CE - Sentencia 25000234100020240065501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Electoral Radicación: 25000-23-41-000-2024-00655-01

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte.

Tema: Nulidad electoral –facultad discrecional del presidente de la República de nombrar y remover a sus ministros.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demanda nte, contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 1 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña , actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011 con la siguiente pretensión:

«ACTO OBJETO DE LA NULIDAD PRETENDIDA

Estando establecido en el Códig o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la procedencia de nulidad de los actos de elección o sus equivalentes de cualquier orden a través del medio de control de nulidad electoral, se pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad del Decreto 262 de 2024 por la causal denominada

Administrativo la procedencia de nulidad de los actos de elección o sus equivalentes de cualquier orden a través del medio de control de nulidad electoral, se pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad del Decreto 262 de 2024 por la causal denominada ‘expedición irregular’ prevista en el inciso primero del artículo 137 de la ley 1437 en virtud de su remisión establecida en el inciso primero del artículo 275 de dicha ley derivada de violación del debido proceso en su garantía constitucional de plenitud de las formas y convencional de deber de motivación respectivamente previstas en los incisos primero y segundo del artículo 29 constitucional y numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estando desarrollados dichos incisos en el literal a) del artículo 41 de la ley 909 de 2004, 10 de la ley 1437 y 2.2.34.1.2 y 2.2.5.3.4 del decreto presidencial 1083 de 2015 con inaplicación del artículo 2.2.11.1.2 del precitado decreto y el último inciso del parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 909 de 2004 de conformidad a respectivamente el artículo 148 de la ley 1437 de 2011 y primer inciso del artículo 93 constitucional en concordancia con el numeral 1 del artículo 1 y artículo 2 de la mencionada convención..» (sic).

1 Índice 00029 del aplicativo Samai.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1.2. Hechos

2. A través del Decreto 1666 de 7 de agosto de 2022, el Gobierno Nacional2 designó en provisionalidad a la señora María Isabel Urrutia Ocoró, como ministra del Deporte.

3. Mediante alocución del 27 de febrero de 20233 el presidente manifestó «Agradezco los servicios prestados por los Ministros (sic) Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia

Ariza».

4. Con el Decreto 319 de 6 de marzo de 2023 , designó a la señora Astrid Bibiana Rodríguez Cortés en el mismo cargo y se efectuó la declaración de insubsistencia tácita que establece el inciso 2 del artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015 de la señora

Urrutia Ocoró.

5. Posteriormente, la señora Rodríguez Cortés presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada mediante Decreto 182 de 19 de febrero de 2024, por lo anterior, se realizó el encargo del señor Luis David Garzón Chaves.

6. En las ediciones del Diario Oficial del 19 de febrero al 5 de marzo de 2024, no aparece el acto por medio del cual se terminó el encargo efectuado en el Decreto 182 de 2024.

7. Finalmente, con el Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, se nombró a la señora Luz Cristina López Trejos como ministra del Deporte.

7. Finalmente, con el Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, se nombró a la señora Luz Cristina López Trejos como ministra del Deporte.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Consideró que el Decreto 262 del 5 de marzo de 2024 es nulo por haberse expedido de manera irregular porque: i) no se terminó el encargo del señor Luis David Garzón Chaves, ii) no se declaró de manera motivada la insubsistencia de la señora María Isabel Urrutia Ocoró como ministra del Deporte y iii) los anteriores actos administrativos no fueron debidamente publicados.

9. La pretendida nulidad se derivó de la «(…) violación del debido proceso en su garantía constitucional de plenitud de las formas y convencional de deber de motivación».

10. Agregó que la motivación es una de los deberes señalados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resaltó que es una obligación « permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión», mencionó que, por el contrario, el acto administrativo cuestionado se profirió sin estar motivado y debidamente publicado.

1.4. Trámite relevante de primera instancia

11. Con auto del 8 de julio del 20244, el despacho conductor de primera instancia admitió la demanda.

2 Expedido por el presidente de la República. 3 https://www.youtube.com/watch?v=uz8R1ltV1wc 4 Índice 4, expediente principal de tribunal.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte

2 Expedido por el presidente de la República. 3 https://www.youtube.com/watch?v=uz8R1ltV1wc 4 Índice 4, expediente principal de tribunal.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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1.5. Contestaciones

12. Luego de los traslados correspondientes, intervinieron:

13. El presidente de la República 5, por medio de apoderado , manifestó que el único cargo de nulidad es por una presunta expedición irregular por no haber publicado (i) la declaratoria motivada de insubsistencia del nombramiento de la señora Urrutia Ocoró y

(ii) la inexistencia de un acto de terminación de encargo del señor Garzón Chaves.

14. Se opuso a la prosperidad de la demanda, argumentando que, la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica, es libre y no está sujeta a la necesidad de motivación que extraña el demandante.

15. Agregó que el retiro del servicio de la señora M aria Isabel Urrutia Ocoró no guarda ninguna relación con la expedición del decreto demandando, teniendo en cuenta que entre su nombramiento y el de la demandada existió el de otra ministra.

16. Frente a la inexistencia de un acto administrativo que haya terminado el encargo del señor Luis David Garzón Chaves, señaló que esa situación administrativa es para

entre su nombramiento y el de la demandada existió el de otra ministra.

16. Frente a la inexistencia de un acto administrativo que haya terminado el encargo del señor Luis David Garzón Chaves, señaló que esa situación administrativa es para desempeñar de manera transitoria la totalidad o algunas de las funciones de un empleo público diferente del cual se es titular, que si bien, es conferido m ediante un acto administrativo, no existe norma que exija que su terminación requiera de otro.

17. Por lo anterior, aseveró que es a penas lógico que la provisión definitiva del empleo, mediante el nombramiento de un nuevo titular, tenga como consecuencia la terminación del encargo, así como supone la insubsistencia del nombramiento de quien lo ocupare en propiedad, como lo prevé el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

18. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que, a su juicio, la demanda no cuenta con un capítulo de concepto de violación, no tiene un cargo concreto de nulidad e incumple con la carga mínima argumentativa.

19. La demandada6, a través de su apoderado judicial, indicó que conforme lo establece el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en los empleos de libre nombramiento y remoción, la competencia para finalizar la relación legal y reglamentaria es discrecional y se efectúa mediante acto no motivado.

20. Concluyó que las afirmaciones del demandante no cuentan con soporte normativo y que además, confunde la naturaleza del nombramiento efectuado a la señora López Trejos mediante el Decreto 0262 del 5 de marzo de 2024, el cual, corresponde a uno de

20. Concluyó que las afirmaciones del demandante no cuentan con soporte normativo y que además, confunde la naturaleza del nombramiento efectuado a la señora López Trejos mediante el Decreto 0262 del 5 de marzo de 2024, el cual, corresponde a uno de libre nombramiento y remoción, cuya competencia está en cabeza del presidente de la República conforme el artículo 189.1 de la Constitución Política.

1.6. Fijación del litigio

21. En auto del 5 de mayo de 20257, se fijó el litigio en los siguientes términos:

5 Índice 13, expediente principal de tribunal. 6 Índice 15, expediente principal de tribunal. 7 Índice 17, expediente principal de tribunal.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 «En ese orden, de acuerdo a una interpretación armónica y sistemática de los hechos, pretensiones y concepto de violación consignada en la demanda se tiene que el actor alega que el acto acusado se emitió sin que previamente se hubiese publicado un acto motivado de declaratoria de insubsistencia de la señora María Isabel Urrutia como Ministra del Deporte y también sin que se hubiese publicado un acto administrativo de terminación del encar go ministerial efectuado mediante el Decreto Presidencial 0182 de 2024. Hechos que, en su sentir, vulneraron los artículos 29 incisos primero y segundo y 93 de la Constitución Política,

ministerial efectuado mediante el Decreto Presidencial 0182 de 2024. Hechos que, en su sentir, vulneraron los artículos 29 incisos primero y segundo y 93 de la Constitución Política, los artículos 2 y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el literal a) y el último inciso del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, los artículos 10 y 148 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.2.34.1.2, 2.2.5.3.4 y 2.2.11.1.2 del Decreto Presidencial 1083 de 2015, incurriéndose en la c ausal de nulidad denominada “expedici ón irregular” prevista en el inciso primero del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.».

22. En la misma providencia se resolvió la excepción propuesta8, se decidió sobre las pruebas, ordenó correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia anticipada.

1.7 Sentencia de primera instancia9

23. El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que en este caso concreto no se está discutiendo la legalidad del nombramiento y la forma de desvinculación de la señora María Isabel Urrutia y del señor Luis David Garzón Chávez, por tanto, es claro que la parte actora, no sustentó de que forma el acto acusado vulneró el procedimiento determinado para su formación y expedición.

24. Ante la falta de sustentación de la causal de nulidad electoral denominada expedición

por tanto, es claro que la parte actora, no sustentó de que forma el acto acusado vulneró el procedimiento determinado para su formación y expedición.

24. Ante la falta de sustentación de la causal de nulidad electoral denominada expedición irregular, el juez no puede suplir tal falencia y determinar o proponer las censuras o reproches de ilegalidad contra el acto administrativo cuya nulidad se depreca con la demanda porque una actuación de tal naturaleza implica, necesaria e indiscutiblemente, estudiar nuevos cargos que no fueron planteados con la demanda lo que vulnera los derechos con stitucionales fundamentales al debido proceso y derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.

25. Explicó que de conformidad con el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al presidente de la República nombrar y separar libremente a los ministros de su despacho.

26. Respecto a las causales de retiro de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción, como los cargos de ministros, la Ley 909 de 2004 en el artículo 41 dispone que el fin del vínculo , puede ser por declaratoria de insubsistencia y que la competencia para la remoción es discrecional.

8 En relación con la excepción previa denominada «Ineptitud sustantiva de la demanda» formulada por el presidente de la República, el tribunal de instancia señaló que la parte actora en el cuerpo integral de la demanda sí determinó la causal de nulidad invocada, las normas violadas y el concepto de violación, de una simple lectura integral de la demanda, es claro que la causal de nulidad invocada,

el tribunal de instancia señaló que la parte actora en el cuerpo integral de la demanda sí determinó la causal de nulidad invocada, las normas violadas y el concepto de violación, de una simple lectura integral de la demanda, es claro que la causal de nulidad invocada, las normas violadas y el concepto de violación fue sustentado tant o conceptualmente como normativamente, pues tal como lo establece el Consejo de Estado, la ley procesal no exige una técnica específica para relatar o exponer el concepto de violación y los cargos de nulidad, ya que lo verdaderamente relevante es que la narrativa ofrezca la suficiente claridad para comprender las diferentes aristas de la controversia, facilitar el derecho de defensa y la fijación del litigio. Resaltando además el Consejo de Estado que ciertamente los usuarios de la justicia deben cumplir un as cargas mínimas de concreción y claridad al momento de instaurar una demanda. Sin embargo, estas exigencias no pueden limitar irrazonablemente el derecho de acción, al punto de requerir erudició n o una técnica rigurosa en el planteamiento de los problemas jurídicos, máxime en el marco de un medio de control de carácter público, como el de nulidad electoral. 9 Índice 29, expediente principal de tribunal. Notificada el 15 de julio de 2025.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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27. Además, el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 2

www.consejodeestado.gov.co 5

27. Además, el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 648 de 2017, señala que en los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña.

28. Finalmente, concluyó que era claro que el presidente de la República estaba facultado para remover libremente y sin necesidad de motivar su decisión por ser un acto discrecional a la señora María Isabel Urrutia, y si bien, no expidió un acto administrativo para ello, lo cierto es que, la designación de la señora Astrid Bibiana Rodríguez Cortés en ese mismo empleo, implicó la insubsistencia de la anterior.

29. De igual manera, ocurrió en el caso de la designación de la demandada Luz Cristina López Trejos, toda vez que, al ser nombrada como ministra del Deporte, mediante el Decreto 0262 de 2024 –acto acusado-, conllevó la terminación del encargo del señor Luis

David Garzón Chaves.

1.8. Recurso de apelación10

30. Inconforme con lo anterior, el señor Harold Eduardo Sua Montaña recurrió la decisión

con sustento en las siguientes razones:

31. El tribunal de primera instancia desconoció los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y el 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, tenien do en cuenta que estas disposiciones señalan el deber de motivación de las decisiones y la declaratoria de insubsistencia por medio de un acto administrativo.

32. Adujo que el tribunal de primera instancia no determinó si la inaplicación normativa

señalan el deber de motivación de las decisiones y la declaratoria de insubsistencia por medio de un acto administrativo.

32. Adujo que el tribunal de primera instancia no determinó si la inaplicación normativa mencionada era relevante para la decisión adoptada, pues con el acto de nombramiento demandado se vulnera el deber de motivación consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta omisión afecta el derecho al debido proceso y a una decisión judicial debidamente fundamentada.

33. Alegó que los actos administrativos que generan efectos frente a terceros, como nombramientos, insubsistencias o terminaciones de encargos, deben ser publicados conforme al artículo 1 de la Ley 57 de 198511, y su ausencia impide que la ciudadanía conozca dichos actos, lo que genera su inoponibilidad y afecta el control judicial.

1.9. Auto que concede el recurso de apelación

34. El 25 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

1.10. Actuaciones en segunda instancia

35. Mediante auto de 6 de agosto de 2025 el despacho ponente admitió el recu rso de apelación presentado por el demandante y corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público el respectivo concepto.

10 La parte demandante presentó recurso de apelación el 23 de julio de 2025, esto es dentro, del término legal para ello. 11 «Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.»Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte

11 «Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.»Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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36. La apoderada judicial de la demandada solicitó la terminación del proceso por carecer de objeto, dado que no se encuentra fungiendo el empleo de ministra del Deporte.

37. El demandante solicitó que se tengan en cuenta los argumentos del recurso de apelación para declarar la nulidad del acto demandado.

38. El Ministerio Público en su concepto explicó que no se demostró la configuración de alguna irregularidad dentro del procedimiento de emisión del acto demandado, la inobservancia de algún requisito exigido por el ordenamiento jurídico para su formación o la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso que pudieran sustentar la causal de expedición irregular invocada.

39. Señaló que el Decreto 262 de 2024 constituye una decisión distinta y autónoma frente al Decreto 319 de 2023, por medio del cual «se nombró a Astrid Bibiana Rodríguez en el empleo de ministro, código 05 del Ministeri o del Deporte y se efectuó la declaración de insubsistencia tácita» y que icho acto administrativo si fue publicado en la página web de

la presidencia de la república en el link: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2023/decretos-marzo-2023, l o cual

insubsistencia tácita» y que icho acto administrativo si fue publicado en la página web de la presidencia de la república en el link: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2023/decretos-marzo-2023, l o cual acreditaría que se dio a conocer a la ciudadanía que Urrutia Ocoró no continuaría como ministra pues se designó a Rodríguez Cortés cumpliéndose con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

40. En relación con la terminación del encargo del funcionario Garzón Chaves, señaló que esto no forma parte del procedimiento administrativo contenido en el Decreto 0262 de 2024, y que en todo caso el demandan te no acreditó la falta de publicación de este último decreto mediante el cual se derogó tácitamente el encargo del mencionado funcionario y se efectuó el nombramiento de la accionada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

41. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B el 10 de julio de 2025, de conformidad con el artículo 15012 y el literal c13 del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 1314 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala

Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

42. Teniendo en cuenta que la apoderada de la demandada solicitó que se declarara carencia actual de objeto, en los alegatos de conclusión, se revisará este asunto.

2.2. Cuestión previa

42. Teniendo en cuenta que la apoderada de la demandada solicitó que se declarara carencia actual de objeto, en los alegatos de conclusión, se revisará este asunto.

12«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos ...» 13 «C) De la nulidad de … los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, …». 14 Modificado por el Acuerdo N.° 434 del 10 de diciembre de 2024.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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43. En este punto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de unificación

del 24 de agosto de 201815 determinó:

«(…) si el acto acusado produjo efectos y no se encuentra vigente, el juez contencioso administrativo aún en el evento en que haya sido retirado del ordenamiento jurídico16, mantiene su competencia para conocer de su legalidad porque, su exclusión jurídica impide que el acto se aplique hacia el futuro, empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia.

se aplique hacia el futuro, empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia.

Por lo anterior, un acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico que produjo efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control por la jurisdicción contencioso administrativa, quien formalmente decidirá si dicho acto excluido fue expedido en su momento observando los elementos de validez: competencia, objeto, forma, causa y finalidad. De esta manera, no podría configurarse la denominada sustracción de materia17 y se impone por parte del operador judicial su resolución de fondo en la sentencia.»

44. En el caso concreto se advierte que el Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, por el cual el presidente de la República nombró como ministra del deporte a la señora Luz Cristina López Trejos, produjo efectos, toda vez que, según lo expresó la apoderada de la demandada, ejerció el cargo por aproximadamente doce meses. Por lo tanto, es susceptible de ser controlado.

45. En ese orden de ideas, no es posible acceder a la petición de la demandada, en tanto, en este caso no se concreta la figura alegada.

2.3. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia de proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, el 10 de julio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

47. Para ello deberá verificar si, en este caso, se desconocieron los artículos 29 incisos

Subsección B, el 10 de julio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

47. Para ello deberá verificar si, en este caso, se desconocieron los artículos 29 incisos primero y segundo y 93 de la Constitución Política, los artículos 2 y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el literal a) y el último inciso del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, los artículos 10 y 148 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.2.34.1.2, 2.2.5.3.4 y 2.2.11.1.2 del Decreto Presidencial 1083 de 2015, incurriéndose en la causal de nulidad de expedición irregular prevista en el inciso primero del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

48. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará lo s siguientes tópicos:

(i) marco normativo para el nombramiento de ministros y (ii) el caso concreto.

2.3.1. Marco normativo para el nombramiento de ministros

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2018. Radicación número 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P. Rocío Araujo Oñate 16 Como en el caso en concreto, que el acto demandado fue revocado por el Concejo Distrital de Santa Marta.

17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-0002012-00039-04.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

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49. La Constitución Política dentro del título «La Rama Ejecutiva», en el capítulo 4 «De los ministros y directores de los Departamentos Administrativos», en su artículo 207

establece:

«Artículo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.»

50. De la norma anteriormente citada se extrae que para ocupar el cargo de ministro se requiere contar con los mismos requisitos para ser representante a la cámara, esto es, ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años (artículo 177 de la CP).

51. En relación con su nombramiento, el artículo 189 constitucional dispone:

«ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de

Departamentos Administrativos.»

52. La Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», establece en

Departamentos Administrativos.»

52. La Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», establece en su artículo 1° que hacen parte de la función pública los siguientes empleos público s: de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período fijo y temporales.

53. En el mismo compendio normativo se establece 18 una clasificación de los empleos

públicos, y prevé como regla general que todos son de carrera administrativa en concordancia con el artículo 125 constitucional, exceptuando, entre otros: «2) Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios: a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así: En la Administración Central del Nivel Nacional: Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación; (…) b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así: En la Administración Central del Nivel Nacional: Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector de la Policía Nacional; Superintenden te; y Director de Unidad Administrativa Especial. (…)» (Resaltado fuera de texto)

54. De conformidad con lo anterior, tienen la naturaleza de libre nombramiento y remoción aquellos empleos que obedezcan a alguno de los otros criterios señalados en

Especial. (…)» (Resaltado fuera de texto)

54. De conformidad con lo anterior, tienen la naturaleza de libre nombramiento y remoción aquellos empleos que obedezcan a alguno de los otros criterios señalados en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, como en este caso el de ministro19.

18 En el artículo 5 de la Ley 909 de 2004. 19 ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

55. Respecto a las causales de retiro de quienes estén desempeñando empleos de

carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción en entidades del nivel nacional y territorial, la Ley 909 de 2004, dispone:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del serv