CE - Sentencia 25000233700020230008901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Año 2021. Artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1: PRIMERO: NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

[…]. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación adicional 20220000087536 del 3 de agosto de 2022, por medio de la cual determinó

[…]. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación adicional 20220000087536 del 3 de agosto de 2022, por medio de la cual determinó la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de la sociedad Termobarranquilla S.A. E.S.P., por el año 2021. La sociedad in terpuso los recursos de reposición y de apelación contra las anteriores decisiones. La SSPD resolvió el recurso de reposición mediante la resolución 20225301026295 del 1 de noviembre de 2022, confirmando la liquidación adicional; y omitió resolver el recurso de apelación. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) , la demandante formuló las siguientes pretensiones2:

1 Samai del tribunal, índice 28, página 25. 2 Samai del tribunal, índice 2, pdf de la demanda y anexos, páginas 4 a 5.Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: • Liquidación Oficial No. 2022534130112144E del 3 de agosto de 2022 y Código Único de Liquidación No. 20220000087536 por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fundamento en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 liquidó y ordenó a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P . pagar la suma de COP$3.758.603.000 por concepto de Contribución Adicional correspondiente a la vigencia 2021. • Resolución No. SSPD-20225301026295 del 1 de noviembre de 2022 mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TERMOBARRANQUILLA S.A., E.S.P., confirmando el c ontenido de la Liquidación Oficial No. 2022534130112144E del 3 de agosto de 2022 y Código Único de Liquidación No. 20220000087536. • Acto ficto derivado del silencio administrativo negativo originado por la ausencia [de] decisión por parte de la Superintende ncia de Servicios Públicos Domiciliarios, del recurso de apelación presentado el 24 de agosto de 2022, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011. 3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que TERMOBARRANQUILLA S.A., E.S.P., no está obligada a pagar la contribución adicional correspondiente al año 2021 de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de

declare que TERMOBARRANQUILLA S.A., E.S.P., no está obligada a pagar la contribución adicional correspondiente al año 2021 de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, determinada con ocasión a la Liquidación Oficial SSPD No. 2022534130112144E del 3 de agosto de 2022 y confirmada mediante la Resolución No. SSPD20225301026295 del 1 de noviembre de 2022. La demandante invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 95 (numeral 9), 150, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 3, 43, 91 y 137 de la Ley 1437 d e 2011; y 683 del Estatuto Tributario. El concepto de la violación se resume así: Inicialmente, expuso que procede la demanda en contra del acto ficto o presunto que negó el recurso de apelación, porque transcurrieron más de dos meses desde su interposición, sin que la SSPD le notificara su decisión, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia 3. Además, indicó que la demanda contra los actos producto del silencio administrativo puede ejercerse en cualquier moment o, de acuerdo con el artículo 164 ibidem4. Alegó la infracción de los principios de legalidad y de certeza tributaria5. Para esto, explicó que el artículo 338 de la Constitución Política establece que las contribuciones especiales únicamente tienen la finalidad de cubrir los costos en los que incurren las entidades al prestar sus servicios. Por ello, la contribución adicional desconoció los principios referidos, pues a través de ella se pretendió finan ciar el

contribuciones especiales únicamente tienen la finalidad de cubrir los costos en los que incurren las entidades al prestar sus servicios. Por ello, la contribución adicional desconoció los principios referidos, pues a través de ella se pretendió finan ciar el Fondo Empresarial de la SSPD y, por esa vía , a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión. Afirmó que, por este motivo, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad6 del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, pues no guardaba relación con la porción de gastos públicos de la que se benefician sus usuarios7. En cuanto al principio de certeza tributaria, destacó que fue tomada la misma base gravable que se previó para la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, lo que dio lugar a una indeterminación insuperable de los elementos del

3 Citó las sentencias del Consejo de Estado del 30 de abril de 2014, exp. 19553; del 21 de junio de 2018, rad. 68001 -2333-000-2016-01012-01; y del 21 de febrero de 2019, rad. 25000-23-41-000-2017-00285-01 4 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de octubre de 2016, rad. 25000-23-37-000-2015-0135001. 5 Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional. 6 Citó las sentencias C-464 de 2020; C-484 de 2020; y C-147 de 2021.

01. 5 Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional. 6 Citó las sentencias C-464 de 2020; C-484 de 2020; y C-147 de 2021. 7 Citó las sentencias C-152 de 1997; C-228 de 2009; C-307 de 2009; C-420 de 2010 de la Corte Constitucional.Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tributo8. Añadió que la existencia de dos tributos que recaen sobre el mismo hecho gravable, atenta contra los principios de equidad y justicia en materia tributaria. Adujo que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos y hacia el futuro. Además, señaló que la liquidación oficial no está en firme porque fueron ejercidos los recursos en su contra y se presentó la demanda de la referencia. En consecuencia, aseguró que no está consolidada su situación jurídica9, por lo que procede reconocer los efectos de las sentencias de inexequibilidad referidas. Señaló que fueron violados los principios de no confiscatoriedad y de justicia , ya que el tributo impuesto no consulta la capacidad contributiva del demandante , desconoce el principio de justicia, no se determinó una base gravable clara e impone una carga injusta, que consiste en financiar el Fondo Empresarial sin obtener un beneficio por la contribuyente.

que el tributo impuesto no consulta la capacidad contributiva del demandante , desconoce el principio de justicia, no se determinó una base gravable clara e impone una carga injusta, que consiste en financiar el Fondo Empresarial sin obtener un beneficio por la contribuyente. Propuso inaplicar el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución). Destacó que la sentencia C464 de 2020 declaró la inexequibilidad dicha disposición, pero a partir del 1 de enero de 2023. Empero, la sentencia C-147 de 2021 expulsó esa norma del ordenamiento jurídico con efectos inmediatos , por violar del artículo 338 de la Constitución, de modo que es claro que procede la inaplicación vía excepción por la vigencia 2021. Aseguró que hubo una falsa motivación, pues el fundamento para su expedición se encuentra en disposiciones excluidas del ordenamiento jurídico. Destacó que el artículo 243 de la Constitución proscribe reproducir el contenido material de los actos jurídicos declarados inexequibles. Consideró que los actos fueron expedidos con falta de motivación y violación del debido proceso, pues no expusieron los motivos por los que la entidad requería más ingresos ni explicó en detalle su presupuesto de gastos . En su lugar, la SSPD se limitó a relacionar por medio de cuadros los ingresos por actividades ordinarias, los gastos totales, las exclusiones, la base gravable y el valor total a pagar, pero no se fundamentó cada uno de los elementos que llevaron a liquidar la obligación. Además, aseguró que la SSPD perdió la competencia temporal porque resolvió la

gastos totales, las exclusiones, la base gravable y el valor total a pagar, pero no se fundamentó cada uno de los elementos que llevaron a liquidar la obligación. Además, aseguró que la SSPD perdió la competencia temporal porque resolvió la reposición luego de finalizado el plazo legal de 2 meses para hacerlo, dado que su decisión fue notificada el 2 de noviembre de 2022 y el recurso fue interpuesto el 24 de agosto del mismo año. Además, destacó que la entidad perderá la competencia para decidir el recurso de apelación con la admisión de la demanda. Oposición de la demanda La SSPD controvirtió las pretensiones, señalando que la controversia gira en torno a determinar si esa entidad estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, mientras estuvieron vigentes las normas, pues los cargos de la demanda se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de la misma. Aseguró que la interpretación sobre la causación de las contribuciones de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fue objeto de discusión, la cual fue

8 Citó las sentencias C-1063 de 2003; C-449 de 2015; y C-622 de 2015 de la Corte Constitucional. 9 Citó las sentencias del Consejo de Estado, del 05 de julio de 2018, exp. 21862; del 29 de junio de 2017, exp. 21273; del

18 de febrero de 2016, exp. 20796; del 23 de julio de 1009, exp. 164 04; del 04 de noviembre de 2021; y del 30 de septiembre de 2021 (no identificó los consejeros ponentes).Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co zanjada por la Corte Constitucional, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C147 de 2021 . De modo que, precisó que el primer fallo referido declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y 314, pero difirió sus efectos hasta el 1 de enero de 2023; luego, la sentencia C-484 solo declaró la inconstitucionalidad del artículo 18, pero salvaguardó las situacione s jurídicas consolidada; y, finalmente, la sentencia C-147 de 2021 expulsó al artículo 314 del ordenamiento jurídico, pero aclaró que procedía el cobro de las contribuciones adicionales ya causadas para el 1 de enero de ese año, esto es, antes de la notificación de ese fallo. Por lo anterior, consideró que en este caso es posible adelantar el cobro del tributo, lo cual calificó de situación jurídica consolidada. Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas» 10, y solicitó condenar en costas procesales a la demandante. Sentencia apelada

Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas» 10, y solicitó condenar en costas procesales a la demandante. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas, por lo siguiente: Explicó que no operó la caducidad, pues no fue discutida la configuración del silencio administrativo negativo por la omisión en resolver el recurso de apelación, lo que permite presentar la demanda en cualquier momento (literal d del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011). Luego, analizó los elementos del tributo y los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional. Explicó el alcance y estructura de la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, las modificaciones del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la creación de la contribución adicional por medio del artículo 314 ibidem. Sobre este último tributo, precisó que tenía como destino financiar el Fondo Empresarial de la SSPD y, por expresa remisión normativa , la base gravable era la misma que la prevista en el artículo 85 citado. Señaló que la demandante tenía la calidad de sujeto pasivo de la contribución especial, dada su actividad económica de generación y comercialización de energía eléctrica. Luego, a partir de la resolución 20211000566545 del 8 de octubre de 2021 y de los actos acusados, el tribunal explicó que la base gravable se amplió por un faltante presupuestal y destacó la información usada por la SSPD para liquidar la

y de los actos acusados, el tribunal explicó que la base gravable se amplió por un faltante presupuestal y destacó la información usada por la SSPD para liquidar la obligación. Aseguró que la sentencia C-464 de 2020 encontró que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 debía ser expulsada del ordenamiento , en tanto había resultado violatoria del principio de unidad de materia ; sin embargo, dado un cambio jurisprudencial sobre el criterio aplicable a los planes nacionales de desarrollo, era necesario modular los efectos de la decisión a partir del 1 de enero de 2023. Posteriormente, la sentencia C -484 de 2020 se estuvo a lo resuelto en la anterior decisión. A continuación, la sentencia C-147 de 2021 determinó que el artículo 314 referido violó los límites a las contribuciones especiales del artículo 338 constitucional, por lo que declaró su inexequibilidad con efectos hacia el futuro , pero salvaguardó las contribuciones causadas en fecha previa a la notificación de la decisión.

10 La demandante se pronunció frente a estas excepciones reiterando sus argumentos de la demanda alusivos a la falta de competencia de la sspd, la no configuración de una situación jurídica consolidada y la declaratoria de inexequibilidad de la norma que sirvió de fundamento jurídico para expedir los actos demandados. Samai del Tribunal, índice 21.Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A partir de la jurisprudencia, manifestó que la sentencia del 24 de agosto de 202311 determinó que los efectos de la sentencia C-147 se surtieron con posterioridad a la causación del tributo por el 2021 (el 1 de enero); y que la sentencia del 18 de abril de 202412 ratificó la legalidad de la resolución 20211000566545 de 2021, que sirvió de fundamento para liquidar la contribución en el año objeto de discusión. Por ello, aseguró que no es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 314 ibidem, y destacó que es un tributo de periodo, respecto del cual se presentó una situación jurídica consolidada con relación a la causación del tributo, aunque no frente a los actos demandados13. En suma, aseguró que los cargos de violación a los principios de legalidad, certeza, justicia, no confiscatoriedad y justicia, se dirigen a cuestionar la constitucionalidad del artículo 314 ibidem, pero no la legalidad de los actos, de modo que son reparos que escapan al ámbito del medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Sobre la falta de motivación, indicó que, siguiendo la jurisprudencia 14, esta causal de nulidad no se configura cuando los actos describen, aún de manera sumaria, los argumentos que dieron lugar a la decisión y atienden los requisitos de los artículos

Sobre la falta de motivación, indicó que, siguiendo la jurisprudencia 14, esta causal de nulidad no se configura cuando los actos describen, aún de manera sumaria, los argumentos que dieron lugar a la decisión y atienden los requisitos de los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario. Con base en lo anterior, revisó el contenido de los actos demandados y encontró que estos cumpli eron con la carga de exponer las razones que dieron lugar a la liquidación de la contribución , así como los motivos por los cuales no se accedió a la interpretación de la demandante so bre la inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 . Sostuvo que los elementos de la base gravable y la tarifa se explicaron de manera suficiente . Finalmente, indicó que el cargo de doble imposición ya fue resuelto por la sentencia C-147 de 2021, la cual tiene efectos de cosa juzgada. No encontró probado e l cargo de falta de competencia temporal , pues al configurarse el silencio administrativo negativo, la demandante quedó habilitada para demandar en cualquier tiempo; y la administración no perdió la facultad de expedir los actos acusados , pues el término para resolver la apelación no es de naturaleza preclusiva, sino perentoria. Finalmente, no impuso condena en costas al no encontrarlas probadas15. Recurso de apelación La demandante sustentó su impugnación en que procede la excepción de inconstitucionalidad, pues no es posible aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 para liquidar el tributo por el 2021 , en tanto se trata de disposiciones que fueron expulsadas del ordenamiento jurídico y el artículo 243 de la Constitución

de 2019 para liquidar el tributo por el 2021 , en tanto se trata de disposiciones que fueron expulsadas del ordenamiento jurídico y el artículo 243 de la Constitución Política prohíbe reproducir el contenido material de una norma declarada inexequible. Destacó que la declaratoria de inconstitucionali dad de las normas que

11 Exp. 25961. 12 Exp. 26656. 13 Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 14 Citó las sentencias del 22 de abril de 2021, exp. 23824, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, que reitera las sentencias del 5 de noviembre de 2020, exp. 22261, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 5 de marzo de 2020, exp. 21321, M.P. Milton Chaves García y del 30 de mayo de 2019, exp. 23063, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 15 Citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 06 de julio de 2016, rad. 25000 -23-37-000-201200174-01, M.P. Jorge Octavio R amírez Ramírez; y del 30 de agosto de 2016, exp. 20508, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamentaron la liquidación adicional es suficiente para declarar su nulidad , para impedir su reproducción. Empero, de considerarse lo contrario, aún es procedente la inaplicación por inconstitucional , porque , si bien la sentencia C -464 de 2020 declaró la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 a partir del 1 de enero de 2023, la sentencia C-147 de 2021 lo hizo con efectos inmediatos, por lo que no tiene sentido jurídico seguir adelante con el cobro del tributo. Sostuvo que , contrario a lo afirmado por el tribunal, en el caso debatido no se configuró una situación jurídica consolidada, pues la liquidación adicional fue objeto de discusión, sin que se haya producido una decisión definitiva16. Manifestó que el a quo confundió la causación, la exigibilidad y la situación jurídica consolidada. Sobre el primer concepto, afirmó que está relacionado con el hecho generador y se presenta con el nacimiento de la obligación17. Así, del contenido del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 , modificado por la Ley 1955 de 2019, se extrae que la causación de la contribución es anual , y su exigibilidad ocurre cuando las liquidaciones estén en firme. Entonces, aunque la contribución se causó el primero de enero de 2021, no adquirió firmeza, pues el acto inicial fue discutido, por lo que no se ha consolidado una situación jurídica al respecto18.

liquidaciones estén en firme. Entonces, aunque la contribución se causó el primero de enero de 2021, no adquirió firmeza, pues el acto inicial fue discutido, por lo que no se ha consolidado una situación jurídica al respecto18. Sostuvo que fueron violados los principios de legalidad y certeza tributaria, pues el propósito de la contribución adicional aportar al Fondo Empresarial de la SSPD, para financiar a las empresas de servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión, no para cubrir los costos en q ue incurre la demandada en la prestación de sus servicios, conforme lo ordena el artículo 338 de la Constitución Política. En el mismo sentido aseguró que se desconocieron los principios de justicia, equidad, eficiencia, progresividad y no confiscatoriedad. Reiteró los cargos de falta de motivación19, pues la liquidación adicional no expone de manera detallada la conformación de la base gravable, las cuentas contables o algún otro factor que determine con certeza las razones del cobro. Por el contrario, se limita a exponer un cuadro que alude a la base del tributo y la tarifa aplicada, para indicar el monto total a pagar. Solicitó aplicar, en calidad de precedente, el fallo del 2 de mayo de 2024 20 de esta sección y las sentencias del 19 de septiembre de 202421, y del 18 de abril de 202422 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en las cuales se resolvieron situaciones similares.

16 Citó, como precedente, a la sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28345 17 Citó la sentencia del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2018, exp. 23401.

situaciones similares.

16 Citó, como precedente, a la sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28345 17 Citó la sentencia del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2018, exp. 23401. 18 Al respecto hizo la siguiente cita jurisprudencial: «Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1999 (C.P. Daniel Manrique Guzmán). Sentencias 41001 -23-31-000-2005-0146501(22109) del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), 08001 -23-31-000-2010-00223-01 (20432) del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), 68001-23-33-000-2016-01027-01(24996) del veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020), 5400123 -33-000-201200082-01(21189) del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 68001-23-31-000-2010-00689-01(21616) del tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016), 11001 -03-15-000-2013-02852-00(AC) del (31) de julio de dos mil catorce (2014), 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404) del 23 de julio de 2009, 25000-23-27-000-2002-00616-01 (15443) del

siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008), 05001-23-31-000-2001-03477-01(16284) del 8 de noviembre de 2007, 7600123-31-000-2001-0571101(15415) del veinticinco (25) de octubre de dos mil seis (2006), 76001 -23-31-000-2001-0437901(15270) del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), 0800 1233 1000 2001 02351 01 / 14979 del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), 11001 -03-27-000-2001-0243-01(12248) del 5 de mayo de 2003, 25000 -23-27000-2000-01156-01(13336) del 13 de marzo de 2003». 19 Citó la sentencia del 26 de junio de 1997, exp. 13753. 20 Exp. 28345. 21 Rad. 11001-33-37-041-2022-00112-01. 22 Rad. 25000-23-37-000-2021-00448-00.Radicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Oposición a la apelación La demandada no se pronunció. Intervención del ministerio público El agente del ministerio público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico

www.consejodeestado.gov.co Oposición a la apelación La demandada no se pronunció. Intervención del ministerio público El agente del ministerio público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico La demandante, en el concepto de la violación, entre otros argumentos, alegó i) la violación de los principios de legalidad y de certeza, porque la base gravable de la contribución adicional es la misma de la contribución especial, lo que da lugar a una indeterminación de los elementos del tributo y una doble imposición; ii) la falta de motivación, pues la demandada no expuso la necesidad de mayores ingresos ni explicó su presupuesto de gastos, para justificar el cobro del tributo; y iii) la falta de competencia temporal, dado que no fue resuelto el recurso de apelación y el recurso de reposición fue decidido luego de que finalizara el plazo legal para hacerlo. Estos cargos de nulidad fueron negados por el tribunal en la sentencia impugnada, pese a lo cual, la demandante no formuló ningún reparo en su recurso de apelación. En consecuencia, la Sección se abstendrá de estudiar estos argumentos, en aplicación del principio de congruencia, regulado en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso. Precisado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre l a legalidad de la liquidación adicional 20220000087536 del 3 de agosto de 2022 , proferida por la SSPD, para determinar la contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Termobarranquilla S.A. E.S.P., por el año 2021 ; de la resolución

SSPD, para determinar la contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Termobarranquilla S.A. E.S.P., por el año 2021 ; de la resolución 20225301026295 del 1 de noviembre de 2022, que resolvió el recurso de reposición; y del acto ficto o presunto, originado en el silencio administrativo negativo por no haber resuelto el recurso de apelación dentro del plazo fijado en la ley. Análisis del caso concreto

1. Efectos de la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019

La Sección resolverá conjuntamente los cargos de la apelación relacionados con la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, la inexistencia de una situación jurídica consolidada y la violación de los principios constitucionales, por estar íntimamente relacionadas entre sí. En estos cargos, la demandante sostuvo que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 debe ser inaplicado, debido a que fue declarado inconstitucional por la sentencia C147 de 2021, pues de lo contrario se permitiría la reproducción material de una norma inexequible (artículo 243 de la Constitución). Además, señaló que no existe una situación jurídica consoli dada, porque la sociedad discutió la liquidación adicional en sede administrativa y judicial , y porque no se debe confundir la causación del tributo con su exigibilidad. Finalmente, insistió en que la contribución adicional desconoce el artículo 338 de la Constitución, pues su finalidad no se limita a cubrir los costos del servicio prestado por el Estado, sino que el recaudo estáRadicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

adicional desconoce el artículo 338 de la Constitución, pues su finalidad no se limita a cubrir los costos del servicio prestado por el Estado, sino que el recaudo estáRadicado: 25000-23-37-000-2023-00089-01 (29703)

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. E.S.P.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co destinado al Fondo Empresarial, que a su vez financia las empresas de servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión, violando los principios de legalidad, certeza, no confiscatoriedad y justicia tributaria. Para decidir lo anterior, la Sección reitera en lo pertinente lo expresado en la sentencia del 18 de abril de 2024 23, que negó la simple nulidad de la resolución 20211000566545 del 8 de agosto de 2021 , en la que la SSPD reguló la liquidación de la contribución adicional para ese mismo año. En dicha providencia, la sala puso de presente que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 creó la contribución adicional a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022. Luego, la sentencia C -464 de 2020 declaró su inconstitucionalidad con efectos diferidos hasta el 1 de enero de 2023. Esta decisión se fundamentó en un cambio jurisprudencial, dado que la Corte Constitucional determinó que, a partir de esa sentencia, la modificación del régimen de servicios públicos domiciliarios, y especialmente tratándose de una norma tributaria, exige una motivación clara y suficiente en el documento de bases del Plan Nacional de

determinó que, a partir de esa sentencia, la modif