CE - Sentencia 25000234100020240094301 de 2025

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2024-00943-01

Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO

Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA - DAFP

Tema:

Publicación de la declaración de renta y conflictos de intereses de los sujetos obligados. Revoca sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 8 de mayo de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

La Fundación para el Estado de Derecho, en lo sucesivo Fede Colombia, a través de su representante legal 1, promovió demanda 2 en ejercicio de la acción de

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

La Fundación para el Estado de Derecho, en lo sucesivo Fede Colombia, a través de su representante legal 1, promovió demanda 2 en ejercicio de la acción de cumplimiento establecida en el artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado a través de la Ley 393 de 1997, en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo sucesivo DAFP . Lo anterior, a efectos de obtener el

1 Conforme el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, figura el señor Andrés Caro Borrero como representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho. 2 Ver índice 2 de Samai – Cuaderno de primera instancia.Demandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 5 de la Ley 2013 de 20193, y los artículos 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 20154 y 7 del Decreto 830 de 20215.

En ese sentido, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se decrete y garantice el cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 1° de la Ley 2013 de 2019, parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 2013 de

PRIMERO: Se decrete y garantice el cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 1° de la Ley 2013 de 2019, parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 2013 de 2019 y artículo 5° de la Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés”; así como, el numeral 8° del artículo 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015, a fin de garantizar y facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, organismos de control, entes gubernamentales y, en general, a todas las partes interesadas en conocer la declaración de bienes y rentas, y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordene al Departamento Administrativo de la Función Pública a publicar y divulgar de forma proactiva y actualizada la declaración de bienes y rentas, y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados.

TERCERO: Se decrete y garantice el cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 830 de 2021 “Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas

Expuestas Políticamente (PEP)”.

CUARTO: En consecuencia, se ordene al Departamento Administrativo de la Función Pública a publicar y divulgar de forma proactiva y actualizada de la declaración de

Expuestas Políticamente (PEP)”.

CUARTO: En consecuencia, se ordene al Departamento Administrativo de la Función Pública a publicar y divulgar de forma proactiva y actualizada de la declaración de bienes y rentas, y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de

las Personas Expuestas Políticamente.6

1.2. Hechos

Luego de recapitular el contenido de cada una de las disposiciones invocadas, el actor explicó que el DAFP implementó el Aplicativo por la Integridad Pública – Consulta ciudadana – Declaraciones Ley 2013 de 2019, con el que presuntamente se acataban las órdenes que emanan de las normas invocadas en su escrito de demanda.

No obstante, indicó que realizada la consulta a través del sitio web establecido para tales fines, se encontró que la información no se encontraba disponible para

3 Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés 4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 5 Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente. 6 Transcripción original con posibles erroresDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

consulta abierta y tampoco se cuenta con las declaraciones de renta correspondientes.

Con base en lo anterior, dicha conducta, en criterio de la demandante, conlleva la trasgresión de los principios de transparencia, publicidad, promoción de la participación y control social, los cuales se encuentran consignados en la Ley 2013 de 2019.

En ese sentido, Fede Colombia, mediante comunicado de fecha 25 de abril de 2024, radicó ante el DAFP7 constitución en renuencia en la que solicitó el acatamiento de las normas relacionadas con la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, regis tros de conflictos de intereses y el impuesto de rentas y complementarios.

Finalmente, informó que, vencido el término legal establecido para recibir respuesta, el DAFP guardó silencio.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Por auto del 28 de junio de 2024 8, la Magistrada Ponente encontró cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 393 de 1997, por lo que admitió la demanda y ordenó notificar al DAFP.

La autoridad demandada, una vez notificada de la anterior decisión 9, por conducto de apoderado judicial presentó escrito de contestación 10 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional.

La autoridad demandada, una vez notificada de la anterior decisión 9, por conducto de apoderado judicial presentó escrito de contestación 10 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional.

Al respecto, indicó que las normas que son alegadas por la parte actora no conllevan un deber imperativo e inobjetable, pues la interpretación de éstas debe hacerse en armonía con las disposiciones legales que regulan el derecho a la intimidad y el hábeas data.

En ese sentido, refirió que la Superintendencia de Industria y Comercio por conducto de la Dirección de Datos Personales, mediante las Resoluciones 6698 de 2022 y 2986 de 2023, estableció medidas protección frente a la información que se recopila en el aplicativo utilizado por el DAFP para cumplir las normas legales.

7 A través de correo electrónico eva@funcionpublica.gov.co. 8 Ver índice 4 de Samai – Cuaderno de primera instancia. 9 Mediante Oficio No. 17144 del 11 de julio de 2024, remitido a las direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co y notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co. 10 Ver índice 9 de Samai – Cuaderno de primera instanciaDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, resaltó que no es posible predicar el incumplimiento de las normas, dado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, resaltó que no es posible predicar el incumplimiento de las normas, dado que se debe tener en cuenta que existe cierta información que, por expresa disposición del legislador, es de carácter confidencial y, en consecuencia, no puede quedar expuesta a la consulta del público en general.

Por otro lado, sostuvo que el deber reclamado se ha atendido según los parámetros de que trata la Ley 2013 de 2019, pero atendiendo que en su aplicación se deben respetar los demás cuerpos normativos referentes al tratamiento de datos, los cuales tienen el rango de leyes estatutarias y gozan de prelación en cuanto a su aplicación.

Finalmente, solicitó que se dispusiera la vinculación de la Delegada para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Lo anterior, por cuanto el fallo que se adopte en el presente asunto puede contrariar lo ordenado en las instrucciones citadas anteriormente.

1.3.2. Auto que ordena vinculación e intervención de otros sujetos

Con ocasión de la solicitud presentada por el DAFP, por auto del 16 de diciembre de 2024 11, se ordenó la vinculación de la Delegada p ara la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

La Superintendencia de Industria y Comercio , en su escrito de intervención 12,

Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

La Superintendencia de Industria y Comercio , en su escrito de intervención 12, explicó que se realizaron varias mesas de trabajo entre las autoridades presentes en este asunto, es la que se analizó lo atinente a la incidencia de la Ley 2013 de 2019.

En lo que atañe a las Resoluciones 6698 de 2022 y 2986 de 2023, indicó que tales actos administrativos fueron objeto de revocatoria directa. Lo anterior, por cuanto se demostró que el DAFP había adoptado las medidas de seguridad pertinentes frente a la información que se pública.

Finalmente, solicitó que se declaren infundadas las pretensio nes de la demanda interpuesta por la accionante.

La Procuraduría General de la Nación en el informe presentado 13, indicó que no tiene competencia legal para dar cumplimiento a las normas planteadas con la demanda, pues el diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP es único y exclusivo del DAFP.

11 Ver índice 13 de Samai – Cuaderno de primera instancia 12 Ver índice 20 de Samai – Cuaderno de primera instancia 13 Ver índice 21 de Samai – Cuaderno de primera instanciaDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Por otro lado, explicó que la autoridad realizó actuaciones encaminadas a verificar la forma en la que el DAFP estaba dando cumplimiento a las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al manejo y seguridad de la información. Como resultado de lo anterior, señaló:

En este orden de ideas, la revocatoria de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 6698 de 2022 y 2986 de 2023 mediante la Resolución 56588 de 2024, así como con la implementación formal del aplicativo Por la Integridad Pública, ajustado para garantizar el ejercicio del control social en el país, se cumplió los objetivos de la actuación preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, solicitó la desvinculación del trámite, dado que la pretensión de cumplimiento recae única y exclusivamente contra el DAFP.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de mayo de 2025 14, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

TERCERO.- ORDÉNASE al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. que en el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, proceda a realizar todas las gestiones correspondientes para: i) hacer seguimiento a la operabilidad del -SIGEP. y al cumplimiento de las instituciones

-DAFP. que en el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, proceda a realizar todas las gestiones correspondientes para: i) hacer seguimiento a la operabilidad del -SIGEP. y al cumplimiento de las instituciones públicas en la operación, registro, actualización y gestión de dicho Sistema; y ii) reportar a los organismos de control para lo de su competencia, sobre el incumplimiento por parte de las instituciones públicas en lo que respecta a la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas y de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados.

Al respecto, encontró que el DAFP habilitó el Aplicativo por la Integridad en el que se debe consignar la información; no obstante, también advirtió que hay mucha información que no se encuentra publicada y, en ese sentido, contrariando el mandato establecido en la norma.

Conforme lo expuesto , acotó que la entidad tiene la func ión de seguimiento a la información, así como también la de reportar cualquier posible inconsistencia o falta que se presente.

En lo que concierne al artículo 2.1.4.2.12. del Decreto 830 de 2021, que refiere a la consulta pública de Personas Expuestas Políticamente, se demostró en el proceso que dicha base se encuentra actualmente operando y, en ese sentido, declaró su acatamiento.

14 Ver índice 34 de Samai – Cuaderno de primera instanciaDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

6

Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.5. Impugnación del DAFP

El DAFP, dentro de la oportunidad legal correspondiente 15, presentó escrito en el que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declare que ha cumplido con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019.

En sustento de su alzada, explicó que el a quo incurrió en una errada interpretación de las disposiciones legales, pues, e n su sentir, se confundieron las obligaciones que se encuentran a su cargo.

Refirió que el DAFP actualmente maneja dos herramientas, las cuales tienen objetivos diferentes. Por un lado, esta el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, y, por otro lado, el Aplicativo por la Integridad Pública.

En ese sentido, mencionó que es responsabilidad de cada una de las entidades verificar el correcto diligenciamiento de tales bases de datos, por lo que no existe un deber imperativo e inobjetable a cargo de la accionada. Al respecto, manifestó lo siguiente:

En ese sentido, las entidades y organismos responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio al momento de la posesión y/o retiro del cargo , por lo anterior, el Departamento Administrativo para la Función Pública no ha incurrido en acción u omisión que amerite la imposición de ordenes en el presente asunto. (Énfasis del original)

humano a su servicio al momento de la posesión y/o retiro del cargo , por lo anterior, el Departamento Administrativo para la Función Pública no ha incurrido en acción u omisión que amerite la imposición de ordenes en el presente asunto. (Énfasis del original)

Conforme lo anterior, planteó una nulidad por indebida integración del contradictorio, dado que se omitió llamar al proceso a las entidades y organismos encargados de realizar el registro en el SIGEP y el Aplicativo por la Integridad Pública.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de primera instancia del 8 de mayo de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias

15 Ver índice 38 de Samai – Cuaderno principal. La sentencia se notificó el 19 de mayo de 2025 y el escrito de impugnación se radicó el 22 siguiente.Demandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente planteamiento:

• ¿El DAFP incumplió el mandato establecido en en la Ley 2013 de 2019, y los artículos 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015 y 7 del Decreto 830 de 2021?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial

1. el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de p rosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para h acer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitució n Política), laDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

www.consejodeestado.gov.co

acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)16

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)16

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de a ctos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser

16 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia a l cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expre sa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial paraDemandante: Fundación para el Estado de Derecho

Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública

de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial paraDemandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública Radicado: 25000-23-41-000-2024-00943-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [17] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de l a acción de cumplimiento»18, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»19.

En el presente asunto, se encuentra demostrado que Fede Colombia, mediante correo electrónico remitido el 25 de abril de 2024, radicó ante el DAFP escrito por

tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»19.

En el presente asunto, se encuentra demostrado que Fede Colombia, mediante correo electrónico remitido el 25 de abril de 2024, radicó ante el DAFP escrito por medio del cual constituyó en renuencia a la autoridad.

17 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»] 18 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011 -01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 19 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación n.º 25000 -23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º