CE - Sentencia 25000234100020250152001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

Accionante: TERMONORTE S.A.S. E.S.P.

Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS Tema: Revoca – rechaza y declara la improcedencia de la acción por no superar el requisito de gasto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 6 de noviembre de 2025. Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la empresa Termonorte S.A.

E.S.P., actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2 015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y, iv) 2 del Decreto 381 de 2012, numerales 3 y 4.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [. .]Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[…]

Que promueva las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos requeridos para la implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.

[…]

Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa AIR-E S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención de la SSPD, a fin de que AIR -E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de

de la SSPD, a fin de que AIR -E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes.

[…]

Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se apruebe y autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, que sean necesarias para financiar el Fondo Empresarial.

Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar y desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.

Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar el Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.

[…]

Que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA actúe como facilitador y coordinador del proceso interinstitucional requerido para garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y la prestación continua del servicio público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Que participe activamente en la estructuración de las soluciones de financiamiento requeridas por el Fondo Empresarial.

los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Que participe activamente en la estructuración de las soluciones de financiamiento requeridas por el Fondo Empresarial.

Que preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los trámites internos necesarios para tal fin.

Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, al pago de las costas y agencias en derecho correspondientes.

[…]

1.2. Posición de la parte demandante

3. La empresa accionante señaló que AIR-E S.A.S. E.S.P. es una sociedad cuyo objeto social consiste en la prestación de los servicios públicos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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4. Refirió que dicha compañía radicó ante la Cámara de Comercio de Barranquilla una solicitud de inicio de un Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES) por tener afectaciones financieras.

5. Por lo anterior, el gobierno Nacional, en aras de atender la crisis económica de AIR-E, adoptó las siguientes medidas: i) a través del Decreto 1637

Empresarial (PRES) por tener afectaciones financieras.

5. Por lo anterior, el gobierno Nacional, en aras de atender la crisis económica de AIR-E, adoptó las siguientes medidas: i) a través del Decreto 1637 de 2023, ordenó la creación de una línea de crédito a través de FINDETER, con el objetivo de alivianar la situación financiera de la empresa y, ii) mediante la Resolución No. 40611 DE 2023, el Min isterio de Minas y Energía (MME), por el término de un mes, suspendió los procedimientos de cortos del suministro y estableció como requisito la presentación de una certificación de FINDETER que acreditara la radicación de una solicitud de crédito, conforme lo dispuesto en los decretos 1637 y 1638 de 2023.

6. No obstante, el 10 de octubre de 2023, AIR-E retiró su solicitud de PRES.

Por lo tanto, se suspendió el procedimiento de reorganización y continuó con su operación, con fundamento en las medidas implementadas por la mencionada cartera ministerial.

7. Posteriormente, mediante la Resolución No. 40307 de 5 de agosto de 2024, el MME adoptó , como medida transitoria , la suspensión temporal del procedimiento de limitación de suministro. Dicha decisión aplicaba para agentes que: i) desarroll en integradamente las actividades de distribución y comercialización; ii) atiend an usuarios ubicados en zonas definidas como especiales y cuya demanda representa más del 30% del mercado; y iii) recuperen saldos de la opción tarifaria. A su vez, señaló que dich a medida tendría una vigencia transitoria hasta el 31 de agosto de 2024 o hasta la expedición de una nueva regulación por parte de la CREG.

saldos de la opción tarifaria. A su vez, señaló que dich a medida tendría una vigencia transitoria hasta el 31 de agosto de 2024 o hasta la expedición de una nueva regulación por parte de la CREG.

8. El 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a través de la Resolución No. 20241000531665 de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de AIR-E, luego de encontrar acreditadas las causales de intervención previstas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

9. Luego, el 9 de enero de 2025, por medio de la Resolución No. 202151000004725 emitida por la SSPD, se dispuso que la modalidad de intervención de la mencionada empresa sería con fines liquidatarios y ordenó una etapa de «administración temporal». Esto, debido a que atraviesa una situación financiera compleja que le dificulta el pago de las deudas existentes y las que pudiese llegar a adquirir.

10. Por otra parte, la accionante manifestó que la administración temporal de la empresa, aunque no está sometida a un pla zo máximo, en principio debería prolongarse mientras se adoptan las medidas que garanticen la continuidad del servicio.

11. A su vez, puso de presente el grave deterioro financiero de AIR-E, dado que se «generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones de pesos» y precisó que ha habido una omisión sistemática de las entidades accionadas respecto al

que se «generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones de pesos» y precisó que ha habido una omisión sistemática de las entidades accionadas respecto al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley , lo cual conlleva aAccionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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generar un «exponencial riesgo» en toda la cadena de suministro de energía eléctrica.

12. Finalmente, refirió que el 30 de julio de 2025 constituyó en renuencia al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En dicho escrito, les solicitó el cumplimiento de lo previsto en «los artículos 2 y 365 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, así como lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, los artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto 1369 de 2020, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 381 de 2012».

2019, los artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto 1369 de 2020, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 381 de 2012».

13. No obstante, señaló que , a la fecha de la pres tación de la demanda, las autoridades accionadas no dieron respuesta.

1.3. Posición de la parte demandada

14. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que si bien conoce de la intervención con fines liquidatarios de AIR -E, ello no comporta un deber a su cargo de otorgamiento de garantías o disposición de recursos a su favor.

Señaló que las disposiciones invocadas por la parte demandante son «normas habilitantes» que no contienen un mandato ni le son exigibles , dado que dichas acciones dependen de expedientes técnicos y de la concurrencia de otras autoridades administrativas.

15. Por otra parte, señaló que las pretensiones de la demanda se traducen en erogaciones presupuestales, compromisos de endeudamiento y asunción de riesgos fiscales, lo cual deviene en improcedente la acción de cumplimiento, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

16. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se declare la improcedencia de la acción, debido a que el accionante pretende que se obligue la disposición de recursos del Fondo Empresarial y a viabilizar operaciones de crédito público a favor de AIR-E, actuaciones que constituyen una orden directa de gasto, lo cual desborda el alcance de la acción de cumplimiento.

17. Refirió que las competencias en materia fiscal y de crédito público recaen

viabilizar operaciones de crédito público a favor de AIR-E, actuaciones que constituyen una orden directa de gasto, lo cual desborda el alcance de la acción de cumplimiento.

17. Refirió que las competencias en materia fiscal y de crédito público recaen en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que es el único órgano autorizado para ejecutar operaciones de crédito y otorgamiento de garantías.

18. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía señaló que las disposiciones cuyo cumplimiento se solicita mediante se encuentran supeditadas al cumplimiento de diversas condiciones.

19. Señaló que mediante el Oficio No. 2-2025-015044 del 5 de mayo de 2025, le manifestó a la SSPD su preocupación sobre la situación económica de AIR-E, con el fin de que se adoptaran los correctivos necesarios para que se permitiera el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa a su cargo, particularmente las relacionadas con el mercado mayorista de energía.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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20. En ese sentido, señaló que no ha incurrido en el incumplimiento endilgado por la parte demandante, pues ha realizados esfuerzos para atender los problemas financieros que enfrenta AIR-E.

1.4. Fallo de primera instancia

21. En sentencia del 22 de octubre de 2025 , la Subsección B de la Sección

por la parte demandante, pues ha realizados esfuerzos para atender los problemas financieros que enfrenta AIR-E.

1.4. Fallo de primera instancia

21. En sentencia del 22 de octubre de 2025 , la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento se pretende mediante esta vía no contienen un mandato imperativo en cabeza de las autoridades accionadas.

22. En ese sentido, señaló que dichas normas se refieren únicamente a acciones que conllevan al fortalecimiento de las funciones que ejerce la SSPD, como lo son la creación de fondos y las medidas de sostenibilidad financiera del fondo empresarial. Por lo tanto, de su conteni do no se desprenden ordenes directas que puedan ser ejecutadas mediante acción de cumplimiento.

1.5. Impugnación

23. La parte accionante sostuvo que las disposiciones cuyo cumplimiento solicitó sí contienen mandatos imperativos, claros e inobjetables en cabeza de las autoridades demandadas, ya que «si el Estado decide ejercer sus facultades de intervención, está constitucionalmente obligado a garantiz ar la continuidad, eficiencia, y calidad del servicio, de conformidad con los artículos 365 y 367 de la Constitución».

24. A su vez, señaló que las entidades accionadas « no pueden ejercer de manera abusiva las facultades que les otorgan las disposiciones incumplidas. En esta medida, todas las facultades que ejerce el Estado, a través de sus entidades, entre ellas la activación de mecanismos de financiamiento a favor del Fo ndo Empresarial, hacen parte de la función administrativa y deben excluir cualquier

esta medida, todas las facultades que ejerce el Estado, a través de sus entidades, entre ellas la activación de mecanismos de financiamiento a favor del Fo ndo Empresarial, hacen parte de la función administrativa y deben excluir cualquier decisión arbitraria, lógica e irrazonable. Una decisión con base en la cual no se adopten medidas que permitan garantizar la prestación del servicio público domiciliario por parte de una empresa de servicios públicos respecto de la cual la SSPD ha ordenado su toma de posesión resultaría arbitraria, desproporcional e irrazonable».

25. Por último, refirió que en los casos en los que el Estado ha decidido ejercer sus facultades d e intervención respecto de empresas de servicios públicos domiciliarios, se deben activar los mecanismos de financiación previstos para el Fondo Empr esarial, lo cual constituye un «mandato mínimo imperativo», reconocido por la Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se rechazará la demanda frete a los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y declarará la improcedencia frente a lo demás. Para ello, analizará los siguientes aspectos: i)Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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la constitución en renuencia y, ii) los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento. 2.1. Caso concreto 2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la constitución en renuencia

27. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento5.

28. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresam ente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de la demanda.

29. En este caso está probado que la demandante, el 30 de julio de 2025, le solicitó al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Superintend encia de Servicios Públicos el cumplimiento de lo

solicitó al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Superintend encia de Servicios Públicos el cumplimiento de lo dispuesto en «los artículos 2 y 365 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1 753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, así como lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, los artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto 1369 de 2020, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 381 de 2012». (Énfasis de la Sala)

30. No obstante, en la demanda se precisó que, frente al Decreto 381 de 2012, persigue el cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 2 de dicha disposición. En ese sentido, la Sala considera que la sociedad accionante no agotó el requisito de la renuencia frente a los mencionados numerales, lo cual impide que el juez constitucional estudie el fondo de sus pretensiones, con miras a que se atienda lo establecido en los preceptos citados. Esto, teniendo en cuenta que con el escrito remitido el 30 de julio de 2025 no logró satisfacer el citado requisito de procedibilidad, dado que no solicitó ni identificó expresamente los deberes incumplidos cuyo acatamiento solicita por esta vía7.

5 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

deberes incumplidos cuyo acatamiento solicita por esta vía7.

5 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud». 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providenci a del 20 de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. 7 Al respecto, ver sentencia del 20 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2024-00672-01.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

31. Caso contrario ocurre frente a los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, así como iii) 312 de la Ley 1955

de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, así como iii) 312 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 . Pues, en efecto, el accionante sí solicitó el cumplimiento de las mencionadas disposiciones en el escrito remitido a las accionadas.

32. En ese orde n, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia respecto de los artículos referidos en el numeral anterior y rechazará la demanda respecto de los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 . Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia para rechazar la demanda frente a dichas disposiciones.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

33. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)8.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial

autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

34. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

35. La Sala revocará la decisió n de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la im procedencia de la

8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

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consagran principios y directrices.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

acción, debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento solicitó mediante esta vía comportan un gasto no presupuestado.

Como se expuso previa mente, la sociedad Termonorte S.A. E.S.P. solicitó el cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019 y, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015, los cuales disponen lo siguiente: LEY 812 DE 2003

ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como patrimonio a utónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus veces, o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con sus disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos

patrimonio a utónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus veces, o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con sus disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de liquidación ordenados por la S uperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la financiación de los pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y, en general, de aquellos a los cuales se les terminen los contratos de trabajo. El fondo también podrá financiar las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el parágrafo de la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual participará, un representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno de las Empresas de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las contribuciones hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa. En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE

LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual quedará así:

ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERIN TENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenad or del gasto será el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la prestación del servicio.Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la

www.consejodeestado.gov.co

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Así mis mo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación, siempre y cuando así