CE - Sentencia 25000234100020250128301 de 2025

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Demandantes: Federación Nacional de Trabajadores al Servicios del Estado y otro Demandados: Nación, Ministerio de Transporte y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01283-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2025-01283-01

Demandantes: FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL ESTADO Y OTRO

Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema:

Confirma improcedencia. La acción de cumplimiento no es el medio idóneo para pretender el acatamiento de obligaciones vertidas en la convención colectiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia

vertidas en la convención colectiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró improcedente el mecanismo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

La Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado - Fenaltrase y la Asociación Sindical de Meteorología Aeronáutica - Aeromet, actuando por intermedio de apoderado judicial, entablaron acción de cumplimiento en contra de la Nación, Ministerios de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Trabajo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En concreto, se pretende el cumplimiento de los Acuerdos Estatales Nacionales – ANE 2019 y 2021, en los que el Gobierno nacional asumió una serie de compromisos, los cuales, en sentir de las accionantes, están siendo incumplidos. Conforme lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que el Gobierno Nacional, en cabeza del MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DEL TRANSPORTE, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, LA UNIDADLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, LA UNIDADLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL O AEROCIVIL Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, que han incumplido su deber de expedir los actos administrativos y las acciones a que hubiere lugar en el marco del Decreto 160 de 2014 y demás normas en materia de negociación colectiva en relación al cumplimiento de los Acuerdos Nacionales Estatales 116 del 2019 y 314 del 2021 por omisión en sus actuaciones.

SEGUNDA: Que, con fundamento en los hechos expuestos y pruebas aportadas, de la cual se evidencia una grave e inminente vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del grupo de meteorología aeronáutica del IDEAM y ante el incumplimiento del deber contenido en las normas citadas en la presente Acción, se

cual se evidencia una grave e inminente vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del grupo de meteorología aeronáutica del IDEAM y ante el incumplimiento del deber contenido en las normas citadas en la presente Acción, se ordene al Gobierno Nacional (Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL) dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el Artículo 116 del Acuerdo Estatal Nacional – ANE 2019 y el Artículo 314 del ANE Acuerdo Estatal Nacional – 2021 y disponer las medidas necesarias para detener y/o revertir cualquier actuación contraria a los acuerdos sindicales pactados y a los derechos laborales de los trabajadores del grupo de meteorología aeronáutica del IDEAM y proceda con la ejecución de los actos y actuaciones administrativas conforme a lo establecido en el Capítulo II de la presente demanda.1 (Énfasis del original)

1.2. Hechos

Como supuestos fácticos de sus pretensiones, se tienen los siguientes, los cuales, en criterio de la Sala, resultan relevantes para la resolución del presente asunto:

Refirió que el Estado colombiano suscribió el Acuerdo Nacional Estatal 2019, en el que firmaron como adherentes y, en consecuencia, beneficiarios Feneltrase y Aeromet, en el que se estipuló en su artículo 116 lo siguiente:

El Gobierno Nacional ratificará al IDEAM como única autoridad en Meteorología Aeronáutica del país, para lo cual adoptará las normas, recomendaciones y reglamentos

Aeromet, en el que se estipuló en su artículo 116 lo siguiente:

El Gobierno Nacional ratificará al IDEAM como única autoridad en Meteorología Aeronáutica del país, para lo cual adoptará las normas, recomendaciones y reglamentos técnicos de la Organización Meteorológica Mundial-OMM y documentos conexos de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, en procura de garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la aeronavegación en Colombia. Complemento a lo anterior, el Gobierno Nacional expedirá los Actos Administrativos necesarios que especifiquen de manera concreta las competencias del IDEAM frente a la prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica requerido por las organizaciones internacionales. Dentro de los 3 meses siguientes a la firma del Acuerdo el Gobierno nacional iniciará los trámites correspondientes para la expedición de los actos administrativos requeridos.

Este proceso se adelantará con la participación de las organizaciones sindicales firmantes del sector ambiental, firmantes del presente Acuerdo Colectivo, bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales del IDEAM, considerando su conocimiento técnico, científico y experiencia en materia meteorología aeronáutica.2

Por otro lado, refirió que el Gobierno nacional también suscribió el Acuerdo Nacional Estatal 2021, en el que se consignó en su artículo 314 lo siguiente:

1 Transcripción original del texto con posibles errores. 2 Ver folio 38 del documento Anexos aportado con la demanda.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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El Gobierno Nacional firmará en cabeza del IDEAM y AEROCIVIL un nuevo convenio interadministrativo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firma del presente acuerdo y reglamentará dentro del mismo en el marco de cooperación, mínimo los siguientes aspectos: [...]3

Conforme lo anterior, refirió que las demandadas se han sustraído del cumplimiento de las obligaciones que emanan de los acuerdos anteriormente citados, por lo que el 6 y 9 de junio de 2025 se radicó ante las demandadas escrito de constitución en renuencia.

Explicó que la Presidencia de la República, mediante oficio del 26 de junio de 2025, trasladó por competencia la anterior solicitud y con destino a los Ministerios del Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte, la Aeronáutica Civil y el IDEAM.

Finalmente, puntualizó que el IDEAM fue la única autoridad que emitió una respuesta en la que indicó que no era competente para resolver lo pretendido.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

IDEAM.

Finalmente, puntualizó que el IDEAM fue la única autoridad que emitió una respuesta en la que indicó que no era competente para resolver lo pretendido.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Por auto del 4 de septiembre de 2025, la Magistrada ponente de la primera instancia, admitió la acción constitucional y ordenó notificar a los ministerios de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Trabajo y al Ideam. Realizadas las notificaciones por conducto de la Secretaría4, se presentaron las siguientes intervenciones:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por intermedio de apoderada judicial, planteó como defensa la inexistencia de un deber a cargo de la entidad, por cuanto las normas invocadas no se encuentran consignadas en una ley o acto administrativo.

Explicó que, frente al tema del servicio de meteorología aeronáutica, el asunto objeto de debate en el presente caso es de competencia exclusiva de la Aeronáutica Civil, lo cual, en su sentir, conlleva una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por último, precisó que la acción constitucional no puede ser utilizada como medio para modificar las competencias establecidas para cada una de las entidades demandadas.

El Ministerio del Trabajo presentó escrito en el que se pronunció respecto a otro asunto que no guarda relación con la acción de cumplimiento acá estudiada y, en ese sentido, no se hará mención alguna a los argumentos plasmados.

demandadas.

El Ministerio del Trabajo presentó escrito en el que se pronunció respecto a otro asunto que no guarda relación con la acción de cumplimiento acá estudiada y, en ese sentido, no se hará mención alguna a los argumentos plasmados.

3 Ver folio 199 del documento Anexos aportado con la demanda. 4 Mediante Oficios 45540 al 45547 del 5 de septiembre de 2025.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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La Procuraduría 161 Judicial II Administrativa luego de recapitular los antecedentes del caso y realizar unas consideraciones jurídicas en torno a la acción de cumplimiento, emitió concepto en el que indicó que no se cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley 393 de 1997. Lo anterior, dado que los acuerdos invocados como incumplidos no son considerados ley o acto administrativo.

El Ministerio del Transporte alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que, desde el punto de vista constitucional y legal, no tiene asignada

acuerdos invocados como incumplidos no son considerados ley o acto administrativo.

El Ministerio del Transporte alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que, desde el punto de vista constitucional y legal, no tiene asignada competencia alguna frente a las pretensiones incoadas en la demanda.

Asimismo, puso de presente que el debate planteado por la parte accionante conlleva una modificación de la estructura del Estado, pues, no se pueden confundir las funciones y misión que tienen tanto el Ideam como la Aerocivil, lo cual, aparentemente acaeció con los acuerdos colectivos que fundamentan las súplicas de la demandante.

El Ideam indicó que las obligaciones que emanan de los Acuerdos de 2019 y 2021 no son del resorte exclusivo de la autoridad, pues se requiere la articulación de dos o más entidades para su desarrollo e implementación.

Aunado lo anterior, resaltó que el acuerdo suscrito entre las partes se encuentra viciado de nulidad, pues dicho acto tiene un trasfondo que implica el desconocimiento jurídico y funcional de cada una de las autoridades involucradas.

1.3.2. Sentencia de primera instancia

Mediante proveído del 6 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró improcedente la acción de cumplimiento promovida por las demandantes. Lo anterior, por cuanto lo demandado no es susceptible del mecanismo constitucional. Al respecto, indicó lo siguiente:

Con base en el marco normativo y jurisprudencial, la Subsección concluye que la acción de cumplimiento no es el medio idóneo para exigir el cumplimiento del acta de acuerdo

no es susceptible del mecanismo constitucional. Al respecto, indicó lo siguiente:

Con base en el marco normativo y jurisprudencial, la Subsección concluye que la acción de cumplimiento no es el medio idóneo para exigir el cumplimiento del acta de acuerdo final de la negociación colectiva, pues el referido acuerdo no es una ley, ni un ac to administrativo, dado que no es la expresión unilateral de la administración. En esa medida, se impone rechazar las pretensiones de la demanda por improcedentes.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 8 de octubre de 2025 mediante correo electrónico.

1.3.3. Impugnación

En la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de las demandantes presentó escrito en el que formuló alzada contra la sentencia anteriormente indicada, para lo cual precisó que ésta contraviene el marco legal y constitucional que ampara la negociación colectiva en el sector público, desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los tratados internacionales.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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Al respecto, trajo a colación los Decretos 243 de 20245 y 160 de 20146, los cuales establecen el deber demandado. Es decir, en otros términos, la pretensión de cumplimiento tiene fundamento en tales cuerpos normativos y no en los acuerdos suscritos entre las partes.

Adicionalmente, refirió que la interpretación realizada por el Tribunal de primera instancia contraviene el principio de favorabilidad que opera en materia laboral, desconociendo el mandato constitucional establecido en el artículo 53 superior. Lo anterior, por cuanto, en su sentir, no se tuvo en cuenta que las convenc iones colectivas se constituyen en una fuente formal de derecho.

Reiteró el carácter vinculante y obligatorio que tienen los acuerdos colectivos, precisando que su alcance no puede verse como una mera recomendación, sino como una orden irrestricta que es susceptible de cumplimiento.

Finalmente, puso de presente que actualmente existe un perjuicio irremediable que debe ser conjurado por el juez constitucional, dado que las acciones ordinarias resultan tardías y no tutelan los derechos involucrados en el presente asunto.

1.4. Trámite en segunda instancia

La Magistrada ponente en esta instancia, por auto del 10 de noviembre de 2025, encontró que las pretensiones de la demanda habían sido dirigidas contra la Presidencia de la República, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y

La Magistrada ponente en esta instancia, por auto del 10 de noviembre de 2025, encontró que las pretensiones de la demanda habían sido dirigidas contra la Presidencia de la República, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y al Departamento Administrativo de la Función Pública y, en consecuencia, ordenó su vinculación.

Realizadas las notificaciones, se tiene que la Aeronáutica Civil presentó escrito en el que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, dado que se trata de una disputa que involucra a los empleados del Ideam con dicha entidad.

Explicó que la entidad es la competente para el manejo del servicio meteorológico aeronáutico, lo cual significa que no se encuentra en la obligación de acudir a la prestación de servicios por parte del Ideam.

Manifestó que las convenciones colectivas que sustentan las pretensiones de la parte demandante, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, no son consideradas actos administrativos y, en consecuencia, escapan a la procedibilidad de la acción de cumplimiento.

5 Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. 6 Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, en su criterio, la disputa planteada en el caso, involucra únicamente al Ideam y la Aerocivil, dejando a un lado a las demás autoridades llamadas al proceso.

Lo anterior, por cuanto se busca que se dé continuidad a unos presuntos acuerdos existentes entre las autoridades mencionadas, así como el tema de posibles traslados de personal por las condiciones laborales.

Finalmente, la Presidencia de la República, pese a haber sido notificada de la existencia del asunto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante

existencia del asunto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente planteamiento:

• ¿Las autoridades demandadas tienen el deber de cumplir lo estipulado en los artículos 116 y 114 de los Acuerdos Estatales Nacionales – ANE 2019 y 2021, respectivamente?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii)

respectivamente?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii) el caso concreto.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los ac tos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y

encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los ac tos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)7

7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por

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b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,

administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratificaLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

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el incumplimiento