CE - Sentencia 25000234200020130518501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

Demandante: Diana Marina Vélez Vásquez

Demandado: Bogotá, Distrito Capital

Temas: Insubsistencia. Empleada de libre nombramiento y remoción.

Desviación de poder. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Diana Marina Vélez Vásquez instauró demanda en contra de Bogotá Distrito Capital, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las

siguientes:

PRETENSIONES

derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Decreto 546 del 29 de noviembre de 2012 «Por el cual se declara una insubsistencia y se hace un nombramiento» y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene su reintegro al cargo que ocupaba o a uno de igual o superior jerarquía, se paguen las asignaciones, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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3. Que fue nombrada directora general del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) el 16 de septiembre de 2010 . Que durante su ejercicio cumplió cabalmente sus funciones y debió afrontar el reto profesional de ajustar el régimen salarial de la entidad al de la rama ejecutiva del orden nacional, como conclusión de una acción popular. Para este fin contrató la Universidad Distrital con el ánimo de asesorar el proceso.

4. Manifestó que, pese al descontento de la junta directiva y los funcionarios del Distrito, cumplió con la providencia rigurosamente, amparada por los conceptos de la Universidad y los funcionarios del FONCEP.

4. Manifestó que, pese al descontento de la junta directiva y los funcionarios del Distrito, cumplió con la providencia rigurosamente, amparada por los conceptos de la Universidad y los funcionarios del FONCEP.

5. Que nombró a la señora Mónica Liliana Torres Cárdenas como subdirectora de prestaciones sociales, en virtud de su experiencia y el resultado de un proceso de selección. Sin embargo, esta renunció y ella le aceptó la renuncia, especialmente, porque recibió quejas sobre su desempeño laboral y maltrato a sus subordinados.

6. Afirmó que el secretario general le solicitó revocar el acto administrativo de aceptación de la renuncia o reintegrar la, por supuesta o rden del alcalde mayor de

Bogotá D.C., quien tenía un compromiso burocrático de un concejal; sin embargo, se abstuvo de proceder en dicho sentido. Que, en virtud del vínculo de amistad entre aquel y la señora Torres Cárdenas, fue citada a control político por el Concejo Distrital; pero antes fue declarado insubsistente su nombramiento, por lo que el concejal desistió de convocar la audiencia de control.

7. Que, una vez se apartó de l cargo, nombraron nuevamente a la señora Torres Cárdenas como subdirectora de prestaciones económicas del FONCEP. Adujo que su sucesora ignoró toda la propuesta y el diseño institucional para cumplir con la orden del juez popular y, descartada la estrategia de implementación de una planta de personal definitiva, procedió a crear plantas temporales de empleo, en contravía del deber ser legal.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

orden del juez popular y, descartada la estrategia de implementación de una planta de personal definitiva, procedió a crear plantas temporales de empleo, en contravía del deber ser legal.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

8. Expuso que los actos demandados v ulneran los artículos 2, 29, 209 y 315 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 44, 104 y 138 del CPACA y 38 (numeral 8) de la Ley 1421 de 1993. Argumentó que la consecuencia del acto fue la desmejora en la prestación del servicio y que este se expidió con desviación de poder, pues atendió a finalidades burocráticas y transgredió los principios de transparencia y moralidad pública. Adujo que tuvo por finalidad entorpecer el cumplimiento de una orden judicial y permitir el nombramiento de la señora Torres Cárdenas como subdirectora de prestaciones sociales del FONCEP , asuntos relacionados . De allí que se hizo uso desproporcional e irrazonable de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción. Añadió que la decisión no fue motivada.Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

9. El 14 de febrero de 201 4 se admitió la demanda . L a entidad expresó que el empleo de directora general del FONCEP, código 50, grado 09, era de libre

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

9. El 14 de febrero de 201 4 se admitió la demanda . L a entidad expresó que el empleo de directora general del FONCEP, código 50, grado 09, era de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, la demandante no gozaba de estabilidad y, tratándose de una facultad discrecional, podría ser retirada del servicio en cualquier momento sin necesidad de motivar la decisión. Que estos actos se presumen fundamentados en el mejoramiento del servicio y que el buen desempeño de las funciones no implica estabilidad en el cargo.

10. Que la entidad cumplió con la providencia judicial y que las tareas desarrolladas por la demandante en este sentido no fueron precisamente adecuadas y convenientes; sin embargo, que la determinación del i ncumplimiento del fallo solo corresponde a las autoridades judiciales.

11. Manifestó que el servicio no desmejoró por la declaratoria de insubsistenci a y que la demandante no explicó cómo es que esto sucedió por la creación de una planta temporal de empleo, medida que se consideró urgente para adelantar el proceso de dignificación del empleo en la entidad mientras que, en el largo plazo, se creaba la planta definitiva.

12. Que no existe un vínculo causal entre la aceptación de la renuncia a la señora Torres Cárdenas y la posterior insubsistencia del nombramiento y que no se acreditó la intervención de un concejal para este cometido. Lo anterior, porque la demandante sustentó la cercanía entre el concejal y la su bdirectora saliente de acuerdo con la información disponible en la red social «Facebook», que no es medio idóneo para probar esta clase de relación.

demandante sustentó la cercanía entre el concejal y la su bdirectora saliente de acuerdo con la información disponible en la red social «Facebook», que no es medio idóneo para probar esta clase de relación.

13. Excepcionó «ausencia de causales que invaliden los actos administrativos» y caducidad.

14. El 13 de marzo de 2018 se celebró audiencia inicial, donde se pospuso para la sentencia la decisión sobre la excepción de caducidad, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. La parte demandante interpuso recurso de apelación ante la negativa de varias solic itudes probatorias, pero desistió del mismo previo envío al superior jerárquico. El 30 de marzo de 2022 se practicaron las pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. En sentencia del 8 de mayo de 2023 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria , negó las pretensiones de la

demanda. Distinguió entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento yRadicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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remoción, enfatizó en que los últimos requieren de un mayor grado de confianza y responsabilidad administrativa o política que sustenta la facultad discrecional para su provisión y retiro. Que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en un cargo de esta naturaleza no requiere motivación, pero debe atender al mejoramiento

responsabilidad administrativa o política que sustenta la facultad discrecional para su provisión y retiro. Que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en un cargo de esta naturaleza no requiere motivación, pero debe atender al mejoramiento en la prestación del servicio y el interés general, móviles que se presumen, pero admiten prueba en contrario.

16. Concluyó que no se violó el debido proceso de la demandante por la ausencia de motivación del acto admini strativo, pues esta es una potestad inherente a la facultad de libre nombramiento y remoción con sustento legal. Estimó que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto, que se entiende orientado al logro del interés general.

17. Sostuvo que, en lugar de una férrea oposición administrativa, la dirección del FONCEP convocó a una mesa de trabajo conjunta con asistencia de representantes de varias dependencias del Distrito donde se discutió el cumplimiento de las sentencias anteriormente citadas (acción popular) y, como es común en la dinámica administrativa, hubo disparidad de criterios.

18. Que la adopción de una planta de empleos temporales era una opción legal y, además, la provisión de los cargos observó el trámite normativamente previsto.

Aunque algunos testimonios dieron cuenta de subjetividad e intervención de concejales en la provisión de dichos cargos, explicó por qué estas declaraciones no lograron el estándar de prueba.

19. Que no se acreditó que la decisión del alcalde se sustentara en el cumplimiento de compromisos burocráticos o el descontento por la gestión de la demandante para el cumplimiento de sentencias judiciales. Añadió que tampoco se probó la amistad

de compromisos burocráticos o el descontento por la gestión de la demandante para el cumplimiento de sentencias judiciales. Añadió que tampoco se probó la amistad entre la señora Torres y el concejal que, de existir, no se evi denció cómo es que aquel incidió para que el alcalde expidiera el acto demandado.

20. D escartó que la citación al concejo fuera una presión política por aceptar la renuncia de la señora Torres. Adujo que las proposiciones en las cuales se solicitó convocar a la demandante como directora del FONCEP a control político no fueron presentadas únicamente por un concejal, sino por tres; además de la demandante, se citó también al secretario de Hacienda; los temas a desarrollar eran objetivos sobre las funciones del fondo y se presentaron mientras la señora Torres se desempeñaba como subdirectora de prestaciones sociales.

21. En cuanto a la supuesta desmejora del servi cio, que no se aportó una prueba técnica que permita objetivamente concluir que este se vio alterado.

RECURSO DE APELACIÓNRadicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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22. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó en que el acto de insubsistencia no fue motivado y no se dejó constancia de los hechos y las causas que sirvieron de fundamento. Que en primera instancia se efectuó una equivocada y aislada valoración probatoria, alejada de un análisis objetivo en búsqueda de la

insubsistencia no fue motivado y no se dejó constancia de los hechos y las causas que sirvieron de fundamento. Que en primera instancia se efectuó una equivocada y aislada valoración probatoria, alejada de un análisis objetivo en búsqueda de la verdad. Insistió en que se probó la desviación de poder, porque:

23. Existe una relación de causalidad cronológica que devela motivos ocultos entre: i) la aceptación de la renuncia a la señora Torres; ii) la reunión entre la demandante y el secretario general el 26 de septiembre de 2012; iii) el contenido de los correos electrónicos del día siguiente entre el subdirector administrativo y la jefe de talento humano, donde se discute sobre la suspensión de la notificación o eventual revocatoria del acto de aceptación; iv) la insubsistencia del nombramiento en discusión y v) el posterior (casi inmediato) reintegro de la señora Torres.

24. Que no contó con apoyo de la Alcaldía de Bogotá para cumplir con la sentencia de la acción popular, como presuntamente se acredita en el testimonio rendido por el señor José Antonio Hoyos. Que su propuesta de estructurar una planta definitiva de empleos afectaba la disponibilidad de cargos de supernumerarios y contratistas que implicó, a modo de retaliación, la declaración de insubsistencia del nombramiento.

25. Que e l servicio sí desmejoró, pues se declaró la insubsistencia del nombramiento y, en su lugar, se nombró en el cargo la señora Myriam Rosa Agosta Suárez, que n o contaba con experiencia en cargos de dirección y permitió que la entidad operara de forma ineficiente por dos meses, pues, como solo dispuso del

personal en carrera administrativa, no contaba con talento humano suficiente para

Suárez, que n o contaba con experiencia en cargos de dirección y permitió que la entidad operara de forma ineficiente por dos meses, pues, como solo dispuso del personal en carrera administrativa, no contaba con talento humano suficiente para atender oportunamente las s olicitudes de los usuarios y ejercer la defensa judicial de la entidad. Adujo que esto se acredita en los testimonios de José Antonio Hoyos, Alejandro García Urdaneta y Diego Alejandro Herrera Montañez.

26. Por último, manifestó inconformidad con dos asuntos. Primero, que al valorar el informe de auditoría de la Contraloría para el año 2013, el Tribunal sostuvo que no contaba con una prueba técnica similar para la vigencia del año 2012 que le permitiera comparar objetiva mente si el servicio desmejoró, por lo que el juez condicionó la validez y eficacia probatoria en desmedro del principio de libertad probatoria.

27. Segundo, que se rechazó la posibilidad de consultar como «indicio indirecto» la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Plena del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca donde falló la pérdida de investidura del concejal Roger Carrillo, que estimaba un debate probatorio útil a efectos del presente asunto.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIARadicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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28. El recurso de apelación fue admitido el 8 de septiembre de 2023 y se dispuso

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28. El recurso de apelación fue admitido el 8 de septiembre de 2023 y se dispuso que una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia, sin necesidad de traslados.

29. La parte demandada solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia porque el cargo ocupado por la demandante era de libre nombramiento y remoción, no gozaba de estabilidad alguna por su buen desempeño y no se desmejoró el servicio.

30. El Ministerio Público guardó silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

31. De acuerdo con el recurso, e l problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si el Decreto 546 del 29 de noviembre de 2012 es nulo por desviación de poder, esto es, si los móviles que inspiran su expedición se apartan del interés general y la finalidad impuesta por el ordenamiento jurídico.

Marco normativo y jurisprudencial

Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y remoción

32. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determinó que el retiro del servicio de los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una facultad eminentemente discrecional1.

33. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y remoción , la confianza juega un rol

facultad eminentemente discrecional1.

33. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y remoción , la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión, […]»2 (énfasis fuera de texto).

1 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […] Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto). 2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp . 73001-23-33000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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34. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha

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34. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa3.

35. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio4.

36. El segundo inciso del artículo 2 del CPACA excluyó el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía […] Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).

37. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos e n virtud de una facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos

nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).

37. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos e n virtud de una facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos administrativos previstos, por regla general, en el artículo 74 del CPACA. Entre otras razones, porque el ordenamiento presume que estas decisiones están orient adas al mejoramiento del servicio, al punto de no exigir su motivación.

38. Esto no significa que se trate se actos arbitrarios, solo que no son susceptibles de la interposición de recursos administrativos, lo que habilita el control directo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de decisiones que, además de atender a los parámetros generales de legalidad, d eben ser adecuados a los fines de la norma que los autoriza, proporcionales y razonables.

Desviación de poder

39. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»5. En otras palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles

3 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-2331-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001 -23-33-000-2013-00938-01 (46322019). C.P. William Hernández Gómez. 5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001 -23-31000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos. Por excelencia, la desviación de poder es la técnica de control propia de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades discrecionales, pues impone márgenes y límites a la libertad decisoria de la administración que emanan de la teleología definida en el ordenamiento6.

40. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración.

41. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de

configuración.

41. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general contenida en el artículo 167 del CGP 7. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma […]»8.

42. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de quienes expiden el acto, como ha considerado la Sección Primera:

«Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de quienes intervinieron en la expedición del acto , y resulta velada por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos, caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»9.

6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 08001-23-33problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»9.

6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 08001-23-33000-2013-00801-01 (3437-2016). C.P. William Hernández Gómez. 7 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera de texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas). 8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001 -2331-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-31000-1998-0064531-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-31000-1998-0064501. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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43. Esto supone que existe una dificultad probatoria inherente a la causal de nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio, permanece siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia, nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados10.

Resolución al caso concreto

44. La señora Diana Marina Vélez Vásquez se desempeñó como directora general del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) desde el 16 de septiembre de 2011 11 y hasta el 29 de noviembre de 2012, cuando se le notificó la expedición del Decreto 546 del mismo día, por el cual se declaró insubsistente su nombramiento 12. Las partes no discutieron que este era de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, la Sala avanzará al estudio del recurso de apelación.

insubsistente su nombramiento 12. Las partes no discutieron que este era de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, la Sala avanzará al estudio del recurso de apelación.

45. El desacuerdo de la parte demandante tuvo una naturaleza eminentemente probatoria pues, en su criterio, se efectuó una equivocada y aislada valoración , porque según dice, se acreditó con absoluta certeza que la decisión demandada se apartó de los fines jurídicamente asignados por el ordenamiento, esto es, que se incurrió en desviación de poder.

46. Para sustentar esta hipótesis, argumentó: i) que el Tribunal administrativo inadvirtió motivos ocultos en la cronología de los hechos narrados, especialmente, la reunión con el secretario general del distrito, la insubsistencia y el posterior nombramiento de la señora Torres como subdirectora de prestaciones sociales13; ii) que no contó con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá para cumplir con las órdenes de la acción popular, pues su propuesta de estructurar una planta definitiva de empleos afectaba la disponibilidad de cargos de supernumerarios y contratistas ; y iii) que se n ombró en el cargo la señora Myriam Rosa Agosta Suárez, que no

10 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad: «La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es

pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Secc ión Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve). 11 Fls. 19-22. Cuaderno 5. Debe precisarse que la demandante desempeñó el cargo con anterioridad, pues se referencia el Decreto 409 del 6 de septiembre de 2011 «Por el cual se hace un reintegro en cumplimiento de una orden judicial» y la correspondiente acta de posesión. Sin embargo, no se tiene prueba de la fecha en que se vinculó al cargo por primera vez. 12 Fls. 18-19. Cuaderno principal. 13 Sostuvo que existe una relación de causalidad cronológica que devela motivos ocultos entre: i) la aceptación de la renuncia a la señora Torres; ii) la reunión entre la demandante y el secretario general el 26 de septiembre de 2012; iii) el contenido de los correos electrónicos del día siguiente entre el subdirector administrativo y la jefe de talento humano, donde se discute sobre la suspensió n de la notificación o eventual revocatoria del acto de aceptación; iv) la insubsistencia del nombramiento en discusión y v) el posterior (casi inmediato) reintegro de la señora Torres.Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)

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señora Torres.Radicación: 25000-23-42-000-2013