CE - Sentencia 25000234200020150195501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023)

Demandante: Nury Navarro Chaparro

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Improcedencia del pago de salarios y prestaciones sociales por nueva vinculación de empleada en provisionalidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Nury Navarro Chaparro presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio DAP 20143100057161 del 8 de septiembre de 2014, por el cual la jefe del departamento de administración de personal de la

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio DAP 20143100057161 del 8 de septiembre de 2014, por el cual la jefe del departamento de administración de personal de la Fiscalía General de la Nación le negó el «reconocimiento sin solución de continuidad y pago de salarios y prestaciones desde el 15 de marzo de 2010 y hasta el 4 de septiembre de 2012, período durante el que permaneció desvinculada como fiscal delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá».

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro solicitó: i) el reconocimiento y pago de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el 15 de marzo de 2010, fecha en que fue retirad a del servicio como fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos de Bogotá, y hasta el 4 de septiembre de 2012 cuando se le nombró como fiscal I, debido a su condición especial de madre cabeza de familia; más los intereses moratorios y sanciones de carácter laboral; ii) la declaración para todos los efectos legales que no ha existido solució n de continuidad; iii) la actualización de las sumas adeudadas de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

3. Como reparación del daño pidió que se declarara que la entidad demandada es

artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

3. Como reparación del daño pidió que se declarara que la entidad demandada es responsable de los perjuicios causados durante el período en el que permaneció retirada de la función pública.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4.1. Nury Navarro Chaparro fue nombrada fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá por medio de la Resolución 4058 del 4 de julio de 2008 y se posesionó el 4 de agosto siguiente.

4.2. En virtud de lo dispuesto en los artículos 253 superior y 60 de la Ley 938 de 2004, la Fiscalía General de la Nación convocó a concurso de méritos el 12 de septiembre de 2007 para proveer los empleos de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, fiscal delegado ante jueces del circuito, fiscal delegado ante jueces penales del circuito especializado, fiscal delegado ante tribunal de distrito, asistente de fiscal I, II , III, IV y asistente judicial, a través de las convocatorias 001 de 2007, 002 de 2007, 003 de 2007, 004 de 2007, 005 de 2007 y 006 de 2007.

4.3. El 15 de mayo de 2009, le informó a la entidad su condición de madre cabeza de familia. Sin embargo, el fiscal general de la nación expidió la Resolución 367 del 23 de febrero de 2010, por la cual dispuso la terminación automática de su nombramiento, una vez el empleado nombrado en periodo de prueba tomara

de familia. Sin embargo, el fiscal general de la nación expidió la Resolución 367 del 23 de febrero de 2010, por la cual dispuso la terminación automática de su nombramiento, una vez el empleado nombrado en periodo de prueba tomara posesión de su cargo, de acuerdo con el orden estricto de elegibilidad establecido en el Acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008.

4.4. La Corte Constitucional en la sentencia SU -446 de 2011 sostuvo que pese la discrecionalidad de la Fiscalía General de la Nación para el retiro de los servidores3

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro vinculados en provisionalidad, sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse2; y iii) las personas en situación de discapacidad. En estos tres eventos, debió prever mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones señaladas fueran las últimas en ser desvinculadas, porque aun cuando las situaciones descritas no otorgaban el

derecho a permanecer en un empleo de carrera, sí era obligación del ente fiscal la previsión de mecanismos para no lesionar sus derechos. Por tal razón, en los términos del artículo 13 de la Constitución ordenó a la entidad que, de ser posible, aquellas personas fueran vinculadas nuevamente en forma provisional en cargos vacantes de igual jerarquía.

4.5. En tal virtud, el fiscal general de la nación expidió la Resolución 1375 del 21 de

aquellas personas fueran vinculadas nuevamente en forma provisional en cargos vacantes de igual jerarquía.

4.5. En tal virtud, el fiscal general de la nación expidió la Resolución 1375 del 21 de agosto de 2012, por la cual nombró en provisionalidad a la demandante, entre otros, como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos en la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, por su condición de madre cabeza de familia y se posesionó el 3 de septiembre de 2012.

4.6. El 21 de agosto de 2014 le solicitó a la entidad «[m]antener la solución de continuidad desde el ingreso a la Fiscalía General de la Nación, esto es, el 4 de agosto de 2008 […] hasta la fecha y/o hasta que termine mi nombramiento» y el pago de todos los salarios y demás emolumentos dejados de percibir mientras estuvo desvinculada, esto es del 15 de marzo de 2010 al 4 de septiembre de 2012.

4.7. El 8 de septiembre de 2014, la jefe de departamento de administración de personal expidió el Oficio DAP 20143100057161 del 8 de septiembre de 2014 , en el que negó la petición por considerarse que la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU -446 de 2011 fue la atinente a la vinculación de las personas removidas que ostentaran la calidad de madres o padres cabeza de familia, en co ndiciones de discapacidad y pre pensionados hasta que la convocatoria de un nuevo concurso para la provisión de los empleos por el sistema de carrera administrativa, sin que ordenara el reconocimiento de prestaciones patrimoniales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

convocatoria de un nuevo concurso para la provisión de los empleos por el sistema de carrera administrativa, sin que ordenara el reconocimiento de prestaciones patrimoniales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales, señaló la sentencia SU-446 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2 Entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 – fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008 – les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión4

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023)

Demandante: Nury Navarro Chaparro

6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

6.1. La entidad demandada en el procedimiento para la expedición de l Acuerdo 007 del 24 de noviembre del 2008 4, por el cual se conformó el registro definitivo de elegibles, no salvaguardó los derechos de aquellos servidores en situación de especial protección quienes eran beneficiarios del retén social. Esto no conllevaba su desprotección , pues era responsabilidad de la entidad garantizarle a la demandante la protección de sus intereses debido a su condición de madre cabeza de familia; circunstancia que le fue comunicada al empleador en forma diligente desde el 15 de mayo de 2009.

6.2. Durante un periodo consecutivo de 2 años, 5 meses y 13 días, la demandante estuvo desvinculada del servicio, pese a que gozaba de una protección especial y reforzada y solo con la orden impartida por la Corte Constitucional en el artículo 3

estuvo desvinculada del servicio, pese a que gozaba de una protección especial y reforzada y solo con la orden impartida por la Corte Constitucional en el artículo 3 de la sentencia SU-446 de 2011 se identificó la causa de los perjuicios ocasionados y cuya indemnización es objeto de reclamación a través de esta demanda, comoquiera que la administración denegó la petición del 21 de agosto de 2014 por medio del acto acusado, «sin explicar con detalle, profundidad y claridad a través de un juicioso análisis jurídico las supuestas razones de la improcedencia de esta solicitud», pues solo indicó que la autoridad no podía ir más allá de lo ordenado en el fallo, de lo contrario generaría un presunto detrimento patrimonial.

6.3. En modo alguno pretendió la nulidad de la Resolución 1375 de 2012 que al dar cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU446 de 2011 garantizó su condición de protección especial reforzada, por lo que a partir de aquella se identificó la causa de los perjuicios reclamados en la presente litis. Sin embargo, la consecuencia lógica era el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de devengar entre la desvinculación y su efectiva reincorporación, como lo ha señalado el Consejo de Estado en la sentencia del 8 de agosto de 20035.

7. Asimismo, en sentencia del 29 de enero de 2008 6 se dispuso que no podía aceptarse la tesis de que existe enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y prestaciones como consecuencia del reintegro, habida cuenta se pretende el pago del salario de un empleo que efectivamente no se desempeñó, porque la razón del

aceptarse la tesis de que existe enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y prestaciones como consecuencia del reintegro, habida cuenta se pretende el pago del salario de un empleo que efectivamente no se desempeñó, porque la razón del

3 Samai, índice 4, archivo «ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4» 4 Modificado por el Acuerdo 032 del 20 de diciembre de 2009 y aclarado mediante el acuerdo 001 del 29 de enero de 2010 5 Sin que señalara el número de radicación de la providencia. 6 En esta cita tampoco identificó la radicación de la sentencia5

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro reconocimiento de estos valores es el perjuicio causado al servidor con ocasión del despido ilegal.

1.2. Contestación de la demanda

8. En primera instancia se tuvo por no contestada la demanda, toda vez que el poder aportado para ese efecto no correspondía a este proceso, por lo que el profesional que allegó el escrito no estaba facultado para el ejercicio de esa actuación7.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia proferida el 24 de agosto de 2020, negó las pretensiones de la

demanda. Para tal efecto, observó lo siguiente8:

9.1. De conformidad con el artículo 1 del Decreto 1647 de 1967 en la función pública no hay lugar a remuneración sin prestación del servicio, por lo tanto, si la persona

demanda. Para tal efecto, observó lo siguiente8:

9.1. De conformidad con el artículo 1 del Decreto 1647 de 1967 en la función pública no hay lugar a remuneración sin prestación del servicio, por lo tanto, si la persona no se encuentra vinculada a una entidad pública tampoco puede propender por el pago de salarios. En ese contexto, como la demandante en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2010 -fecha en que se dio por terminado el nombramiento provisionaly el 4 de septiembre de 2012 -cuando fue nuevamente vinculada-, no laboró en la Fiscalía General de la Nación, era improcedente el pago de los salarios correspondientes a ese lapso.

9.2. La primera vinculación de la actora fue en provisionalidad, razón por la cual fue retirada de la entidad debido a que era necesario el ingreso al servicio de la persona que integró la lista de elegibles luego de superado el concurso de méritos. Por ende, si bien la demandante gozaba de estabilidad laboral relativa o intermedia, lo cierto es que los derechos de carrera prevalecen frente a cualquier otro tipo de vinculación.

9.3. Así lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011, cuando denegó el amparo a las personas que se encontraban en una condición especial de protección porque no ostentaban el derecho a permanecer en el empleo . Sin embargo, ordenó a la entidad demandada dar un trato preferencia l como una medida de acción afirmativa en los términos del artículo 13 de la Constitución Política y, de ser posible, se procediera nuevamente a vincularlos en forma provisional, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado9.

7 Según lo expuesto en la sentencia de primera instancia, folio 7

Política y, de ser posible, se procediera nuevamente a vincularlos en forma provisional, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado9.

7 Según lo expuesto en la sentencia de primera instancia, folio 7 8 Ibidem 2, archivo «ED_C01_23 FALLO-SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA(.pdf) NroActua 4» 9 Al respecto citó una sentencia del 18 de febrero de 2016, sin que indicara el número de radicación ni la Sala de decisión que la profirió.6

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023)

Demandante: Nury Navarro Chaparro

9.4. Así, en el caso de Nury Navarro Chaparro existió un nuevo nombramiento debido a su condición de madre cabeza de familia, por lo que no se configuró un reintegro que implicara el reconocimiento de derechos sin solución de continuidad, esto es salarios y prestaciones sociales dejados percibir durante el tiempo en que estuvo desvinculada del servicio. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación dio cumplimiento a la orden impartida por la Corte Constitucional, toda vez que solo ordenó que se efectuaran los nombramientos en provisionalidad, entendidos como vinculaciones nuevas y no como reincorpora ciones al servicio, ni mucho menos reintegros.

9.5. Aunado a ello, si la demandante quería solicitar el reintegro sin solución de continuidad y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que no estuvo vinculada, el acto administrativo cuya nulidad debía solicitar era aquel mediante el cual se l e retiró del servicio y como restablecimiento del derecho formular dichas pretensiones.

el tiempo que no estuvo vinculada, el acto administrativo cuya nulidad debía solicitar era aquel mediante el cual se l e retiró del servicio y como restablecimiento del derecho formular dichas pretensiones.

9.6. El Consejo de Estado analizó un caso similar en el que el demandante 10, con base en el señalado fallo de la Corte Constitucional generó en virtud de una petición un nuevo pronunciamiento por parte de la administración, el cual demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. Al respecto, indicó que la Sala de decisión no encontraba el fundamento para que la entidad estuviera obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir mientras estuvo desvinculado, en atención a que no demandó el acto de retiro en caso de encontrase en desacuerdo frente a la decisión ni el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

1.4. El recurso de apelación

10. La demandante interpuso recurso de apelación11 y lo sustentó así:

10.1. «[N]o se discute la consideración» del a quo relativa a que conforme con el Decreto 1647 de 1967, todo salario debe corresponder a un servicio personal efectivamente prestado, pero sí debe tenerse en cuenta que «si la accionante no prestó sus servicios personales a la entidad, no fue por voluntad propia, sino por un acto unilateral de la entidad empleadora, en momentos en que contaba con la posibilidad de haberle proveído un cargo similar o superior, sin haberlo cumplido, tal y como el deber de diligencia, la jurisprudencia y la ley se lo exigían », aunado a lo expuesto por el Departamento Administrativo de

10 Ibidem 9

similar o superior, sin haberlo cumplido, tal y como el deber de diligencia, la jurisprudencia y la ley se lo exigían », aunado a lo expuesto por el Departamento Administrativo de

10 Ibidem 9 11 Samai, tribunales, índices 35 a 377

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro la Función Pública en el concepto 104071 de 2020 sobre la adopción de medidas de acción afirmativa y motivación del acto de desvinculación respecto de personas en condición de vulnerabilidad.

10.2. Frente al argumento del a quo respecto de la nulidad del acto de retiro del servicio en caso que pretendiera el reintegro y las consecuencias patrimoniales derivadas de aquella, era preciso considerar que a un cuando esa era una posibilidad de la demandante, «comoquiera que primero ocurrió la desvinculación y luego la expedición de la sentencia SU -446 de 2011, se concluye con facilidad que para el momento de la desvinculación no tenía conocimiento o claridad de la protección constitucional que se daría más a delante a través de la providencia de la Corte Constitucional».

10.3. El a quo desconoció la sentencia SU-446 de 2011 en la que se determinó que la administración omitió la creación de los dispositivos necesarios para garantizar la protección de las personas con estabilidad constitucional reforzada, por ende «es necesario que esta irregularidad sea subsanada a través de una sentencia que así lo reconozca y dé lugar a una indemnización por los perjuicios causados a la demandante».

10.4. En el acápite de antecedentes del fallo de primera instancia se indicó que al

reconozca y dé lugar a una indemnización por los perjuicios causados a la demandante».

10.4. En el acápite de antecedentes del fallo de primera instancia se indicó que al alegar de conclusión la demandante se reiteró en los argumentos expuestos en la demanda, sin que abordara las «aclaraciones y análisis detallados sobre la necesidad de aplicar la Ley 82 de 1993, de manera armónica con la sentencia T-700 del 22 de agosto de 2006, la cual explica la condición de debilidad manifiesta a la que la demandante se vio expuesta durante el período de desvinculación, sin contar con la interpretación parcial que se hizo de la sentencia SU -446 de 2011 », sobre la necesidad de prelación y el trato preferente al que tenía derecho por ser beneficiaria del retén social.

10.5. Pese a que el fallo mencionó la sentencia SU -446 de 2011 no resolvió la totalidad de los argumentos expuestos «y trató de manera genérica los deberes de la Fiscalía General de la Nación de proveer los cargos, en cuanto tuviera posibilidad, sin detenerse a reparar si en el momento de la desvinculación del cargo, existían otros cargos de igual o mejor categoría, con los que hubiese podido mantener su vinculación, sin necesidad de haberla separado de la entidad». Para ese efecto, también solicit ó tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T -373 del 8 de junio de 2017, atinente a la acreditación de la condición de sujeto de especial protección tanto para la época de la desvinculación como del posible nombramiento en provisionalidad en un cargo de similar o equivalente al ocupado en forma previa al concurso de méritos.

protección tanto para la época de la desvinculación como del posible nombramiento en provisionalidad en un cargo de similar o equivalente al ocupado en forma previa al concurso de méritos.

10.6. Para la fecha de desvinculación de la demandante, la entidad tenía la disponibilidad de cargos como para trasladarla sin necesidad de desvincularla por8

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro un periodo aproximado de dos años y medio. En ese evento, «las consideraciones referentes a la solución de continuidad de la funcionaria habrían sido completamente diferentes en la motivación del fallo objeto de recurso».

10.7. El régimen especial de carrera de los empleados de la Fiscalía General de la Nación no era un fundamento válido para la omisión de una acción positiva y afirmativa en favor de la demandante como madre cabeza de familia, respecto de quien debió ejercer una discriminación positiva que garantizara su estabilidad laboral, «todo con una intensidad mayor que con los demás servidores públicos, a quien despediría e incluso frente a quienes serían nombrados en periodo de prueba », tal como lo expuso la Corte Constitucional en las sentencia T-1040 de 2001, T-700 de 2006, máxime la condición de debilidad manifiesta de la demandante, quien no disponía de otros recursos para el sustento de su núcleo familiar.

10.8. La terminación de los nombramientos en provisionalidad de algunos funcionarios, entre ellos el de la demandante, vulneró de manera flagrante el principio de igualdad previsto en la Constitución y el a quo lo desconoció en su fallo,

10.8. La terminación de los nombramientos en provisionalidad de algunos funcionarios, entre ellos el de la demandante, vulneró de manera flagrante el principio de igualdad previsto en la Constitución y el a quo lo desconoció en su fallo, ya que «muchos de los funcionarios que por la provisionalidad debían salir, nunca fueron separados de su cargo, aunque existía lista de elegibles de quienes habían ganado el concurso de méritos».

1.5. Trámite en segunda instancia

11. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió informe en el que solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia 12, por considerar que: i) en el presente caso no ocurrió un reintegro sino un nombramiento nuevo, por ende no e ra procedente el reconocimiento de los salarios pretendidos en la demanda, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado 13; y ii) el acto administrativo objeto de controversia era el proferido el 8 de septiembre de 2014, por el cual se denegó la petición atinente a la declaratoria de continuidad de la

12 Samai, índice 9 13 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2020, proferida dentro del expediente con radicación 1800123330002013003020030201 (5276-2018)9

13 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2020, proferida dentro del expediente con radicación 1800123330002013003020030201 (5276-2018)9

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro relación laboral sin solución de continuidad ; y no el acto de retiro del servicio del que se generaban los perjuicios cuya reparación reclamó en esta litis.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a resolver:

13.1. ¿Si Nury Navarro Chaparro tenía derecho al reconocimiento sin solución de continuidad de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 15 de marzo de 2010 y hasta el 3 de septiembre de 2012, periodo durante el que estuvo retirada del servicio ; o si e ra improcedente, en consideración a que el último nombramiento constituyó un nuevo ingreso a la Fiscalía General de la Nación?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación para proveer los cargos en virtud del principio del mérito

14. Por mandato del artículo 125 de la Constitución Política la carrera administrativa es la regla general para la vinculación laboral con el Estado y su fin es garantizar que al servicio público ingresen los más idóneos y eficaces. Por ello, es el mérito y la capacidad del funcionario para ejercer sus funciones lo que determina el ingreso,

permanencia y retiro del servicio 14. La carrera es un principio constitucional 15, que

que al servicio público ingresen los más idóneos y eficaces. Por ello, es el mérito y la capacidad del funcionario para ejercer sus funciones lo que determina el ingreso, permanencia y retiro del servicio 14. La carrera es un principio constitucional 15, que permite seleccionar el más idóneo para el desarrollo de funciones públicas, materializa los principios de eficiencia y eficacia; garantiza la igualdad para acceder al ejercicio público y la estabilidad laboral de los servidores16.

15. De acuerdo con el inciso 2 del artículo referido el concurso de méritos es el instrumento de selección que debe aplicarse para garantizar que el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores públicos esté fundado en criterios objetivos, pues en él se evalúen las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos 17, de suerte que se

14: Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007. 15 Sentencia C-553 de 2010. En la sentencia C-563 de 2000 se indicó al respecto que «… en el estado social de derecho la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológico -jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional». 16 Sentencia C-588 de 2009. 17 Corte Constitucional, sentencia C.1122 de 2005.10

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro elimina la posibilidad de que la elección obedezca a favoritismos o caprichos del nominador18.

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01955-01 (5300-2023) Demandante: Nury Navarro Chaparro elimina la posibilidad de que la elección obedezca a favoritismos o caprichos del nominador18.

16. Dentro de los denominados sistemas de carrera administrativa especiales de origen constitucional se previó e n el artículo 253 el correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, en el que se facultó al legislador para determinar «[…] lo relativo

a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio […]».

17. En desarrollo del mandato constitucional señalado, la Ley 938 de 2004 19 previó la estructura, competencia de cada dependencia y de los empleos, entidades adscritas y, en general, todo lo relativo a la administración de personal y régimen de

carrera de la Fiscalía General de la Nación de carácter autónomo y cuya reglamentación le correspondió a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación [artículo 60]20.

18. La Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 60 de la citada Ley 938 de 2004 y conforme con lo preceptuado en el Acuerdo 001 del 30 de junio de 2006 convocó a concurso público para proveer los cargos correspondientes al área de fiscalías, empleos que conformaban la planta global de la entidad.

19. Una vez culminadas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional

de Carrera publicó el registro definitivo de elegibles mediante el Acuerdo 007 del 24

al área de fiscalías, empleos que conformaban la planta global de la entidad.

19. Una vez culminadas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional

de Carrera publicó el registro definitivo de elegibles mediante el Acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008, modificado por el Acuerdo 032 del 30 de diciembre de 2009 y adicionado por el Acuerdo 001 de l 19 de enero de 2010. Con ocasión de la implementación del sistema de carrera y con el objeto de proveer los empleos, el fiscal general de la Nación expidió la Resolución 367 del 23 de febrero de 2010, «[p]or medio de la cual [ dio] por terminados unos nombramientos en provisionalidad y se efectuaron unos nombramientos en período de prueba por concurso del año 2007 », en concreto de 744 cargos de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos.

20. Durante el proceso de selección, se amplió la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación con la expedición de: i) la Ley 975 de 200521 mediante la cual

18 sentencia C-901 de 2008. 19 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación » 20 integrado por el fiscal general o el vicefiscal general quien presidirá, el secretario general, el director nacional administrativo y financiero, dos (2) representantes de los funcionarios y empleados elegidos por estos según el procedimiento de elección q ue fije el fiscal general de la nación, el jefe de la oficina de personal actuará como secretario de la comisión con voz pero ni voto. La comisión expedirá su propio reglamento. 21 «Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados

oficina de personal actuará como secretario de la comisión con voz pero ni voto. La comisión expedirá su propio reglamento. 21 «Por la cual se dictan di