CE - Sentencia 25000234100020250161901 de 2025

Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2025-01619-01

Demandante: RAFAEL ANDRÉS NAVARRO CRANE

Demandado: MINISTERIO DEHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tema:

Revoca sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la acción de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento1

El señor Rafael Andrés Navarro Crane , actuando en nombre propio, promovió acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , en la que persigue que acate lo establecido en los artículos 23 del Decreto 111 de

El señor Rafael Andrés Navarro Crane , actuando en nombre propio, promovió acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , en la que persigue que acate lo establecido en los artículos 23 del Decreto 111 de 1996, 10 y 11 de la Ley 819 de 2003 y 26 de la Ley 1508 de 2012.

Conforme lo anterior, a título de pretensión solicitó:

[...] se cumplan con los traslados presupuestales para honrar los compromisos adquiridos bajo la modalidad de Vigencias Futuras para proyectos APP, los cuales ya fueron apropiados en el presupuesto del año 2024 e incluso 2025.2

1.2. Hechos

El accionante sostuvo que, conforme al artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, en los proyectos de infraestructura vial desarrollados bajo esquemas de Asociaciones

1 Índice 02, cuaderno de primera instancia, Samai. 2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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Público-Privadas (APP), la autorización de vigencias futuras constituye un requisito previo que debe ser otorgado por el CONFIS incluso antes de la apertura del proceso de selección y, en todo caso, con anterioridad a la suscripción del respectivo contrato.

Afirmó que, una vez otorgada dicha autorización, las vigencias futuras deben ser

previo que debe ser otorgado por el CONFIS incluso antes de la apertura del proceso de selección y, en todo caso, con anterioridad a la suscripción del respectivo contrato.

Afirmó que, una vez otorgada dicha autorización, las vigencias futuras deben ser incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, de manera que el Ministerio de Hacienda efectúe el traslado presupuestal correspondiente y permita a la entidad ejecutora realizar los aportes a los contratos APP conforme a lo autorizado por el

CONFIS.

En ese orden, señaló que la obligación de asignar y apropiar los recursos destinados al cumplimiento de las vigencias futuras es clara, expresa e incondicional, tal como se deriva del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto – EOP) y de los artículos 10 y 11 de la Ley 819 de 2003 ; normas que imponen al Ministerio accionado el deber de incluir en el presupuesto los recursos necesarios para atender los compromisos derivados de vigencias futuras debidamente autorizadas.

Indicó que, mediante el Decreto 2295 de 2023, modificado por el Decreto 163 de 2024, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024, dentro del cual se asignó y apropió la suma de $ 7 153 266 094 769 para financiar la infraestructura vial primaria a cargo de la ANI, rubro que comprende los proyectos de concesión vial bajo esquemas APP.

Refirió que, a su vez, mediante la Resolución 20246010001495 del 16 de febrero de 2024, la ANI efectuó la desagregación del decreto de liquidación presupuestal

de concesión vial bajo esquemas APP.

Refirió que, a su vez, mediante la Resolución 20246010001495 del 16 de febrero de 2024, la ANI efectuó la desagregación del decreto de liquidación presupuestal respecto de los proyectos de infraestructura vial primaria. No obstante, alegó que, pese a existir apropiación presupuestal suficiente, la ANI ha reconocido en su Informe de Gestión 2024 que no ha recibido la totalidad de los recursos correspondientes, lo cual le ha impedido cumplir con los aportes a varios contratos APP.

En concreto, señaló los siguientes proyectos respecto de los cuales no se habría efectuado el giro total de los recursos asociados a las vigencias futuras correspondientes a la vigencia 2024, a saber: (i) Popayán – Santander de Quilichao; (ii) Mulaló – Lobo Guerrero; (iii) Ruta del Sol – Sector 3; (iv) Troncal Magdalena 1, y (v) Troncal Magdalena 2.

Señaló que , el 18 de septiembre de 2025, requirió a la carretera ministerial accionada el cumplimiento de las normas solicitadas en cumplimiento y, a la fecha de radicación de la demanda, tal solicitud no fue contestada.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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1.3. Admisión, notificación y contestación

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1.3. Admisión, notificación y contestación

Por auto del 7 de octubre de 20253, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la acción de cumplimiento y ordenó la notificación de la entidad demandada4.

Realizadas las notificaciones correspondientes 5, se recibió la siguiente contestación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público6:

La accionada explicó que el Gobierno nacional se encuentra facultado para reducir o aplazar apropiaciones presupuestales durante el desarrollo de la vigencia fiscal, cuando concurran circunstancias como insuficiencia en el recaudo efectivo, desfinanciación de los gastos aprobados, falta de per feccionamiento de créditos autorizados o necesidades de coherencia macroeconómica.

Precisa que el aplazamiento presupuestal no implica la pérdida de las partidas apropiadas, sino un congelamiento temporal de los recursos, de tal manera que las obligaciones legalmente contraídas por el Estado continúan vigentes, incluidas aquellas derivadas de vigencias futuras, aun cuando su ejecución pueda diferirse en el tiempo en función de la disponibilidad de recursos.

En relación con los proyectos puntualmente aludidos en la demanda, manifiesta que varias iniciativas sujetas al régimen de vigencias futuras en el sector transporte presentan condiciones particulares que impiden la ejecución inmediata de los recursos, como aplazamientos presupuestales, terminaciones anticipadas o controversias judiciales.

varias iniciativas sujetas al régimen de vigencias futuras en el sector transporte presentan condiciones particulares que impiden la ejecución inmediata de los recursos, como aplazamientos presupuestales, terminaciones anticipadas o controversias judiciales.

Por otro lado, alegó que no se configura el requisito de renuencia, por cuanto el accionante no acreditó haber presentado solicitud formal ante el Ministerio de Hacienda a través de sus canales institucionales.

En cuanto al fondo del asunto, adu jo que no se satisface el presupuesto de procedencia de la acción, por cuanto las normas invocadas por el actor no contienen un mandato claro, expreso e incondicionado a cargo del Ministerio de Hacienda, sino que consagran obligaciones de carácter técnico su peditadas a la evaluación macroeconómica y al ejercicio de la potestad de dirección fiscal del Gobierno nacional.

Indicó que las decisiones de ejecución presupuestal deben armonizarse con los principios constitucionales de sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto y estabilidad macroeconómica, de modo que la sola apropiación presupuestal no genera un

3 Índice 4 del cuaderno de primera instancia, Samai. 4 Notificación enviada al correo electrónico notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co. 5 Índice 9 del cuaderno de primera instancia, Samai. 6 Índice 10 del cuaderno de primera instancia, Samai.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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derecho inmediato a favor de las entidades ejecutoras para exigir el desembolso de recursos en una fecha específica.

Finalmente, argumentó que la pretensión formulada por el actor implica la orden de efectuar una erogación pública o de activar mecanismos de financiamiento estatal, materia que es competencia exclusiva de los órganos ejecutivo y legislativo dentro del sistema presupuestal. Agregó que, conforme al artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento es improcedente cuando se pretende hacer efectivas normas que establezcan gastos.

1.4. Fallo de primera instancia7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de sentencia del 6 de noviembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que la obligación de efectuar traslados o giros derivados de vigencias futuras no es automática ni incondicionada, pues está sujeta a la facultad legal del Ministerio de Hacienda de reducir o aplazar apropiaciones presupuestales conforme al EOP.

Destacó que el Ministerio accionado ejerció válidamente dicha potestad mediante el Decreto 0069 de 2025, circunstancia que impide predicar un mandato claro, expreso y exigible de las normas solicitadas en cumplimiento por el señor Navarro Crane.

De igual manera, señaló que las apropiaciones presupuestales son autorizaciones

Decreto 0069 de 2025, circunstancia que impide predicar un mandato claro, expreso y exigible de las normas solicitadas en cumplimiento por el señor Navarro Crane.

De igual manera, señaló que las apropiaciones presupuestales son autorizaciones de gasto y no órdenes imperativas de ejecución, por lo que su inclusión en el presupuesto no impone el desembolso inmediato de recursos. También indicó que, en línea con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 1998, el juez de cumplimiento no puede ordenar la ejecución del gasto ni la incorporación de partidas presupuestales, pues ello vulneraría el sistema constitucional presupuestal.

La anterior decisión se notificó mediante correo electrónico remitido a las partes el 11 de noviembre de 20258.

1.5. Impugnación9

A través de memorial del 18 de noviembre de 2025, l a parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.

7 Índice 12 del cuaderno de primera instancia, Samai . 8 Índice 15 del cuaderno de primera instancia, Samai. 9 Índice 17 del cuaderno de primera instancia, Samai.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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En primer lugar, el accionante insistió en que las normas invocadas sí imponen

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En primer lugar, el accionante insistió en que las normas invocadas sí imponen deberes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, además, controvirtió que dichos mandatos se encuentren condicionados como lo indica el a quo.

Al respecto, alegó que el artículo 23 del EOP no solo otorga la competencia para autorizar vigencias futuras, sino que impone el deber de incluir en el presupuesto anual las asignaciones necesarias para atenderlas y, una vez surtidas las etapas de autorización, aval fiscal, apropiación y desagregació n, el traslado de recursos a la entidad ejecutora se torna mandatorio.

Afirmó que el Decreto 0069 de 2025 no cobija todos los proyectos APP ni tiene el alcance que le atribuyó el fallo recurrido, pues únicamente afectaría a los proyectos Canal del Dique, Bucaramanga–Pamplona y Mulaló–Loboguerrero, mas no a otros como Troncal Magdalena I y II, respecto de los cuales el incumplimiento persiste.

Cuestionó que el fallo haya valorado el bajo avance físico de algunas obras como justificación para la no exigibilidad del traslado presupuestal, dado que dicha consideración no constituye causal de aplazamiento conforme al aludido Decreto 0069 de 2025.

Por último, subrayó que la acción no persigue la creación de gasto ni la incorporación de nuevas apropiaciones, sino la transferencia de recursos ya apropiados y desagregados para honrar obligaciones contractuales vigentes bajo

0069 de 2025.

Por último, subrayó que la acción no persigue la creación de gasto ni la incorporación de nuevas apropiaciones, sino la transferencia de recursos ya apropiados y desagregados para honrar obligaciones contractuales vigentes bajo proyectos APP, actuación que, en su criterio, e s exigible mediante la acción de cumplimiento.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor Rafael Andrés Navarro Crane , de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 10, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

10 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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Sección Primera, Subsección B , que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de l Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento de los artículos 23 del Decreto 111 de 1996, 10 y 11 de la Ley 819 de 2003 y 26 de la Ley 1508 de 2012 en el sentido de que efectúe los traslados presupuestales para honrar los compromisos adquiridos bajo la modalidad de Vigencias Futuras para proyectos APP?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia ; (iii) procedencia de la acción de cumplimiento y (iv) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1 de la Ley 393 de 1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de l a ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante elDemandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional11:

[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)12.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la

11 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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consagran principios y directrices.Demandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8 .° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber le gal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta ma nera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»13.

A partir de los hechos expuestos en la demanda y los documentos aportados con ésta, se tiene que, el 18 de septiembre de 2025, el señor Navarro Crane requirió a la entidad demandada , por medio de escrito enviado al correo electrónico notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co el cumplimiento de de los artículos 23 del Decreto 111 de 1996 , 10 y 11 de la Ley 819 de 2003 y 26 de la Ley 1508 de

2012. Lo anterior, para que « se cumplan con los traslados presupuestales para honrar los compromisos adquiridos bajo la modalidad de Vigencias Futuras para proyectos APP, los cuales ya fueron apropiados en el presupuesto del año 2024 e incluso 2025».

Puesto que en el expediente no obra pronunciamiento alguno de la demandada frente al requerimiento en mención, la Sala entiende agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 , contrario a los argumentos de la cartera accionada.

13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

CuervoDemandante: Rafael Andrés Navarro Crane

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

CuervoDemandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

En el caso de la referencia , el accionante acude a la acción de cumplimiento para que se ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público acatar lo dispuesto en los artículos 23 del Decreto 111 de 1996, 10 y 11 de la Ley 819 de 2003 y 26 de la Ley 1508 de 2012 ; normas que, en su criterio, imponen a dicha cartera ministerial el deber de garantizar la asignación y el traslado de los recursos necesarios para atender los compromisos asumidos bajo la modalidad de vigencias futuras en proyectos desarrollados mediante esquemas de APP.

En concreto, pretende que se ordene la realización de los traslados presupuestales exigidos para cumplir los compromisos derivados de contratos APP, correspondientes a las vigencias fiscales 2024 y 2025, bajo el argumento de que dichos recursos ya fueron autorizados por el CONFIS y previstos en el Presupuesto General de la Nación, razón por la cual el traslado a la ANI, estima que deviene en una obligación clara, expresa e incondicional a cargo del Ministerio de Hacienda.

General de la Nación, razón por la cual el traslado a la ANI, estima que deviene en una obligación clara, expresa e incondicional a cargo del Ministerio de Hacienda.

Revisadas las disposiciones normativas invocadas, la Sala advierte que estas se encuentran actualmente vigentes, no han sido derogadas , ni removidas del ordenamiento jurídico mediante sentencia judicial ejecutoriada, motivo por el cual satisfacen, en principio, la exigencia de existencia de la norma cuyo cumplimiento se pretende.

De igual forma, se observa que el actor no dispone de un medio de defensa alternativo idóneo y eficaz para obtener el cumplimiento de las disposiciones cuya observancia se reclama, ni se evidencia que la controversia planteada verse sobre la afectación de derechos fundamentales que habilite el uso de la acción de tutela como mecanismo judicial preferente.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que la pretensión formulada riñe con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, conforme al cual la acción de cumplimiento no procede cuando se pretende hacer efectivo el cumplimiento de disposiciones legales que impliquen la realización de un gasto.

Dicha norma fue objeto de control constitucional por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C -157 de 1998, en la cual se declaró su exequibilidad, al precisar que el juez de cumplimiento no puede ordenar la inclusión ni la ejecución de partidas presupuestales sin vulnerar el diseño constitucional del sistema fiscal y presupuestal. En dicha providencia, la Corte señaló:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se

presupuestal. En dicha providencia, la Corte señaló:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debeDemandante: Rafael Andrés Navarro Crane Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público Radicado: 25000-23-41-000-2025-01619-01

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garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura. (subraya propia)

De conformidad con la interpretación efectuada por la Corte Constitucional acerca

descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura. (subraya propia)

De conformidad con la interpretación efectuada por la Corte Constitucional acerca de la causal de improcedencia prevista en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, contrario a lo manifestado por el accionante, el mecanismo constitucional no solo resulta improcedente cuando se pretende ordenar la realización de un gasto no previsto en el presupuesto, sino incluso cuando lo solicitado es la ejecución de una partida ya incorporada en la Ley Anual de Presupuesto, pu es, como lo precisó la Corte , ello implica quebrantar el diseño del sistema presupuestal y alterar la distribución de competencias y procedimientos previstos para tal fin.

Así, el asunto sub examine encaja de manera precisa en el supuesto de improcedencia decantado en la sentencia C-157 de 1998, ya que lo pretendido por el accionante es que se ordene al Ministerio de Hacienda ejecutar el presupuesto correspondiente a vigencias futuras, mediante el traslado de recursos a la ANI para la financiación de proyectos estructurados bajo esquemas de APP.

La Sala resalta que esta causal de improcedencia fue advertida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la sentencia de primera instancia, en la cual, aludiendo a la sentencia C-157 de 1998, señaló:

Aunado a lo anterior, la Sala destaca que, en todo caso, le está vetado al juez constitucional por medio de este preciso tipo de acciones constitucionales ordenar que el gasto previsto en una ley se i