CE - Sentencia 25000233700020210026001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252) Demandante OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Contribución de obra pública. Obligación de expedir un acto previo. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 06 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1: PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del Auto Inadmisorio No. 001424 de 07 de diciembre de 2020, que inadmitió el recurso de reconsideración; y del Auto Confirmatorio del Auto Inadmisorio No. 000008 del 7 de enero de 2021, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NIEGÁNSE las pretensiones respecto de la Resolución No. 312412019000004 del 11 de junio de 2019, de determinación de la contribución especial por contratos de obra pública del año 2014, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

del 11 de junio de 2019, de determinación de la contribución especial por contratos de obra pública del año 2014, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, conforme lo expuesto en la parte resolutiva de la presente providencia. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La DIAN expidió la resolución de determinación 31241201900004 del 11 de junio de 2019, por medio de la cual liquidó la contribución por contratos de obra pública a cargo de la sociedad Oleoducto Central S.A. (en adelante, OCENSA), por el año 2014.

El 13 de octubre de 2020 l a demandante presentó recurso de reconsideración en contra del anterior acto, pero fue inadmitido por medio del auto 001424 del 07 de diciembre de 2020. Decisión que fue objeto de recurso de reposición y se confirmó por el auto 000008 del 07 de enero de 2021. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló las siguientes pretensiones2:

1 Samai del tribunal, índice 38. 2 Samai del tribunal, índices 2 y 16, relativos a la demanda y su reforma.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

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Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) La Resolución No. 312412019000004 del 11 de junio de 2019, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN (en adelante, "Resolución de Determinación”). b) El Auto Inadmisorio No. 001424 de 07 de diciembre de 2020 expedido por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN (en adelante, el "Auto Inadmisorio"). c) El Auto Confirmatorio del Auto Inadmisorio No. 000008 del 7 de enero de 2021 expedido por la Subdirección de Gestión de Recursos jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. 1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a Ocensa, declarando que la Compañía no debía retener la Contribución de Obra Pública por el contrato objeto de discusión; y, por lo tanto, que la Sociedad no está obligada a realizar ningún pago por concepto de la Contribución, ni tampoco intereses. Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 6, 13, 29, 83, 123 y 209 de la Constitución Política; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 565, 568, 720, 726, 73 2 y 734 del Estatuto Tributario; 25, 99 y 110 del

209 de la Constitución Política; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 565, 568, 720, 726, 73 2 y 734 del Estatuto Tributario; 25, 99 y 110 del Código de Comercio; 32 y 76 de la Ley 80 de 1993; 264 de la Ley 223 de 1995; 6 de la Ley 1106 de 2006; 6 de la Ley 1006 de 2006; 2, 26, 30 de la Ley 1369 de 2009; 3, 10, 42, 72 de la Ley 1437 de 2011; 113 de la Ley 1943 de 2018; 131 de la Ley 2010 de 2019; 5.4.3.5. de la resolución 5050 de 2016; y el Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos). El concepto de violación se resume así: Sostuvo que la DIAN incurrió en varias irregularidades en la notificación por correo de la resolución de determinación, pues, aunque el 13 de junio de 2019 fue remitida a la dirección informada en el RUT por la empresa , y en la que siempre recibe su correspondencia, el 14 de junio siguiente el envío fue supuestamente rehusado por el destinatario , como lo informa el reporte de la página web de la empresa de mensajería. En la guía de envío se dejó la anotación «no recibe correspondencia», y se plasmó un sello con el nombre de una persona que «no trabaja para la demandante, sino que era el mensajero de 4 -72». Cuestionó que la empresa de mensajería so lo hizo un intento de envío del documento, y el 21 de junio de 2019 ordenó la devolución del

que era el mensajero de 4 -72». Cuestionó que la empresa de mensajería so lo hizo un intento de envío del documento, y el 21 de junio de 2019 ordenó la devolución del acto a la DIAN. Posteriormente, la entidad fiscal siguió con el trámite de notificación por aviso. A partir de lo anterior, sostuvo que no es cierto que la demandante no reciba su correo en la dirección que informó en el RUT, y en el expediente no se evidencia que la sociedad o un representante suyo rechazara el envío. Insistió en que la persona que firmó el mensaje de rehusado no trabaja para la demandante, como lo certifica el jefe de recursos humanos de la compañía, y que, en todo caso, el sello se plasmó sobre los campos en los que firman los mensajeros. Para sustentar su afirmación, aportó cuarenta guías de correspondencia que demuestran que la demandante siempre ha recibido la correspondencia en la dirección a la que fue enviada la resolución de determinación, y que la DIAN y la empresa de mensajería eran conscientes de ese hecho. Entre estas, destacó la guía del requerimiento ordinario 312412017000001 del 23 de marzo de 2017 , expedido en este proceso, que solicitó a la sociedad que remitiera i nformación sobre los contratos de obra pública.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Citó jurisprudencia del Consejo de Estado3 que estudió casos similares, y en las que

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Citó jurisprudencia del Consejo de Estado3 que estudió casos similares, y en las que se concluyó que la devolución de la notificación por correo es contraria a la realidad cuando se verifica que en la dirección han sido entregados otros actos administrativos. Por lo tanto, no hay prueba que demuestre que la demandante rehusó el correo, y que la carga de acreditar ese hecho es de la DIAN4, pues está en mejor posición para probarlo. En todo caso, agregó que, ante la duda en materia probatoria, es menester resolverla en favor del contribuyente5. Señaló que el actuar que se esperaba de la administración, ante la recepción del correo con la anotación de rehusado, era que intentara nuevamente entregar el acto a la dirección de la demandante, pues no se cumplió el presupuesto previsto en el artículo 568 del Estatuto Tributario, que habilita continuar con la notificación por aviso6. Además, afirmó que, e n caso de no poder notificar por correo, la administración debe intentar ubicar al contribuyente mediante el uso de guías telefónicas, directorios, información oficial, comercial o bancaria7. Puso de presente que en la regulación especializada de los servicios de mensajería se prevé la obligación de hacer por lo menos dos intentos de entrega, y si pasado ese tiempo no es posible llevarlo a cabo, se debe dejar un aviso informando al usuario sobre la posibilidad de recoger el objeto en la respectiva oficina de atención8. De hecho, aportó copia de la guía del usuario de la empresa de mensajería del caso, en la que se informa precisamente este procedimiento.

usuario sobre la posibilidad de recoger el objeto en la respectiva oficina de atención8. De hecho, aportó copia de la guía del usuario de la empresa de mensajería del caso, en la que se informa precisamente este procedimiento. Como consecuencia de lo expuesto, aseguró que la notificación del acto se surtió por conducta concluyente en el momento en que la demandante obtuvo respue sta a la petición de información que radicó ante la DIAN, lo cual ocurrió el 08 de septiembre de 2020. Por tanto, era desde esa fecha que debía contabilizarse el término para la presentación del recurso de reconsideración, lo cual se hizo el 13 de octubre de ese mismo año; de modo que la DIAN no podía inadmitir el recurso, pues este se radicó en tiempo. Concluyó que la inadmisión del recurso generó que operara el silencio administrativo positivo en favor de la demandante, pues no se dio respuesta al mismo dentro del año a partir de su interposición9. Indicó que los tributos que siguen el modelo coercitivo le imponen a la administración el deber de expedir un acto previo 10 mediante el cual informen la liquidación del tributo, la base gravable, así como los elementos fácticos y jurídicos que sustentan la actuación. Cumplido el deber respectivo, el contribuyente tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y controvertir los aspectos que considere pertinentes.

3 La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: 25163 de 2021; 23334 de 2019; sentencia del 21 de mayo de

2020, rad. 11001-03-15-000-2020-00902; 23864 del 16 de julio de 2020. 4 Citó el artículo 167 del Código General del Proceso. La sentencia T-680 de 2007 de la Corte Constitucional. Las sentencias 21217 de 2015 y 22217 del Consejo de Estado. 5 Citó el artículo 745 del Estatuto Tributario. 6 La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: 18577 de 2012; 23864 del 16 de julio de 2020; 25163 de 2021; 23334 de 2019; 2020-00902 (AC) de 2020. 7 La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: Consejo de Estado, Sentencia del seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008), radicado 25000 -23-27-000-200102046-01(15411): ver igualmente, Sentencia del 12 de septiembre de 2002, radicado 25000-23-27-000-1999-086401(12975); sentencia del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008) 6600123-31-000-2001-01173-02(15566). Ver también Sentencia del 4 de febrero de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 11001-33-31039-2009-00005-01 8 Citó el artículo 5.4.3.5. de la resolución 5050 de 2016; y los artículos 26 y 30 de la Ley 1369 de 2009. 9 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2016, exp. 19831, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

9 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2016, exp. 19831, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 10 Citó las sentencias del Consejo de Estado en los siguientes términos: 21735 de 2017, 20078 de 2016, 20712 de 2016 y 21217 de 2015.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso concreto, la DIAN omitió este deber, pues el único acto que antecedió la determinación de la contribución fue un requerimiento de información por medio del cual se solicitó el envío de los contratos suscritos en el curso de los años 2014 y

2015. Dicho requerimiento de información, por su naturaleza no puede asimilarse a un acto previo, pues no incluye la cuantificación específica del tributo respecto del contrato de obra pública, ni los hechos y argumentos que fueron alegados en el acto definitivo11. De manera que, con este acto la so ciedad no podía anticipar que la administración le iba a liquidar la contribución.

Señaló que la DIAN no tenía competencia funcional para liquidar la contribución de obra pública, puesto que , para la época de los hechos, no existía una disposición con rango de ley, que fijara en cabeza de la entidad dichas facultades. En particular llamó la atención sobre las leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, de las cuales dijo no es clara dicha delegación de funciones ; y el Decreto 4048 de 2008 no t enía el

llamó la atención sobre las leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, de las cuales dijo no es clara dicha delegación de funciones ; y el Decreto 4048 de 2008 no t enía el rango de ley para disponer dicha competencia. Tampoco tenía competencia temporal , pues desde el momento en que se suscribieron los contratos, el 31 de julio de 2014, hasta que se expidió la resolución de determinación el 08 de septiembre de 2020, se excedió el término de cinco años con que cuenta la administración para la liquidación y cobro del tributo. Puso de presente que para el año 2014, la contribución de obra pública no estaba vigente, pues la prórroga ordenada con la Ley 1421 de 2010 , que inicialmente era por cuatro años, se modificó mediante, la Ley 1430 de 2010, que reguló el tributo de manera especial y estableció su vigencia en tres años. De manera que, el impuesto no era aplicable a partir del 29 de diciembre de 2013. Con ello, para la fecha en que se suscribieron los contratos no había un fundamento legal conforme al cual pudiera surgir el deber de liquidar y pagar dicho tributo. Aseguró que la liquidación de la contribución adoleció de falta de motivación en tanto, no se explicaron los elementos del tributo ni los fundamentos de hecho y de derecho que en criterio de la entidad demandada daban lugar a su surgimiento. Sostuvo que la DIAN desconoció el precedente administrativo, pues respecto de otros periodos en los que se analizaron contratos similares a los que dieron lugar a la expedición de la resolución de determinación, la entidad concluyó que no se configuró el hecho generador. De ese modo , se vulneró el principio de coordinación12.

otros periodos en los que se analizaron contratos similares a los que dieron lugar a la expedición de la resolución de determinación, la entidad concluyó que no se configuró el hecho generador. De ese modo , se vulneró el principio de coordinación12. Señaló que la administración entendió de manera equivocada la sentencia de unificación del Consejo de Estado en materia de la contribución de obra pública, pues en esta se explicó que los contratos de exploración y explotación de recursos naturales, así como las actividades asociadas a los mismos, no pueden ser entendidos como modalidad de obra pública, toda vez que, conforme al régimen de contratación estatal, este tipo de acuerdos tienen una definición y tratamiento especial. Por ello, la suscripción de dichos contratos no puede ser gravada con el tributo. Para el caso de la demandante, destacó que su objeto social y el contrato cuestionado se vincula directamente con el transporte de petróleo crudo por oleoductos (construcción de estaci ón de bombeo del crudo) , actividad que se relaciona

11 Citó las sentencias del Consejo de Estado con radicado 21718 y 21719. 12 Citó las sentencias T-224 de 1998; C-983 de 2005; y C-634 de 2011 de la Corte Constitucional.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co íntimamente con la exploración y explotación de hidrocarburos, y por esto no puede

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co íntimamente con la exploración y explotación de hidrocarburos, y por esto no puede entenderse como una tipología de obra pública 13. De hecho, la DIAN desconoció su propia doctrina, ya que en el concepto 48027 de 2014 se había reconocido este tratamiento. Como argumento subsidiario, aseguró que, en virtud de los principios de igualdad, confianza legitima , y seguridad jurídica, la sentencia de unificación no puede ser aplicada en este caso, sino la línea jurisprudencial anterior , pues la suscripción del contrato ocurrió en el año 2014, mientras que dicha providencia es del año 2020. Así, la administración estaba en el deber de seguir el precedente judicial que estaba vigente en ese momento, como es el caso de la sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 23319, del Consejo de Estado 14, en la que se reconoció que la dema ndante desarrollaba actividades relacionadas con la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, y por lo mismo no estaba en el deber d e liquidar y pagar la contribución de obra pública. Destacó que, el demandante no realizó el hecho generador del tributo porque no corresponde a una entidad de derecho público , y en esa medida no se rige por las reglas previstas en la Ley 80 de 1993. Finalmente, indicó que , en gracia de discusión, debe tenerse en cuenta que el tributo no se liquidó de forma correcta pues se tomó como base gravable la totalidad del valor contratado, sin tener en cuenta que no todas las actividades comportan la realización de actividades materiales sobre bienes inmuebles.

tributo no se liquidó de forma correcta pues se tomó como base gravable la totalidad del valor contratado, sin tener en cuenta que no todas las actividades comportan la realización de actividades materiales sobre bienes inmuebles. Oposición de la demanda La DIAN pidió negar las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente15. Afirmó en primer lugar que la notificación de la resolución de determinación se hizo en debida forma, pues se realizó en la dirección informada en el RUT siguiendo el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario que permite la notificación por correo mediante una empresa de mensajería especializada, y en el evento en que no se pueda surtir la comunicación por ese medio, la administración está facultada para notificar el acto por aviso, como efectivamente ocurrió. La normativa no exige realizar varios intentos de notificación16 cuando se practica en la dirección correcta , y las guías aportadas no desvirtúan el hecho de que la demandante se rehusó a recibir la comunicación , l o cual consta en la guía de l correo, al igual que da cuenta que el sello plasmado en la misma corresponde al distribuidor de la correspondencia. Agregó que, la constancia de correo se presume auténtica y que la sociedad no demostró que fuera falsa conforme con el artículo 244 del Código General del Proceso. De allí que la presentación del recurso de reconsideración fue extemporánea, y por e sto, era procedente inadmitirlo y no se configura el silencio administrativo positivo. Derivado de esto, la demandante incumplió con uno de los presupuestos para acudir a la jurisdicción, pues no agotó adecuadamente la discusión ante la administración y por lo mismo, se debía declarar probada la excepción de inepta demanda.

Derivado de esto, la demandante incumplió con uno de los presupuestos para acudir a la jurisdicción, pues no agotó adecuadamente la discusión ante la administración y por lo mismo, se debía declarar probada la excepción de inepta demanda.

13 Citó la sentencia del Consejo de Estado con radicado 23319. 14 También citó las sentencias con radicado 22536, 23319, 22939,22388, 23362, 22940. 15 Samai del tribunal, índices 13 y 23, relativos a la contestación de la demanda y su reforma. 16 Citó la sentencia del 19 de marzo de 2019, exp. 22360, C.P. Milton Chaves García; entre otras.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la formación del acto de determinación señaló que no se incumpli ó con las cargas de expedición del acto previo ni de motivación . Explicó que «el requerimiento ordinario n.º 31241201700001 se emitió como complemento a un requerimiento previo del 21 de octubre de 2016, bajo el n.º 312412016000013, que Ocensa respondió remitiendo información mediante CD ». Que, en tal requerimiento la administración solicitó a OCENSA rendir explicación sobre la om isión en el pago de la contribución de obra pública, señalando que se encontraba en la obligación de retener y pagar el tributo por el 5% del valor de los contratos de obra, por lo cual también se requirió la información

explicación sobre la om isión en el pago de la contribución de obra pública, señalando que se encontraba en la obligación de retener y pagar el tributo por el 5% del valor de los contratos de obra, por lo cual también se requirió la información respecto de dichos acuerdos, incluyendo el número 3802030 (objeto de los actos acusados). De manera que, desde el inicio de la actuación se comunicaron los motivos de hecho y de derecho, que en criterio de la DIAN daban lugar al deber de liquidar el impuesto, así como la base gravable y la tarifa, por ende, se garantizó el derecho de defensa de la sociedad, como se verifica en las respuestas presentadas. Y aseveró que, a la misma conclusión llegó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del contrato de obra pública frente a actos preparatorios similares. Sostuvo que la DIAN tiene competencia para fiscalizar y liquidar la contribución de contratos de obra pública cuando se trat an de aquellos suscritos con entidades públicas del orden nacional, pues así lo prevé el Decreto 4048 de 2008. Que esta tesis fue avalada también por la sentencia de unificación del tributo. Calificó como equivocado el análisis de la demandante sobre la perdida de vigencia del tributo, pues esta fue ampliada por la Ley 1421 de 2010, que es la norma que reviste mayor especialidad frente a la Ley 1430 de 2010, en cuanto a la regulación del gravamen. Sobre la competencia temporal, señaló que la contabilización del término con el que cuenta la administración para llevar a cabo la fiscalización se cuenta a partir de las fechas en que se realizaron los anticipos o pagos, por ello la determinación oficial del tributo fue oportuna.

Sobre la competencia temporal, señaló que la contabilización del término con el que cuenta la administración para llevar a cabo la fiscalización se cuenta a partir de las fechas en que se realizaron los anticipos o pagos, por ello la determinación oficial del tributo fue oportuna. Dijo que la resolución de determinación fue debidamente motivada, en tanto explica las razones de hecho y derecho que sustentan la liquidación del tributo, y que las decisiones de la administración a las que alude el demandante como contradictorias se tratan de hechos diferentes al estudiado. Sobre el objeto contractual debatido explicó que el mismo comprende la ejecución de obras de movimiento de tierras, adecuación de áreas y construcción de vías en la estación denominada Granjita. Que lo anterior, independientemente de que el objeto social de OCENSA sea el transporte de h idrocarburos, de modo que , no corresponde a un contrato de exploración y explotación de recursos naturales, y por tanto, es procedente la imposición de la contribución especial. Sostuvo que la sentencia de unificación del Consejo de Estado es clara en señalar que la contribución de obra pública se causa en relación con los contratos suscritos por las entidades de derecho público con independencia del régimen contractual que les resulte aplicable. Ese tipo de entidades, son entre otras, las sociedades de economía mixta con una participación estatal superior al 50%, como OCENSA. Concluyó que se debe aplicar la sentencia de unificación dado el carácter vinculante de ese tipo de providencias . Agregó que, la administración no desconoció su doctrina como también se constató en dicha oportunidad. Y, que la contribución seRadicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

de ese tipo de providencias . Agregó que, la administración no desconoció su doctrina como también se constató en dicha oportunidad. Y, que la contribución seRadicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co liquidó correctamente en tanto no existe prueba de que las actividades relacionadas en el contrato, como de logística para construcción y facilidades temporales , no deban ser gravadas con el tributo. Sentencia apelada El Tribunal declaró la nulidad del auto inadmisorio del recurso de reconsideración y de la resolución que lo confirmó, y negó las pretensiones de la demanda respecto de la resolución de determinación del tributo, sin condenar en costas; con base en las siguientes consideraciones: En cuanto a la notificación del acto de determinación , explicó que en principio el envío del auto por correo fue adecuado, pues fue remitido a la dirección informada en el RUT, sin embargo, destacó que del acervo probatorio se pudo constatar que durante l os años 2017 y 2019 la demandante recibió múltiples notificaciones de distintos destinatarios incluid a la DIAN (entre estos, el requerimiento ordinario 312412017000001 de 2017 proferido en este proceso) , sin que se constatara causal alguna de devolución; por lo cual, se podía advertir sobre un posible error en el momento de la notificación del acto por parte del operador de correos. Concluyó que la DIAN omitió demostrar un actuar diligente 17 en el trámite de la notificación, pues si bien remitió el correo a la dirección que la demandante había

de la notificación del acto por parte del operador de correos. Concluyó que la DIAN omitió demostrar un actuar diligente 17 en el trámite de la notificación, pues si bien remitió el correo a la dirección que la demandante había reportado en el RUT, la comunicación se devolvió con la anotación «no recibe correspondencia», pese a que en el pasado se había recibido en esa misma ubicación la notificación del requerimiento ordinario; y l a demandada no hizo manifestación alguna al respecto. De manera que, la notificación por aviso de la resolución de determinación se efectuó de manera irregular. A partir de lo anterior, sostuvo que la notificación del acto de determinación se realizó por conducta concluyente el 8 de septiembre de 2020, esto es, cuando se le suministró el acto, y el recurso de reconsideración fue interpuesto el 13 de octubre de 2020 de forma oportuna. Por tanto, se encuentra demostrada la ilegalidad del auto que inadmitió el recurso y su confirmatorio. Que, sin embargo, «no es predicable en el presente caso el fenómeno jurídico del silencio administrativo positivo, puesto que la inadmisión del recurso implica que la autoridad se pronunció sobre el mismo, para indicar las razones por las cuales no le dio trámite, además, debe te nerse en cuenta que el artículo 722 del ET se refiere a la interposición extemporánea del recurso de reconsideración, que no es saneable, así pues, la autoridad no puede resolver un recurso, que en principio no fue oportuno». De manera que, procede resolver el asunto de fondo. Manifestó que , en el procedimiento , mediante el requerimiento ordinario 312412017000001 de 2017 se le puso de presente a la demandante que estaba en

principio no fue oportuno». De manera que, procede resolver el asunto de fondo. Manifestó que , en el procedimiento , mediante el requerimiento ordinario 312412017000001 de 2017 se le puso de presente a la demandante que estaba en el deber de pagar la contribución de obra pública en los términos del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y referenció los contratos respecto de los cuales surgió esa obligación. Que, frente a ese acto, la demandante tuvo oportunidad de exponer los argumentos que consideró pertinente para cuestionar la obligación de asum ir el pago del gravamen. De modo que , sí se cumplió la carga de emitir un acto previo conforme los artículos 40 y 41 de la Ley 1437 de 201118.

17 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de junio de 2023, exp. 27184; y del 20 de junio de 2024, exp. 28196; ambas con C.P. Wilson Ramos Girón. 18 Al respectó precisó que no eran aplicables las normas de procedimiento previstas e n el Estatuto Tributario, sino en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (o Ley 1437 de 2011). Como sustento de ello citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 15 de julio de 2021, exp. 25466, C.P. Jul io Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la DIAN contaba con competencia funcional para expedir la liquidación de la contribución especial, frente a lo cual puso de presente la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado 19 que ratificó esa facultad conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997. Frente a la competencia temporal, aseguró que la opor tunidad para liquidar la contribución se debe contar desde el momento en que se pagan los anticipos o pagos; de modo que es a partir de este último evento que inicia la contabilización del término de cinco años previsto en el artículo 2536 del Código Civil. Explicó que la vigencia de la contribución de obra pública de la Ley 1106 de 2006, se prorrogó en virtud de la Ley 1421 de 2010, y aunque luego fue modificada