CE - Sentencia 25000233700020210025901 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000233700020210025901 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Oleoducto Central S.A., Ocensa S.A.

Demandada: DIAN

Temas: Notificación de los actos administrativos tributarios. Procedencia del recurso de reconsideración. Extemporaneidad. Contribución en contratos de obra pública.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante 1 contra la sentencia del 25 de enero de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que decidió2:

Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda interpuesta por el Oleoducto Central S.A. Ocensa en contra del Auto Inadmisorio del recurso de reconsideración 001494, del 10 de diciembre de 2020, presentado en contra de la resolución de determinación de la contribución de obra pública y el auto confirmatorio (…) 000009, del 7 de enero de 2021, proferidos por la [demandada]; por las razones

presentado en contra de la resolución de determinación de la contribución de obra pública y el auto confirmatorio (…) 000009, del 7 de enero de 2021, proferidos por la [demandada]; por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Inhíbase de pronunciarse sobre las demás pretensiones, pues al no haberse agotado el requisito de procedibilidad sobre la resolución de determinación contratos de obra pública 312412019000003 del 11 de abril de 2019, por la cual la [demandada] le impuso a la [demandante] la obligación de pagar una contribución de $962.569.000, la Sala no puede pronunciarse sobre su legalidad, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

Tercero. Por no haberse probado, no se condena en costas.

(…)

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada, por medio de la Resolución 3124120190000033, del 11 de abril de 2019, determinó oficialmente el valor de la contribución especial por contrato de obra pública a cargo de la actora, la cual fue recurrida. Sin embargo, mediante Auto 0014944, del 10 de diciembre de 2020, se inadmitió el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante, lo cual fue confirmado a través del Auto 0000095, del 7 de enero de 2021.7

1 Samai Tribunal, índice 36, certificado 0034EBD60B952615 88AA879B59ACC02B 625C08B95756652D 1AE692ED725C8970 (pdf), pp. 1 a 25.

1 Samai Tribunal, índice 36, certificado 0034EBD60B952615 88AA879B59ACC02B 625C08B95756652D 1AE692ED725C8970 (pdf), pp. 1 a 25. 2 Samai Tribunal, índice 31, certificado 222FD765EA5C1643 D7BA2198FFEDFA2E 067C34124094BCB6 717BE7A6D5488E8D (pdf), pp. 21 a 22. 3 Samai Tribunal, índice 9, certificado EB01FCDB5BF2B5E4 C5AD7446FCEC1ED7 78C1354682D29B62 0F5702F370251B3C (zio) 1 (pdf), pp. 83 a 91. 4 Samai Tribunal, índice 9, certificado EB01FCDB5BF2B5E4 C5AD7446FCEC1ED7 78C1354682D29B62 0F5702F370251B3C (zio) 5 (pdf), pp. 129 a 133. 5 Samai Tribunal, índice 9, certificado EB01FCDB5BF2B5E4 C5AD7446FCEC1ED7 78C1354682D29B62 0F5702F370251B3C (zio) 5 (pdf), pp. 135 a 140.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

www.consejodeestado.gov.co 2 Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló la s siguientes pretensiones6:

Primera. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución 312412019000003, del 11 de abril de 2019, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN...

b) El Auto Inadmisorio 001494, del 10 de diciembre de 2020, expedido por la … DIAN …

c) El Auto Confirmatorio del Auto Inadmisorio 000009 , del 7 de enero de 2021 , expedido por la … DIAN.

Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a Ocensa, declarando que la Compañía no debía retener la contribución de obra pública por el contrato objeto de discusión; y, por lo tanto, que la sociedad no está obligada a realizar ningún pago por concepto de la contribución, ni tampoco intereses.

Invocó como vulnerados los artículos 6, 13, 29, 83, 103 y 209 de la Constitución; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 565, 568, 720, 726, 732 y 734 del ET; 3, 10, 42 y 72 del CPACA; 25, 99 y 110 del Código de Comercio; Decreto 1056 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 565, 568, 720, 726, 732 y 734 del ET; 3, 10, 42 y 72 del CPACA; 25, 99 y 110 del Código de Comercio; Decreto 1056 de 1953; 32 y 76 de la Ley 80 de 1993; 264 de la Ley 223 de 1995; 6 de la Ley 1106 de 2006; 2, 26 y 30 de la Ley 1369 de 2009; 113 de la Ley 1943 de 2018; 131 de la Ley 2010 de 2019, y 5.4.3.5. de la Resolución 5050 de 2016 bajo los siguientes conceptos de violación7:

La demandante , además de cuestionar aspectos de forma y de fondo respecto de la liquidación oficial acusada que determinó la contribución de obra pública, planteó los siguientes cuestionamientos:

-La Administración incurrió en múltiples irregularidades al llevar cabo el procedimiento de notificación de la liquidación oficial de la contribución de obra pública . Alegó que la notificación del acto administrativo demandado se realizó de manera irregular y que, en todo caso, se notificó por conducta concluyente el 08 de septiembre de 2020. La demandada envió, a través de una empresa de mensajería expresa, la liquidación oficial acusada a la dirección « cra. 11 No. 84 -09 Piso 10», que correspondía a la registrada en el RUT, en la que siempre ha recibido la correspondencia conforme al artículo 565 del ET; sin embargo, según el reporte de la página web de la indicada empresa de correo, el 15 de abril de 2019 presuntamente fue rehusado el paquete de notificación por el

RUT, en la que siempre ha recibido la correspondencia conforme al artículo 565 del ET; sin embargo, según el reporte de la página web de la indicada empresa de correo, el 15 de abril de 2019 presuntamente fue rehusado el paquete de notificación por el destinatario; igualmente, la guía de mensajería también da cuenta del aludido rehúso de la notificación junto a un sello que identifica el nombre de una persona que no trabaja ba para la compañía. Por otra parte, describió que la empresa de mensajería solo intentó entregar el documento una vez y luego lo devolvió a la Administración ; posteriormente, la demandada publicó un aviso en su página web, notificando el acto administrativo el 09 de mayo de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 568 del ET.

-La empresa de mensajería sustentó la falta de entrega de la liquidación oficial en hechos contrarios a la realidad . Señaló como falso que se afirmara que no se recibió la correspondencia en la dirección señalada en su R UT o que la misma se hubiera rehusado. Para sustentar su tesis, afirmó que: (i) no se acreditó por la empresa de

6 Samai Tribunal, índice 12, certificado B24DE8FEBFF01017 53D9DF9BDE5F1636 F883D8AC67CE1143 B114210A6F555BD7 (pdf), p. 1. 7 Samai Tribunal, índice 12, certificado B24DE8FEBFF01017 53D9DF9BDE5F1636 F883D8AC67CE1143 B114210A6F555BD7 (pdf), pp. 1 a 43.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 mensajería que efectivamente se hubiera rehusado la entrega del documento por parte de su destinatario -este último término definido según los artículos 5.4.3.4.2 de la Resolución 5588 de 2019 y 2 de la Ley 1369 de 2009-, pues no se evidencia sello con el nombre de la compañía, y quien presuntamente rehusó la recepción no ha trabajado para la empresa como lo certifica el jefe de recursos humanos , de modo que infirió que tal persona correspondía al propio mensajero que intentó la notificación, dado que el sello se ubicaba en los campos en los que debe firmar el personal de la correspondencia. De esta forma, aseguró que, por el contrario, exist ían múltiples pruebas acerca de que la actora siempre recibía su correspondencia en la dirección informada en su R UT -entre ellas, la remisión del requerimiento ordinario del 23 de marzo de 201 , al igual que unas cuarenta guías de envíos recibidos por la sociedad en la mencionada dirección, la prueba de recepción de otras liquidaciones oficiales. Adujo igualmente que, esta corporación en varias sentencias8, ha analizado distintas situaciones fácticas en las que se subsumiría el presente asunto; en primer lugar: i) que la demandada y las empresas de mensajería desconocen el debido proceso cuando no entregan los actos administrativos en la dirección informada por el contribuyente alegando causales de devolución contrarias a la realidad y b) que para verificar la realidad de las causales, la empresa de mensajería

desconocen el debido proceso cuando no entregan los actos administrativos en la dirección informada por el contribuyente alegando causales de devolución contrarias a la realidad y b) que para verificar la realidad de las causales, la empresa de mensajería debe analizar si en el pasado el contribuyente ha recibido envíos en esa misma dirección. Con base en ello, concluyó que la causal de rehúso alegada era contraria a la realidad.

-La Administración no tiene ninguna prueba creíble y convincente que demuestre que efectivamente se rehusó a la entrega del acto administrativo y, en consecuencia, afirmó que no existe justificación que la liquidación oficial no le haya sido entregada . Sostuvo que correspondería una negación indefinida el asegurar que no rehusó la recepción de la notificación de la liquidación oficial, y ante ello era carga probatoria de la demandada desvirtuar tal aseveración conforme al artículo 167 del CGP, pues se encontraba en una mejor condición para probar lo relacionado con la notificación , dado que fue quien encargó y contrató a la empresa de mensajería tal procedimiento . La Administración incumplió con la carga de la prueba, ya que la credibilidad de la afirmación de la compañía de mensajería sobre el rehúso de la notificación fue desvirtuada al demostrarse con varias pruebas que en dicha dirección se han hecho otras notificaciones y no se presentaron pruebas adicionales . E xisten múltiples dudas probatorias respecto de la entrega de la liquidación oficial que se derivan de la actividad de correspondencia de la empresa de mensajería, las cuales deben ser resueltas a su favor, según lo dispuesto en el artículo 745 del ET, en tanto no le pueden ser endilgados los posibles errores ocurridos

entrega de la liquidación oficial que se derivan de la actividad de correspondencia de la empresa de mensajería, las cuales deben ser resueltas a su favor, según lo dispuesto en el artículo 745 del ET, en tanto no le pueden ser endilgados los posibles errores ocurridos en la notificación de la liquidación oficial , al respecto adujo: « pudo suceder que el mensajero de 4-72 acudió a entregar el envío a una dirección distinta a la de Ocensa, que simplemente decidió no entregarlo, o incluso que devolvió el envío de mala fe».

-Una vez la demandada recibió la devolución del envío se debió intentar nuevamente la notificación por correo o, en su defecto, contactarse con la demandante por otro medio para garantizar el conocimiento efectivo de la liquidación oficial . Previno que la Administración, una vez recibió la devolución del envío, procedió a publicar el acto administrativo en su página web; sin embargo, la demandante reparó que con ello desconoció la excepcionalidad de dicho mecanismo de notificación, en tanto e ste no garantiza el conocimiento efectivo del acto notificado, por lo que se debió intentar contactar al contribuyente por otros medios, tal y como se manifestó en varias sentencias del Consejo de Estado9. Con base en lo anterior, reparó que la Administración acudió de manera prematura e irregular al mecanismo de notificación por aviso, en tanto no intentó

8 Consejo de Estado, Sentencias del 01 de agosto de 2019, exp. 2334, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 21 de mayo de 20208, 16 de julio de 2020, exp. 23864, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, y 04 de marzo de 2021 exp. 25163, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

16 de julio de 2020, exp. 23864, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, y 04 de marzo de 2021 exp. 25163, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 9 Sentencias del 12 de septiembre de 2002, exp. 12975, CP: Ligia López Díaz, 6 de abril de 2008, exp. 15411, CP: Héctor J. Romero Díaz, 12 de junio de 2008 , exp. 15566, CP: Héctor J. Romero Díaz , y del 02 de agosto de 2012 , exp. 18577, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 nuevamente llevar a cabo la entrega de la liquidación oficial por correo y, en todo caso, no había notificado a través de correo electrónico el acto administrativo; por ello, sostuvo que la demandada no podría recurrir a la notificación por aviso, dispuesta en el artículo 568 del ET, en tanto no realizó gestiones adicionales para garantizar el conocimiento efectivo del acto demandado y, por otra parte, manifestó que el procedimiento « deja la sensación de que la DIAN quería que Ocensa no tuviera conocimiento efectivo del acto, lo cual denotaría mala fe y también tendría consecuencias muy graves por donde se mire».

-La compañía de mensajería no realiz ó dos intentos de entrega a pesar de que la regulación de servicios de mensajería así se lo ex igía, por lo que la Administración no

mala fe y también tendría consecuencias muy graves por donde se mire».

-La compañía de mensajería no realiz ó dos intentos de entrega a pesar de que la regulación de servicios de mensajería así se lo ex igía, por lo que la Administración no notificó correctamente la liquidación oficial. Subrayó que solo se intentó, en una ocasión, entregar el acto administrativo, con lo que se violó lo dispuesto en los artículos 5.4.3.5. de la Resolución 5050 de 2016 y 26 de la Ley 1369 de 2009, así como la guía del usuario de la empresa de mensajería. Por todo lo anterior, afirmó que la validez de la notificación dependía del cumplimiento estricto de las disposiciones en materia de mensajería expresa y, en consecuencia, recalc ó que, a falta de dicho cumplimiento, la demandada no estaba habilitada para acudir al mecanismo de notificación por aviso.

-Notificación por conducta concluyente . Reparó que al no haberse notificado correctamente la liquidación oficial, y al acaecer múltiples irregularidades que viciaron dicho procedimiento, se tiene que la demandada se notificó por conducta concluyente el 8 de septiembre de 2020, por cuanto en ese día le fue efectivamente entregada una copia del acto administrativo, previo requerimiento.

-El recurso de reconsideración se presentó oportunamente . Advirtió que el recurso se presentó dentro de los meses siguientes a la fecha de notificación, en tanto se interpuso el 13 de octubre de 2020 , y el término para tal efecto, fenec ía el 08 de noviembre de 2020; por ello, advirtió que no podía la Administración inadmitir el recurso; por el contrario, debió tramitarlo y pronunciarse de fondo.

2020; por ello, advirtió que no podía la Administración inadmitir el recurso; por el contrario, debió tramitarlo y pronunciarse de fondo.

-Se configuró el silencio administrativo positivo. Adujo que, según lo dispuesto en el artículo 732 del ET, al no haberse decidido de fondo por parte de la Administración el recurso de reconsideración, y su inadmisión ilegal, se configuró el silencio administrativo positivo, de acuerdo con lo analizado por esta corporación10.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora11, a tales efectos señaló que los actos demandados se ajustaban a las normas sustanciales y procesales vigentes . Por ello, además de controvertir los cargos de fondo que planteó la demandante sobre la liquidación oficial acusada, reafirmó la correcta notificación del acto en la siguiente forma:

-Indebida notificación de la liquidación oficial . Describió que inició una investigación respecto de la contribución especial de obra pública en contra de la demandante a través del Auto de apertura 312412017000074, del 9 de mayo de 2017 , y que n otificó un requerimiento de información el 30 de marzo de 2017, en la dirección informada por el contribuyente en su RUT (i.e. carrera 11 núm . 84 -09, Piso 10), en el que solicitó información, entre otr os aspectos, del Contrato 3802029, del 31 de julio de 2014. Con base en ello, afirmó que la actora conocía la actua ción administrativa e inclusive respondió al requerimiento de información.

información, entre otr os aspectos, del Contrato 3802029, del 31 de julio de 2014. Con base en ello, afirmó que la actora conocía la actua ción administrativa e inclusive respondió al requerimiento de información.

10 Sentencias del 14 de junio de 2007, exp. 14589, CP: Héctor J. Romero Díaz, 19 de enero de 2012, exp. 18258, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y 13 de noviembre de 2014, exp. 19875, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia. 11 Samai Tribunal, índice 10, certificado 98854E8BD62C763E E5B72006275F8214 E16FB90C27B46F69 FE25C48759913EDF (zip) 2 (pdf), pp. 1 a 52.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Luego de transcribir el artículo 565 del ET, refirió que intentó notificar la resolución de determinación de la contribución de obra pública a la misma dirección sin haber tenido éxito, en tanto la misma fue rehusada, como constaba en la guía de envío suministrada por la compañía de mensajería; de esa manera, concluyó que acató lo previsto en el artículo 565 ejusdem y procedió a notificar el acto administrativo definitivo por medio de aviso publicado en su página web. Por otra parte, señaló que, no era cierto que estuviera obligada a realizar más de un intento para la entrega de la liquidación oficial conforme a

artículo 565 ejusdem y procedió a notificar el acto administrativo definitivo por medio de aviso publicado en su página web. Por otra parte, señaló que, no era cierto que estuviera obligada a realizar más de un intento para la entrega de la liquidación oficial conforme a lo expuesto por esta corporación12.

Seguidamente, defendió la veracidad de la guía de mensajería y recalcó que la resolución se intentó entregar en la dirección informada en el RUT de la demandante, pero esta se rehusó a recibirla. Dicho esto, manifestó que las guías de mensajería de otras actuaciones administrativas aportadas por la actora no eran suficientes para desvirtuar que la demandante rehusó la entrega de la liquidación oficial , como lo señalaba la guía para este caso [472]. Así, tales guías no eran pruebas conducentes, pertinentes ni útiles. Finalmente, señaló que la jurisprudencia invocada por la actora era inaplicable, ya que en tales oportunidades se debatieron asuntos relacionados con notificaciones erradas o inexistentes, mientras que en el caso concreto, la misma actora había reconocido que la correspondencia se había dirigido a la dirección registrada por ella en el RUT.

En esa línea, adujo que, como la actora estaba cuestionando la veracidad, credibilidad y autenticidad de la guía de mensajería 472, le correspondía demostrar su falsedad acorde con lo dispuesto en el artículo 244 del CGP , por tratarse de un documento que se presume auténtico. En ese sentido, aclaró que las afirmaciones o negaciones indefinidas son aquellas que no son susceptibles de prueba por medio alguno, por lo que, a la luz de la sentencia del 03 de junio de 2019 13, concluyó que la negación propuesta no e ra

son aquellas que no son susceptibles de prueba por medio alguno, por lo que, a la luz de la sentencia del 03 de junio de 2019 13, concluyó que la negación propuesta no e ra indefinida como lo aducía la actora, pues la negación era perfectamente determinable en el tiempo y en el espacio, pues existía una guía, y la notificación se dirigió a la dirección registrada, pese a lo cual , la compañía se rehusó recibirla. Así, insistió en que no se desvirtuó la veracidad de la guía, no siendo suficiente alegar que no se rehusó a recibir el acto administrativo para que se relev ara de la carga demostrativa. Reparó en que, al rehusarse a la entrega de un acto administrativo, se entorpec ía la actuación administrativa y se contrariaba el deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Finalmente, advirtió que actuó de manera diligente, a través de la empresa de correspondencia, al haber intentado entregar el acto administrativo en el lugar reportado por la actora, lo que acreditaba que llevó a cabo las gestiones pertinentes para la notificación de la resolución , que se surtió con el aviso publicado en su página web.

Por lo anterior, coligió que no era aceptable considerar que la notificación de la resolución hubiera tenido lugar hasta el 8 de septiembre de 2020, por conducta concluyente, puesto que el aviso se publicó en la página web el 9 de mayo de 2019, de manera que el término para interponer el recurso de reconsideración había vencido el 10 de julio de 2019 y la demandante presentó el recurso de reconsideración solo hasta el 13 de octubre de 2020,

para interponer el recurso de reconsideración había vencido el 10 de julio de 2019 y la demandante presentó el recurso de reconsideración solo hasta el 13 de octubre de 2020, siendo evidente su extemporaneidad, y por ello, se inadmitió el recurso.

-Indebido agotamiento d el procedimiento administrativo, n o configuración de l silencio administrativo positivo e ineptitud de la demanda. Subrayó que no se agotó el requisito de procedibilidad, en tanto no interpuso oportunamente el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial , por lo que había una inepta demanda. Manifestó que no se

12 Sentencias del 28 de marzo de 2019, exp. 22360, CP: Milton Chaves García, y del 18 de junio de 2020, exp. 22855, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto. 13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de julio de 2019, exp. 50001-31-03-001-2010-00060-01, M.P: Luis Armando Tolosa Villabona.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 configuró el silencio administrativo positivo, ya que : (i) la Administración sí se pronunció sobre el recurso de reconsideración y (ii) el plazo para ello e ra de un año, siempre y cuando el recurso hubiera cumplido todos los requisitos.

Sentencia apelada

El tribunal 14 negó las pretensiones de la demanda . Describió y analizó el sistema de

cuando el recurso hubiera cumplido todos los requisitos.

Sentencia apelada

El tribunal 14 negó las pretensiones de la demanda . Describió y analizó el sistema de notificaciones en materia tributaria, a la luz de los artículos 563, 564, 565, 566, 566 -1 y 568 del ET; así como la institución del silencio administrativo positivo, según lo dispuesto en los artículos 732 y 734 del ET , y la contribución de obra pública de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y el artículo 32 del EGCAP. Con base en ello, estudió, en primer lugar, si la demandante radicó oportunamente el recurso de reconsideración y, luego, señaló que, de ser procedente, analizaría los cargos propuestos en la demanda.

Frente a la primera cuestión, señaló que las pruebas que obra ban en el expediente demostraban que: (i) la dirección informada por la actora en su RUT era la «CR 11 84 09 P 10 de Bogotá», a la que fue enviado y entregado, el 29 de marzo de 2017, el requerimiento ordinario de información; (ii) la resolución de determinación fue enviada a través de correo postal el 15 de abril de 2019, a la misma dirección, la cual fue devuelta a la demandada por la causal « rehusado»; (iii) la Administración notificó por aviso la liquidación oficial a través de una publicación en su página web, el 9 de mayo de 2019 , y (iv) que, el 12 de agosto de 2020, la demandante solicitó copia de la liquidación oficial -sin allegar prueba de la entrega del documento.

Luego, abordó la validez de la notificación por aviso de la liquidación oficial realizada por

agosto de 2020, la demandante solicitó copia de la liquidación oficial -sin allegar prueba de la entrega del documento.

Luego, abordó la validez de la notificación por aviso de la liquidación oficial realizada por la Administración. Advirtió que, el artículo 568 del ET identificó dos supuestos habilitantes para que la Administración recurriera a esta notificación subsidiaria: (i) que se demuestre que la comunicación se envió a la dirección registrada en el RUT del contribuyente y (ii) que el envío haya sido devuelto por la empresa de mensajería. Sobre ese particular explicó que el segundo envío contemplado en el artículo 567 ibidem procedía para subsanar los errores en las notificaciones por dirección errada y los incu rridos por parte de las empresas de mensajería; por ello, subrayó que era obligación de la Administración verificar los errores de mensajería y, si se dem ostraban, proceder a subsanar la notificación mediante un segundo envío del acto administrativo.

En el caso concreto, precisó que no se debatía que la dirección de notificaciones de la demandante e ra la carrera 11 Nro. 84 -09, Piso 10, Bogotá D.C., a la cual se remitió exitosamente el requerimiento ordinario de información; sin embargo, la liquidación fue devuelta por haberse rehusado a recibirla. Por lo anterior, centró su análisis en el término «rehusar» y encontró que este implica « no aceptar o no querer algo »; así, anotó que dicha situación tenía un alcance distinto al de «errores de dirección» y explicó que en el «rehúso» la entrega no puede realizarse con éxito debido a que el destinatario evitó el recibo o la

situación tenía un alcance distinto al de «errores de dirección» y explicó que en el «rehúso» la entrega no puede realizarse con éxito debido a que el destinatario evitó el recibo o la entrega. Por ello, observó que no se logró demostrar que la empresa de mensajería incurrió en error o negligencia al momento de la entrega, ya que el rehúso era una causa válida de devolución que no indica ba un error manifiesto de la empresa. Al respecto, precisó que la entrega exitosa del requerimiento ordinario de información y las guías de otros procesos administrativos no desvirt uaban, para el caso concreto, que la sociedad de servicios postales acudió a la dirección correcta.

Advirtió que no exis tía prueba convincente que contradi jera la certeza de la guía de entrega devuelta a la demandada; máxime cuando el intento fallido de entregar el acto de determinación no puede imputarse ni a la empresa de mensajería ni a la

14 Samai Tribunal, índice 31, certificado 222FD765EA5C1643 D7BA2198FFEDFA2E 067C34124094BCB6 717BE7A6D5488E8D (pdf), pp. 1 a 23.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00259-01 (28802)

Demandante: Ocensa S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Administración, dado que «fue un tercero no identificado quien se negó a recibir la correspondencia», lo cual no es responsabilidad del prestador de servicios postales ni de la Administración, sino del contribuyente que registró su dirección. Aunque reconoció que la entrega exitosa

7 Administración, dado que «fue un tercero no identificado quien se negó a recibir la correspondencia», lo cual no es responsabilidad del prestador de servicios postales ni de la Administración, sino del contribuyente que registró su dirección. Aunque reconoció que la entrega exitosa del requerimiento de información hace que el envío de la resolución de determinación sea inusual, esto no le resulta suficiente para desestimar que la guía no fue rehusada por el receptor o que se trató de una artimaña por parte de la empresa de mensajería. Para el tribunal, este es el hecho que debió probarse para invalidar la notificación por aviso efectuada por la demandada; por el contrario, r esaltó que no se trató de un error que debió ser subsanado por la Administración. En el mismo sentido, advirtió que la certificación que indica ba que quien selló la guía de entrega de la resolución de determinación no trabaja para OCENSA tampoco pr obaba que la guía no había sido rehusada.

Dado que la notificación por aviso del 9 de mayo de 2019 fue válida y, que no se acreditó un error de la empresa de mensajería que la Administración hubiera tenido que subsanar, el tribunal concluyó que el término para interponer el recurso de reconsideración venció el 9 de julio de 2019. No obstante, el recurso fue radicado hasta el 14 de octubre de 2020, lo que lo hizo extemporáneo. En consecuencia, no e ra dable aplicar el término previsto en el artículo 732 del ET y entender que operó el silencio administrativo positivo. También coligió que, al no haberse presentado el rec urso obligatorio conforme al artículo 720 ibidem, no se cumplió con el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 2° del

en el artículo 732 del ET y entender que operó el silencio administrativo positivo. También coligió que, al no haberse presentado el rec urso obligatorio conforme al artículo 72

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