demandadas, las cuales gozaban de una presunción de legalidad que no fue desvirtuada.

Describió los principios constitucionales y reglas generales que regían el SPS y la afiliación y pago de aportes. Mencionó que la seguridad social era un derecho fundamental e irrenunciable, cuyo financiamiento se sustenta ba en las contribuciones parafiscales que comprend ían los tributos dirigidos a satisfacer una serie de derechos como salud y pensión. Igualmente, remitió a las Leyes 100 de 1993 y 789 de 2002, toda vez que la primera consagró los principios a los cuales debía sujetarse la seguridad social -entre ellos el de solidaridady la segunda pretendió la ampliación del sistema. Más tarde, sostuvo que el IBC se determinaba a partir de los ingresos efectivamente percibidos por el aportante para su propio beneficio personal, menos los costos asociados a la actividad económica que cumplieran los requisitos del a rtículo 107 del ET. Ahora bien, manifestó que su contraparte percibió ingresos por la actividad de construcción de proyectos de

el aportante para su propio beneficio personal, menos los costos asociados a la actividad económica que cumplieran los requisitos del a rtículo 107 del ET. Ahora bien, manifestó que su contraparte percibió ingresos por la actividad de construcción de proyectos de servicio público (código 4220), pero no aportó nuevas pruebas con la demanda.

En relación con los ingresos, describió que con las pruebas aportadas y analizadas en la liquidación oficial -facturas y certificaciones de contador de uniones temporales - el aportante había probado los ingresos correspondientes al mes de diciembre de 2014, el cual no fue objeto de ajuste . Sin embargo, mensualizó las rentas generadas en la participación en uniones temporales porque estas fueron certificados con periodicidad

6 Samai, índice 2, certificado 1C906E88E40519E7 B101DB625BE535F2 CE7F32FF098818E5 42D79913AF1F0921 (pdf), pp. 1472 a

1502. La demanda fue admitida contra la UGPP y el Ministerio de Hacienda, este último que contestó la demanda y propuso la falta de legitimación en causa por pasiva, la cual se declaró probada por parte del despacho sustanciador del tribunal, mediante auto del 02 de septiembre de 2022. En consecuencia, fue desvinculado del proceso antes del fallo (índice 21 Samai tribunal).Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 anual. Mencionó que el actor no allegó información respecto de la fecha en que recibió

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 anual. Mencionó que el actor no allegó información respecto de la fecha en que recibió los pagos por la realización de las obras, pues la certificación de contador no incluía el detalle de los flujos de pagos. Afirmó que, dentro de las pruebas documentales aportadas por su contraparte, obraban l os certifica dos con radicaciones 201770010179242 y 201770010501052, concernientes a los ingresos percibidos en el año -los cuales mensualizó-, no obstante, persistían los ajustes al IBC salvo por el mes de diciembre . Así, el ingreso mensualizado de enero a noviembre fue $138.406.326. En cambio, dicho valor ascendió a $1.1193.099.000 en diciembre, por lo que no hubo ajuste en ese periodo.

Argumentó que, al momento de emitir el requerimiento para declarar y /o corregir, solo disponía de la declaración de renta del demandante -con fundamento en la cual estableció el IBCpese a que el actor tenía la carga de acreditar la periodicidad de sus ingresos, de manera que la falta de respuesta al acto previo motivó su división en doce meses y descartaba la configuración de una presunción porque probó su percepción en

2014. Hizo hincapié en la necesidad de verificar que el IBC de los independientes observara sus ingresos y expensas. En ese sentido, apuntó que los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003 la autorizaban para exigir a los aportantes tanto la comprobación de costos y gastos en su actividad productora como la observancia al artículo 107 del ET.

Decreto 510 de 2003 la autorizaban para exigir a los aportantes tanto la comprobación de costos y gastos en su actividad productora como la observancia al artículo 107 del ET.

Destacó que las certificaciones de contador público emitidas por las uniones temporales «Temporal Primera Infancia» y «San Francisco de la Sombra » informaban los costos de manera anualizada, por lo que no era posible asociarlos al mes en que efectivamente sucedieron y no podían aceptarse. Defendió que la procedencia de costos pendía del cumplimiento a los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad del artículo 107 del ET y su acreditación en el período objeto de fiscalización. Además, relató que el artículo 7712 ibidem sometió la procedencia de tales erogaciones a que const aran en factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos de los artículos 617 y 618 ídem. En consecuencia, la libertad probatoria no era absoluta porque el legislador exigió la entrega de facturas para la procedencia de costos y deducciones 7, de suerte que la aceptación a tales expensas exigía la remisión de pruebas idóneas (artículo 743 del ET).

En lo atinente a la aplicación del artículo 87 ídem, consideró que la aplicación de dicho precepto exigía el cumplimiento a los artículos 107 y 771-2 ibidem, en concordancia con los artículos 617 y 618. Con base en lo anterior, señaló que su revisión a las pruebas allegadas con ocasión al requerimiento de información y el recurso de reconsideración, las certificaciones de las prenotadas uniones temporales , afirmó que la documentación era anualizada y carecía de soportes que evidenciar el cumplimiento al artículo 107, por

allegadas con ocasión al requerimiento de información y el recurso de reconsideración, las certificaciones de las prenotadas uniones temporales , afirmó que la documentación era anualizada y carecía de soportes que evidenciar el cumplimiento al artículo 107, por lo que no podía acudirse al artículo 87 ídem , de ahí que los ajustes por omisión en afiliación y pago de aportes debían mantenerse. Sobre la vulneración a la presunción de veracidad de las declaraciones y el espíritu de justicia, manifestó que el objeto de la fiscalización no fue cuestionar las declaraciones de renta -competencia exclusiva de la DIAN-, sino establecer la correcta liquidación de aportes , para lo cual los ingresos declarados en renta develaron capacidad de pago . Sin perjuicio de lo anterior, descartó la infracción al espíritu de justicia porque la liquidación oficial se efectuó dentro del marco legal y constitucional aplicable y no impuso cargas adicionales o desproporcionadas.

Respecto del principio de buena fe , subrayó que la actuación se enmarcó en sus competencias, pues revisó la documentación aportada junto con las declaraciones presentadas por el demandante para establecer la correcta liquidación de aportes sin violar su buena fe o el espíritu de justicia , pues la veracidad de l os denuncios no era absoluta, sino que estaba sujeta a sus verificaciones. En relación con la solicitud de su contraparte atinente a considerar la información suministrada extemporáneamente con

7 Sentencia del 28 de junio de 2010 (exp. 16791, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 ocasión a un requerimiento ordinario , esto es, las certificaciones de la s uniones temporales y las facturas de venta que demostraban que la suma de $1.055.223.084 fue percibida en el mes de diciembre, precisó que su análisis tomó como ingreso el valor total de las facturas sin detraer el Iva, no modificó el ingreso en sede de reconsideración en virtud del principio de no reformatio in pejus.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda8. Desestimó los cargos de infracción de las normas en que debieron fundarse los actos y la falsa motivación. Consideró que, bajo el marco normativo aplicable, el actor -como trabajador independientetenía capacidad de pago por su calidad de declarante de renta y debía cotizar sobre la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos menos los costos y gastos incurridos de conformidad con el artículo 107 del ET . Asimismo, c oncluyó que la autoridad podía acudir a los ingresos incluidos en la declaración de renta del año 2014 por $2.716.099.000 a efectos de cuantificar el IBC, ya que dicha declaración gozaba de presunción de veracidad y el demandante no probó la forma en que percibió el ingreso durante el periodo investigado.

Pese a que la carga probatoria de los costos y gastos correspondía al actor, este solo señaló que la Administración no hizo una valoración probatoria o que esta fue errada. Sin

demandante no probó la forma en que percibió el ingreso durante el periodo investigado.

Pese a que la carga probatoria de los costos y gastos correspondía al actor, este solo señaló que la Administración no hizo una valoración probatoria o que esta fue errada. Sin embargo, no identificó las glosas que debían revisarse ni el soporte documental, cuyo análisis no compartía.

Además, el demandante criticó la falta de consideración a todas las pruebas radicadas en sede administrativa, lo cual advirtió el a quo subsanado por la demandada al resolver el recurso de reconsideración, pues aquel aludió al memorial del 19 de diciembre de 2016 -que no había sido incluido en la valoración de la liquidación oficial -. Destacó que el contribuyente no aportó nuevas pruebas en sede judicial sobre los costos y gastos y sostuvo que las certificaciones de contador eran insuficientes porque no fueron acompañadas de comprobantes internos o externos ni soportes de contabilidad, más aún cuando la Sala ha explicado que los mencionados documentos debían contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas y asientos contables. Agregó que no fue posible verificar los requisitos de los artículo s 771-2 y 617 del ET , dado que no se entregaron facturas o documentos equivalentes para sustentar la certificación del contador, todo lo cual llevaría -en principioa confirmar la legalidad de las decisiones.

Con todo, consideró aplicable los costos presuntos del Decreto 1601 de 2022, lo que para la actividad del actor ( CIIU 4220, construcción de proyectos de servicios público s) equivalían al 67.9%. Sin embargo, la aplicación del citado porcentaje no modificaba el IBC porque los ingresos netos superaban el tope máximo legal. Frente a la violación a

la actividad del actor ( CIIU 4220, construcción de proyectos de servicios público s) equivalían al 67.9%. Sin embargo, la aplicación del citado porcentaje no modificaba el IBC porque los ingresos netos superaban el tope máximo legal. Frente a la violación a los principios de buena fe, justicia y equidad, señaló que el primero no implica ba la aceptación a los hechos aducidos por los aportantes. Además, según el artículo 167 del CGP, los administrados debían probar los hechos que aducían en su favor, sin embargo, el actor no aportó pruebas de los costos y gastos. Respecto de los otros principios, no encontró que la autoridad exigiera una carga superior al obligado como aportante al SPS.

Recurso de apelación

La parte demandante recurrió la decisión del tribunal9 con los siguientes argumentos:

8 Samai Tribunal, índice 21, certificado 7625EB63F3F99076 9B9F77AC66C1DF42 F8E10328E58B37DA 7C08E55F398AD81E (pdf), pp. 1 a 22. 9 Samai Tribunal, índice 25, certificado ECAC63F9B37C005B FAD0729E50BCC248 1E4A17EC8EB0CCA0 8075F145BB1498C0 (zip), documento, “recurso de apelación tribunal -IDQS-2022” (pdf) pp. 1 a 10.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 -Obligación de contribuir. Sostuvo que el objeto del litigio no era desvirtuar su condición de sujeto pasivo, sino que los cuestionamientos reclamaban que el aporte debía respetar criterios de equidad y capacidad contributiva, la cual se diferenciaba de la capacidad de pago porque la simple percepción de ingresos no suponía el deber de contribuir, toda vez que el desarrollo de una actividad requería la asunción de erogaciones, razón por la cual era imperativo establecer la verdadera capacidad de pago en la actividad desarrollada por el actor a través de las figuras contractuales de consorcios y uniones temporales, en donde los ingresos y costos asociados eran altos, lo cual fue reconocido por el legislador al regular Aiu para los contratos de obra. Adujo que la sentencia refirió a la obligación de los trabajadores independientes a partir de la demostración de capacidad de pago como consecuencia de la percepción de ingresos. Sin embargo, el tributo no debía medirse por el ingreso bruto, sino por una base líquida . En relación con la presunción de l Decreto 1601 de 2022 , cuestionó la aplicación de la norma al año 2014, sin perjuicio que su aceptación correspondiera a una presunción de hecho que admitía prueba en contrario, sobre todo cuando los costos y gastos de la operación con la unión temporal -certificadoseran procedentes, de ahí que su desconocimiento vulneró el principio de equidad.

-Los ingresos base de cotización para prestaciones sociales . Mencionó que el fallo

sobre todo cuando los costos y gastos de la operación con la unión temporal -certificadoseran procedentes, de ahí que su desconocimiento vulneró el principio de equidad.

-Los ingresos base de cotización para prestaciones sociales . Mencionó que el fallo retomó la posición de la UGPP de liquidar los aportes basada en la presunción del prenotado decreto, lo cual desconocía la realidad del demandante (costos declarados). Manifestó que, en un sistema de depuración, la base bruta era violatoria de la capacidad contributiva, en tanto la realidad económica del contribuyente se medía con la base líquida. Además, desconocer la veracidad de la declaración tributaria -como parecía sucederviolaba cualquier principio -incluidoel de buena fe-, pues esta se encontraba en firme -artículos 705 y 714 del ET-, razón por la que no podía desconocerse por autoridad judicial ni administrativa . Bajo esa perspectiva , manifestó su desacuerdo con el argumento referido a que «la carga» [de la prueba] estaría a cargo del contribuyente, habida cuenta de que el Estado c ontaba con una herramienta «que por efecto de la desarticulación estatal » podía afectar la capacidad de pago del sujeto o la base de determinación de la contribución. Insistió en que el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 preveía como IBC los ingresos efectivamente percibidos en el ejercicio de la actividad independiente para el beneficio personal del aportante, tras la depuración de costos y gastos, es decir, el ingreso debía corresponder al que efectivamente constituyera utilidad.

A partir del Concepto DIAN 041847, del 08 de agosto de 2003, afirmó que los consorcios

gastos, es decir, el ingreso debía corresponder al que efectivamente constituyera utilidad.

A partir del Concepto DIAN 041847, del 08 de agosto de 2003, afirmó que los consorcios y uniones temporales que llevaran contabilidad, como e ra el caso de la U T «Primera Infancia», la información certifica da era la base para la declaración de renta. Bajo esa premisa, reprochó la tesis del tribunal sobre el artículo 777 del ET, pues ello solo era válido para certificar las partidas de un sujeto , más no para el caso de los consorcios o uniones temporales, pues en tal caso la certificación era idónea para soportar tanto la información de la declaración de renta como el IBC de los aportes al SPS . Además, mencionó que la veracidad de la certificación no fue desvirtuada por la UGPP o el tribunal.

-Causación de los ingresos . Acusó a la sentencia de no indagar por la realización del ingreso -art. 27 del ET-, que para la controversia ocurrió en un solo mes , de ahí que no era procedente mensualizar la suma recibida mediante la división de los ingresos en los 12 meses del año. Reclamó una aplicación errónea del derecho y un efecto retroactivo a una norma, pues la Ley 1753 de 2015 establec ía para l os rentistas de capital y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios un IBC del 40% de sus ingresos mensualizados, por lo que era improcedente dividir por doce una base que no estaba establecida cuando se generaron los aportes, sobre todo cuando el i ngreso se realizó al finalizar el año, de modo que lo determinado no correspondía a valores realesRadicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

estaba establecida cuando se generaron los aportes, sobre todo cuando el i ngreso se realizó al finalizar el año, de modo que lo determinado no correspondía a valores realesRadicado: 25000-23-37-000-2021-00059-01 (27631)

Demandante: Oscar Wilmer Benjumea Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 y omitía que los ingresos para los no obligados a llevar contabilidad10, tenían un distinto momento de realización y no podían mensualizarse a discreción de la Administración.

-Presunción de veracidad de las declaraciones tributarias y costos presuntos. Expresó que la demandada carecía de competencia para desconocer costos y gastos y, en el caso de uniones temporales , existía un medio idóneo para certificarlos . Agregó que la presunción de veracidad de la declaración de renta -art. 746 del ETno fue desvirtuada en los términos de los artículos 705 y 714 ídem , por lo que su información era veraz y soportaba las actuaciones del contribuyente. En consecuencia, la demandada no podía desconocer los costos y gastos declarados para establecer un IBC desproporcionado.

Pronunciamientos finales

La Administración y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación planteados por el demandante, en calidad de apelante únic o, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación planteados por el demandante, en calidad de apelante únic o, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Problemas jurídicos

2En orden a atender metodológicamente los cuestionamientos del apelante, corresponde definir si: (i) la UGPP desconoció que los ingresos gravados con los aportes se causaron en un solo período -diciembrey, por ende, era improcedente distribuir los ingresos brutos registrados en la declaración de renta del 2014 en los doce meses del año para obtener el IBC de los aportes al SPS en todos los períodos ; (ii) si procedía reconocer los costos y gastos incurridos por el demandante en ejercicio de su actividad económica que permitirían la depuración de la base impositiva de los aportes, por haber sido acreditados y, adicionalmente, si era improcedente la aplicación del artículo 3.2.7.5 del Decreto 1601 de 2022, toda vez que no estaba vigente para el período en discusión.

En cambio, no se tendrá en cuenta el cargo de apela