CE - Sentencia 25000234100020250154501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

Accionante: PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA

Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tema: Revoca parcialmente – improcedencia porque la norma cuyo cumplimiento se exige establece gasto. Reducción de apropiaciones para gastos de funcionamiento e inversión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 23 de octubre de 2025, dictada por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La demanda fue admitida en providencia del 1 de octubre de 20255 y el recurso de apelación fue concedido mediante auto del 14 de noviembre de 2025. Por lo

(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La demanda fue admitida en providencia del 1 de octubre de 20255 y el recurso de apelación fue concedido mediante auto del 14 de noviembre de 2025. Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...]. 5 En aquella decisión, el Tribunal de primera instancia ordenó notificar como accionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dispuso la vinculación del presidente de la República, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) como terceros con interés.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Pedro Nel Ospina Santamaría presentó demanda en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, que modificó la Ley Orgánica de Presupuesto y que se incorporó en el artículo 78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996.

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a las accionadas:

PRIMERA: Se declare que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está incumpliendo con la obligación de reducir las apropiaciones para gastos de funcionamiento y gastos de inversión como lo ordena el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, incorporado al Decreto Extraordinario 111 de 1996 en su artículo 78.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que reduzca las partidas de gastos de funcionamiento y de inversión en las sumas correspondientes a la mayor brevedad, dentro del plazo que determine el H. Tribunal.

TERCERA: Que se precisen en el decreto de reducción las partidas afectadas y

funcionamiento y de inversión en las sumas correspondientes a la mayor brevedad, dentro del plazo que determine el H. Tribunal.

TERCERA: Que se precisen en el decreto de reducción las partidas afectadas y el monto del recorte exigido, conforme con el cálculo resultante de las reservas publicadas en el SIIF Nación. […]

1.2. Posición de la parte demandante

3. El actor expuso que la Ley 225 del 20 de diciembre de 19956 integra el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional (EOP), que fue compilado en el Decreto 111 de 1996.

4. Señaló que el artículo 9 de la Ley 225 establece una norma fiscal que propende por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en tanto le ordena al Gobierno Nacional reducir las apropiaciones para: 1) gastos de funcionamiento, cuando las reservas constituidas superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior y 2) gastos de inversión, cuando las reservas excedan el 15% del presupuesto de inversión del año anterior.

5. Afirmó que, en el año 2024, el presupuesto general fue aprobado mediante la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023. Con base en ello, mencionó que las apropiaciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 para gastos de funcionamiento fueron de $61.885.402.449.498,5 y para gastos de inversión de

$58.815.947.434.7327.

6 «Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto» 7 En el escrito inicial de la demanda, el señor Ospina Santamaría afirmó que la cifra era de

$58.815.947.434.7327.

6 «Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto» 7 En el escrito inicial de la demanda, el señor Ospina Santamaría afirmó que la cifra era de $13.967.663.784.456. No obstante, con posterioridad allegó memorial aclaratorio en él que mencionó que dicho concepto era por 58.815.947.434.732.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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6. Por su parte, señaló que el 2% de las apropiaciones vigentes para gastos de funcionamiento correspondía a $1.237.708.048.990, mientras que el 15% para gastos de inversión era de $8.822.392.115.210.

7. Enseguida, reseñó que, de conformidad con el cálculo publicado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIFF Nación), a diciembre de

2024:

• El monto de reservas para gastos de funcionamiento fue de $13.967.663.784.456. Es decir, el 22,57% de las apropiaciones correspondientes. - El monto de reservas para gastos de inversión fue de $24.861.019.989.144. Esto significa, el 57,27% de las apropiaciones respectivas.

8. Indicó que, a la fecha de presentación de la demanda, el Gobierno

• El monto de reservas para gastos de inversión fue de $24.861.019.989.144. Esto significa, el 57,27% de las apropiaciones respectivas.

8. Indicó que, a la fecha de presentación de la demanda, el Gobierno Nacional no ha expedido actos administrativos que reduzcan el monto de las apropiaciones como lo ordena la norma objeto de la demanda, pese a que las reservas para gastos exceden el 2% y el 15% respectivo.

1.3. Posición de la parte demandada

9. El Ministerio de Hacienda, en primer lugar, afirmó que no había fenecido el término para contestar el escrito de renuencia, en tanto aquel data del 3 de septiembre.

10. Luego, alegó la improcedencia de la acción por ausencia de un «deber legal, claro, imperativo y exigible» en el artículo 78 del EOP, pues aquella disposición establece una obligación de carácter programático y técnica orientada a la reducción del presupuesto para gastos de funcionamiento e inversión cuando las reservas superen determinados porcentajes, lo cual supone un proceso de verificación macroeconómica y de adopción de decisiones integrales dentro del ámbito de la potestad reglamentaria y de planeación fiscal

del Gobierno Nacional.

11. A la par de lo anterior, afirmó que en el artículo 31 del Decreto Ley 1523 de 2024 (actual Presupuesto General de la Nación ), el Gobierno Nacional estableció expresamente que el presupuesto inicial acredita las exigencias del articulo 31 de la Ley 344 del 1996 y 9 de la Ley 225 de 1995. Por lo tanto, tal disposición gozaba de presunción de legalidad y constituía un mandato fiscal,

articulo 31 de la Ley 344 del 1996 y 9 de la Ley 225 de 1995. Por lo tanto, tal disposición gozaba de presunción de legalidad y constituía un mandato fiscal, hasta tanto no fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional.

12. De otro lado, mencionó que la acción de cumplimiento no es procedente para perseguir la ejecución de giros en contravía del sistema presupuestal colombiano. Al respecto, explicó que lo pretendido con la demanda, en últimas, es que le ordene a dicha cartera adoptar medidas financieras o autoriceAccionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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instrumentos de apoyo, lo cual comportar exigir la autorización o entrega de recursos públicos e incluso, activación de mecanismos de financiamiento estatal.

13. En ese orden, expuso que solicitar que se le ordene reclamar una erogación pública, la reasignación de una partida presupuestal, o la creación de una apropiación solo era competencia del poder ejecutivo y al legislativo dentro del sistema presupuestal como lo ordena la Ley Orgánica del Presupuesto.

14. Al respecto, mencionó expresamente que:

[…], la pretensión del demandante de que se “ordene el cumplimiento” del artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto —esto es, la reducción modificación de las apropiaciones presupuestales vigentes—, equivale a exigir la adopción de

[…], la pretensión del demandante de que se “ordene el cumplimiento” del artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto —esto es, la reducción modificación de las apropiaciones presupuestales vigentes—, equivale a exigir la adopción de decisiones de contenido fiscal y financiero, cuya materialización implicaría afectar las apropiaciones y reservas presupuestales fijadas en la Ley Anual de Presupuesto. Dichas operaciones, sin embargo, solo pueden realizarse dentro del procedimiento constitucional previsto en los artículos 345 a 347 de la Carta Política, y conforme a los parámetros técnicos y normativos establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). […]

15. En esa línea, afirmó que, de permitirse que a través de esta vía se avalara la posibilidad de exigirse giros, traslados, reducciones o incrementos de partidas presupuestales, se le otorgaría al juez constitucional una competencia que no le corresponde y en claro desconocimiento de los principios de planeación, legalidad del gasto, equilibrio presupuestal y separación de poderes.

16. El representante del DAPRE y el presidente de la República afirmó que el demandante no alegó un deber incumplido por parte de sus representados que estuviera contenido en alguna resolución, decreto o ley. Asimismo, precisó que no ha omitido el acatamiento del artículo noveno de la Ley 225 de 1995, contenido en el artículo 78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996.

17. De otro lado, precisó que la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto deben seguir la normativa presupuestal en la Ley Orgánica de Presupuesto. Bajo esa lógica, consideró que

17. De otro lado, precisó que la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto deben seguir la normativa presupuestal en la Ley Orgánica de Presupuesto. Bajo esa lógica, consideró que lo perseguido por el accionante era impertinente frente a sus representados, máxime cuando no se había agotado frente aquellos el requisito de la renuencia y tampoco fueron demandados,

18. EL DNP, por su parte, mencionó que ha actuado dentro del marco jurídico vigente, en estricto cumplimiento de las funciones que le son propias y que no tiene ninguna facultad para ejecutar el mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995.

19. Asimismo, alegó que no se había agotado el requisito de la renuencia como requisito de procedencia, toda vez que nunca recibió ningún requerimiento del accionante en tal sentido. Agregó que, si bien su vinculación se habíaAccionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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realizado directamente en el auto admisorio de la demanda en virtud de la referencia genérica a «Gobierno Nacional» contenida en el artículo 78 del EOP, lo cierto es que con ello se le privó del espacio administrativo y natural para pronunciarse sobre el acatamiento de tal deber . Adujo que no podía reemplazarse el requisito de la constitución en renuencia con tal notificación.

lo cierto es que con ello se le privó del espacio administrativo y natural para pronunciarse sobre el acatamiento de tal deber . Adujo que no podía reemplazarse el requisito de la constitución en renuencia con tal notificación.

20. De otro lado, enfatizó en el procedimiento técnico para la eventual de reducción de apropiaciones presupuestales y con ello, señaló que la norma objeto de la demanda no imponía obligaciones autónomas y simultaneas a cada entidad del gobierno, sino que aquella se concentraba en la decisión de la autoridad presupuestal nacional luego de ponderar criterios de legalidad, sostenibilidad, eficiencia y continuidad del gasto.

21. También, expuso que la expresión «Gobierno Nacional» contenida en la norma objeto de la demanda , debía leerse de forma sistemática con la distribución funcional de competencias prevista en la Constitución y la legislación orgánica presupuestal, lo cual permite concluir; de un lado, que aquel órgano no era competente para ejecutarla, pues su competencia en el ciclo es técnica y de planeación y; de otro, que su acatamiento corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de autoridad presupuestal nacional y órgano rector de la política fiscal.

22. Con posterioridad, dio alcance a la contestación de la demanda para reseñar que tal entidad no participa en la certificación, validación o reducción de las reservas presupuestales, pues aquello correspondía de manera exclusiva al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, y su intervención se circunscribía únicamente a las laborales de planeación, seguimiento y consolidación de la información sobre inversión

Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, y su intervención se circunscribía únicamente a las laborales de planeación, seguimiento y consolidación de la información sobre inversión pública, en desarrollo de las competencias establecidas en la Ley 152 de 1994 y el Decreto 3517 del 2009.

1.4. Oposición a las contestaciones8

23. El accionante allegó escrito de oposición a la contestación de demanda del Ministerio de Hacienda. En concreto, refirió que contrario a lo señalado por dicha cartera, para cumplir la obligación objeto de demanda no se requ ería ninguna programación, verificación macroeconómica, ni la adopción de decisiones integrales dentro del ámbito de la potestad reglamentaria y de planeación fiscal del Gobierno Nacional. Afirmó que solo era necesario comparar las reservas constituidas con el valor del presupuesto del año anterior.

1.4. Fallo de primera instancia

8 Conviene destacar que sobre el particular la Ley 393 de 1997 no prevé etapa u oportunidad procesal para ello.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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24. En sentencia del 23 de octubre de 2025, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

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24. En sentencia del 23 de octubre de 2025, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

PRIMERO.- NEGAR la solicitud de declaratoria de improcedencia de la demanda, por cuanto se constituyó debidamente en renuencia a las demandadas; y porque la norma cuyo cumplimiento se pide no establece gasto. SEGUNDO.- DECLARAR la improcedencia de la demanda por la existencia de otro medio de defensa judicial: la acción pública de inconstitucionalidad. […]

25. Como fundamento de su decisión, advirtió que el accionante si había constituido en debida forma a la cartera accionada, en tanto que, mediante correo electrónico del 3 de septiembre, radicó la solicitud de cumplimiento de la norma objeto de la demanda, sin que se evidenciara respuesta en término. De otro lado, afirmó que la vinculación del DAPRE y DNP fue realizada en virtud de que se estimó como competentes por la materia objeto de debate.

26. De otro lado, desestimó que el argumento de improcedencia por gasto propuesto por el Ministerio de Hacienda no tenía asidero, comoquiera que la disposición objeto de la litis no establecía una erogación, sino que regula el establecimiento de este mediante el trámite propio de la ley anual de presupuesto.

27. Finalmente, declaró la improcedencia de la demanda por subsidiariedad.

Como fundamento de su decisión expuso que lo pretendido es que se modifique la ley de presupuesto de 2025 (artículo 31 del Decreto 1523 de 2024) y para ello, la parte actora contaba con la acción pública de inconstitucionalidad prevista en

Como fundamento de su decisión expuso que lo pretendido es que se modifique la ley de presupuesto de 2025 (artículo 31 del Decreto 1523 de 2024) y para ello, la parte actora contaba con la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Carta.

28. En efecto, el a quo consideró que, de conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DAPRE, se había dado cumplimiento al mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 1523 de 2024, mediante la cual se aprobó el presupuesto de 2025, por cuanto allí se consagró:

ARTÍCULO 31. En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2025 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 9 de la Ley 225 de 1995.

1.5. Impugnación

29. La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Para el efecto, afirmó que las reservas solo pueden constituirse con certeza a corte del 31 de diciembre del año anterior al que rige el presupuesto. De ahí que, cualquier cálculo de las mismas en una fecha previa no cumple con lo dispuesto en las leyes orgánicas ni reglamentos.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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ni reglamentos.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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30. A partir de ahí, expuso que era materialmente imposible que el Decreto 1523 de 2024 hubiera contemplado las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 y, con ello, acatado lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 225 de 1995, pues fue presentado por el Gobierno Nacional el 29 de julio de 2024.

31. De otro lado, resaltó que lo pretendido era que el Ministerio de Hacienda, con fundamento en las reservas legalmente constituidas con corte al 31 de diciembre de 2024 y su comparación con el monto del presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión de la vigencia 2024, redujera las apropiaciones del presupuesto de la actual vigencia fiscal, contenido en el Decreto 1523 de 2024, según lo ordena el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y no defender la supremacía de la Constitución con la «acción de inexequibilidad».

II. CONSIDERACIONES

32. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia, y ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia, y ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

33. Como viene de verse, el señor Pedro Nel Ospina Santamaría presentó demanda contra el Ministerio de Hacienda, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995.

34. Para el accionante, de acuerdo con esta norma, la cartera accionada debe reducir las apropiaciones del presupuesto para la vigencia actual –contenido en el Decreto 1523 de 2024 –, teniendo en cuenta las reservas legalmente constituidas con corte a 31 de diciembre de 2024.

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la constitución en renuencia de los accionados

35. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento9. 9 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante

incumplimiento9. 9 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad seAccionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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36. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la demanda.

37. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia al Ministerio de Hacienda, respecto del artículo 9 de la Ley 225 de 1995, incorporado al Decreto Extraordinario 111 de 1996 en su artículo 78. En efecto, se corroboró que el 3 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico le pidió a tal autoridad el acatamiento de tal disposición.

38. En ese orden de ideas y, atendiendo al artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como la autoridad accionada omitió dar una respuesta en el término de 10 días siguientes al radicado de la petición, es claro que la cartera accionada fue

38. En ese orden de ideas y, atendiendo al artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como la autoridad accionada omitió dar una respuesta en el término de 10 días siguientes al radicado de la petición, es claro que la cartera accionada fue constituida debidamente en renuencia.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

39. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)11.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud». 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud». 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P . Dr. Mauricio T orres Cuervo. 11 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

40. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad conlleva la improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

41. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 225 de 1995 compilado en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, esta Sección advierte que, en principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen

41. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 225 de 1995 compilado en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, esta Sección advierte que, en principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen rango de ley o acto administrativo.

42. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad pública, pues los deberes cuyo cumplimiento se exigen estarían a cargo del Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

43. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la acción promovida por la parte actora actora es improcedente porque no acredita el prespuesto de gasto.

En esencia, se considera que la acción de cumplimiento no es procedente para dictar órdenes relacionadas con el manejo del Prespuesto General de la Nación, en la medida en que aquello es una competencia reservada al Gobierno Nacional.

44. Para el efecto, debe recordarse que el constituyente de 1991 diseñó la acción de cumplimiento como una herramienta « […] que le permita a toda persona solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante cualquier autoridad»12, de manera que se pudiera contrarrestara la inactividad de los agentes del Estado o de los particulares que ejerzan funciones públicas.

45. Así, se ha considerado que aquellos mandatos contenidos en las normas jurídicas deben ser imperativos, expresos e inobjetables y, aunque no deben tener todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar delimitadas, de aquellos se debe delimitar el alcance de la obligación y la finalidad del legislador al momento de contemplar el referido mandato.

tener todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar delimitadas, de aquellos se debe delimitar el alcance de la obligación y la finalidad del legislador al momento de contemplar el referido mandato.

46. Debe precisarse que lo anterior no implica que el juez de la acción de cumplimiento deba ceder ante cualquier tipo de deberes o mandatos jurídicos.

Por el contrario, el legislador dejó sentado que respecto de aquellas materias en las cuales los sujetos procesales cuenten con otros mecanismos, así como, aquellas relacionadas con gasto público, el rol del operador judicial se agota.

12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de enero de 2024. Radicado núm. 2500023-41-000-2022-00243-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

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47. En línea con lo anterior, se destaca que aquellos asuntos relacionados con materias presupuestales han sido reservados por la Carta Política al Gobierno Nacional, con participación del cuerpo legislativo. Se destaca que, en virtud del texto constitucional, corresponde directamente al Gobierno la formulación del presupuesto de rentas y la Ley de Apropiaciones ante el Congreso de la República, quien lo someterá a debate13.

48. En ese orden de ideas, bajo nuestra arquitectura institucional, los asuntos

presupuesto