CE - Sentencia 25000234100020120015801 de 2025

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Radicado: 25000 2341 000 2012 00158 01

Demandante: Jorge Enrique Cortés Rojas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 2341 000 2012 00158 01

Demandante: JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 1 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, a través de apoderado judicial, demandó a la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

apoderado judicial, demandó a la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“[…] 1. Que se declare que es NULA la Resolución singularizada con el número 000001 de 13 de enero de 2.012 “Por la cual se decide una solicitud de Revocatoria Directa”, expedida por la señora Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.

2. Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se cancele por parte de la autoridad administrativa aquí demandada la suma de DOSCIENTOS

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000.°°), por2

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concepto de honorarios profesionales de los abogados que debió sufragar en defensa de sus derechos e intereses. […]”1

1.1.2. El acto acusado

En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 000001 del 13 de enero de 2012 expedida por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. Zona Centro , la cual dispone:

“En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-Ley 1250 de 1970, y de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, y considerando:

ANTECEDENTES

dispone:

“En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-Ley 1250 de 1970, y de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, y considerando:

ANTECEDENTES

Según se publicita em la anotación N° 01 del folio de matricula inmobiliaria 50C1473539 de Agosto 09 de 1.963 , se inscribió la Sentencia del 04 de Marzo de 1.963 proferida por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá contentiva de Adjudicación por Expropiación” a favor del Distrito Especial de Bogotá (Hoy Distrito Capital)

Como anotación N° 2 de la predicha matrícula, se registró el 02 de enero de 2.007, la escritura N° 0210 del 03 de Noviembre de 2.006 autorizada en la Notaria 73 de Bogotá contentiva del acto “declaraciones de construcción en suelo propio” rendidas por la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - INSTITUTO DISTRITAL

PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON“

Mediante Resolución N° 000618 de Diciembre 20 de 2.002 proferida por ésta Oficina de Registro, se decidió la actuación administrativa dentro del expediente 1438 ordenándose el cierre de la matrícula 50C-394152, a su vez, asignando al predio “Finca la Providencia” la 50C-1561366 y ordenando en su artículo quinto, notificar dicha resolución al señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS.

El Doctor FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de

notificar dicha resolución al señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS.

El Doctor FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de ciudadanía No. […] y Tarjeta Profesional N° […] del Consejo Superior de la Judicatura, quien obra como apoderado del señor JORGE ENRI QUE CORTÉS ROJAS identificado con la C.C. […], a través de escrito radicado en esta Oficina el 21 de Octubre de 2.011 bajo el número 50C2011ER29759 expresa:

“En mi condición de apoderado del señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS, quien es propietario del inmueble denominado LA PROVIDENCIA el cual se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria N° 50C-1561366 de esta ciudad de Bogotá cuya dirección catastral es Calle 64 128 90, le solicito muy comedidamente a la

1 Cuaderno Principal, folios 9 y 10.3

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señora Registradora, se sirva disponer la Revocatoria Directa del folio de matrícula inmobiliaria N°. 50C -1473539, y en consecuencia se disponga su CIERRE DEFINITIVO Y/O CANCELACIÓN DE REGISTRO por no existir cadena registral fehaciente que permita dar cuenta del sustento legal que le dio origen a dicho folio, conforme a las argumentaciones que se expondrán a continuación.”

CONSIDERACIONES

CIERRE DEFINITIVO Y/O CANCELACIÓN DE REGISTRO por no existir cadena registral fehaciente que permita dar cuenta del sustento legal que le dio origen a dicho folio, conforme a las argumentaciones que se expondrán a continuación.”

CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud de revocatoria esta Oficina considera:

1. - Revocatoria Directa de los Actos Administrativos:

En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos, el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;

2. Cuando no estén conforme con el interés público o social, o atenten contra él;

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Según la norma trascrita, para que haya lugar a la aplicación de la figura de revocatoria directa de un acto administrativo, se debe haber demostrado que con el respectivo acto se incurrió en alguna de las causales allí establecidas.

En el presente caso, los argumentos del solicitante están dirigidos a señalar que existe violación de normas de carácter Constitucional como las que rigen el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos; de orden procedimental administrativo, como el Código Contencioso Administrativo, y de naturaleza especial, como lo reglado por el Decreto -Ley 1250 de 1970 “ -Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos-; en especial a estas últimas, por cuanto

administrativo, como el Código Contencioso Administrativo, y de naturaleza especial, como lo reglado por el Decreto -Ley 1250 de 1970 “ -Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos-; en especial a estas últimas, por cuanto considera haberse abierto la matricula inmobiliaria 50C-1473539 que identifica el predio denominado “La Florida” de propiedad del Distrito Especial de Bogotá, carente de antecedentes documentales y registrales que denotan la cadena registral cuestionable, no fehaciente que no da cuenta de la adjudicación en juicio de expropiación a favor del Distrito Especial de Bogotá pues tan solo obra un acta de inscripción sin que se ahonde en detalles propios de la sentencia judicial, con el agravante que del globo de terreno que constituyó la Hacienda la Florida no se advierte cuales fueron los títulos de tradición de los inmuebles una vez unificados de le dieron su origen, así como la falta de identificación y descripción que validara su inscripción en el registro.4

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Alude como causales de revocación, la primera y la tercera que enumera el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

De otra parte, continúa afirmando que el DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ con el predio de su propiedad denominado “HACIENDA LA FLORIDA” e identificado con la matrícula inmobiliaria N° 50C -1473539 cuya apertura ahora solicita su

el predio de su propiedad denominado “HACIENDA LA FLORIDA” e identificado con la matrícula inmobiliaria N° 50C -1473539 cuya apertura ahora solicita su revocatoria, “TRASLAPA, SOBREPONE y SUPERPONE” al bien raíz de propiedad de su mandante llamado “Finc a la Providencia” singularizado con el folio de matrícula 50C-1561366.

Según la solicitud del peticionario, la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, debió abstenerse de abrir la matrícula 50C-1473539 al presentarse una “INEXACTITUD REGISTRAL” por cuanto “el registro está diciendo una cosa, pero la realidad extrarregistral (tanto jurídica como física) est á diciendo otra cosa diferente”.

2. – Del consentimiento expreso y escrito del titular del derecho

Independientemente de las causales de revocatoria directa enunciadas como soporte de su petición, es imprescindible que previamente se determine sobre la existencia o no en el expediente, del requisito legal y formal “sine que non” exigido por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo sobre el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho, sin el cual obviamente, resulta inocuo adelantar el estudio del caso concreto.

Al respecto se considera:

No se necesita realizar un mayor esfuerzo analítico ni un juicio de valor a la norma en mención para establecer que efectivamente y como quiera que en el expediente no obra consentimiento expreso ni escrito del titular del derecho real de dominio -que lo es en este caso EL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ (Hoy Distrito Capital) - sobre el inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria

expediente no obra consentimiento expreso ni escrito del titular del derecho real de dominio -que lo es en este caso EL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ (Hoy Distrito Capital) - sobre el inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria 50C1473539 de la que ahora se demanda la revocatoria de apertura, la revocación solicitada no está llamada a prosperar.

En consecuencia, no se efectuará análisis de las causales o casos 1. y 3. del artículo 69 del C.C.A. de revocación a que hace mención el solicitante su escrito de revocatoria.

3. – De los acontecimientos fácticos al margen del Registro

Finalmente, como quiera que no es competencia funcional de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, garantizar el uso y goce o posesión pacífica de los bienes raíces, los acontecimientos fácticos de “TRASLAPAR, SOBREPONER y SUPERPONER” a que hace alusión el peticionario de la5

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revocatoria no son debatibles en el escenario del registro de la propiedad inmobiliaria, y su solución corresponde plantearla ante otros entes de control y garantías.

Por las anteriores consideraciones no se accederá a la revocación solicitada.

En consecuencia, éste Despacho Registral,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar la solicitud de Revocatoria Directa en cuanto

Por las anteriores consideraciones no se accederá a la revocación solicitada.

En consecuencia, éste Despacho Registral,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar la solicitud de Revocatoria Directa en cuanto cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539, presentada por el Doctor FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de ciudadanía número […] y Tarjeta Profesional [...] del Consejo Superior de la Judicatura, quien obra como apoderado del señor JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS identificado con la C.C. […] por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al Doctor FERNANDO AUGUSTO TREBILCOCK BARVO, identificado con cédula de ciudadanía número […] y Tarjeta Profesional [...] del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contenci oso Administrativo. Indicándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en la vía gubernativa. […]” (Negritas texto original)

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora señaló que el Distrito de Capital pretende superponer infundadamente el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1473539 al folio de matricula 50C-1561366 que es de su propiedad.

Relató los antecedentes registrales del inmueble de su propiedad denominado “La Providencia” el cual tenía asignado el folio de matricula inmobiliaria número 50C-394152 abierto el 18 de septiembre de 1978.

Relató los antecedentes registrales del inmueble de su propiedad denominado “La Providencia” el cual tenía asignado el folio de matricula inmobiliaria número 50C-394152 abierto el 18 de septiembre de 1978.

Indicó que la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro inició una actuación administrativa bajo expediente 1438 que concluyó con la Resolución 00618 de 20 de diciembre de 2002 a través de la cual se ordenó cerrar la matrícula inmobiliaria 50C-394152 e inscribir sus anotaciones en un nuevo folio de matricula asignado, el 50C-1561366, el cual se abrió el 26 de diciembre de 2002.

Resaltó que el folio de matricula inmobiliaria número 50C-1473539 del predio Hacienda La Florida de propiedad del Distrito Capital se abrió el 13 de febrero de6

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1998, pero no fue objeto de apertura con base en un folio matriz, además de que su apertura fue posterior a la del folio de matrícula de su propiedad 50C394152 que se abrió el 18 de septiembre de 1978. Destacó que el folio 50C1473539 no cuenta con cadena registral, ya que no cuenta con los títulos que supuestamente le dieron origen.

Manifestó que el 21 de octubre de 2011 solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro la revocatoria directa del folio

supuestamente le dieron origen.

Manifestó que el 21 de octubre de 2011 solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro la revocatoria directa del folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1473539 y, por tanto, su cierre definitivo y/o cancelación de registro por no existir cadena registral que permita dar sustento al origen del citado folio, solicitud que fue negada mediante Resolución 001 de 13 de enero de 2012.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe los artículos 6, 13, 29, 58, 83, 84, 90 y 121 de la Constitución Política; 35, 39 y 52 del Decreto Ley 1250 de 1970, con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifiesta que es titular del derecho de dominio del predio denominado “La Providencia”, cuya tradición registral inicia con la sentencia judicial de pertenencia por prescripción extraordinaria del dominio proferida por el Juzgado 6° Civil del Circuito de Bogotá, el 7 de octubre de 1954 a favor del señor Isidro Silva Varón, decisión que está ejecutoriada.

Afirma que adquirió su derecho real de dominio a título de compraventa mediante escritura pública Nro. 1082 de 21 de febrero de 2001 de la Notaria 29 de Bogotá, siendo su actual y único propietario.

Asegura que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro inició una actuación administrativa que concluyó con la Resolución nro. 000618 de 20 de diciembre de 2000, la misma es una corrección registral

Asegura que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro inició una actuación administrativa que concluyó con la Resolución nro. 000618 de 20 de diciembre de 2000, la misma es una corrección registral que no puede equipar arse a una cancelación registral, hasta el punto que al nuevo folio se ordenó trasladar las anotaciones contenidas en el folio objeto de la actuación administrativa correctiva y subsanar las inconsistencias que advirtió la autoridad registral lo cual se erige como una convalidación administrativa con efectos retroactivos.

Indica que no es jurídica ni legalmente viable que sobre el inmueble de su propiedad se pretende sobreponer el folio de matrícula inmobiliaria cuya titularidad dice ostentar el Distrito Capital de Bogotá, porque se trata de inmuebles distintos, de modo que el inmueble de su propiedad se localiza en la7

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ciudad de Bogotá, mientras que la Hacienda la Florida se ubica en la jurisdicción de los municipios de Funza y Cota.

Asevera que el folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539 correspondiente a la Hacienda la Florida carece de una cadena registral fehaciente ya que i) no se acredita un título de adquisición y ii) no se señalan antecedentes documentales exhaustivos q ue den cuenta de la adjudicación en juicio de expropiación a favor del Distrito.

se acredita un título de adquisición y ii) no se señalan antecedentes documentales exhaustivos q ue den cuenta de la adjudicación en juicio de expropiación a favor del Distrito.

Agrega que el acto administrativo que decide la solicitud de revocatoria erige sendas causales de anulación i) falsa motivación, por indebida apreciación fáctica, objetiva, legal y jurisprudencial; ii) desconocimiento del debido proceso, por separarse del criterio jurisprudencial según el cual es posible la revocatoria directa sin el consentimiento expreso del titular del derecho, cuando resulta evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, por lo que era conducente realizar un análisis de las razones q ue amparaban el cierre definitivo y/o cancelación del registro del folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539 folio correspondiente al inmueble singularizado como Hacienda la Florida de propiedad del Distrito Capital, por cuando su existencia carece de antecedentes documentales y registrales que per se denotan una cadena registral cuestionable.

1.2. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Notariado y Registro y el Distrito Capital 2 contestaron de manera extemporánea la demanda.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante sentencia de 1 de octubre de 201 3 negó las pretensiones de la demanda.

Previo a resolver el fondo del asunto, el Tribunal señalo que no operó la caducidad propuesta por la entidad demandada en los alegatos de conclusión.

Indicó, respecto del caso concreto, que el acto enjuiciado se originó en la

Previo a resolver el fondo del asunto, el Tribunal señalo que no operó la caducidad propuesta por la entidad demandada en los alegatos de conclusión.

Indicó, respecto del caso concreto, que el acto enjuiciado se originó en la solicitud de revocatoria directa del folio de matrícula inmobiliaria número 50C1473539, en la cual lo que se persigue por el actor es la anulación o cancelación del citado folio correspondiente a la Hacienda La Florida del Distrito Capital, por

2 Vinculado en calidad de tercero en el auto admisorio de la demanda de 1 de octubre de 2012.8

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cuanto, en su concepto, el mismo carece de antecedentes registrales.

Señaló que el demandante invocó las causales 1 y 3 del artículo 69 del CCA para obtener la revocatoria y cancelación del folio de matrícula; no obstante, no demostró ni dentro de la actuación administrativa ni en el curso del proceso, que el referido acto hubiese sido manifiestamente contrario a la Constitución Política o a la ley , ni que con el mismo se hubiera causado un agravio injustificado a alguna persona, por cuanto todo su análisis se centró en demostrar que los antecedentes registrales del bien La Providencia se encontraban ajustados a derecho y en cuestionar los del bien Hacienda La Florida de propiedad del Distrito Capital.

alguna persona, por cuanto todo su análisis se centró en demostrar que los antecedentes registrales del bien La Providencia se encontraban ajustados a derecho y en cuestionar los del bien Hacienda La Florida de propiedad del Distrito Capital.

Manifestó que, revisados los antecedentes administrativos del acto demandado, se advierte que éste sí cuenta con antecedentes fácticos y jurídicos que lo justifican y, por ende, no se encuentra acreditado que el mismo hubiera sido obtenido por medio ilegales.

Aseguró que, a pesar de que existen algunas modificaciones en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes al bien La Providencia de propiedad del demandante, derivadas de la expedición de la Resolución número 00618 de 2002, no es este el escenario para que las mismas sean estudiadas.

Afirmó que para obtener la revocatoria directa del acto de registro se debía contar con el consentimiento expreso y escrito del beneficiario del mismo, esto es, del Distrito Capital, en los términos del artículo 73 del CCA, toda vez que no se demostró que el mismo se hubiera obtenido a través de medios ilegales, así como tampoco se acreditó que hubiera sido el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo, tal como lo expresó acertadamente el acto enjuiciado. Resaltó que como en este caso no se contó con la referida autorización no había lugar a revocar directamente el acto de registro.

Refirió que los artículos 35, 39 y 52 del Decreto Ley 1250 de 1970 que fueron invocados como normas vulneradas en la demanda, fueron derogados por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012.

Precisó que las acusaciones elevadas por el demandante respecto de la apertura

invocados como normas vulneradas en la demanda, fueron derogados por el artículo 104 de la Ley 1579 de 2012.

Precisó que las acusaciones elevadas por el demandante respecto de la apertura y existencia del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539 no hay lugar a hacer pronunciamiento, toda vez que las mismas escapan al marco de la controversia analizada en este asunto, esto es, la legalidad de la Resolución número 0001 de 13 de enero de 2012.

Respecto de la anterior sentencia se presentó un salvamento el voto en el9

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sentido de indicar que lo que procedía era declarar de oficio la excepción de ineptitud de la demanda, en razón a que el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011 indica que la solicitud de revocación de un acto ni la decisión que sobre ella recaiga reviven los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte deman dante solicita que se revoque la sentencia apelada, con fundamento en los siguientes argumentos:

Aduce que el Tribunal de instancia desconoció que la autoridad registral está en la obligación y en el deber legal de cancelar los folios, registros y anotaciones carentes de legalidad, tal como sucede con el folio de matr ícula

Aduce que el Tribunal de instancia desconoció que la autoridad registral está en la obligación y en el deber legal de cancelar los folios, registros y anotaciones carentes de legalidad, tal como sucede con el folio de matr ícula número 50C-1473539, razón por la cual se solicitó en la revocatoria directa para salvaguardar sus derechos adquiridos.

Señala que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado es posible la solicitud de revocatoria directa s in el consentimiento expreso del titular cuando resulta evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Asegura que el a quo omitió pronunciarse sobre la inexactitud registral del cuestionado título de dominio que recae en el Distrito de Bogotá frente al inmueble la Florida, los cuales acreditan la prosperidad de la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 0001 de 2012 y del llamado a prosperar la nulidad del acto enjuiciado por cuanto “el registro está diciendo una cosa, pero la realidad extraregistral (tanto jurídica como física) está diciendo otra cosa diferente.”

Alega que esta acreditada la irregularidad registral al intentar caprichosamente sobreponer sobre el título que éste detenta, el título que dice ostentar el Distrital Capital de Bogotá, lo que demuestra el quebrantamiento del derecho constitucional a la propiedad privada, lo que no fue tenido en cuenta en el fallo recurrido el cual afirma que lo que se pretende es revivir términos procesales caducados, cuando la verdadera intención es demostrar una realidad registral consistente en la inexistencia de títulos de adquisición del predio que supuestamente fue adquirido en juicio de expropiación por parte del Distrito

caducados, cuando la verdadera intención es demostrar una realidad registral consistente en la inexistencia de títulos de adquisición del predio que supuestamente fue adquirido en juicio de expropiación por parte del Distrito de Bogotá, así como la falta de antecedente documental y registral que soporte la apertura del folio de matrícula inmobiliaria nro. 50C-1473539.

Resalta que el fallador de primera instancia omitió valorar la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso que demuestran el daño antijurídico que la10

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entidad demandada le ha ocasionado, además de no tener en cuenta el indicio grave en contra de dicho extremo procesal por contestar de manera extemporánea la demanda.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. La parte actora reiteró los argumentos del escrito de apelación.

4.2. El Distrito Capital – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público , presentó escrito de alegatos de conclusión en el que solicita se confirme el fallo de primera instancia, al estimar que en la actuación administrativa que culminó con el acto enjuiciado no se contó con el consentimiento expreso y por escrito del Distrito Capital, el cual se requería por ser titular del d erecho real de dominio que se pretendía afectar con la solicitud de revocatoria. Asegura que, contario a lo afirmado por la

consentimiento expreso y por escrito del Distrito Capital, el cual se requería por ser titular del d erecho real de dominio que se pretendía afectar con la solicitud de revocatoria. Asegura que, contario a lo afirmado por la demandante, el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1473539 perteneciente al inmueble de propiedad del Distrito Capital lo respalda todo un antecedente de legalidad y registro. Aduce que si hay que reprochar un acto es el folio de matrícula inmobiliaria 50C -1561366 del predio La Providencia, el cual no contiene área alguna como cuerpo cierto por no ser posible establecer de forma precisa los linderos del predio La Providencia a partir de la sentencia de pertenencia y, por tanto, la escritura pública que aclara linderos si gue la misma suerte en la medida en que traslapa con el predio del Distrito Capital.

4.3. La Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Análisis de la Sala

Correspondería a la Sala con fundamento en la sentencia recurrida y los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, determinar si respecto del acto acusado se configura alguna de las causales de nulidad invocadas en la demanda . Sin embargo, previamente se debe señalar que, aunque el Tribunal de instancia al analizar de fondo los argumentos de la demanda consideró que era competente para conocer del acto demandado que negó la solicitud de revocatoria directa, lo cierto es que la Sala debe reconsiderar dicha decisión e indicar que el acto acusado no es11

argumentos de la demanda consideró que era competente para conocer del acto demandado que negó la solicitud de revocatoria directa, lo cierto es que la Sala debe reconsiderar dicha decisión e indicar que el acto acusado no es11

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enjuiciable y, con fundamento en el artículo 1873 del CPACA, declarar probada la excepción de acto no susceptible de control judicial, como pasa a explicarse.

En efecto, la parte actora presentó solicitud de revocatoria directa ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro con el fin de que se revoque directamente el folio de matricula inmobiliaria Nro. 50C1473539 y, en consecuencia, se cierre de manera definitiva y/o cancele el registro por no existir cadena registral que permita dar sustento legal a la creación de dicha matricula inmobiliaria.

Mediante Resolución número 000001 del 13 de enero de 2012 expedida por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. Zona Centro, se negó la solicitud de revocatoria directa presentada por el demandante, acto respecto del cual la parte actora pretende su nulidad mediante el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, sobre el control judicial de los actos por medio de los cuales se resuelve una petición de revocatoria particular es preciso indicar que la

su nulidad mediante el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, sobre el control judi