CE - Sentencia 25000234100020250151801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2025-01518-01

Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO

Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

Tema: Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) .

Apropiación de los recursos necesarios para cumplir las contingencias derivadas de contratos celebrados en el marco de Asociaciones Público Privadas (APP). Confirma decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La impugnación fue concedida mediante auto del 19 de noviembre de 2025, y el proceso fue asignado esta Sección el 1 de diciembre de este año. Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado de Derecho (en adelante, FEDECOLOMBIA) presentó demanda contra las siguientes

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 4 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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regulado en el artículo 245 de este código [...].Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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entidades: (i) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el fin de obtener el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 448 de 1998 5; y (ii) la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), por su renuencia en el acatamiento del deber contenido en el artículo 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015 6, «en relación con el funcionamiento del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE)».

2. En consecuencia, la accionante formuló las siguientes pretensiones:

1. Ordenar a la Dirección General de Crédito Público del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir con los deberes establecidos en el artículo 6 de la Ley 448 de 1998:(i) aprobar las valoraciones de obligaciones contingentes de las entidades aportantes; (ii) realizar seguimiento periódico a la evolución de los riesgos cubiertos por el FCEE; y (i ii) determinar, conforme a las disposiciones presupuestales, los incrementos o ajustes de aportes que sean necesarios.

2. Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a través de

las disposiciones presupuestales, los incrementos o ajustes de aportes que sean necesarios.

2. Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a través de la Dirección General de Crédito Público, adoptar las medidas necesarias para que las apropiaciones destinadas al FCEE sean adecuadas y suficientes, y respondan a los parámetros definidos por dicha entidad para el efecto, incluyendo: (a) un pl an de estabilización que asegure la suficiencia financiera del FCEE y (b) acciones correctivas frente a las dificultades derivadas del Decreto 050 de 2023.

3. Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS cumplir el deber establecido en el artículo 2.4.1.5 del Decreto 1068 de 2015, de manera que se cumplan las reglas de suficiencia respecto de las apropiaciones que deben realizarse al FCEE.

1.2. Posición de la parte demandante

3. FEDECOLOMBIA indicó que la Ley 448 de 1998 creó el FCEE, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuya administración corresponde a la

Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP.

4. El FCEE tiene por objeto servir de garantía para el pago de las obligaciones contingentes contraídas por las entidades estatales sometidas al régimen

5 «ARTICULO 6. Aprobación y seguimiento de la valoración de las contingencias . La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales que efectúen aportes al Fondo.

General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales que efectúen aportes al Fondo. Igualmente, esta Dirección realizará un s eguimiento periódico a la evolución de los riesgos cubiertos por el Fondo y determinará el incremento o la disminución de los aportes que fueren necesarios, de conformidad con las disposiciones presupuestales». 6 «ARTÍCULO 2.4.1.5. Obligatoriedad del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas por su régimen deberán incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan cont raído para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato. Los organismos sometidos al régimen de contingencias de las entidades estatales, deberán manejar a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la totalidad de los recursos que apropien en sus presupuestos, para el cumplimien to de obligaciones contingentes contractuales derivadas de los riesgos comprendidos dentro del área de riesgos definida en el artículo 2.4.1.2.2. del Capítulo 2 del presente título».Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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obligatorio de contingencia, es decir, las enunciadas en el artículo 2.4.1.8. del Decreto 1068 de 20157.

5. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 448 de 1998, los recursos del FCEE provienen de «1. Los aportes realizados por las Entidades Estatales. 2. Los aportes del Presupuesto Nacional. 3. Los rendimientos financieros que generen sus recursos. 4. La recuperación de cartera»8.

6. En lo que respecta a los deberes de las entidades demandadas en lo que concierne a la FCEE, indicó que el artículo 6 ibidem le asigna al MHCP tres deberes específicos: (i) aprobar las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las entidades aportantes; (ii) realizar un seguimiento periódico a la evolución de los riesgos cubiertos por el Fondo y (iii) determinar el incremento o la disminución de los aportes, de acuerdo con las disposiciones presupuestales de las entidades estatales.

7. A su vez, aseveró que la ANI y el INVIAS, por ser entidades sometidas al régimen de contingencias, tienen la obligación de incluir en sus presupuestos, «en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes contraídas para cada vigencia fiscal», al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015.

8. No obstante, consideró que existe un incumplimiento por parte de las

de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015.

8. No obstante, consideró que existe un incumplimiento por parte de las demandadas respecto de los proyectos celebrados en el marco de las Asociaciones Público Privadas (APP). Esto, comoquiera que el FCEE constituye una de las fuentes de pago para cubrir la retribución de los contratistas, lo cual tiene por finalidad garantizar «la estabilidad y viabilidad de los proyectos financiados bajo la modalidad APP».

9. Dicho incumplimiento se evidencia con la alerta emitida por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que advirtió sobre «la inusual presión que se ha generado recientemente sobre los recursos del FCEE, debido a que el congelamiento de tarifas de los peajes ordenado en el Decreto 50 de 2023 […], tuvo

7 «ARTÍCULO 2.4.1.8. Entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado. Se someten al régimen obligatorio de contingencias estatales consagrado por la Ley 448 de 1998 y por el presente título, las siguientes entidades, que -en consecuencia - tienen el carácter de aportantes del fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales:

1. La Nación.

2. Los establecimientos públicos.

3. Las empresas industriales y comerciales del Estado.

4. Las sociedades de economía mixta en las que la participación estatal sea de más del 75%.

5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.

6. Las corporaciones autónomas regionales.

7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital de Bogotá.

5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.

6. Las corporaciones autónomas regionales.

7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital de Bogotá.

8. Las entidades estatales indicadas en los numerales 2, 3, 4 y 5 de los niveles departamental, municipal y distrital.

9. Las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas definidas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 en las que el componente de capital público sea igual o superior al 75%.

10. Las sociedades públicas.». 8 Artículo 5 de la Ley 448 de 1998.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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por consecuencia una alteración de los flujos esperados de ingresos para los particulares, obligando al Estado a asumir los desequilibrios financieros».

10. Lo anterior ha significado el incremento de los pagos que debe llevar a cabo el FCEE y la reducción de aportes acumulados, lo cual reduce la capacidad futura para financiar nuevas concesiones. La Procuraduría General de la Nación también alertó sobre tal situación.

11. FEDECOLOMBIA informó que presentó a las demandadas solicitud de cumplimiento de los artículos invocados en la presente demanda, en relación con las cuales aseveró que solo recibió respuestas por parte de la ANI y el Invías 9, en

el siguiente sentido:

cumplimiento de los artículos invocados en la presente demanda, en relación con las cuales aseveró que solo recibió respuestas por parte de la ANI y el Invías 9, en el siguiente sentido:

(i) La ANI reconoció la existencia de 20 contratos de concesión amparados por cláusulas de compensación por menor tráfico o de ingresos mínimos garantizados y, por tanto, afectadas con las medidas de congelamiento de las tarifas de peajes en un valor de $ 494.369.934.650, el cual debe ser compensado con cargo al FCEE.

Así mismo, informó que, para las vigencias 2023 y 2024, incluyó en sus anteproyectos de presupuesto la solicitud de recursos necesarios para cumplir con las contingencias a su cargo. Para 2023, pidió $ 4.6 billones; y, para 2024, $ 9.7 billones. Sin embargo, el monto finalmente reconocido en las respectivas leyes de presupuesto fue inferior , pues la Ley 2276 de 2022, reconoció $ 2.7 billones aproximadamente; y la Ley 2342 de 2023, $ 1.5 billones.

(ii) El Invías indicó que tiene un contrato vigente bajo la modalidad de APP en el que se incluye la referida cláusula de compensación por menor tráfico o de ingresos mínimos garantizados. También comunicó que para la vigencia 2023 realizó el aporte al FCEE por valor de $ 12.712.784.756, sin que a la fecha se hayan realizado las apropiaciones presupuestales con destino al Fondo para las vigencias 2024 y 2025.

12. Para la demandante, lo anterior evidencia que las entidades accionadas no han cumplido a cabalidad con sus deberes, lo cual compromete directamente la

hayan realizado las apropiaciones presupuestales con destino al Fondo para las vigencias 2024 y 2025.

12. Para la demandante, lo anterior evidencia que las entidades accionadas no han cumplido a cabalidad con sus deberes, lo cual compromete directamente la ejecución de los proyectos «y amenaza la estabilidad del esquema de concesiones y APP».

13. Finalmente, se refirió al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción. En particular, puso de presente que la presente acción no comporta gasto alguno. Esto, porque «no se solicita que el juez incorpore partidas al presupuesto, ni que ordene la ejecución inmediata de una apropiación». La finalidad de la demanda es que se ordene que se cumpl a con los deberes de «seguimiento,

9 El MHCP solicitó una prórroga de 15 días hábiles para responder, pero FEDECOLOMBIA indicó que a la fecha de presentación de la demanda no había recibido respuesta.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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actualización y debida valoración» de las obligaciones contingentes y la consecuente provisión del FCEE.

14. En el mismo sentido, alegó que se satisface el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que los instrumentos con los que contarían los contratistas por el incumplimiento contractual (v.gr., el arbitraje o el medio de control de controversias

14. En el mismo sentido, alegó que se satisface el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que los instrumentos con los que contarían los contratistas por el incumplimiento contractual (v.gr., el arbitraje o el medio de control de controversias contractuales) buscan obtener compensaciones por daños ya consolidados; mientras que este mecanismo constitucional busca prevenir la configuración de la omisión administrativa.

1.3. Posición de la parte demandada y concepto del Ministerio Público

15. MHCP. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción por la inexistencia de un deber exigible, claro y actual y por perseguir la ejecución de partidas presupuestales.

16. Primero, adujo que la demanda se funda en afirmaciones generales sobre el funcionamiento del FCEE, sin precisar en qué consiste el incumplimiento del Ministerio. También alegó que la entidad no ha incumplido sus deberes de administración del Fondo, en tanto el proceso para la valoración de contingencias está reglado en el Decreto 1068 de 2015, en el que, necesariamente, participan las entidades estatales. Al respecto, indicó que ha ejercido seguimiento a los proyectos APP que incluyen cláusulas de compensación por menor tráfico, y advirtió que a la fecha dicha cartera ministerial no ha emitido aler tas o advertencias técnicas sobre riesgo de desfinanciamiento del FCEE.

17. Segundo, indicó que la acción de cumplimiento no puede ser empleada para ordenar la ejecución forzada de normas que conllevan gasto. En esa medida, no puede declararse el incumplimiento de una disposición legal o reglamentaria si su acatamiento depende de la concurrencia de distintas etapas del ciclo presupuestal

ordenar la ejecución forzada de normas que conllevan gasto. En esa medida, no puede declararse el incumplimiento de una disposición legal o reglamentaria si su acatamiento depende de la concurrencia de distintas etapas del ciclo presupuestal y menos aún cuando la eventual orden podría desconocer lo dispuesto en las leyes anuales de presupuesto.

18. ANI. Señaló que la acción de cumplimiento es improcedente, y pidió «denegar» las pretensiones de la demanda. Esto, porque la agencia ha dado respuesta a las peticiones elevadas por la actora, las cuales, a su juicio, contienen decisiones definitivas, que pueden ser cuestionadas por mediante otros medios de control.

19. Adicionalmente, manifestó que ha cumplido con sus obligaciones como entidad aportante del FCEE, pues anualmente presenta su anteproyecto de presupuesto, en el que incluye en el servicio a la deuda los «Planes de aportes aprobados para la vigencia», «Planes de aportes en trámite o por tramitar», «Aportes pendientes de giro de periodos anteriores» y «Decreto 050 de 2023», entre otros.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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20. Invías. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque las normas invocadas no contienen un mandato susceptible de ser exigido

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20. Invías. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque las normas invocadas no contienen un mandato susceptible de ser exigido judicialmente. Para ello, advirtió que el régimen legal de las APP, en el que el FCEE constituye una fuente de pago directa al contratista, no es aplicable al instituto, que se rige por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. De allí que en el único contrato de concesión celebrado se excluyera expresamente la garantía de recaudo mínimo, flujo de tránsito o rentabilidades mínimas de la tasa de peaje. De allí que no exista reclamación alguna contra la entidad por concepto de compensación por menor tráfico o ingresos mínimos garantizados.

21. Ministerio Público . Para la procuradora 161 Judicial II para Asuntos Administrativos deben negarse las pretensiones de la demanda, pues, no hay prueba de que las demandadas hayan desacatado los deberes contenidos en los artículos 6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015. En efecto, la demandante (i) «no demuestra que expresamente que las dos normas se estén incumpliendo» y (ii) confunde el incumplimiento normativo con el aparente déficit del fondo, «que tampoco se prueba».

1.4. Oposición a las contestaciones

22. FEDECOLOMBIA indicó que ninguna de las demandadas desvirtuó el «comportamiento deficitario» del FCEE. Esta situación, a su juicio, da cuenta del incumplimiento, en tanto las obligaciones contenidas en la normas invocadas en la

22. FEDECOLOMBIA indicó que ninguna de las demandadas desvirtuó el «comportamiento deficitario» del FCEE. Esta situación, a su juicio, da cuenta del incumplimiento, en tanto las obligaciones contenidas en la normas invocadas en la demanda «son facultades conjuntas orientadas a un mismo fin, cual es mantener la suficiente patrimonial del Fondo para cumplir con su objeto legal». En tales términos, el déficit referido «constituye la prueba directa del incumplimiento». Así mismo, reiteró que las normas cuyo acatamiento se reclama no conllevan gasto, sino que constituyen una medida de eficiencia fiscal.

1.5. Fallo de primera instancia

23. En sentencia de 24 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la acción sub examine, por considerar que las normas cuyo cumplimiento pidió la demandante establecen gastos.

24. Lo anterior, porque la accionante pretende que las demandadas, entre otras, determinen los incrementos o ajustes de sus aportes al FCEE y adopten las medidas necesarias para que las apropiaciones con destino al Fondo sean adecuadas, suficientes, a fin de que se asegure la suficiencia financiera y acciones correctivas frente al déficit existe. En consecuencia, la acción sub examine tiene por objeto que «medidas de tipo presupuestales para la destinación de recursos públicos», lo cual desborda el ámbito de protección de esta acción al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

desborda el ámbito de protección de esta acción al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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1.6. Impugnación

25. FEDECOLOMBIA impugnó la decisión del a quo , con fundamento en los siguientes argumentos.

26. Primero, los deberes cuyo cumplimiento solicita son de tipo técnico y administrativo previos al proceso presupuestal, por lo que no conllevan gastos.

Indicó que los artículos 6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015 prevén mandatos relativos a (i) realizar activades de valoración, seguimiento, cálculo, proyección, registro contable o inclusión en anteproyectos presupuestales, en el caso del MHCP; y (ii) lleva r a cabo una apropiación en el presupuesto, en relación con la ANI y el Invías. N inguna de esas normas supone la «disposición inmediata de recursos del erario».

27. Segundo, la interpretación del Tribunal vacía de contenido la acción de cumplimiento, en tanto implica que cualquier norma que tenga relación, directa o mediata, con la destinación de recursos públicos deben considerarse como una que establece gasto. Tercero, las apropiaciones con destino al FCEE son un mandato

cumplimiento, en tanto implica que cualquier norma que tenga relación, directa o mediata, con la destinación de recursos públicos deben considerarse como una que establece gasto. Tercero, las apropiaciones con destino al FCEE son un mandato cuyo cumplimiento no es discrecional o facultativo por parte de las demandadas. Por último, insistió en que el déficit del Fondo acredita el incumplimiento de las normas; situación que no fue debidamente analizada por el Tribunal.

II. CONSIDERACIONES

28. La Sala confirmará la sentencia del 24 de octubre de 2025, mediante la cual Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de cumplimiento sub examine.

29. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia y (ii) el análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de este mecanismo constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la constitución en renuencia

30. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin queAccionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento10.

31. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la demanda.

32. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia .

FEDECOLOMBIA aportó la constancia de haber enviado a las entidades demandadas el escrito de «petición de información y solicitud de cumplimiento de deberes legales»12. En esta comunicación solicitó, entre otras: (i) al MHCP, «cumplir con la obligación» de los artículos 1 y 6 de la Ley 448 de 1998; y (ii) a la ANI y al Invías, «cumplir con el deber legal establecido» en los artículos 2.4.1.5. y «11» del Decreto 1068 de 2015. Por su parte, en sus respectivas contestaciones, las entidades demandadas afirmaron haber recibido la solicitud y, asimismo, haberle brindado una respuesta a la fundación demandante13.

33. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la

entidades demandadas afirmaron haber recibido la solicitud y, asimismo, haberle brindado una respuesta a la fundación demandante13.

33. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la constitución en renuencia de la parte demandada.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

34. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)14.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

10 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o a dministrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud». 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 12 Este escrito fue enviado el 11 de junio de 2025 a las siguientes direcciones de correo electrónico: Para:

octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 12 Este escrito fue enviado el 11 de junio de 2025 a las siguientes direcciones de correo electrónico: Para: relacionciudadano@minhacienda.gov.co; contactenos@ani.gov.co; atencionciudadano@invias.gov.co. 13 En lo que respecta al MHCP, esta entidad afirmó haber recibido la solicitud y, contrario a lo afirmado por la accionante, haber dado respuesta el 22 de septiembre de 2025, mediante comunicación n. ° 22025-057476. 14 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Accionante: Fundación para el Estado de Derecho Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-01518-01

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(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

35. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

35. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

36. En el caso concreto, FEDECOLOMBIA pidió el cumplimiento de los artículos 6 de la Ley 448 de 1998 y 2.4.1.5. del Decreto 1068 de 2015, con el fin de que el MHCP, la ANI y el Invías aseguren el correcto funcionamiento del FCEE. Esto, porque a su juicio, existe un riesgo de desfinanciamiento del Fondo que repercute en la viabilidad de los actuales proyectos de APP y en la posibilidad de que estos puedan seguir siendo contratados a futuro.

37. Para la Sala, aunque (i) las normas que se pide acatar están contenidas en una ley y en un decreto reglamentario, respectivamente; (ii) la demanda se dirige en contra de autoridades públicas, (iii) la acción no pretende la protección de derechos fundamentales; y, (iv) e n principio, la demand